Hacia la tarde del miércoles pasado caía la bomba informativa: los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se aprobaban un sustancioso aumento salarial. Aunque en las versiones preliminares había imprecisiones pues unas consignaban un aumento de 40%, otras de 60% y algunas incluso de 100%, el hecho de inmediato despertó indignación.
La molestia radicaba no sólo en lo convenenciero de la justificación (acatar la ley, afirmaban, que estipula que los sueldos de los integrantes del Consejo General del IFE sean iguales a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) o en lo ya elevado de los ingresos actuales (alrededor de 170 mil pesos al mes), sino en el contexto de crisis que vive el país: desaceleración económica, bajo consumo, despidos, desempleo.
Fue debido a ese rechazo público que, para la noche de ese mismo día, los consejeros frenaron su intento. Para el jueves, de plano, el aumento quedaría sepultado.
Cerrado este expediente es posible obtener de él al menos tres lecciones. La primera de ellas es que, a unos días de que comience el periodo de campaña rumbo a las elecciones federales intermedias, el IFE tiene una imagen severa y peligrosamente deteriorada frente a la sociedad. Si ya desde julio de 2006 había quedado mermada la credibilidad en la institución, los esfuerzos por restaurarla han sido deficientes.
Muchas dudas ha despertado, por ejemplo, la renovación escalonada del Consejo General planteada en la reforma electoral de 2007, dados los vínculos que se han documentado entre varios consejeros y distintos partidos políticos. También ha sido cuestionada la capacidad del instituto para hacer cumplir la ley en lo que toca a los concesionarios de los medios electrónicos, situación que recién fue expuesta tras la decisión de perdonar las sanciones a Televisa y a TV Azteca por ignorar las pautas de transmisión de los spots de organismos y autoridades en la materia.
En su momento, Lorenzo Córdova señaló lo absurdo de colocar sobre la Constitución el acuerdo signado entre el IFE y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), según el cual los radiodifusores se comprometían a obedecer la legislación de ahora en adelante.
Luego de esa muestra de debilidad, la intentona de parte de los consejeros de subirse el sueldo representa otro duro golpe en la frágil confianza social en el IFE. Así las cosas, quizá la institución tenga su última oportunidad para reivindicarse y asumirse como un árbitro eficaz en la contienda del 5 de julio.
La segunda lección, por otra parte, descansa en el evidente enfado ciudadano con motivo de los onerosos ingresos de los altos funcionarios públicos. Consejeros, ministros, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, el Estado mexicano en su conjunto debería ya tomar nota de los excesos en estas erogaciones y de sus consecuencias en la percepción de la gente y en el presupuesto.
Con toda razón, colaboradores de El Universal como Rogelio Ramírez de la O han insistido en el desperdicio que significa destinar cuantiosos recursos estatales a gasto corriente, cuando podrían invertirse en la infraestructura y el fomento al empleo que México requiere. Hoy mismo, igualmente, Alberto Aziz Nassif repara en que “urge una regulación salarial republicana que detenga el abuso”.
Para terminar, la tercera lección aporta el tono optimista, esperanzador, a saber: que los consejeros del IFE desistieran de aumentar sus ingresos demuestra que —a pesar de todo— la presión social puede tener un impacto en las decisiones de las instituciones públicas.
Es cierto que la voz de la sociedad suele ser poco escuchada o francamente ignorada por las autoridades de todos los poderes y niveles, pero justo por esa circunstancia los ciudadanos tendríamos que tomar conciencia del peso específico que podemos adquirir en la vida del país, y también tendríamos que organizarnos para exigir gobiernos capaces y transparentes, leyes en serio representativas y acceso a una justicia real, no de élites.
Más allá del escándalo, como vemos, este episodio de los sueldos de los consejeros del IFE arroja duras enseñanzas para el propio instituto, para los servidores públicos y para México entero. A todos nos convendría tenerlas en cuenta.
La molestia radicaba no sólo en lo convenenciero de la justificación (acatar la ley, afirmaban, que estipula que los sueldos de los integrantes del Consejo General del IFE sean iguales a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) o en lo ya elevado de los ingresos actuales (alrededor de 170 mil pesos al mes), sino en el contexto de crisis que vive el país: desaceleración económica, bajo consumo, despidos, desempleo.
Fue debido a ese rechazo público que, para la noche de ese mismo día, los consejeros frenaron su intento. Para el jueves, de plano, el aumento quedaría sepultado.
Cerrado este expediente es posible obtener de él al menos tres lecciones. La primera de ellas es que, a unos días de que comience el periodo de campaña rumbo a las elecciones federales intermedias, el IFE tiene una imagen severa y peligrosamente deteriorada frente a la sociedad. Si ya desde julio de 2006 había quedado mermada la credibilidad en la institución, los esfuerzos por restaurarla han sido deficientes.
Muchas dudas ha despertado, por ejemplo, la renovación escalonada del Consejo General planteada en la reforma electoral de 2007, dados los vínculos que se han documentado entre varios consejeros y distintos partidos políticos. También ha sido cuestionada la capacidad del instituto para hacer cumplir la ley en lo que toca a los concesionarios de los medios electrónicos, situación que recién fue expuesta tras la decisión de perdonar las sanciones a Televisa y a TV Azteca por ignorar las pautas de transmisión de los spots de organismos y autoridades en la materia.
En su momento, Lorenzo Córdova señaló lo absurdo de colocar sobre la Constitución el acuerdo signado entre el IFE y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), según el cual los radiodifusores se comprometían a obedecer la legislación de ahora en adelante.
Luego de esa muestra de debilidad, la intentona de parte de los consejeros de subirse el sueldo representa otro duro golpe en la frágil confianza social en el IFE. Así las cosas, quizá la institución tenga su última oportunidad para reivindicarse y asumirse como un árbitro eficaz en la contienda del 5 de julio.
La segunda lección, por otra parte, descansa en el evidente enfado ciudadano con motivo de los onerosos ingresos de los altos funcionarios públicos. Consejeros, ministros, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, el Estado mexicano en su conjunto debería ya tomar nota de los excesos en estas erogaciones y de sus consecuencias en la percepción de la gente y en el presupuesto.
Con toda razón, colaboradores de El Universal como Rogelio Ramírez de la O han insistido en el desperdicio que significa destinar cuantiosos recursos estatales a gasto corriente, cuando podrían invertirse en la infraestructura y el fomento al empleo que México requiere. Hoy mismo, igualmente, Alberto Aziz Nassif repara en que “urge una regulación salarial republicana que detenga el abuso”.
Para terminar, la tercera lección aporta el tono optimista, esperanzador, a saber: que los consejeros del IFE desistieran de aumentar sus ingresos demuestra que —a pesar de todo— la presión social puede tener un impacto en las decisiones de las instituciones públicas.
Es cierto que la voz de la sociedad suele ser poco escuchada o francamente ignorada por las autoridades de todos los poderes y niveles, pero justo por esa circunstancia los ciudadanos tendríamos que tomar conciencia del peso específico que podemos adquirir en la vida del país, y también tendríamos que organizarnos para exigir gobiernos capaces y transparentes, leyes en serio representativas y acceso a una justicia real, no de élites.
Más allá del escándalo, como vemos, este episodio de los sueldos de los consejeros del IFE arroja duras enseñanzas para el propio instituto, para los servidores públicos y para México entero. A todos nos convendría tenerlas en cuenta.
2 comments:
Chale, presión mediática mano, que no es lo mismo que social. Ese rollo de ser una sociedad socioconsciente cada vez se ve más lejano, no sólo por la clase de dirigentes que tenemos, sino porque no hay nada de optimismo en el seno de la sociedad, y lo que escriban un par de politólogos no alivia un malestar tremendo, hay ausencia, hay un vacío terrible en estos momentos. Tu texto señala acertadamente una de las últimas instituciones en las que parte de la sociedad confió durante un tiempo.Sin embargo estoy en mi derecho pesimista de afirmar que desde que la Gordillo metió a sus hombres de confianza en el IFE, ya no hay ninguna institución social en la cual confiar. Ja, sí, mi estampa de apocalíptico, ya sabes, buen texto, demasiado serio sin embargo, ni parece escrito para E-Joven, me alegra que sigas con ese idealismo del verdadero periodismo.
Bien... se logró que los del IFE no se aumentaran el salario... AHora hay que bajárselos... A ellos, a los de la suprema y a todos los funcionarios.
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