Autoridades locales y federales, afirman, deben atender criterios técnicos en la búsqueda de soluciones, no intereses partidistas
Plantean establecer un sistema tarifario diferenciado para recaudar más recursos por el servicio y promover el ciudado del líquido
El problema de abastecimiento de agua al Valle de México es una “bomba de tiempo” que las autoridades federales y locales no están atendiendo en toda su gravedad, señalaron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A).
Los académicos Lilia Rodríguez Tapia y Jorge A. Morales Novelo explicaron que ante el aumento de la demanda del líquido, producto del crecimiento de la población y de las actividades económicas, históricamente la respuesta gubernamental ha sido incrementar la oferta mediante la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la importación de agua de otras regiones.
Tales medidas, sin embargo, no han solucionado el problema porque el mantenimiento de los sistemas de distribución tiene entre 15 y 20 años de retraso, porque sigue desperdiciándose alrededor de 40% del recurso y porque el costo de éste para uso doméstico es bajo. En consecuencia, afirmaron, el déficit de disponibilidad del líquido prevalece y cada vez será mayor.
“Estamos en un punto en el que hacemos algo o esto se va a volver una catástrofe”, comentó Morales.
Frente a esa situación, los también coordinadores del libro Economía del agua —editado por la UAM y por la Cámara de Diputados en 2007— proponen que las dependencias oficiales, en lugar de buscar aumentar la oferta del líquido, diseñen estrategias para administrar la demanda, es decir, para que todos los usuarios lo empleen de forma eficiente.
En primer término, sostuvo Rodríguez, “la población debe tener conciencia del cuidado de sus recursos naturales, y las autoridades, de que la política ambiental es un objetivo de sustentabilidad que no debe ser ligado a cuestiones políticas”. En ese sentido —continuó—, corresponde a los gobiernos federal, del DF y del estado de México resolver el asunto a partir de criterios técnicos, mas no de intereses partidistas.
Otros mecanismos posibles de instrumentar son la instalación de equipos ahorradores, la creación de leyes más estrictas que impidan que la ciudad crezca a ritmo acelerado, la reforestación de áreas verdes para favorecer la recarga de los mantos acuíferos, la promoción de la cosecha de agua de lluvia y el ajuste a las tarifas por el servicio.
Morales consideró que los precios que se pagan por el líquido en la capital son “regresivos”, puesto que los sectores sociales con mayores dificultades para acceder al recurso son los que desembolsan más dinero por él, en tanto que quienes lo tienen en abundancia pueden darle usos no prioritarios como llenar albercas e incluso desperdiciarlo.
Por esa razón plantea que deben subir las cuotas para que la ciudadanía en general valore más el agua y logre incrementarse la recaudación. Aclaró que no se trata de “hacer tabla rasa” para que a todos se les cobre lo mismo, sino de establecer un sistema tarifario diferenciado con base en variables como el uso para el que se destina el líquido, la ubicación de los usuarios y su nivel de ingresos.
Igualmente, reconoció que tratar el tema de las tarifas es complejo y que quienes se oponen a esta idea argumentan que el agua es un derecho humano y debe ser gratuita. No obstante, insistió en que, “precisamente porque es un derecho humano”, debe discutirse cómo elevar los precios para cuidar que la garantía de acceso al líquido “se cumpla en el largo plazo”.
Los académicos Lilia Rodríguez Tapia y Jorge A. Morales Novelo explicaron que ante el aumento de la demanda del líquido, producto del crecimiento de la población y de las actividades económicas, históricamente la respuesta gubernamental ha sido incrementar la oferta mediante la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la importación de agua de otras regiones.
Tales medidas, sin embargo, no han solucionado el problema porque el mantenimiento de los sistemas de distribución tiene entre 15 y 20 años de retraso, porque sigue desperdiciándose alrededor de 40% del recurso y porque el costo de éste para uso doméstico es bajo. En consecuencia, afirmaron, el déficit de disponibilidad del líquido prevalece y cada vez será mayor.
“Estamos en un punto en el que hacemos algo o esto se va a volver una catástrofe”, comentó Morales.
Frente a esa situación, los también coordinadores del libro Economía del agua —editado por la UAM y por la Cámara de Diputados en 2007— proponen que las dependencias oficiales, en lugar de buscar aumentar la oferta del líquido, diseñen estrategias para administrar la demanda, es decir, para que todos los usuarios lo empleen de forma eficiente.
En primer término, sostuvo Rodríguez, “la población debe tener conciencia del cuidado de sus recursos naturales, y las autoridades, de que la política ambiental es un objetivo de sustentabilidad que no debe ser ligado a cuestiones políticas”. En ese sentido —continuó—, corresponde a los gobiernos federal, del DF y del estado de México resolver el asunto a partir de criterios técnicos, mas no de intereses partidistas.
Otros mecanismos posibles de instrumentar son la instalación de equipos ahorradores, la creación de leyes más estrictas que impidan que la ciudad crezca a ritmo acelerado, la reforestación de áreas verdes para favorecer la recarga de los mantos acuíferos, la promoción de la cosecha de agua de lluvia y el ajuste a las tarifas por el servicio.
Morales consideró que los precios que se pagan por el líquido en la capital son “regresivos”, puesto que los sectores sociales con mayores dificultades para acceder al recurso son los que desembolsan más dinero por él, en tanto que quienes lo tienen en abundancia pueden darle usos no prioritarios como llenar albercas e incluso desperdiciarlo.
Por esa razón plantea que deben subir las cuotas para que la ciudadanía en general valore más el agua y logre incrementarse la recaudación. Aclaró que no se trata de “hacer tabla rasa” para que a todos se les cobre lo mismo, sino de establecer un sistema tarifario diferenciado con base en variables como el uso para el que se destina el líquido, la ubicación de los usuarios y su nivel de ingresos.
Igualmente, reconoció que tratar el tema de las tarifas es complejo y que quienes se oponen a esta idea argumentan que el agua es un derecho humano y debe ser gratuita. No obstante, insistió en que, “precisamente porque es un derecho humano”, debe discutirse cómo elevar los precios para cuidar que la garantía de acceso al líquido “se cumpla en el largo plazo”.
Nota: Este texto aparece hoy en e-joven... Y como update adicional, me alegra decir que siempre sí se publicó en el impreso de El Universal, en la página A11 de la sección DF y Metro de este jueves.
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