Hay muchas lecciones que el campo puede aprender del narcotráfico, declaró el miércoles pasado el entonces subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa, Jeffrey Max Jones. Según el ex funcionario, aunque los cárteles “desafortunadamente están apostando a un cultivo nocivo”, han sabido “definir el mercado y luego orientar el aparato productivo, la logística para poder surtir estos mercados”.
Sus palabras, tal como era de esperar, no sólo causaron polémica y dieron nota sino que, más temprano que tarde, le costaron el puesto. Apenas el jueves por la noche, la Secretaría de Agricultura emitió un comunicado en el que difundió su “renuncia” al cargo.
Tal consecuencia era previsible en la medida de que el peculiar elogio de Jeffrey Max Jones hacia el narco contradice la ofensiva policiaco-militar e ideológico-discursiva que el Ejecutivo federal ha dirigido contra este delito desde que arrancó el sexenio. Ahora, aparentemente terminado el escándalo mediático, conviene analizar lo dicho con mayor detalle.
Fuera de que la declaración resultó pésima en términos políticos para el gobierno, detrás de ella se esconden realidades mucho más dramáticas. La primera de ellas es que, en efecto, el tráfico de drogas es un negocio sumamente rentable.
A finales de septiembre, David Robillard, director general de la consultora global Kroll México, estimó que el narco maneja ingresos de 25 mil a 40 mil millones de dólares anuales, es decir, entre 325 mil y 520 mil millones de pesos anuales, cifra superior a nuestro hueco fiscal.
La pujanza del negocio queda patente en su expansión territorial, en el poder de fuego exhibido por sus bandas criminales y en su capacidad para corromper funcionarios de todos los niveles, y radica en que, como dejó ver Jeffrey Max Jones, tiene un mercado sólido. Sin embargo, el ex subsecretario pasó por alto que para controlar plazas los cárteles no “compiten” limpiamente sino que recurren a actos violentos que arrastran consigo a la población civil, y que para funcionar también gozan de la protección de autoridades.
Otra realidad puesta al desnudo es que, como sucede en Sinaloa, para un campesino puede ser más redituable sembrar mariguana o amapola en lugar de jitomate. Testimonios reproducidos en los medios dan cuenta de esta faceta del grado de deterioro al que ha llegado el campo mexicano, debido al descuido oficial y nacional y a que cuantiosos subsidios del Estado en su mayoría van a manos de grandes productores que no los necesitan o a centrales corporativas, mas no a los pequeños agricultores.
Asimismo, este hecho reitera que en su “guerra contra las drogas” la actual administración federal únicamente presta atención al enfoque represivo, o sea, el uso de la policía o de las Fuerzas Armadas, pero soslaya o de plano ignora aspectos sociales como el combate efectivo a la pobreza vía el impulso al empleo y la generación de oportunidades, la prevención racional y no moralina del consumo, la rehabilitación de adicciones y la no estigmatización del consumidor.
La lógica gubernamental, pues, parece sustentarse más en dogmas de eficacia cuestionable (“Para que la droga no llegue a tus hijos”, “Limpiemos México”) que en una visión amplia, práctica y eficaz del problema.
Quizá esta última sea la realidad más desoladora por cuanto anuncia un horizonte futuro incierto: el gobierno, pese a toda la evidencia que pone en entredicho su estrategia actual, no da indicios de buscar replantearla. En otras palabras, como con el paquete económico, aquí tampoco hay “Plan B”. Y aunque nadie duda que deba enfrentarse al narcotráfico, el camino por el que lo hacemos simplemente no permite creer que vayamos ganando.
Sus palabras, tal como era de esperar, no sólo causaron polémica y dieron nota sino que, más temprano que tarde, le costaron el puesto. Apenas el jueves por la noche, la Secretaría de Agricultura emitió un comunicado en el que difundió su “renuncia” al cargo.
Tal consecuencia era previsible en la medida de que el peculiar elogio de Jeffrey Max Jones hacia el narco contradice la ofensiva policiaco-militar e ideológico-discursiva que el Ejecutivo federal ha dirigido contra este delito desde que arrancó el sexenio. Ahora, aparentemente terminado el escándalo mediático, conviene analizar lo dicho con mayor detalle.
Fuera de que la declaración resultó pésima en términos políticos para el gobierno, detrás de ella se esconden realidades mucho más dramáticas. La primera de ellas es que, en efecto, el tráfico de drogas es un negocio sumamente rentable.
A finales de septiembre, David Robillard, director general de la consultora global Kroll México, estimó que el narco maneja ingresos de 25 mil a 40 mil millones de dólares anuales, es decir, entre 325 mil y 520 mil millones de pesos anuales, cifra superior a nuestro hueco fiscal.
La pujanza del negocio queda patente en su expansión territorial, en el poder de fuego exhibido por sus bandas criminales y en su capacidad para corromper funcionarios de todos los niveles, y radica en que, como dejó ver Jeffrey Max Jones, tiene un mercado sólido. Sin embargo, el ex subsecretario pasó por alto que para controlar plazas los cárteles no “compiten” limpiamente sino que recurren a actos violentos que arrastran consigo a la población civil, y que para funcionar también gozan de la protección de autoridades.
Otra realidad puesta al desnudo es que, como sucede en Sinaloa, para un campesino puede ser más redituable sembrar mariguana o amapola en lugar de jitomate. Testimonios reproducidos en los medios dan cuenta de esta faceta del grado de deterioro al que ha llegado el campo mexicano, debido al descuido oficial y nacional y a que cuantiosos subsidios del Estado en su mayoría van a manos de grandes productores que no los necesitan o a centrales corporativas, mas no a los pequeños agricultores.
Asimismo, este hecho reitera que en su “guerra contra las drogas” la actual administración federal únicamente presta atención al enfoque represivo, o sea, el uso de la policía o de las Fuerzas Armadas, pero soslaya o de plano ignora aspectos sociales como el combate efectivo a la pobreza vía el impulso al empleo y la generación de oportunidades, la prevención racional y no moralina del consumo, la rehabilitación de adicciones y la no estigmatización del consumidor.
La lógica gubernamental, pues, parece sustentarse más en dogmas de eficacia cuestionable (“Para que la droga no llegue a tus hijos”, “Limpiemos México”) que en una visión amplia, práctica y eficaz del problema.
Quizá esta última sea la realidad más desoladora por cuanto anuncia un horizonte futuro incierto: el gobierno, pese a toda la evidencia que pone en entredicho su estrategia actual, no da indicios de buscar replantearla. En otras palabras, como con el paquete económico, aquí tampoco hay “Plan B”. Y aunque nadie duda que deba enfrentarse al narcotráfico, el camino por el que lo hacemos simplemente no permite creer que vayamos ganando.
2 comments:
Qué bien que retomes el blog, ya se me hacía raro que no subieras nada.
Te amo, mucho.
Pd. Gracias por todas las primicias :D
Éste lo suscribo...
Del anterior, Don Mau, una actitud sana para todo reportero es SIEMPRE dudar de la buena fe del poderoso...
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