La mano al balón

A excepción del árbitro, todos lo vimos: fue mano. La imagen de Thierry Henry ayudándose con brazo y antebrazo para detener el balón en el área y después acomodarlo a su compañero William Gallas, quien remató de cabeza y marcó el gol que otorgó a Francia la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, dejando fuera a Irlanda, ha dado nota durante las últimas tres semanas.
He ahí un primer dato llamativo de este caso. A diferencia de otros escándalos futbolísticos que se apagan con rapidez, éste ha seguido con vida. Sin darlo por seguro, esta peculiaridad puede significar que el hecho tendrá consecuencias o, cuando menos, podría sentar un precedente para que en el futuro las autoridades del balompié mundial sepan cómo proceder con justicia en situaciones similares.
Naturalmente, el suceso ha despertado numerosas reacciones.
En primera instancia, los airados e inmediatos reclamos por el polémico tanto trascendieron la cancha. Tanto la federación de futbol como el gobierno de Irlanda demandaron a la FIFA la repetición del partido eliminatorio o que su seleccionado fuera incluido en el Mundial como el equipo 33. Ambas exigencias, sin embargo, fueron rechazadas.
Del lado del equipo galo, una vez conseguido el triunfo no parece haber una autocrítica seria. El técnico Raymond Domenech, evocando la vieja fórmula de escudarse en el azar, declaró: “La suerte te beneficia a veces y te perjudica otras”. Por su parte, aunque el propio Henry admitió que cometió mano, ha querido mostrarse arrepentido e incluso dijo que lo más justo habría sido repetir el juego, concluyó que esa decisión no estaba en su poder y que “lo más importante es que estamos clasificados”.
Fuera del círculo de la actual selección francesa las opiniones son distintas. Zinedine Zidane, ex capitán de Les Bleus, defendió a Henry al considerar que las críticas en su contra han sido exageradas. No obstante, Bixente Lizarazu, compañero de ambas figuras en la escuadra que se coronó campeona en 1998, reconoció sentirse incómodo con la jugada que dio a Francia el pase al Mundial: “Los franceses estuvieron catastróficos y los irlandeses fueron robados”.
Más aún, la prensa ha reportado cierto desánimo de la afición gala por la forma en que su seleccionado se clasificó a Sudáfrica 2010. O en palabras de Roselyne Bachelot, ministra de Deportes: “El pueblo francés está preocupado y decepcionado”.
Al validar el partido, la FIFA se inclinó por evitar que las controversias tuvieran algún impacto en la competencia que arranca ya en junio próximo (con México, ahora lo sabemos, enfrentando al país anfitrión), pero el organismo rector del futbol mundial debe abandonar su pasividad e indolencia para definir cómo actuar en casos en los que una artimaña tan evidente repercute en el resultado de encuentros de ese nivel.
En ese sentido, la anunciada decisión de abrir una investigación por la mano de Henry puede ser un paso en la dirección correcta, y más lo sería que todas las federaciones, como lo hace la de Irlanda, exijan a la institución liderada por Joseph Blatter que “tome medidas para asegurarse de que estos dañinos casos de trampa no vuelvan a ocurrir”.
No se trata de erigir un pesado y burocrático tribunal inquisidor del futbol que juzgue hasta el más mínimo silbatazo, ni mucho menos de linchar a los árbitros o a jugadores como Thierry Henry. Se trata de entender, como señaló Dermont Ahern, ministro de Justicia irlandés, que si se mantienen resultados ilegítimos, “se refuerza la creencia de que si haces trampa ganas”.
Pensar en “la suerte” o en que “así son las cosas” y tolerar este tipo de actitudes y actos indebidos, aun si están a la vista de todos, nos deja un muy mal ejemplo que se extiende más allá de los estadios.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

El cambio de hábitos, o de las despedidas que no lo son

Para Eli, por todo

Los seres humanos vivimos entre costumbres. Individuales o colectivas, propias o ajenas, buenas o malas, esas sumas de actividades recurrentes delínean nuestro día a día, influyen en la forma de relacionarnos con otros e, incluso, configuran rasgos de nuestra personalidad.
En su Manual para un nuevo periodismo, Raymundo Riva Palacio aplica ese razonamiento a quienes ejercemos esta profesión: “El periodista es una persona de hábitos. Hábito de leer, hábito de escribir, hábito de observar serían los más comunes. Pero no los únicos”.
Por mi parte, durante los últimos tres años me he habituado a despertar alrededor de las 9 am (nunca he sido disciplinado para madrugar), leer, ir a correr o a dar clase a la UNAM antes de mediodía, entrar a la Redacción a las 2 pm, colaborar en la edición de las páginas de este diario y terminar la jornada laboral por la noche, entre las 10 y las 11 (o un poco más). Esas costumbres, sin embargo, están por llegar a su fin.
Mañana, 4 de diciembre —curiosamente, fecha en la que se cumple el tercer aniversario de mi ingreso a esta casa editorial—, emigro de El Universal para incorporarme a un nuevo proyecto. Con ello concluyo una etapa no sólo de mi carrera profesional sino de mi vida personal, por lo que deseo cerrar este ciclo con una despedida significativa.
No encuentro mejor manera de hacerlo que agradecer, primero, al medio de comunicación en el que inicié mi breve trayectoria y, más todavía, a las personas que de una u otra forma me han acompañado en el camino. Comienzo por los directores de los que pude aprender, desde Roberto Rock hasta Jorge Zepeda Patterson, el actual, pasando por el propio Raymundo Riva Palacio. De la presente administración, asimismo, correspondo al apoyo y a la confianza de Alejandro Irigoyen Ponce y de Alejandro Páez Varela, por quien me integré a los Dardos de diasiete.com.
Reconozco también al resto de mis compañeros en la Redacción: secretarios, diseñadores, correctores, reporteros, editores. En estos tres años he tenido la oportunidad de trabajar con gente tan capaz como Lizbeth Hernández, Mario Andrés Landeros, Elena Hernández, Samuel Ocampo, Alberto Morales, Natalia Gómez Quintero, Sara Pantoja, Edith Martínez, Miguel Ángel Sosa, Hedilberto Sámano, Marisela Loza o Francisco Vega, por mencionar algunos.
En cuanto a mi área, Opinión, he contado con la buena fortuna de tener excelentes jefes. Tanto de la vigorosidad de Rossana Fuentes-Berain como de la bonhomía de José Carreño Figueras y del compromiso con la democracia de Ricardo Raphael me llevo numerosas lecciones. De ellas quizá la más grande sea la importancia de valorar la labor en equipo en el trabajo y en la vida diaria.
Y, en ese sentido, envío toda mi gratitud a quienes en este o en otros momentos han sido mis colegas más cercanos: Alejandra Morón, Claudia Martínez, José Luis Espinosa, Ana Belén Ortiz, Carlos Zetina, Dunia Campos, Esteban Román y Alejandro Jiménez, al igual que a colaboradores como Sara Sefchovich, Katia D’Artigues, Jean Meyer, Francisco Valdés Ugalde, Javier Corral Jurado, José Sarukhán, José Fernández Santillán, Macario Schettino y Mauricio Merino.
Honor a quien honor merece, agradezco por último a todos aquellos que me hayan leído. Ya fuera en alguna de mis primeras notas, en textos más recientes o en este espacio en el que busqué dar cabida a propuestas ciudadanas, impulsar reclamos generalizados, alertar sobre problemas latentes o simplemente expresar mis ideas; ya fuera para criticar, aprobar o aportar otros enfoques a lo escrito, el tiempo y el esfuerzo invertidos por los pocos o muchos lectores siempre fueron apreciados.
A todos, pues, mil gracias. Como explicaba al principio, mis actividades, o sea, mis hábitos, están por cambiar, mas he de conservar las experiencias y la entrega por el periodismo que conocí en El Universal. A quienes se quedan en esta casa editorial les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor... Carajo, los voy a extrañar. Pero sé que nos seguiremos encontrando.

Nota: Este texto es mi última publicación en e-joven.

El sexenio a medias

La toma de posesión de Felipe Calderón anunciaba ya un sexenio complicado. Tras unas elecciones reñidas y sobre las que planearon la sombra del fraude y la polarización, y frente al temor de que la oposición encabezada por el PRD impidiera que asumiera como presidente, Calderón recurrió al factor sorpresa.
En los primeros minutos del 1 de diciembre de 2006, en un inesperado acto transmitido en cadena nacional, el panista tomó el poder. Por la mañana, luego de que su equipo negociara con el PRI y con parte del PRD, acudió al Congreso para rendir protesta y cumplir con esa obligación constitucional. Aquella ceremonia duró sólo cinco minutos. Más tarde, señalaría las prioridades de su administración: seguridad, combate a la pobreza y generación de empleos.
A tres años de distancia, sin embargo, dificultades e incapacidades se han sumado de forma que, pese a las acciones gubernamentales, la violencia ha aumentado, el número de personas en la miseria ha crecido en 6 millones, la tasa de desocupación en septiembre de 2009 alcanzó 6.41%, la más alta desde 1995, y los problemas amenazan con agravarse.

Los primeros pasos
El primer año de esta gestión estuvo marcado por la búsqueda de legitimidad, apuntó en su momento el analista Alberto Aziz Nassif. Para lograrlo, el Ejecutivo enarboló la bandera de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y ordenó el despliegue de operativos policiaco-militares en distintas entidades del país, comenzando por su estado natal, Michoacán.
Las operaciones han continuado en Sinaloa, Durango, Baja California, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Sus resultados han dividido opiniones: de un lado, se les defiende bajo el argumento de que había que intentar frenar el avance del hampa y se resaltan las detenciones y los decomisos; del otro, se critica la carencia de un enfoque integral que no sólo emplee la fuerza sino que ataque la corrupción, y se advierte del incremento en las muertes ligadas al narco, más de 15 mil en el sexenio.
En marzo de 2007, por otra parte, el gobierno se anotó una victoria al lograr la aprobación de reformas a la Ley del ISSSTE. Los cambios permitieron modificar el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado y, se afirmaba, evitar la quiebra del instituto. Descontentos, miles de burócratas promovieron amparos que finalmente fueron desechados.
Ya hacia septiembre se daría el primero de varios cambios en el gabinete presidencial. Germán Martínez, secretario de la Función Pública, dejaría su puesto para dirigir el PAN. El objetivo: que un hombre cercano al mandatario preparara la estrategia electoral con miras a los comicios intermedios de 2009.

El “catarrito”
Tres asuntos marcaron el segundo año de este sexenio: la reforma energética, el estallido de la crisis global y la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño.
La intención de transformar el régimen de Pemex despertó rechazo de la oposición y de la sociedad, en especial de sectores afines a Andrés Manuel López Obrador que advertían que se trataría privatizar la industria petrolera. Al final, en octubre de 2008, sin dar mayor entrada a particulares, se aprobó la creación de la figura de consejeros independientes de la paraestatal y la construcción de una nueva refinería cuya sede será Tula, Hidalgo.
Ese mismo mes explotó en Estados Unidos la crisis que impactaría al mundo. A pesar que funcionarios minimizaron el suceso, el desplome del sistema financiero estadounidense golpeó a la economía mexicana puesto que el vecino del norte redujo su demanda de productos nacionales y esto repercutió en bajo consumo y desempleo.
El 4 de noviembre, por último, una noticia sacudió al país: el jet en el que viajaba el secretario de Gobernación y amigo del presidente, Juan Camilo Mouriño, se estrellaba sobre avenida Reforma, en el DF. Con él murieron 13 personas más, entre tripulación y transeúntes. Concluido el duelo, Calderón designaría como encargado de la política interior a Fernando Gómez Mont.

Tragedias, derrotas, retos
Eventos negativos han caracterizado el tercer año de gestión. Desde la continuación de la crisis hasta el brote de influenza A H1N1 de abril-mayo, pasando por la muerte de 49 menores en una guardería subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora, han quedado de manifiesto problemas estructurales del Estado y errores de gobierno.
Además, la administración calderonista sufrió una dura derrota en las elecciones del 5 de julio de 2009, en las que el PRI junto con el PVEM logró la mayoría en la Cámara de Diputados y el PAN perdió frente al tricolor cinco de seis gubernaturas: Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí; el blanquiazul sólo ganó en Sonora.
En ese contexto de debilidad el gobierno asumió dos batallas más: decretar la extinción de Luz y Fuerza, argumentando su ineficiencia y pese a las protestas de los electricistas, e impulsar su paquete económico 2010, para el que propuso aumentar impuestos.
La segunda mitad del sexenio, así, plantea los mismos retos de la primera: falta de acuerdos, inseguridad, pobreza y desempleo. Calderón, no obstante, deberá encararlos con menos tiempo a su favor y en un escenario de creciente descontento social.

Nota: Este recuento fue redactado a petición de mi colega Alejandro Brofft para la edición de diciembre de la revista Black. Con motivo del tercer año de gobierno de Felipe Calderón también se planeó entrevistar a representantes de distintas áreas de la vida pública; yo hablé con Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México (ambientalista); con José Luis Méndez, coordinador de la maestría en Ciencia Política de El Colegio de México (académico); con Carlos Bazdresch, investigador del CIDE y ex director del Conacyt (experto en ciencia y tecnología); con Javier Corral, diputado federal por el PAN ajeno al círculo del presidente (político); y, a nivel institucional, con la Coparmex (iniciativa privada).

México: busquemos la ruta

A poco más de un mes de entrar al 2010, el tan cantado año de nuestros centenarios, así es como veo al país: sin acuerdos, sin proyecto, sin futuro. No escribo sin esperanza porque, necio como soy, quiero pensar que todavía podemos transformar ese estado de cosas. Y aunque para cualquier observador las dificultades de llevar a cabo esa tarea saltan a la vista, la necesidad y la urgencia de encarar el reto deben ser mucho mayores.
Hoy como en contadas ocasiones se torna evidente el agotamiento del modelo que hemos seguido como nación, uno cuya única guía ha sido la acumulación de poder y riqueza en unos cuantos, mas no la búsqueda de calidad de vida para toda la población ni el largo plazo.
Voces tanto a la derecha como a la izquierda advierten, por ejemplo, del error de haber emprendido una transición a la democracia pluripartidista luego de 70 años de régimen de partido hegemónico sin antes habernos asegurado de contar con los mecanismos político-jurídicos que permitieran y agilizaran la toma de decisiones. Señalan también las consecuencias funestas que ya tiene para el Estado nuestra extrema dependencia del petróleo. Alertan del freno para el desarrollo económico que representan los monopolios públicos y privados. Reclaman por el descuido sistemático a la educación, la ciencia y la tecnología. Deploran el corporativismo, la corrupción, la falta de espacios para la sociedad civil y la apatía ciudadana.
Los muchos problemas que padecemos, pues, han venido creciendo por décadas, al grado de que seguir postergando su solución de raíz —o sea, no atendida con paliativos— equivale a un suicidio.
¿Cómo emprender lo que recientemente José Narro Robles, el rector de la UNAM, llamó la refundación de la República? Una vez conocidas las fallas, lo primero es, en mi opinión, idear y elaborar un proyecto de nación que nos sea común a todos y que nos conduzca a superar los obstáculos; es indispensable, de esa manera, definir el papel que deseamos jugar en el mundo, la meta hacia la que nos queremos dirigir y el o los caminos para arribar a ella.
La enumeración de todos los elementos que debería incluir ese programa rebasa por mucho las aspiraciones de este texto y mi propia capacidad, pero creo que más de un lector coincidirá en algunos de los temas que son ineludibles.
Entre ellos ubico, a propósito de la apenas aprobada Ley de Ingresos, el imperativo de dar viabilidad al Estado dotándolo de los recursos fiscales suficientes, para lo cual requerimos una reforma hacendaria real, redistributiva, que abarque a quienes no pagan impuestos —no nada más a los contribuyentes de siempre— y combata la evasión. Igualmente está el deber de fortalecer la educación en todos sus niveles para formar ciudadanos, trabajadores preparados, empresarios e investigadores, de vincular la academia con el aparato productivo y de abrir a la competencia una economía repartida entre pocos actores. Un asunto más es el de exigir desde la legislación y en los hechos una mayor responsabilidad de parte de los funcionarios públicos, profesionalismo y rendición de cuentas.
Por supuesto, la mera intención de diseñar un proyecto que contemple estos y otros puntos demanda diálogo sensato y consenso genuino, activos muy escasos en estos días.
La preocupante situación actual, sin embargo, apela a que tanto los políticos de todos los partidos como los ciudadanos de todos los sectores trabajemos juntos en el mapa a seguir no sólo en el célebre 2010, sino en los próximos cinco, 10, 20, 50 años. De lo contrario, si prevalecen la división y los intereses particulares cuando no mezquinos, la realidad no tardará en cobrarnos costosas facturas.
Más allá de la parafernalia oficial o del patriotismo de dientes hacia fuera, aprovechemos el 99 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana para recordar que todos viajamos en el mismo barco. Y que de nosotros depende dejar que se hunda o llevarlo a buen puerto.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

¿Grupos “de limpieza”?

Mauricio Fernández, empresario, político del Partido Acción Nacional y alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, no se caracteriza por su prudencia al hablar.
Antes de las elecciones de julio, como candidato a gobernar el municipio de más alto nivel de vida del país, fueron publicadas grabaciones en las que confesaba que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva se había acercado con él, e incluso le había ofrecido encargarse de la seguridad de aquella localidad a cambio de poder operar ahí y de que las familias de los narcotraficantes habitaran el vecindario con tranquilidad. Entonces, sin embargo, negó haber pactado con el narco, llegó a los comicios y ganó.
Hace algunos días, durante su toma de posesión, dijo estar dispuesto a actuar por encima de sus atribuciones legales con tal de hacer frente a la delincuencia, y para ello planteó la creación de un grupo especial y “de trabajo rudo” que “limpie” el municipio de criminales. Sus palabras, además, levantaron polémica porque Fernández informó de la muerte del hampón Héctor El Negro Saldaña, en el DF, aun antes de que cualquier autoridad encontrara el cadáver.
El munícipe sostiene que una llamada anónima lo enteró del hecho; no obstante, su revelación ha levantado sospechas en el sentido de que él puede ser el autor intelectual de la ejecución de un narcotraficante que, afirma, lo había amenazado. Tanto revuelo se ha generado que apenas esta semana el panista fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República.
Desde luego, los sucesos deben ser investigados a fin de determinar si Fernández tiene responsabilidad en ellos o no, pero independientemente del resultado de esas pesquisas, es necesario cobrar conciencia de la gravedad de las insinuaciones del alcalde regiomontano.
La posibilidad de que se haya sentado a negociar con el narco, por un lado, nos recuerda que los delincuentes se sienten con la facultad de tratar con el poder legal de tú a tú, que hay funcionarios inclinados a hacerlo ya sea por indolencia o por desesperación, y que esto obliga a pensar en una estrategia anticrimen que incluya más que el enfrentamiento armado directo. El combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y la cooperación entre gobiernos, por ejemplo, son aspectos peligrosamente descuidados.
Por otra parte, la mera sugerencia de pasar por arriba la ley y de conformar ejércitos privados para encarar a la criminalidad debe encender los focos de alarma.
No importa que la idea cobre adeptos entre quienes han sido víctimas del hampa o temen engrosar esa estadística, brincarse las normas no es la solución al problema. Es cierto que nuestros sistemas de seguridad y justicia a diario dan muestras de sus deficiencias y de su incapacidad para brindar protección cabal a la ciudadanía, pero para resolver las fallas en estos aparatos del Estado se requieren reformas a fondo (como la depuración y capacitación de las policías o mejorar la atención a la población que deben prestar las procuradurías), mas no la creación de estructuras paralelas.
Aun suponiendo que milicias “de trabajo rudo” como las mencionadas por Fernández logren acabar con los criminales de una región, ¿qué garantía existe de que esos ejércitos, que nacerían y actuarían fuera del marco jurídico, se someterían a reglas y no se convertirían en un riesgo mayor sustentado en su uso de la fuerza? ¿Qué nos aseguraría que los justicieros de hoy no serían los extorsionadores de mañana?
La inseguridad, lo sabemos todos, es un asunto prioritario de la agenda nacional que quita el sueño a miles o quizá millones de mexicanos. Encontrarle salida, empero, demanda considerarlo con seriedad y realismo, no medidas rápidas ni supuestamente valientes. Imposible es alcanzar la paz poniendo la justicia en manos de particulares o simplemente ignorando la ley.

Nota: Este texto aparece desde ayer en los Dardos de diasiete.com.

Bájenle a su gasto: ciudadanos a partidos

Organizaciones civiles exigen reforma constitucional para disminuir el financiamiento público a los institutos políticos; los recursos que éstos reciben están blindados y podrían ascender a 3 mil 12 millones de pesos en 2010

A lo largo de casi tres semanas, más de 14 mil personas han enviado correos electrónicos a la Cámara de Diputados para demandar que en el Presupuesto de Egresos de 2010 se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, con lo que se han sumado a la propuesta impulsada por el movimiento ciudadano ¡Ya bájenle!.
La causa, promovida principalmente por las organizaciones civiles Alianza Cívica, Propuesta Cívica y Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), insta a la población a escribir a los legisladores para exigirles “una reforma seria” que disminuya el monto de los recursos públicos entregados a estos institutos.
Los interesados pueden acceder a la página de internet de ¡Ya bájenle! y enviar un mensaje a los diputados que integran la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Presupuesto y de Puntos Constitucionales de San Lázaro.
El texto —que tiene la rúbrica “Un(a) ciudadano(a) más que quiere que la política se haga con argumentos, no con dinero”— reclama que mientras para el año entrante habrá recortes para educación, salud, seguridad, combate a la pobreza, agua y caminos, “el presupuesto para los partidos será intocable”, porque está blindado por la ley gracias a una fórmula incluida en la Constitución.
El artículo 41, fracción II, inciso A de la Carga Magna establece que el financiamiento de los institutos políticos se calculará anualmente “multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral [78 millones 732 mil 125 al 30 de octubre de 2009] por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal [54.80 pesos]”. De esa manera, los partidos recibirían y se repartirían en 2010 alrededor de 3 mil 12 millones de pesos.
Por esa razón el movimiento ¡Ya bájenle! propone modificar la fórmula de cálculo: “Que en lugar de multiplicar por el número de electores en el padrón, se multiplique por el número de votos válidos”. Esta medida, según el mensaje enviado a los legisladores, permitiría un ahorro de mil 700 millones de pesos y “genera incentivos para que los partidos políticos promuevan la participación y traten de convencer a la ciudadanía para reducir el abstencionismo”.
Con el propósito de empujar su idea, la causa busca a un diputado o grupo de diputados que tomen la propuesta y la presenten en la Cámara Baja antes de la aprobación del presupuesto 2010.
“Estamos trabajando en eso”, dijo Carlos Jaime, del área de Visibilidad y Comunicación de Alianza Cívica. Señaló que esperan que algún legislador dé voz a esta demanda ciudadana, aunque reconoció que hasta el momento no han recibido respuestas formales de parte de alguno.
El presidente de dicha asociación, Rogelio Gómez Hermosillo, consideró en un artículo publicado en El Universal a finales de septiembre que el financiamiento público a los partidos debe mantenerse porque es “un factor de equidad” en las contiendas electorales. Sin embargo, aseguró que el monto debe ser mucho menor y que si toda la estructura presupuestal se verá afectada por la caída de los ingresos nacionales, los institutos políticos también deben ajustarse.
En esa línea, una encuesta publicada ayer por este diario reveló que 91% de los consultados estaría de acuerdo con reducir los recursos a los partidos.
Jaime adelantó que ¡Ya bájenle! planea un acto en el Ángel de la Independencia para este miércoles o jueves, con el fin de reunir más adeptos y seguir demostrando la exigencia ciudadana por una mayor austeridad en la política.

Nota: Este texto aparece en e-joven.

El “ejemplo” del narco

Hay muchas lecciones que el campo puede aprender del narcotráfico, declaró el miércoles pasado el entonces subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa, Jeffrey Max Jones. Según el ex funcionario, aunque los cárteles “desafortunadamente están apostando a un cultivo nocivo”, han sabido “definir el mercado y luego orientar el aparato productivo, la logística para poder surtir estos mercados”.
Sus palabras, tal como era de esperar, no sólo causaron polémica y dieron nota sino que, más temprano que tarde, le costaron el puesto. Apenas el jueves por la noche, la Secretaría de Agricultura emitió un comunicado en el que difundió su “renuncia” al cargo.
Tal consecuencia era previsible en la medida de que el peculiar elogio de Jeffrey Max Jones hacia el narco contradice la ofensiva policiaco-militar e ideológico-discursiva que el Ejecutivo federal ha dirigido contra este delito desde que arrancó el sexenio. Ahora, aparentemente terminado el escándalo mediático, conviene analizar lo dicho con mayor detalle.
Fuera de que la declaración resultó pésima en términos políticos para el gobierno, detrás de ella se esconden realidades mucho más dramáticas. La primera de ellas es que, en efecto, el tráfico de drogas es un negocio sumamente rentable.
A finales de septiembre, David Robillard, director general de la consultora global Kroll México, estimó que el narco maneja ingresos de 25 mil a 40 mil millones de dólares anuales, es decir, entre 325 mil y 520 mil millones de pesos anuales, cifra superior a nuestro hueco fiscal.
La pujanza del negocio queda patente en su expansión territorial, en el poder de fuego exhibido por sus bandas criminales y en su capacidad para corromper funcionarios de todos los niveles, y radica en que, como dejó ver Jeffrey Max Jones, tiene un mercado sólido. Sin embargo, el ex subsecretario pasó por alto que para controlar plazas los cárteles no “compiten” limpiamente sino que recurren a actos violentos que arrastran consigo a la población civil, y que para funcionar también gozan de la protección de autoridades.
Otra realidad puesta al desnudo es que, como sucede en Sinaloa, para un campesino puede ser más redituable sembrar mariguana o amapola en lugar de jitomate. Testimonios reproducidos en los medios dan cuenta de esta faceta del grado de deterioro al que ha llegado el campo mexicano, debido al descuido oficial y nacional y a que cuantiosos subsidios del Estado en su mayoría van a manos de grandes productores que no los necesitan o a centrales corporativas, mas no a los pequeños agricultores.
Asimismo, este hecho reitera que en su “guerra contra las drogas” la actual administración federal únicamente presta atención al enfoque represivo, o sea, el uso de la policía o de las Fuerzas Armadas, pero soslaya o de plano ignora aspectos sociales como el combate efectivo a la pobreza vía el impulso al empleo y la generación de oportunidades, la prevención racional y no moralina del consumo, la rehabilitación de adicciones y la no estigmatización del consumidor.
La lógica gubernamental, pues, parece sustentarse más en dogmas de eficacia cuestionable (“Para que la droga no llegue a tus hijos”, “Limpiemos México”) que en una visión amplia, práctica y eficaz del problema.
Quizá esta última sea la realidad más desoladora por cuanto anuncia un horizonte futuro incierto: el gobierno, pese a toda la evidencia que pone en entredicho su estrategia actual, no da indicios de buscar replantearla. En otras palabras, como con el paquete económico, aquí tampoco hay “Plan B”. Y aunque nadie duda que deba enfrentarse al narcotráfico, el camino por el que lo hacemos simplemente no permite creer que vayamos ganando.

Nota: Este texto aparece desde ayer en los Dardos de diasiete.com.

El Presidente, la luz y la importancia de las formas

Aplaudido por unos y repudiado por otros, el hecho sorprendió al país: en los primeros minutos del pasado domingo 11 de octubre, el presidente Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la liquidación de sus trabajadores, al tiempo que elementos de la Policía Federal tomaban las instalaciones centrales de la compañía. La razón esgrimida fue que la empresa “ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público”.
Desde entonces a la fecha hemos observado, entre otras imágenes, la defensa que el gobierno ha hecho de la medida, las reacciones de todos los partidos en el Congreso de la Unión y, por supuesto, la oposición de la dirigencia y de los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Apenas el jueves, esta última se materializó en una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, de la cual derivó un intento de diálogo entre gremio y autoridades que, sin embargo, hasta el momento no ha dado visos de rendir frutos e incluso parece roto.
No obstante su final reservado, este episodio permite ya realizar varias lecturas. La que aquí deseo destacar es que, a pesar de que las cifras respaldan el argumento gubernamental respecto de la ineficiencia de LyFC (por ejemplo, 30% de pérdida de energía o inconformidades de los usuarios para con el servicio), el modo de proceder contra la compañía no fue el correcto, levanta interrogantes y puede costarle caro a la administración calderonista.
Que el jefe del Ejecutivo federal decretara la extinción de la empresa sin previo aviso, en fin de semana y con apoyo de la fuerza pública no sólo causó pasmo general, sino respuestas particulares.
Del lado de los trabajadores, alrededor de 44 mil en activo y 22 mil jubilados se sintieron lanzados al desamparo dado el actual contexto nacional de crisis y desempleo. Además, aunque las autoridades afirman que se liquidará incluso “por encima de la ley” a los empleados y que se respetará el pago de pensiones, testimonios de las familias afectadas apuntan a que los montos serán menores que lo prometido.
En lo que toca a la sociedad civil, el discurso oficial y algunas encuestas aseguran que el decreto presidencial goza de un apoyo mayoritario sustentado en el descontento ciudadano con LyFC. Empero, basta revisar otros sondeos o comentarios de cibernautas para notar la división de opiniones. Y en ese sentido, si bien son conocidas las historias de burocratismo, corrupción y cobros indebidos de los empleados de la compañía, es injusto generalizar esas características a toda la planta laboral, como también lo es achacar al SME toda la responsabilidad de su mal funcionamiento cuando desde distintos gobiernos se le ha descuidado.
Para los detractores de Calderón, finalmente, la medida representó una afrenta, una jugada tramposa que —legal o no— simplemente no dejarán sin contestación. En otras palabras, aunque el Presidente haya sorprendido al SME y hasta ahora haya logrado cumplir con sus propósitos, sus rivales, con o sin motivos reales, le cobrarán la movida en este y posiblemente en otros temas, como el paquete económico para 2010.
Tampoco dejarán escapar, por cierto, el doble rasero utilizado por su gobierno para con los sindicatos del Estado: ataque a los contrarios, como el SME, ligado al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, e impunidad para los aliados, como maestros y petroleros.
Insisto: en principio no cuestiono la presunta buena intención de la administración calderonista de acabar con una empresa pública ineficiente y obsoleta, pero las formas empleadas dejan mucho qué desear.
Ya echado a andar el proceso, ahora bien, el Ejecutivo puede, al menos, mostrar mayor sensibilidad hacia jubilados y ex trabajadores, pagarles los montos correspondientes y buscar su reinserción en el mercado laboral; puede plantear la modernización del sector energético con visión de largo plazo; y puede, por qué no, actuar parejo y con apego a ley con los sindicatos oscuros. De lo contrario, en vez de reimpulsar su sexenio, todo este episodio de LyFC podría convertirse para Felipe Calderón en un pesado lastre para los próximos tres años.

Nota: Este texto aparece en e-joven.

Porqués de la literatura

La pregunta me asalta a cada tanto: ¿para qué nos sirve la literatura? El cuestionamiento, aclaro, no parte de mis dudas respecto de su valor, sino de la necesidad de saber qué conduce a mujeres y hombres de todas las culturas a volcarse en el papel, así como de indagar cuál es el legado que nos dejan sus obras y cómo los seres humanos podemos aprovecharlo.
En esta ocasión también me motiva la reciente entrega del Premio Nobel de Literatura 2009 a la escritora rumano-alemana Herta Müller, de quien la Academia Sueca dijo reconocer en su trabajo “la concentración de la poesía y la franqueza de la prosa con la que describe el paisaje de los desposeídos”. De esa manera fueron galardonados sus esfuerzos por retratar la vida de algunas minorías en la Europa del este del siglo XX y su oposición a la represión comunista.
Bien sé que sobre el Nobel pesan duras críticas según las cuales cada vez se condecora menos la calidad literaria y más la filiación a ciertas causas político-ideológicas. Sin embargo, además de que la discusión tendría que ser más amplia y de que al menos en esta oportunidad los detractores no han arremetido en contra de la autora premiada, no puedo dejar de simpatizar con el veredicto expuesto en Estocolmo.
Para mí, una de las grandes virtudes de la literatura —e igualmente del periodismo— radica en la posibilidad de dar voz a quienes son oprimidos o sufren algún tipo de exclusión. Así lo entendieron escritores del romanticismo y en México lo han hecho, por ejemplo, Juan Rulfo, Rosario Castellanos y Carlos Monsiváis.
Sin caer en maniqueísmos, me parece que voltear a ver a las personas más desafortunadas de nuestra sociedad, en este o en otro tiempo, no sólo nos permite plasmar su existencia; asimismo, abre el espacio para denunciar las injusticias que a diario ocurren y, con esto, alienta a intentar acabar con ellas.
La literatura, por otra parte, constituye también otra forma de preservar el lenguaje y de aproximarnos a la realidad. Tal explicación la escuché hace unos cuatro años del profesor Eduardo Casar. En aquella charla, el académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM reparó en que una novela puede enriquecer nuestra visión de determinada época histórica y brindarnos claves para comprender el presente.
Al respecto, me pregunto cómo la creación literaria habrá de capturar a este México de principios del siglo XXI. ¿Retomará su alternancia en el poder, su incompleta transición democrática, sus enconadas pugnas entre las élites políticas, su marginación creciente, su sociedad dividida y profundamente desigual? ¿Lo recordará como un país sin un rumbo seguro al cual dirigirse? Más aún, de llegar a vernos plasmados en tinta y en papel, ¿seremos entonces capaces de reconocer nuestros errores?
Una tercera bondad de la literatura, con la cual deseo cerrar el dardo de hoy, consiste en su facultad para potenciar nuestra imaginación.
Frente a los problemas que vivimos, pudiera parecer banal que un cuento, un poema, una novela o un ensayo echen a volar nuestras mentes hacia mundos ficticios. No obstante, como he oído decir a Casar y a otras personas, la actividad intelectual que ello implica bien puede servirnos para despertar y, en la realidad, encontrar las salidas de laberintos aparentemente insuperables o soluciones a obstáculos temibles.
En ese sentido, todo un arsenal que podría ayudarnos a imaginar y a construir un mundo distinto al que tenemos está guardado en las manifestaciones literarias. Nuestra situación actual nos obliga a revisarlas.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

Incertidumbre en familias de LyFC

Esposa de un ex trabajador de la extinta empresa afirma que no se está dando a conocer la versión de los miles de afectados

Reconoce que en el SME hay corrupción y malos empleados, pero sostiene que estas personas "no son la mayoría"

Paulina Lázaro, esposa de uno de los ex empleados de la recién extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), tiene un reclamo para la cobertura de los medios de comunicación en este conflicto, en especial para la televisión: “No se está dando la versión de los trabajadores”.
Considera que desde los primeros minutos del domingo pasado, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que liquida la empresa, al tiempo que efectivos de la Policía Federal tomaron sus instalaciones, se ha desatado una “guerra mediática” en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que se le atribuyen todos los problemas que padece LyFC; entre ellos se enumeran ineficiencia, pérdida de energía eléctrica y escasa rentabilidad.
Sin embargo, dice, al culpar solamente a una de las partes no se toma en cuenta que el gobierno “no quiso hacer nada” por resolver tales deficiencias, y aunque reconoce también que hay malos elementos dentro de la organización sindical, enfatiza en que estas personas “no son la mayoría”.
Ella pertenece a una de las 66 mil familias afectadas por la extinción de la compañía de luz. Vive en Lomas de Atizapán, estado de México, una colonia de agremiados del SME. Ahí, relata, el domingo por la mañana la medida adoptada por el Ejecutivo federal cayó como “un golpe fuerte” y creó un ambiente similar al de un funeral.
Los trabajadores ya esperaban que las autoridades intentaran tomar las instalaciones de LyFC, pero calculaban que esto ocurriría hasta el 16 de marzo de 2010, cuando venciera el contrato colectivo. Por tal razón, la sorpresa fue mayúscula, e inmediatamente se convocó a una asamblea general del sindicato para definir las acciones a seguir.
“Toda la gente está muy temerosa”, comenta Paulina, pues, “contrariamente a lo que se piensa, la mayoría de nosotros, las familias de los trabajadores de LyFC, vivimos al día”.
Afirma que a pesar de que el gobierno anunció que mantendría las pensiones de los jubilados, no ha aclarado que pretende pagar un monto mucho menor que el actual. Tampoco ha dicho que a las liquidaciones prometidas “por encima de la ley” —para las que ha establecido que puede destinar hasta 20 mil millones de pesos— se les descontarán impuestos, ni ha especificado qué sucederá con los créditos para vivienda que los empleados habían adquirido sin intereses a través del SME.
En su caso, su esposo, con ocho años laborando en LyFC, su suegro, ya jubilado, amigos y vecinos están pendientes de la evolución de los hechos.
Paulina asegura estar consciente de los malos manejos que tienen lugar dentro del SME, como las disputas por el poder o el que los líderes se hayan enriquecido por medio de los trabajadores. No obstante, aunque no justifica esas prácticas, insiste en que la gente que corre el riesgo de perder su fuente de ingresos ahora necesita respaldar a su gremio.
Recalca que los sindicatos deben defender los derechos de los trabajadores. Pero esa tradición, lamenta, se ha ido perdiendo tanto por la corrupción como por las políticas oficiales de tipo neoliberal que han favorecido la proliferación de contratos cortos, por honorarios y sin prestaciones, lo que ha conducido a que los empleados en México queden en condiciones de desprotección.
Señala que por lo pronto la estrategia inmediata de sindicalizados y familias es permanecer informados, continuar en la resistencia y salir a marchar este jueves vestidos de blanco y negro, los colores del SME.
Al preguntarle cómo augura que habrá de terminar este episodio que apenas comienza, responde: “Tenemos la esperanza de que esto salga lo mejor para los trabajadores y para sus familias, pero estamos claros de que el gobierno no va a dar marcha atrás”.

Nota: Este texto aparece en e-joven.

Un llamado al Congreso

No voy a caer en la descalificación rápida ni en el insulto fácil. Aunque entiendo y en cierta medida comparto el descontento general para con nuestro Poder Legislativo, pienso que únicamente deshacerse en reclamos viscerales hacia nuestros diputados y senadores es tan frustrante como infructuoso.

Considero, ahora bien, que manifestar puntualmente nuestras inconformidades con el trabajo que se realiza en las cámaras es el primer paso para demandar un Congreso de la Unión de veras democrático, representativo, abierto a la sociedad. Y que a ese movimiento inicial deben seguir el escrutinio constante, la organización ciudadana, la propuesta y la acción.
A la luz de esa idea es que reparo en hechos recientes que han tenido lugar lo mismo en San Lázaro que en Xicoténcatl, y que ponen en evidencia la enorme desconexión existente entre legisladores y representados.
Empiezo el recuento en el Senado, donde el pasado 24 de septiembre fue ratificado Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República. Desde el momento de su presentación, el nominado presidencial generó protestas de parte de figuras públicas, medios y organizaciones civiles, motivadas por las omisiones del entonces titular de la Procuraduría de Chihuahua en las investigaciones de los feminicidios desatados en Ciudad Juárez en la década de los 90.
De poco sirvió la oposición social a que un personaje cuando menos cuestionado llegara a la PGR, pues, como ha escrito el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, los senadores parecen haber convertido sus facultades constitucionales, como la de confirmar o rechazar los nombramientos del jefe del Ejecutivo, “en mecanismos para el canje de favores”. Por lo demás, y por desgracia, ese trueque de posiciones políticas da señales de extenderse a designaciones en otros órganos autónomos.
Así puede suceder en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Banco de México (Banxico) y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ocurrió ya en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), responsable de transparentar el quehacer gubernamental. Para este último, Felipe Calderón propuso como nuevas comisionadas a Wanda Sigrid Arzt Colunga y a María Elena Pérez-Jaén, la primera acostumbrada a actuar con sigilo por su desempeño en áreas de seguridad e inteligencia, y la segunda relacionada con Elba Esther Gordillo y con el impulso al desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, como en el caso de Chávez Chávez en la PGR, es probable que poco importen estos antecedentes al Senado, aun cuando todavía está a tiempo de objetar esas nominaciones.
Otro tanto puede achacarse a la Cámara de Diputados, donde continúan repitiéndose prácticas tan penosas como que legisladoras titulares pidan licencia para ceder su lugar a sus suplentes varones, o como la pelea por espacios no en la búsqueda de un mejor trabajo legislativo sino por mero reparto de poder.
Fue en ese tono que el 29 de septiembre los partidos políticos integraron las comisiones de San Lázaro, un proceso del cual el PRI resultó ganador al acaparar 21 de 44 presidencias, mientras el PVEM, con notorios vínculos a las televisoras, logró quedarse con tres: Función Pública, Medio Ambiente y Radio, Televisión y Cinematografía.
Ahora se discute el paquete económico para 2010, y al menos a mí me queda la fuerte percepción de que la preocupación de la mayoría de nuestros legisladores no es aprobar un proyecto realista que ayude al país a salir de la crisis y permita comenzar a transformar la hacienda pública. Su meta es, en cambio, posicionar a sus grupos —no a la ciudadanía— de forma que alcancen el mayor control posible de la agenda nacional y ventaja rumbo a las elecciones de 2012.
La situación por la que atraviesa México, empero, exige que tanto senadores como diputados dejen de cuidar sus privilegios, de negociar arbitrariamente el futuro de la República y de defender facciones particulares, para en verdad asumirse como lo que deben ser, o sea, representantes de todos los mexicanos. Tal es el llamado que muchos les hacemos. Desde hace tiempo.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

Un mundo sin hambre, ¿un mundo imposible?

Josette Sheeran, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lanzó a mediados de septiembre un dato escalofriante: se estima que el número de personas con hambre en el planeta superará los mil millones durante 2009, “mientras el flujo de asistencia alimentaria estará en su nivel más bajo de los últimos 20 años”.

La cifra, más allá del habitual discurso políticamente correcto emitido por los gobiernos y que solemos reproducir los medios de comunicación, resulta alarmante en virtud de que equivale a más de un séptimo de la población de la Tierra. Asimismo, es escandalosa porque demuestra que como humanidad seguimos sin ser capaces de edificar una base mínima para la vida digna de todos nuestros congéneres.

Ya desde la primera mitad de 2008 el propio PMA había advertido del impacto que en este campo tendrían, por un lado, el alza en los precios de los alimentos (trigo, arroz, maíz) y, por el otro, los desastres naturales. A tales factores, derivados de la demanda de grandes consumidores como China o India, de la producción de biocombustibles y del cambio climático, se deben agregar las consecuencias de algunos conflictos armados y de la crisis financiera global detonada en octubre pasado.

En ese contexto, países de África y Asia padecen los efectos sociales de la hambruna, aunque para observarlos no es necesario ir tan lejos.

Guatemala, uno de nuestros vecinos del sur, recientemente declaró estado de calamidad pública por la crisis que viven 54 mil familias. Más aún, basta mirar al interior de nuestras fronteras para percatarse de la gravedad del problema. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por ejemplo, dio a conocer en julio que en sólo dos años, de 2006 a 2008, el número de mexicanos en pobreza patrimonial aumentó de 44.7 millones a 50.6, y el de aquellos en pobreza alimentaria de 14.4 millones a 19.5.

Frente a ese desolador panorama, tanto a nivel nacional como internacional se buscan medidas para combatir la miseria.

Aquí el gobierno federal plantea crear un impuesto al consumo general para hacerse de recursos y, afirma, distribuirlos entre las personas de menores ingresos (por lo demás, independientemente de esa presunta buena intención, voces en la política y en la academia han señalado la poca conveniencia de subir los gravámenes en época de recesión). En el mundo, por otra parte, el PMA llama a las autoridades de los países desarrollados y a las empresas transnacionales a realizar las donaciones que le permitan ayudar a la mayor cantidad posible de seres humanos.

Sin embargo, a pesar de que en las condiciones actuales es indispensable la asistencia de estados o de organismos multilaterales, me parece que acabar con el hambre requiere de acciones mucho más profundas, es decir, no de paliativos que maquillen la precariedad, sino de un cambio en el modelo de desarrollo global con la finalidad de reducir las desigualdades e incrementar las oportunidades de desarrollo.

Muy poco mejora la situación si a una persona se le da un plato de comida un día (y al siguiente quién sabe), en vez de facilitarle los elementos para que salga adelante por sus propios méritos. Y para ello es indispensable que dentro de las naciones, entre las regiones y en todo el orbe se convenga en que la humanidad, como tal, tiene el imperativo moral de terminar con las distintas expresiones de la exclusión: la escasa posibilidad de participar en los asuntos públicos, el desempleo, los bajos salarios, el deficiente acceso a la educación y la cultura... la falta de alimento.

Consciente estoy de que lo escrito aquí puede ser tildado de imposible, de utópico. Pero para afianzar mi esperanza, y sin caer en mitificaciones, evoco aquel espíritu del 68 que hoy recordamos; aquel que, aunque reprimido en California, París, Praga o el DF, pugnaba por transformar el planeta en el que habitamos. Yo, como aquellos jóvenes, también creo que otro mundo es posible. Hay que construirlo.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

Transeúntes en la indefensión [reportaje]

Datos de la PGJDF reportan un incremento en el número de robos en la vía pública y a bordo de microbús; frente a la impunidad, experta llama a fortalecer la cultura de la prevención

Una fue asaltada a punta de pistola; la otra, en cuanto sintió que el ladrón tomaba su bolsa, soltó sus pertenencias y pudo echar a correr. Una fue acorralada por siete individuos mientras viajaba en un microbús con otros nueve o 10 pasajeros; la otra se encontró con un solo delincuente cuando caminaba cerca de un parque poco transitado. A una la atracaron un lunes por la noche; a la otra, un domingo por la mañana.
En días recientes, Abigail y Lourdes se convirtieron en víctimas de distintas modalidades del robo a transeúnte, un delito que, de acuerdo con datos de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), va al alza.
Cifras de la dependencia capitalina señalan que de enero a junio de 2009 se registraron 7 mil 274 asaltos en la vía pública, un promedio de 40.2 diarios. En los primeros seis meses de 2007 fueron cuatro más, 7 mil 278, pero en el mismo periodo de 2008 la tendencia bajó a 5 mil 682; esto significa que del año pasado a la fecha la práctica ha recobrado fuerza.
Por otra parte, el incremento constante es más claro en el caso de los robos a bordo de microbús: de enero a junio de 2007 se contabilizaron 734, 846 en el mismo lapso de 2008 y mil 115 en el correspondiente a 2009, es decir, 6.2 al día.

“¡Al chile, no estamos jugando!”

“Cuando volví a voltear —recuerda Lourdes—, el tipo sostenía mi bolsa de brazo y me sujetaba por la espalda, y con voz relajada, sabiendo que no habría testigos, me dijo: ‘No te muevas…’”. El hecho ocurrió al poniente de la ciudad, en el puente de avenida Constituyentes, casi esquina con Periférico, que conduce al Parque Lira, en la delegación Miguel Hidalgo.
El sujeto, de tez morena, estatura mediana, complexión robusta y “aspecto descuidado”, había comenzado a seguirla a mitad de su ascenso por las escaleras. Ella anhelaba toparse con alguna otra persona para no atravesar sola por aquel lugar, “…pero nadie”. Así, cuando el ladrón la alcanzó y soltó su advertencia, ella, ya en estado de alerta, echó a correr: “No volví a voltear, supongo que por el miedo a ver que venía detrás de mí con alguna navaja, o peor, alguna arma de fuego. Corrí y corrí”.

Abigail, por el contrario, no tuvo oportunidad de huir. Pistola en mano, siete “chavos vestidos como reggeatoneros” asaltaron el microbús en el que viajaba. Esto sucedió al oriente de la ciudad, en la colonia Granjas México de la delegación Iztacalco.
Tres de ellos, relata, abordaron el vehículo pasando el Eje 3, sobre la calle Añil; metros más adelante subieron los otros cuatro. Confiesa que su apariencia le hizo temer que cometerían un atraco e incluso pensó en bajarse, pero optó por no dejarse llevar por lo que consideró estereotipos y permaneció en su sitio. Su intuición, sin embargo, rápidamente se revelaría acertada.
“Carnal, esto ya valió madres, así que ya sabes cómo irte”, dijo uno de los asaltantes al chofer. Primero exigieron sus celulares a los nueve o 10 pasajeros; Abigail entregó el suyo. Luego comenzaron a arrancar bolsas, pero cuando uno de los sujetos llegó a su asiento ella se resistió.
El delincuente cortó cartucho, le apuntó a la cabeza y gritó: “¡Al chile, hija de tu pinche madre, no estamos jugando, esto es en serio!”. Ante la amenaza ella cedió pero el individuo, uno distinto del que había recogido su teléfono, volvió a la carga: “¡Tú traes el celular; el celular, hija de tu pinche madre!”. “¡Ya se los di!”, respondió, aunque el asaltante insistió y le siguió apuntando. Al fin intervino otro sujeto: “Ya me lo dio, güey”.
Después de eso ordenaron a los pasajeros agachar la cabeza, les advirtieron que atrás venía una camioneta —“pobres de ustedes si voltean; se los carga la chingada”— y, sin más, abandonaron el vehículo. A pesar de que el chofer sugirió no denunciar pues “ni los van a agarrar”, Abigail decidió acudir ante el Ministerio Público con la esperanza de que el hecho “no quede impune”.

Frente a impunidad, más prevención

Desafortunadamente, señala Ana María Salazar, experta en seguridad, frente a la realidad que se vive en las grandes urbes como el DF es necesario estar conscientes de los riesgos que se corren y anticiparse a situaciones como la posibilidad de sufrir un asalto en la vía pública.
Para lograrlo, la primera recomendación que ella transmite es “escuchar al instinto”, ya que éste constituye “una herramienta contra el peligro” que permite detectar cuando algo no concuerda y actuar en consecuencia. En los casos citados, tanto Abigail como Lourdes percibieron la inminencia del robo antes de que el incidente se presentara; no obstante, Salazar reconoce la dificultad de reaccionar cuando se viaja en microbús porque la persona queda atrapada en el vehículo, mientras que cuando se transita por la calle es más fácil escapar de un sujeto sospechoso.
Su segunda sugerencia es definir qué pasos se tomarían durante un asalto con tal de proteger la vida de la víctima y la de quienes la acompañan. Entre estas estrategias menciona mantener la calma y un tono “ecuánime” al hablar con los ladrones, entregar lo que se exige y buscar salir de esa situación lo más pronto posible.
Por último, en vista de la prevalencia de una cultura de la impunidad en la que los delincuentes “saben que no les va a pasar nada”, la experta aconseja fortalecer la cultura de la prevención. En ese sentido, la asociación México Unido contra la Delincuencia recomienda, entre otras medidas, evitar el exceso de confianza, o sea, pensar “a mí nunca me va a ocurrir”; elaborar rutas de traslado con anticipación; no transitar por áreas solitarias o de noche y sin compañía; portar sólo el dinero necesario; no vestirse llamativamente ni llevar joyas o relojes ostentosos; así como ser discreto con la información sobre la economía personal y familiar.
Tras los malos episodios, Lourdes y Abigail pretenden continuar con su vida cotidiana. Sin embargo, ambas coinciden en el miedo, en el enojo, en la impotencia. “Estoy segura de que otras personas han superado peores experiencias, pero ahora no vivo tranquila”, comenta la primera. “La gente es mala, la sociedad está jodida, asaltándonos unos a otros, tal vez entre vecinos, niños con pistolas, encañonando a quien se resiste”, sentencia la segunda.
Lourdes intenta reponerse pero reconoce su paranoia: “Imagino ver en las caras de los extraños aquella que me hizo vivir tan infortunado momento… nada es igual”. Abigail, por su parte, hace hincapié en que la inseguridad no es “normal” y lanza un llamado: “No debemos acostumbrarnos, debemos denunciar y no sólo a los ‘chicos’, sino a la serie de injusticias que provocan que la ley del más fuerte y salvaje reine en la civilización”.

Nota: Este texto aparece en e-joven. Actualización: Me alegra mucho decir que con este texto volví al impreso; vean la página A15 de la edición del martes 13 de octubre o den clic aquí.

El DF, el agua y la basura

"Ironía", por Boligán

Mientras el agua potable escasea y nuestras tuberías se secan, las lluvias del último mes, inusualmente intensas, nos inundan y causan estragos. De esa forma, en un cartón publicado en el diario El Universal el viernes 18 de septiembre, el caricaturista Ángel Boligán ilustra una de las tantas ironías que vive el valle de México.

La madrugada de este martes, por ejemplo, al sur de la ciudad, el río Magdalena se desbordó y arrastró 16 automóviles de lujo; también dañó otros vehículos, una vivienda y el estacionamiento de un centro comercial. Semanas atrás, al oriente, las precipitaciones anegaron las instalaciones del Metro Hangares. Por si esto fuera poco, las condiciones climatológicas han entorpecido el servicio de recolección de basura y que ésta pueda ser transportada a sus depósitos correspondientes. Es claro: nuestros problemas urbanos, literalmente, salen a flote.

Fundamental resulta comprender las interconexiones entre estos asuntos: la escasez del agua potable, los efectos de las fuertes lluvias y el manejo de los residuos sólidos.

La falta de mantenimiento y de modernización de la infraestructura hidráulica ha derivado, por un lado, en que 30% o más de nuestros recursos hídricos se pierda en fugas y no llegue a amplias zonas de la capital como la delegación Iztapalapa. Por el otro, esos rezagos históricos que padece la red también han provocado que el drenaje sea incapaz de hacer frente a tormentas como las que hemos observado en días recientes.

Sumemos a eso las 12 mil 500 o 13 mil toneladas de desechos que generamos todos diariamente, y a las cuales se les debe encontrar acomodo o procesar a fin de que no obstruyan calles y alcantarillas como ahora lo hacen, y ya tenemos delineado el tamaño del reto que vivimos.

¿Qué nos ha conducido a esta situación? Me parece que estos problemas tienen en común tres tipos de orígenes, uno político, uno demográfico y uno sociocultural, y que verlos desde una perspectiva que abarque esos campos podría permitirnos pensar en soluciones.

Hace tiempo que tengo la impresión —imagino que compartida— de que los políticos que se han encargado de esta ciudad y de su área conurbada nunca se han preocupado en serio por planear su desarrollo a futuro. Asimismo, el crecimiento poblacional producto del número de nacimientos o de las migraciones ha sido tal que ha disparado la demanda de servicios como vivienda o transporte, que autoridades o particulares han buscado satisfacer bajo la lógica de la inmediatez o del lucro, mas no de la sustentabilidad.

A ese patrón de gran expansión, que seguramente se repite en otras metrópolis de México y de otros países, se agrega el predominio de lo que Alejandro Calvillo denomina “voraz modelo de consumo”. Trátese de agua, energía, alimentos o mercancías, ese paradigma nos lleva a consumir a diestra y siniestra sin reparar en las consecuencias. Y así, no hay ciudad ni planeta que alcancen.

Estas semanas de baja presión en nuestros grifos, de avenidas inundadas o de basura varada en los caminos son una advertencia sobre la crisis que puede desatarse en nuestra capital si no actuamos pronto y con sentido de largo plazo.

Contamos ya con alternativas expuestas por especialistas, desde un plan para descentralizar las actividades de esta urbe o el diseño de mecanismos para captar y aprovechar el agua de lluvia, hasta la reutilización y el reciclaje de residuos sólidos, pasando —claro— por nuestra responsabilidad de ejercer un uso más consciente y racional de los recursos de los que disponemos. Con todos sus defectos, esta ciudad es nuestra casa. Hagámosla habitable.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

El Senado, con oportunidad de frenar a Chávez: De la Rosa

Visitador de la CEDH en Chihuahua refiere que aspirante a encabezar la PGR incurrió en omisiones durante su desempeño como procurador de esa entidad, en la gubernatura del panista Francisco Barrio Terrazas

El eventual rechazo de parte del Senado a la nominación de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República podría representar “un momento histórico en las relaciones entre el presidente y el Congreso de la Unión”, señaló Gustavo de la Rosa, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Chihuahua.
Para De la Rosa, si los senadores del PRI y del PRD niegan la ratificación en la PGR a Chávez Chávez, propuesto por Felipe Calderón para sustituir a Eduardo Medina Mora, y cuya postulación ha sido criticada por activistas y por organizaciones no gubernamentales, propinarían una derrota a la administración calderonista e, igualmente, dejarían al descubierto que México vive ya en un sistema de corte parlamentario aunque se le siga llamando presidencialista.
Chávez Chávez, quien fue procurador de Chihuahua durante el gobierno del panista Francisco Barrio Terrazas (1992-1998), ha sido cuestionado por su falta de acción para resolver los feminicidios que comenzaron en Ciudad Juárez en la década de los 90. Ayer, durante su comparecencia ante el Senado, reconoció que hubo errores en la investigación de ese expediente, aunque retó a que se pruebe que haya actuado con parcialidad.
De la Rosa, sin embargo, advirtió que en su momento el funcionario no sólo incurrió en omisiones en el caso de las mujeres asesinadas en la entidad, sino en los de los levantones y los homicidios vinculados al narcotráfico, que también ocurrieron durante su gestión.
En entrevista telefónica, el visitador relató que cuando Chávez Chávez fue procurador estatal, él se desempeñó como director del Centro de Readaptación Social (Cereso). De esa manera, el “trato cercano” le permitió observar que las reacciones del fiscal hacia esos hechos tendían a culpar a las víctimas; éstas, justificaba, se metían en problemas por relacionarse con narcos o “por andar en lugares peligrosos”.
“Nunca tuvo claro que lo que estaba sucediendo en Juárez eran crímenes de odio”, comentó De la Rosa. Por ello, dijo, cuando Chávez Chávez terminó sus funciones en la procuraduría, dejó “cuentas pendientes”, entre ellas, 197 desapariciones sin investigar.
A juicio del visitador —quien ha recibido amenazas de muerte motivadas por su labor—, a pesar de las críticas Felipe Calderón se obstinará en que su nominado llegue a la PGR porque responderá a sus intereses: “Será el abogado del presidente, no el de la nación”. En ese sentido, descartó que sea una estrategia de Los Pinos haber propuesto en primera instancia a una figura cuestionada para que, una vez rechazada, la segunda opción deba ser aceptada.
Sostuvo que, independientemente de la persona que quede en el cargo, para atender los pendientes y rezagos que enfrenta México en materia de justicia debe contemplarse, primero, el rescate de los buenos elementos en las corporaciones policiacas pues no todos han sido corrompidos. Otra meta, ahondó, debería ser reclutar a los abogados recién egresados de las universidades con el propósito de formar agentes ministeriales que estén del lado de la ley.
Asimismo, recalcó que es fundamental que las autoridades acaben con el secuestro y con la extorsión debido al gran daño social que originan, y que, respecto del combate al narcotráfico, se discuta la legalización de ciertas drogas como la mariguana y la cocaína, se prevengan adicciones a otras como el cristal y la piedra, y se ataquen las finanzas de los cárteles.
Esos temas urgentes, concluyó De la Rosa, no parecen estar en la agenda de Chávez Chávez: “Ojalá los senadores tengan la capacidad de verlo”.

Nota: Este texto aparece en e-joven.

Paquete económico 2010 contiene desequilibrios

El gobierno federal busca elevar impuestos pero no da suficientes muestras de austeridad o de un mejor manejo del gasto público, advierte economista

Una vez superada la crisis, señala, debe renovarse el federalismo fiscal a fin de que los estados y los municipios recauden mayores recursos

El paquete económico para 2010 propuesto por el gobierno federal está desbalanceado, pues exige que la ciudadanía contribuya a las finanzas públicas vía impuestos pero no ofrece un esfuerzo de ahorro similar de parte de la autoridad, consideró Gabriel Pérez del Peral, economista de la Universidad Panamericana.
De acuerdo con el académico, mientras con sus proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planea recaudar 175 mil millones de pesos a través de gravámenes, la medida de austeridad planteada por el Ejecutivo de desaparecer dependencias representaría sólo alrededor de 6 mil millones. Además, dijo, tampoco se observa una intención de redistribuir y modernizar el gasto.
Estimó que la propuesta será modificada en la Cámara de Diputados, donde ya ha recibido el rechazo de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su propósito de crear un tributo de 2% al consumo general y de aumentar la tasa del Impuesto Sobre la Renta de 28% a 30%. A su juicio, el Legislativo buscará cambiar el paquete económico a fin de que éste promueva la inversión y con ello el empleo.
Pérez del Peral advirtió que uno de los problemas que enfrenta el gobierno es un reducido margen de maniobra como resultado de la escasez de recursos. Sin embargo, sostuvo que sería posible abrir alternativas si se revisa la distribución actual del gasto público para eliminar erogaciones superfluas, si se le enmarca en la consecución prioridades y si se le alínea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Aseguró que el impuesto general de 2% al consumo, que incluiría alimentos y medicinas —y que ha sido uno de los puntos más polémicos de la propuesta del Ejecutivo—, no afectaría sustancialmente a la población de menores ingresos porque, ejemplificó, ésta no compra medicamentos sino que los consigue de forma gratuita en las instituciones públicas de salud.
Por el contrario, expuso, un incremento en la tasa del ISR sí distorsionaría la dinámica económica puesto que alteraría decisiones de inversión, empleo y ocio. Una medida de esa naturaleza golpearía principalmente a la clase media.
Según el economista, una vez superada la crisis una reforma integral de la hacienda pública tendría que contemplar los temas de ingresos, gastos y deuda para rediseñar el mapa fiscal de la Federación. Dentro de ese nuevo diseño, detalló, se debería poner fin al desequilibrio en la recaudación, de la cual la SHCP actualmente concentra 90%, para descentralizar esta actividad, cambiar las relaciones entre los tres niveles de gobierno, y otorgar a estados y municipios mayores potestades tributarias mediante mecanismos como el cobro del predial.
Consultado el pasado lunes 7 de septiembre, un día antes de la entrega del paquete económico para 2010 al Congreso de la Unión, Javier Corral Jurado, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), también se manifestó en favor de replantear el federalismo fiscal. “El esquema que ya no se puede seguir es aquel en el que la Federación recauda y los gobernadores gastan”, mencionó.
Por su parte, Pérez del Peral defendió la idea de homologar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una tasa de 10%, ya que —argumentó— con esto crecerían la base gravable y los ingresos y se lograría combatir la evasión.
De momento, reiteró el académico, es indispensable que el gobierno federal amplíe el margen de maniobra modernizando el gasto público. Para ello requiere responsabilidad en la planeación, programación y presupuestación de recursos y acciones, a fin de orientarlos a resultados que permitan generar un “círculo virtuoso” de crecimiento económico.

Nota: Este texto aparece en e-joven.

México fragmentado

Nunca me han entusiasmado las fiestas patrias. No es sólo porque frente a la dramática realidad de este país año con año encuentro pocas, muy pocas razones para festejar nuestro nacimiento como nación. También, porque cada septiembre los grupos de poder, tanto en la política como en los medios, buscan la ocasión para proclamar una pretendida unidad entre los mexicanos que se extiende, acaso, hasta que culminan la celebración del 15 y la resaca del 16.

Este 2009 mi búsqueda no ha corrido con mejor suerte. Más aún, quizá le haya tocado la peor que me sea posible recordar.
Conocemos de sobra nuestros problemas: la crisis global de finales de 2008 nos ha golpeado con severidad, el barco de las finanzas públicas tiene un hoyo de casi 400 mil millones de pesos, aumentan el desempleo y la pobreza, el brote de influenza de abril-mayo pegó a la dinámica de la República y amenaza con volver en otoño-invierno, el narcotráfico no cede terreno, niños y jóvenes están sumidos en la precariedad educativa y laboral, el agua y el petróleo se agotan… Con tal escenario, ¿de qué demonios alegrarse?
Lejos estoy de creer que el listado anterior constituya un destino inexorable como el plasmado en las tragedias griegas. Sin embargo, considero que escapar de él y comenzar a construirnos un mejor futuro pasa necesariamente, primero, por reconocer nuestra responsabilidad colectiva en el statu quo que padecemos y, segundo, por preguntarnos qué tipo de nación queremos ser para de esa manera asumirnos capaces de trazar los ejes mínimos que nos permitan alcanzar el desarrollo, la sustentabilidad, la calidad de vida y el respeto a las libertades individuales.
Frenar nuestra decadencia, en otras palabras, requiere acuerdo y colaboración; es decir, que más allá de inevitables, significativas y sanas diferencias, todos caigamos en la cuenta de que formamos parte del mismo Estado y de que, por ende, nuestras acciones y omisiones tienen consecuencias para el conjunto.
Nuestro egoísmo, nuestro olvido de la colectividad y nuestra tendencia a explotar los bienes nacionales sólo para beneficio personal o de grupo han derivado en que, como escribió en El Universal el politólogo Mauricio Merino el 31 de diciembre pasado, los mexicanos hayamos “destruido las distintas configuraciones del espacio público en las que convivimos, porque no sabemos estar juntos, ayudarnos, compartir y respetar”.
Al cierre de ese artículo Merino enfatizaba en la necesidad de abandonar nuestras soledades a fin de recuperar la capacidad de convivir: “Y eso vale tanto para los funcionarios encerrados en Los Pinos como para los legisladores y sus grupúsculos parlamentarios; vale para las oligarquías de los partidos y los medios y para los amigos legítimos de Andrés Manuel; vale para cada una de las familias, los amigos, las iglesias y las universidades. Nadie puede solo. México tampoco”.
Me vienen a la mente aquellas frases ahora que nos acercamos al bicentenario de la Independencia y al centenario de la Revolución mientras observo a este país peligrosamente fragmentado. Y aunque ignoro si la consabida cábala 1810, 1910, 2010 habrá de cumplirse, estoy convencido de que las divisiones entre poderes, gobiernos y grupos sociales no tienen otro efecto que alimentar el germen de la confrontación.
Quiero pensar que estamos a tiempo de evitar una guerra civil, pero para ahuyentar ese fantasma es indispensable que todos, de una buena vez, desempeñemos nuestro papel como ciudadanos de este México y contribuyamos a corregir sus fallas, sus injusticias, sus desigualdades. Si no lo hacemos, lo menos grave será que al llegar estas fechas año con año encontraremos menos motivos para festejar.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

El aparente (y falso) cambio

El discurso pronunciado por Felipe Calderón el pasado 2 de septiembre suscitó numerosas reacciones. En un extremo, hubo quien señaló que, por su tono autocrítico y su convocatoria a la unidad, ha sido su mejor alocución en lo que va del sexenio. En el otro, hubo quienes lo calificaron de demagógico, como “puro aire”.
A medio camino entre ambas posturas, algunos más se congratularon de que el mandatario reconociera fallas en su gobierno, pero advirtieron que el llamado a colaborar con otras fuerzas políticas debió darse desde el 1 de diciembre de 2006, mas no a la mitad de su gestión, y que, en todo caso, para evaluar la veracidad de sus palabras habría que seguir las acciones que de ahora en adelante tome el jefe del Ejecutivo.
No obstante, para desgracia del país, importantes decisiones anunciadas por el mandatario durante esta semana parecen confirmar que los promocionados cambios son más cosméticos que de profundidad.
Me centro en el tema de los relevos en el gabinete presidencial (el del paquete económico para 2010, que plantea enfrentar el déficit en las finanzas públicas con recortes al gasto federal, aumento de impuestos y deuda, merece tratamiento aparte).
En esta área, Calderón informó el lunes de movimientos en tres dependencias: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Procuraduría General de la República (PGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex). A la primera, ocupada por el jalisciense Alberto Cárdenas Jiménez, llegó Francisco Javier Mayorga; para sustituir a Eduardo Medina Mora como fiscal de la nación el Ejecutivo propuso a Arturo Chávez Chávez; en tanto que a la dirección de la paraestatal arribó, en reemplazo de Jesús Reyes Heroles, Juan José Suárez Coppel.
Para esa misma tarde y en los días siguientes distintas voces en los medios de comunicación cuestionaron los nombramientos.
Se recordó que Mayorga, por ejemplo, ya había estado en la Sagarpa cuando, en el sexenio de Vicente Fox, Javier Usabiaga dejó la secretaría para contender por la candidatura del PAN a la gubernatura de Guanajuato. Igualmente, aun antes de que su designación fuera oficial, Raymundo Riva Palacio reparó en que Suárez Coppel es cercano del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y en que cuando fue director corporativo de finanzas de Pemex fue “denunciado por adjudicar en forma directa más de 30 contratos con dinero de las exportaciones petroleras”.
La postulación que más se ha criticado, sin embargo, ha sido la correspondiente al relevo en la PGR. Organizaciones civiles, periodistas y senadores han manifestado rechazo a la propuesta de Arturo Chávez Chávez, debido a sus antecedentes como procurador de Chihuahua cuando se intensificó el fenómeno de los feminicidios en Ciudad Juárez. Además, lo ponen en entredicho sus nexos con la poderosa figura del abogado Diego Fernández de Cevallos.
Tal panorama en los relevos en el equipo presidencial, en el que se observa la llegada de personas con episodios oscuros en sus historiales profesionales, siembra dudas sobre la intención de cambiar a México expresada por Felipe Calderón. Si el mandatario en verdad quisiera iniciar una gran transformación en su gobierno, tendría la oportunidad de hacerlo modificando la composición de su gabinete invitando a él a funcionarios capaces, expertos en sus campos, en vez de a gente de su círculo íntimo o a representantes de las ominosas alianzas que ha establecido.
Por sus decisiones inmediatas y para mal augurio de los tiempos que vivimos, más temprano que tarde parece revelarse que aquellas palabras con las que el presidente llamó a pasar “de la lógica de los cambios posibles, limitados siempre por los cálculos políticos de los actores, a la lógica de los cambios de fondo” no fueron más que eso: palabras.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

El Metro en tres episodios

I

Los pasajeros, muchos de ellos estudiantes, van poblando el andén de la estación Zapata en dirección Universidad. Algunos llevan audífonos, otros leen, unos más observan el túnel o miran el reloj que marca las 8:30 AM. Todos esperan. Y a poco arriba el tren.
Este convoy, diferencia de otros, no viene a reventar. El viaje se anuncia algo apretado pero —dicta la experiencia— al parecer no será necesario forcejear para poder entrar. El vehículo frena, abre las puertas, muchos descienden y entonces es posible abordar. En efecto, a pesar de que no sobra el espacio, sí es el suficiente para moverse, para maniobrar, para continuar con la lectura, con la música o incluso, para quienes van sentados, con una pequeña siesta.
Trayecto sin contratiempos: no hay retrasos. También prevalece el silencio pues la mayoría de los vagoneros —vendedores, músicos, indigentes— aún no comienza su jornada diaria. El tren llega a su destino. Termina el primer traslado.

II

Este 4 de septiembre el Metro del Distrito Federal cumple 40 años de existencia. Aquel día de 1969, un convoy realizó el recorrido inaugural entre Insurgentes y Zaragoza. Hoy, la obra que inició a mediados de 1967 cuenta con una red conformada por 11 líneas y 175 estaciones por las que transitan 355 trenes.
Información del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) refiere que durante 2008 se registró una afluencia total de mil 467 millones 362 mil 893 personas, superior en 8.5% a la de 2007. En cifras redondas, esto significa que, en promedio, diariamente 4 millones de usuarios utilizaron este servicio. Las líneas 1 (Observatorio-Pantitlán), 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) y 3 (Indios Verdes-Universidad) concentraron el mayor flujo de pasajeros.
En la terminal sur de esta última, a un costado de Ciudad Universitaria, los andenes se vuelven a llenar. Es la 1:40 de la tarde: hace calor. Una luz intermitente avisa de qué lado saldrá el tren. La gente se coloca en fila esperando su llegada; varios ignoran la franja de seguridad. Aparece el convoy anaranjado. Los usuarios se reúnen frente a las puertas; cuando éstas se abren, los más se apresuran en busca de un lugar.
A esta hora, una de las de mayor actividad, los problemas del Metro tienden a aflorar: retrasos, insuficiente capacidad, falta de ventilación. También surgen, de estación en estación, los vagoneros, esa otra cara de la economía informal con toda su gama de productos: chicles, plumas, lámparas, álbumes, mapas y, por supuesto, discos piratas. Ambos fenómenos, además, acompañados del déficit de civilidad que conduce a empujar, a estorbar, a querer subir sin antes dejar bajar o a ocupar injustificadamente los asientos reservados, entre otras malas costumbres.
Así se llega a Juárez. Después de Balderas, correspondencia con la Línea 1, el vagón se encuentra retacado. Sin embargo, esta vez hay suerte: los otros pasajeros, amables, permiten descender. Fin del segundo recorrido.

III

El tercer viaje ocurre por la noche, pasadas las 11. Pocos aguardan en el andén. El convoy tarda unos 10 o 15 minutos, más que en el resto del día, pero algo es seguro: a esta hora sobrarán los asientos.
“La rocola móvil más grande de la ciudad”, como el diario El Universal llamó al Metro recientemente, para estos momentos permanece casi en silencio. Sólo algunos vagoneros rezagados continúan con su actividad, como un poeta ambulante o un darketo que comercia con rosas.
Termina una jornada más para este cuarentón. Mañana, como todos los días laborables, desde las 5 AM habrá de levantarse a trabajar (afanoso, sábados y domingos lo hace, respectivamente, a las 6 y a las 7).
A la fecha, su salud, como lo demuestra a diario, aún le basta para recorrer toda la ciudad; no obstante, con el tiempo sus achaques también se tornan cada vez más evidentes. Por tanto, queda en quienes debemos cuidarlo, tanto autoridades como ciudadanos, decidir si lo abandonamos y dejamos que decaiga hasta morir o si, por el contrario, lo ayudamos a mantener su vida productiva para que siga transportándonos por muchos años más.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

Agrupación convoca a ir “de la protesta a la propuesta”

Compuesta por 70 organizaciones civiles, la Asamblea Nacional Ciudadana demanda que el Legislativo abra espacios de discusión que retomen los reclamos sociales

Plantea reforma político-electoral que incluya mecanismos de democracia directa, reducción de financiamiento a partidos y candidaturas independientes

Bajo el lema “De la protesta a la propuesta”, 70 organizaciones civiles agrupadas en la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), antes Asamblea Nacional por el Voto Nulo, exigen que el Poder Legislativo abra espacios “para escuchar, debatir y asumir” las ideas emanadas “de todos los ámbitos de la sociedad mexicana, no sólo de los partidos políticos”.
Para ello, la ANCA planea instalar hoy, desde las 10 de la mañana, mesas de discusión en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, a manera de acto simbólico que llame la atención de los representantes que comienzan sus funciones en la 61 Legislatura.
Las asociaciones que conforman este bloque a la fecha han realizado reuniones en el DF, en Guadalajara y en Tlaxcala, y están distribuidas en 20 estados de la República. Entre ellas se encuentran Abogados y Periodistas en Acción, Abstención-Voto Nulo 2009, Alconsumidor, Construyamos un Mejor País, Dejemos de Hacernos Pendejos, Despertar Ciudadano, El Poder del Consumidor, Fundación Indígena, Incide Social, Movimiento Voto Responsable, Vota Independiente y Tache a Todos.
Durante el pasado proceso electoral —en el que se renovaron las 500 curules de San Lázaro, seis gubernaturas, 12 congresos locales, 522 alcaldías y las 16 delegaciones de la capital del país— promovieron la anulación del sufragio como forma de protesta contra las condiciones políticas vigentes, caracterizadas, según la declaración que pretenden entregar a la Cámara Baja, “por la excesiva cantidad de recursos que reciben y derrochan los partidos y por el monopolio que las clases gobernantes tienen en la gestión de lo público”.
Al respecto, el documento de la ANCA destaca que, a nivel federal, “el pasado 5 de julio, casi 2 millones de personas manifestamos en las urnas nuestra profunda insatisfacción con el actual sistema político y de gobierno”. Esta cifra equivale a 5.39% de los votos registrados en los comicios, superior al promedio histórico del voto nulo, de alrededor de 2%.
La agrupación, según se lee en su sitio en MySpace, sostiene que “la democracia representativa en que vivimos ya no funciona y a los ciudadanos nos corresponde hacerla participativa y deliberativa”.
Para conseguir tal cambio plantea que el Congreso de la Unión lleve a cabo una nueva reforma político-electoral que recoja los reclamos sociales.
Desde su perspectiva, dichas modificaciones deberían incluir al menos tres puntos: 1) instaurar mecanismos de democracia directa como voto nulo y abstención con valor jurídico, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, consulta e iniciativa popular; 2) reducir el financiamiento y los privilegios a partidos, representantes y funcionarios públicos; y 3) establecer la figura de las candidaturas ciudadanas.
Margarita Sierra, integrante de la ANCA, señaló en entrevista telefónica que las propuestas anteriores constituyen “el punto de partida”, porque los objetivos de la asamblea comprenden un espectro más amplio de temas que apuntan a reformar el Estado. Con esa finalidad, dijo, después del acto de este 1 de septiembre continuarán sus esfuerzos con foros con académicos y con la sociedad civil; para su celebración ya han tenido acercamientos con El Colegio de Michoacán y con El Colegio de Jalisco.
Explicó también que las personas interesadas en unirse a la agrupación podrán hacerlo a través de su página electrónica, en la que efectúan adecuaciones técnicas para que puedan darse de alta tanto organizaciones como individuos.
“Veo la crisis que vive México como una oportunidad en serio”, comentó Sierra. Para ella, el “caldo de cultivo” formado por factores como la crisis económica, el desempleo y la inseguridad, a pesar de su complejidad, abre la puerta a la labor de la ciudadanía en el impulso de cambios en la nación. Remató: “Ni los partidos ni los políticos van a sacarnos de donde estamos. Somos los ciudadanos los que debemos creernos que tenemos el poder”.

Nota: Este texto aparece hoy en e-joven.