El problema del agua, una “bomba de tiempo”: investigadores

Autoridades locales y federales, afirman, deben atender criterios técnicos en la búsqueda de soluciones, no intereses partidistas

Plantean establecer un sistema tarifario diferenciado para recaudar más recursos por el servicio y promover el ciudado del líquido

El problema de abastecimiento de agua al Valle de México es una “bomba de tiempo” que las autoridades federales y locales no están atendiendo en toda su gravedad, señalaron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A).
Los académicos Lilia Rodríguez Tapia y Jorge A. Morales Novelo explicaron que ante el aumento de la demanda del líquido, producto del crecimiento de la población y de las actividades económicas, históricamente la respuesta gubernamental ha sido incrementar la oferta mediante la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la importación de agua de otras regiones.
Tales medidas, sin embargo, no han solucionado el problema porque el mantenimiento de los sistemas de distribución tiene entre 15 y 20 años de retraso, porque sigue desperdiciándose alrededor de 40% del recurso y porque el costo de éste para uso doméstico es bajo. En consecuencia, afirmaron, el déficit de disponibilidad del líquido prevalece y cada vez será mayor.
“Estamos en un punto en el que hacemos algo o esto se va a volver una catástrofe”, comentó Morales.
Frente a esa situación, los también coordinadores del libro Economía del agua —editado por la UAM y por la Cámara de Diputados en 2007— proponen que las dependencias oficiales, en lugar de buscar aumentar la oferta del líquido, diseñen estrategias para administrar la demanda, es decir, para que todos los usuarios lo empleen de forma eficiente.
En primer término, sostuvo Rodríguez, “la población debe tener conciencia del cuidado de sus recursos naturales, y las autoridades, de que la política ambiental es un objetivo de sustentabilidad que no debe ser ligado a cuestiones políticas”. En ese sentido —continuó—, corresponde a los gobiernos federal, del DF y del estado de México resolver el asunto a partir de criterios técnicos, mas no de intereses partidistas.
Otros mecanismos posibles de instrumentar son la instalación de equipos ahorradores, la creación de leyes más estrictas que impidan que la ciudad crezca a ritmo acelerado, la reforestación de áreas verdes para favorecer la recarga de los mantos acuíferos, la promoción de la cosecha de agua de lluvia y el ajuste a las tarifas por el servicio.
Morales consideró que los precios que se pagan por el líquido en la capital son “regresivos”, puesto que los sectores sociales con mayores dificultades para acceder al recurso son los que desembolsan más dinero por él, en tanto que quienes lo tienen en abundancia pueden darle usos no prioritarios como llenar albercas e incluso desperdiciarlo.
Por esa razón plantea que deben subir las cuotas para que la ciudadanía en general valore más el agua y logre incrementarse la recaudación. Aclaró que no se trata de “hacer tabla rasa” para que a todos se les cobre lo mismo, sino de establecer un sistema tarifario diferenciado con base en variables como el uso para el que se destina el líquido, la ubicación de los usuarios y su nivel de ingresos.
Igualmente, reconoció que tratar el tema de las tarifas es complejo y que quienes se oponen a esta idea argumentan que el agua es un derecho humano y debe ser gratuita. No obstante, insistió en que, “precisamente porque es un derecho humano”, debe discutirse cómo elevar los precios para cuidar que la garantía de acceso al líquido “se cumpla en el largo plazo”.

Nota: Este texto aparece hoy en e-joven... Y como update adicional, me alegra decir que siempre sí se publicó en el impreso de El Universal, en la página A11 de la sección DF y Metro de este jueves.

Ciudadanos demandan que diputados paguen sus impuestos; esperan respuesta

Entre el 22 de febrero y el 5 de marzo, agrupación reunió 3 mil 500 firmas para respaldar su petición; el documento fue entregado a la Oficialía de Partes de San Lázaro, que deberá hacerlo llegar al presidente de la Mesa Directiva de la cámara

Integrantes del grupo ciudadano Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP) llevaron a la Cámara de Diputados la petición de información, firmada por más de 3 mil 500 personas, para que los legisladores federales aclaren mediante qué mecanismo les fueron devueltos los impuestos de su aguinaldo correspondiente a 2008.
El miércoles pasado, miembros de la organización acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro con el objetivo de entregar el documento al priísta César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva.
Sin embargo, de acuerdo con Javier Ruiz, encargado de comunicación en DHP, Duarte no los recibió ya que —según les explicaron— se encontraba de viaje fuera del país, mientras que su secretario particular tampoco los atendió. Por ese motivo, la petición fue dejada en la Oficialía de Partes del recinto para que ésta la haga llegar a su destinatario.
En diciembre, diarios como El Universal publicaron que a los 500 diputados les serían restituidos los 38 mil 899 pesos de impuestos sobre su aguinaldo a través de compensaciones asignadas a las fracciones parlamentarias dentro de la cámara. De ese modo, a cada uno se le otorgaría íntegra su gratificación de fin de año, equivalente a 101 mil 604 pesos.
Según Maite Azuela Gómez, representante de DHP, sólo cuatro legisladores rechazaron que se les regresara el monto del gravamen.
A raíz de esa información, el grupo decidió ejercer los derechos constitucionales de petición y de libre asociación para participar en los asuntos políticos, contenidos respectivamente en los artículos octavo y 35, a fin de pedir a los congresistas que esclarezcan cómo operó la devolución de impuestos, que comprueben sus gastos, que cumplan con sus obligaciones fiscales y que, de constatarse que se cometió algún delito, se dé cuenta a la Procuraduría General de la República (PGR).
Para dar fuerza a su demanda, DHP, constituida por cerca de 10 mil personas vinculadas por la red social Facebook, organizó una colecta de firmas que se llevó a cabo entre el domingo 22 de febrero y el jueves 5 de marzo, y que fue consignada en este espacio. En total suscribieron el documento 3 mil 500 ciudadanos, mil en papel y 2 mil 500 vía electrónica.
Jorge Raúl Nahum, representante de la agrupación responsable del sustento jurídico, expuso en entrevista telefónica que una vez que la petición fue entregada al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, éste tiene alrededor de 90 días para responder y proporcionar la información solicitada. La actual Legislatura, no obstante, termina funciones en septiembre.
La autoridad, remarcó Nahum, “tiene la obligación constitucional de contestar”.
Cuestionado acerca de cómo procedería DHP en caso de que San Lázaro ignorara su exigencia, indicó que una posibilidad sería promover un juicio de amparo por violación a la garantía individual consagrada en el artículo octavo de la Carta Magna. De esa manera, continuó, si los legisladores se niegan a dar respuesta, es posible recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta los fuerce a hacerlo.
Por su parte, Javier Ruiz mencionó que la labor de los medios de comunicación es importante para dar peso a esta causa.
“Presionaremos por todas las vías”, afirmó Nahum, quien coincidió en que los altos sueldos de los servidores públicos provocan un descontento generalizado en la ciudadanía, y más aún si a esas percepciones se suman prácticas como el incumplimiento del pago de impuestos.

Nota: Este texto aparece hoy en e-joven.

Anticipemos la sequía

El fin de semana pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) efectuó la segunda reducción programada del suministro a 10 delegaciones del Distrito Federal y a 13 municipios del estado de México. Con esta acción, según cálculos de la prensa, fueron afectados alrededor de 5.5 millones de personas.
La medida, que se repetirá en tres ocasiones más hasta junio, responde a que las siete presas que abastecen al Sistema Cutzamala en enero se encontraban a 62% de su capacidad debido a las pocas lluvias registradas durante 2008. Por lo tanto, se hizo necesario racionar el líquido para evitar una mayor escasez hacia mediados de año.
En esa línea, apenas el viernes El Universal informaba que, a decir de la Conagua, en marzo el nivel llegó a 51%, y para abril y mayo podría descender hasta 40%. Así las cosas, el reto de cómo proveer de agua al Valle de México nos llama a actuar ya antes de que estalle alguna crisis social.
Investigadores como Lilia Rodríguez Tapia y Jorge A. Morales Novelo han advertido que con el alto consumo actual y con las formas inadecuadas de uso del líquido por parte de la sociedad y del sector productivo, “bastaría una generación para que los recursos hídricos pasaran de ser un problema crítico de escasez y de seguridad nacional a otro de supervivencia, de alarma nacional, de acuerdo con el propio reconocimiento del gobierno mexicano”.
En el libro Economía del agua, editado en 2007 por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y por la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados, los académicos señalan que el tema debe ser visto desde las perspectivas global y local: en él influyen factores como el calentamiento del planeta pero las soluciones concretas deben aplicarse en el ámbito comunitario, el más cercano a la gente.
También explican que el problema en la capital del país y la zona conurbada ha alcanzado la gravedad actual puesto que, ante el aumento histórico de la demanda derivado del crecimiento demográfico e industrial, los distintos gobiernos simplemente se han dedicado a explotar más el recurso sin reparar en las consecuencias de largo plazo. Lo anterior ha tenido como resultado fuertes gastos para el Estado, que entre las personas no se haya promovido la indispensable valoración y el cuidado del líquido, así como sobreexplotación de cuencas y mantos.
Frente a ese escenario proponen retomar el concepto de Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH), expuesto durante el IV Foro Mundial del Agua México 2006, a fin de encaminar las políticas públicas hacia una administración “económicamente eficiente, socialmente equitativa y ambientalmente sustentable”.
Lograr esa meta, afirman, pasa por que el Estado actúe bajo la premisa de garantizar a todos los mexicanos el acceso al líquido, pero igualmente por que éstos abandonen patrones culturales que favorecen el desperdicio y asuman mucho mayor responsabilidad respecto de su uso.
En la obra citada, Hilda R. Dávila y Roberto M. Constantino aseguran que un mecanismo rápido para impulsar ese cambio cultural entre la ciudadanía consiste en subir las tarifas por el servicio. A su juicio, no se trata de elevar los precios de manera generalizada porque eso golpearía a los sectores sociales de menores ingresos, sino de establecer un sistema tarifario administrable, transparente y creíble que despierte en la gente conciencia del valor del agua, que refleje mejor el costo del suministro y que dote al aparato estatal del dinero requerido para el mantenimiento y la modernización de la red hidráulica.
Claro está, el mero planteamiento de incrementar importes acarrea su cuota de impopularidad, por lo que en pleno año electoral y en contexto de crisis, es poco probable que algún partido político haga suya esa propuesta. Sin embargo, me parece que la idea debe trascender la época de comicios y discutirse seriamente puesto que puede convertirse en un componente de nuestra solución al problema del abasto de agua.
Sin ser alarmistas (o “catastrofistas”, para emplear una palabra de moda), conforme pase el tiempo el reto se tornará más complicado tan sólo por hechos inevitables como el crecimiento de la población. Por ello, insisto, es imprescindible enfrentarlo ya antes de que todos nuestros depósitos, tuberías y grifos se sequen. O peor aún, nuestras gargantas.

Nota: Este texto aparece hoy en e-joven. Al final del post también se publican algunas recomendaciones del Consejo Consultivo del Agua para ahorrar el líquido.

Mil días en la ‘bloggósfera’

Boto la formalidad por un momento. Reconozco que me gusta la palabra changarro, una más del sonoro y popular catálogo de vocablos con ch del que disponemos los mexicanos: chale, chido, chacaleo, chismear, cuchichear, chula, chelear, chonchito, chingar en todas sus acepciones y con todos sus derivados.
Changarro: tendejón, negocio, lugar de trabajo. Voz coloquial, fácil de recordar, fuerte. Sí, me agrada. Es por eso que lamento como pocos el desprestigio en el que ha caído por su asociación con la tradición foxiana (sic). Afortunadamente, sin embargo, como sostiene el español Álex Grijelmo, el lenguaje es lo suficientemente vivo y libre como para deshacerse de tales y peores lastres.
Sirva la anterior divagación para transmitirles el sentido que para mí tiene esta fecha: el tercer aniversario de este blog, es decir, que mi changarro cumple más de mil días presente en la bloggósfera.
El 11 de marzo de 2006, esta bitácora nació —vale la pena reconocerlo nuevamente— por el impulso de la clase de Taller de Diseño Editorial de la profesora Virginia Careaga, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy poco después, empero, lo que empezó como una tarea escolar se transformó en un medio expresivo de mucho mayor significado.
Tan sólo durante su primer año este espacio me permitió, por un lado, jugar en la web con las posibilidades de la comunicación horizontal, o sea, ser productor y no únicamente receptor de contenidos. Por el otro, también me ayudó a reafirmar una de mis grandes pasiones, escribir, y a conocerme más a mí mismo a través de mis textos y de la interacción con otros, de la lectura de sus blogs, de sus comentarios, de sus críticas, de sus inquietudes, de sus historias.
Igualmente, con el tiempo este lugar se ha erigido en el estante en el que está exhibido casi todo mi trabajo, desde algunos intentos de cuento, mis primeras notas e inexpertos análisis, hasta las crónicas, las entrevistas, los perfiles, los reportajes y los artículos que he publicado. Por ello, aquí se reúnen tanto mis errores como mis aciertos, pero, sobre todo, el constante esfuerzo por generar un periodismo digno de tal nombre y la completa libertad de los visitantes para estar de acuerdo, para discrepar o para opinar lo que les venga en gana.
A tres años de haber comenzado esta bitácora reitero que mantenerla viva ha resultado, a la vez, un reto y un enorme gusto. Una satisfacción que, justo es decirlo, no habría sido ni sería posible sin el apoyo de muchas personas, y en particular de todos los bloggeros enlistados a la derecha de sus pantallas. A todos ellos, mi gratitud por compartir el deseo de crear sitios para comprender el mundo, para repensarlo, para reconstruirlo.
Y gracias asimismo a quienes por alguna u otra razón se han paseado por estos rumbos del ciberespacio. Espero que la visita, planeada o accidental, les fuese grata y llegue a repetirse.
Termino ya la perorata y me despido. Pero, por favor, recuerden que las puertas del presente espacio se quedan abiertas. Este changarro, a diferencia de otros, ténganlo por seguro, nunca se deja encargado. El responsable queda al tanto y siempre, siempre estará gustoso de recibirlos. Seguimos bloggeando.

Salvemos a los periódicos

Los medios impresos atraviesan por un periodo sumamente complicado. A los retos diarios de estar al tanto de la realidad, de proponer temas, enfoques o contenidos novedosos, de mantener independencia editorial y de atraer lectores, se suman los de sortear la crisis global y de afrontar el avance tecnológico.
A finales de octubre de 2008, por ejemplo, David Carr relataba en The New York Times: “Han sido días especialmente podridos para quienes escriben sobre la hora de cierre. El jueves, The Christian Science Monitor anunció que, después de un siglo, dejaría de publicar su versión diaria en papel. Time Inc., casa de las revistas Time, Fortune, People y Sports Illustrated, comunicó que cortaría 600 plazas y que reorganizaría su staff. Y Gannett, la más grande editora de periódicos en Estados Unidos, completó la aspereza al informar que reduciría 10% de su fuerza laboral —más de 3 mil personas”.
La recesión —explicaba Carr— no sólo golpea los ingresos de los bancos, de la industria automotriz y de las tiendas departamentales, sino que, por extensión, impacta en los medios impresos pues éstos reciben menos publicidad de parte de sus principales anunciantes.
Tal fenómeno, por supuesto, también lo observamos en México. Desde hace aproximadamente año y medio ha sido posible ver la disminución en el número de anuncios y de páginas en algunos diarios, la fusión de secciones, recortes de personal o, en el extremo, como ocurrió en octubre pasado, la desaparición de publicaciones como El Centro.
Además, aunque las cifras son imprecisas dadas las dificultades para medir audiencias, todo indica que la gente con computadora y acceso a internet prefiere cada vez más consultar información periodística o de entretenimiento a través de la web en lugar de comprar las publicaciones tradicionales. Como apuntó Onésimo Flores en un artículo aparecido el jueves, la lógica es simple: ¿para qué adquirirlas “si su contenido está en la red, de manera gratuita, actualizándose casi al instante”?
Las ediciones on-line de periódicos y revistas, en efecto, parecen ganar adeptos. Sin embargo, debido a su gratuidad, no generan más recursos que sustenten y hagan rentables las empresas informativas, o cuando menos no en la cantidad suficiente como para augurar una etapa de prosperidad en el corto plazo.
Asimismo —de nuevo citando a Flores—, la alternativa de restringir el acceso a las coberturas noticiosas sólo a quien pague una cuota entraña un “riesgo antidemocrático” y, por lo demás, muy pocos medios toman ese camino por el temor de ahuyentar a la potencial audiencia.
Enredados en una trama en la que se entreveran muchos hilos, hoy no se ve una salida clara a la crisis que viven los medios impresos. De un lado, los futuristas pronostican su pronta extinción y el paso a diversos mecanismos personalizados de consumo de información. Del otro, quienes nos asumimos gustosos integrantes de la Galaxia Gutenberg sabemos que el avance tecnológico es inevitable pero, al mismo tiempo, deseamos que se siga reconociendo la importancia cognoscitiva, afectiva e incluso práctica de la tinta sobre el papel.
Mientras tanto, es decir, mientras se esclarece el porvenir de periódicos y revistas, tanto quienes estamos dentro como quienes están fuera de las redacciones podemos hacer algo por salvar estos grandiosos productos culturales.
Los gobiernos, en ese sentido, además de respetar la libertad de expresión y de evitar caer en la tentación de cooptar publicaciones en dificultades financieras, deben crear un ambiente económico sano, ajeno a las desregulaciones, a los monopolios y a las ganancias de unos cuantos.
Los lectores, por otra parte, pueden detenerse a reflexionar y a valorar el trabajo colectivo que hay detrás de los materiales que leen.
Y, finalmente, quienes estamos en la trinchera debemos como gremio preguntarnos qué nos ha empujado al borde de la desaparición; ser autocríticos; repensar y retomar nuestra función social como difusores de las actividades humanas; acercarnos a la gente; realizar un trabajo más veraz, más preciso, más creativo, más crítico; recordar a la comunidad, con argumentos y con nuestra labor diaria, por qué debemos existir.
En suma, debemos ser nosotros, los periodistas, los primeros en buscar rescatar la representación material de nuestra profesión.

Nota: Este texto aparece hoy en e-joven.

El IFE y las lecciones de la avaricia

Hacia la tarde del miércoles pasado caía la bomba informativa: los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se aprobaban un sustancioso aumento salarial. Aunque en las versiones preliminares había imprecisiones pues unas consignaban un aumento de 40%, otras de 60% y algunas incluso de 100%, el hecho de inmediato despertó indignación.
La molestia radicaba no sólo en lo convenenciero de la justificación (acatar la ley, afirmaban, que estipula que los sueldos de los integrantes del Consejo General del IFE sean iguales a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) o en lo ya elevado de los ingresos actuales (alrededor de 170 mil pesos al mes), sino en el contexto de crisis que vive el país: desaceleración económica, bajo consumo, despidos, desempleo.
Fue debido a ese rechazo público que, para la noche de ese mismo día, los consejeros frenaron su intento. Para el jueves, de plano, el aumento quedaría sepultado.
Cerrado este expediente es posible obtener de él al menos tres lecciones. La primera de ellas es que, a unos días de que comience el periodo de campaña rumbo a las elecciones federales intermedias, el IFE tiene una imagen severa y peligrosamente deteriorada frente a la sociedad. Si ya desde julio de 2006 había quedado mermada la credibilidad en la institución, los esfuerzos por restaurarla han sido deficientes.
Muchas dudas ha despertado, por ejemplo, la renovación escalonada del Consejo General planteada en la reforma electoral de 2007, dados los vínculos que se han documentado entre varios consejeros y distintos partidos políticos. También ha sido cuestionada la capacidad del instituto para hacer cumplir la ley en lo que toca a los concesionarios de los medios electrónicos, situación que recién fue expuesta tras la decisión de perdonar las sanciones a Televisa y a TV Azteca por ignorar las pautas de transmisión de los spots de organismos y autoridades en la materia.
En su momento, Lorenzo Córdova señaló lo absurdo de colocar sobre la Constitución el acuerdo signado entre el IFE y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), según el cual los radiodifusores se comprometían a obedecer la legislación de ahora en adelante.
Luego de esa muestra de debilidad, la intentona de parte de los consejeros de subirse el sueldo representa otro duro golpe en la frágil confianza social en el IFE. Así las cosas, quizá la institución tenga su última oportunidad para reivindicarse y asumirse como un árbitro eficaz en la contienda del 5 de julio.
La segunda lección, por otra parte, descansa en el evidente enfado ciudadano con motivo de los onerosos ingresos de los altos funcionarios públicos. Consejeros, ministros, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, el Estado mexicano en su conjunto debería ya tomar nota de los excesos en estas erogaciones y de sus consecuencias en la percepción de la gente y en el presupuesto.
Con toda razón, colaboradores de El Universal como Rogelio Ramírez de la O han insistido en el desperdicio que significa destinar cuantiosos recursos estatales a gasto corriente, cuando podrían invertirse en la infraestructura y el fomento al empleo que México requiere. Hoy mismo, igualmente, Alberto Aziz Nassif repara en que “urge una regulación salarial republicana que detenga el abuso”.
Para terminar, la tercera lección aporta el tono optimista, esperanzador, a saber: que los consejeros del IFE desistieran de aumentar sus ingresos demuestra que —a pesar de todo— la presión social puede tener un impacto en las decisiones de las instituciones públicas.
Es cierto que la voz de la sociedad suele ser poco escuchada o francamente ignorada por las autoridades de todos los poderes y niveles, pero justo por esa circunstancia los ciudadanos tendríamos que tomar conciencia del peso específico que podemos adquirir en la vida del país, y también tendríamos que organizarnos para exigir gobiernos capaces y transparentes, leyes en serio representativas y acceso a una justicia real, no de élites.
Más allá del escándalo, como vemos, este episodio de los sueldos de los consejeros del IFE arroja duras enseñanzas para el propio instituto, para los servidores públicos y para México entero. A todos nos convendría tenerlas en cuenta.

Nota: Este texto aparece hoy en e-joven.