Agua: especialista llama a modificar hábitos de consumo

Únicamente limitar la oferta o traer el líquido de lugares más lejanos no resolverá escasez, asegura

A su juicio, fomentar el ahorro y pagar el valor real del agua promoverá el aprovechamiento del recurso

Para resolver el problema de la escasez de agua en el Valle de México se deben modificar los hábitos de consumo de los usuarios en vez de sólo restringir la oferta del líquido, sostuvo Sergio Ampudia, especialista en derecho ambiental de la Universidad Panamericana.
El académico expuso que la falta de lluvias experimentada durante este año ha provocado que las presas no se recarguen y, por ende, una menor disponibilidad del recurso. La temporada de precipitaciones, además, podría retrasarse hasta octubre.
Frente a esa situación, recordó, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), decidió reducir el suministro del Sistema Cutzamala a 10 delegaciones del DF y 13 municipios del estado de México. La dependencia —que a principios de año había programado al menos cinco cortes mensuales— anunció el pasado 21 de julio que la nueva restricción del caudal será de 10% de domingo a jueves, de 25% los viernes y de 50% los sábados.
Sin embargo, acotó Ampudia, pretender solucionar la demanda del líquido limitando su oferta o trayéndolo de lugares cada vez más lejanos no es una medida sustentable, ya que no conlleva su mejor aprovechamiento e implica mayor gasto de energía.
A su entender, el objetivo debería ser lograr un uso eficiente del recurso mediante cambios en los patrones de consumo. Dicha transformación, añadió, debería partir de promover entre todos los usuarios los beneficios de emplear dispositivos ahorradores como los utilizados en regaderas y retretes, así como de instrumentar un sistema de precios que refleje el valor real del agua.
Reconoció que el tema de las tarifas genera un fuerte debate, pero insistió en que el costo del servicio debe subir, pues el subsidio que paga el Estado es muy alto y no permite que la gente adquiera conciencia de la escasez del líquido.
De acuerdo con Ampudia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una persona requiere un mínimo de 200 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades básicas. Así, dijo, sería posible diseñar un esquema en el que el equivalente a esa cantidad fuera gratuito o estuviera subsidiado, de forma que cada habitante tuviera garantizado su derecho a acceder al recurso y a partir de un consumo mayor se pagara una tarifa más alta.
Al preguntarle si las autoridades federales y locales están llevando a cabo las acciones correctas en la atención del problema, el académico declaró no querer ser parcial en su evaluación aunque agregó que, en su opinión, ambos niveles de gobierno emplean enfoque distintos: mientras Conagua se ha centrado en la oferta, el GDF ha buscado incidir en la demanda fomentando el ahorro y anunciando nuevos cobros desde enero del próximo año.
El tema del agua, concluyó Ampudia, es recurrente pero su solución constantemente se ha dejado de lado. Por ello, señaló, habría que revisar las discusiones y propuestas que se han conocido con anterioridad —como la maneras de recuperar y aprovechar las lluvias—, con el propósito de al fin encarar este reto.

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Las palabras de “La Tuta”

Servando Gómez Martínez, La Tuta, cobró notoriedad el miércoles antepasado. Ese día, en una llamada telefónica a un programa de televisión de Michoacán, el narcotraficante, uno de los presuntos líderes del cártel de La Familia, justificó las acciones de su organización, pidió guerra limpia al gobierno federal y convocó al presidente de la República a “llegar a un consenso”.
Del lado del Ejecutivo, esa invitación a negociar provocó inmediato rechazo. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró en conferencia de prensa: “Las acciones de los grupos criminales no tienen justificación alguna, no la pueden tener los secuestros, asesinatos, extorsiones, la producción y distribución de drogas, que convierten en esclavos a miles de niños y jóvenes, literalmente, acabando con sus vidas”.
Del lado de la ciudadanía, por otra parte, las reacciones a las palabras de La Tuta transitan entre dos extremos: la indignación frente al llamado de un narcotraficante a pactar con las autoridades y el pragmatismo según el cual establecer acuerdos con los cárteles sería la única vía segura para acabar con la violencia que éstos generan. Más aún, argumentan los partidarios de esta segunda opción, es iluso pensar que nunca se ha concertado con los delincuentes o que se podrá acabar con un negocio tan rentable.
Tristemente, quienes sostienen esa alternativa tienen a su favor casos de corrupción como el de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, o del general Jesús Gutiérrez Rebollo, condenado a 40 años de prisión por haber protegido al capo Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. De igual forma los asisten en su postura las décadas en las que los gobiernos federales, estatales o municipales soslayaron el accionar de los narcos, siempre y cuando se agraviara lo menos posible a la población civil.
No obstante, el Estado, independientemente del signo partidista que lo administre, no puede permitirse pactar con quienes no tienen el menor apego a la legalidad ni respeto por sus conciudadanos. Hacerlo equivaldría a ceder en sus potestades y reconocer que por sí solo no puede cumplir con una de sus tareas fundamentales: otorgar seguridad a las personas. Al buscar consensos con el narcotráfico, en resumen, el Estado admitiría su propia debilidad.
Por lo demás, los dichos de La Tuta nos recuerdan que justamente ahí, en la incapacidad del Estado mexicano, radica una muy buena parte de nuestros problemas con el fenómeno del narco.
No son pocos los relatos que narran cómo en lugares como Arcelia, en Guerrero, Xalapa, en Veracruz, o Arteaga, en Michoacán, los integrantes de los cárteles cobran impuestos, ofrecen “protección” o incluso pretenden erigirse en defensores físicos y morales de los pobladores frente a las acciones de organizaciones criminales rivales.
Todavía más revelador de la ausencia del Estado resulta el que en esos y muchos otros sitios los traficantes de drogas encuentren lo que los especialistas definen como base social, o sea, personas que por necesidad y por el desamparo en el que se hallan terminan uniéndose o acogiendo en sus comunidades a estos grupos delictivos.
Un atisbo de ese conglomerado lo dio el secretario de la Defensa Nacional. Hace unos meses, el general Guillermo Galván señaló a la Cámara de Diputados que se estima que alrededor de 500 mil mexicanos están dedicados al narcotráfico, 300 mil en labores de siembra, 160 mil como narcomenudistas, distribuidores, transportistas e informantes, y 40 mil ejerciendo algún liderazgo.
Con toda la alarma que ello representa, el que un capo llamara al diálogo al gobierno, con el propósito de que deje “trabajar” a su organización, habla de que ésta se sabe en mayor o menor medida respaldada por una base social producto del abandono del Estado. Y habla también de que mientras sigamos teniendo un modelo socioeconómico que multiplica la pobreza y fomenta la exclusión, esa base, lejos de disminuir, continuará ampliándose.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

Honduras: aún a tiempo

Tras el fracaso de la segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y del gobernante de facto, Roberto Micheletti, crece la incertidumbre respecto de la posibilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto político desatado desde el 28 de junio en la nación centroamericana.
El domingo pasado, el mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, quien se ha ofrecido como mediador, reconoció que existe el riesgo de que estalle una guerra civil que provoque “un derramamiento de sangre”. Al mismo tiempo que las partes en disputa intercambiaban reclamos, Arias llamaba a un periodo de reflexión de 72 horas que permita llegar a arreglos.
Las tensiones han aumentado a lo largo de más de tres semanas, alimentadas por la intransigencia de los protagonistas en escena. En ese sentido, vale la pena decir que el primero en calentar los ánimos fue el propio Zelaya, al aferrarse a efectuar una consulta popular cuyo propósito era promover una Asamblea Constituyente.
Para este ejercicio, programado para el 28 de junio, considerado ilegal por autoridades del Poder Judicial hondureño y tachado por los detractores del mandatario como su primer paso para perpetuarse en la Presidencia —al igual que, aseguran, pretenden hacerlo en sus países el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa—, Zelaya había ordenado apoyo al Ejército. Cuando éste se lo negó, el jefe del Ejecutivo destituyó al titular del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, aunque a la postre la Corte Suprema de Justicia dispuso su restitución.
Claro está, tal antecedente no justifica de ningún modo la reacción posterior de otras instituciones hondureñas, es decir, perpetrar un golpe de Estado: que la madrugada de ese domingo soldados ingresaran al domicilio de Zelaya y lo pusieran en un avión rumbo a Costa Rica, mientras que el Congreso alegara falsamente que éste había renunciado y designara en su lugar al presidente de ese órgano legislativo, Roberto Micheletti.
Sin embargo, lo que sí hacen las acciones de Zelaya previas al inicio del conflicto es ejemplificar la cerrazón que desde entonces ha prevalecido de ambas partes involucradas, una actitud que hasta el momento ha frenado toda posibilidad de solución y que tiene al mundo atento a lo que sucede en esa nación con unos 7 millones de habitantes.
Así, por un lado, la administración de Micheletti ignora la presión de la comunidad internacional, que convoca a restablecer el orden democrático en Honduras con retorno de Zelaya a la Presidencia, la composición de un gobierno de unidad y la realización de elecciones anticipadas. Por el otro, el 6 de julio Zelaya trató fallidamente de regresar a su país, anuncia que nada lo detendrá este fin de semana e incluso afirma que continuará con su polémica intención de convocar a una Asamblea Constituyente. Ambos grupos se obstinan en sus posiciones en tanto que partidarios de uno y otro siguen manifestándose en las calles e incrementa la polarización.
Hace unos días, Rebeca Santos y Rodolfo Pastor, ministros del gabinete zelayista entrevistados en México, señalaban con razón que la condena unánime de todo el orbe al golpe de Estado representa una defensa a la democracia. Aun con las críticas que puedan hacerse a la labor de Zelaya o aun si éste buscaba reformar la Constitución para reelegirse como presidente, existe una institucionalidad democrática que permite dirigir y materializar ese descontento en vez de llegar a usar la fuerza en pleno siglo XXI.
En otras palabras, si los hondureños no desean tener a Zelaya como su gobernante, cuentan con instituciones y mecanismos para expresarlo. Las urnas pueden y deben hablar en lugar del golpismo.
No obstante, para hacer un balance justo también hay que decir que si bien la administración de Micheletti debe ceder dada la ilegitimidad de su origen, ni Zelaya ni su equipo ayudan a resolver el conflicto preservando el tono duro de confrontación.
Aún se está a tiempo de impedir que explote un conflicto armado del tipo de los que pueblan la historia de América Latina. En esa tarea la comunidad internacional puede contribuir a recuperar el orden y la paz, pero los primeros responsables de ello, por el bien de los hondureños, son los gobiernos de Zelaya y Micheletti.

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La buena necedad

Qué necio eres, me han dicho quienes me conocen. Y dicen bien. Creo que me viene de familia, por ambas partes. Tengo elementos para probarlo. Frente a un problema doméstico, por ejemplo, papá suele escuchar con cierta atención las alternativas para solucionarlo, aunque al final opte por la vía que tenía en mente desde un principio, así sea la menos práctica. Mamá, de forma muy similar, difícilmente llega a pedir ayuda o consejo hasta que el trabajo o alguna preocupación le son ya inocultables.
Para completar el cuadro de quienes viven en la casa de usted, baste comentar que mi hermana se parece a papá y que la abuela heredó mucho de su carácter a mamá.
Aclaro: con las presentes confesiones no pretendo ni de lejos hacer una apología total de la necedad; en primera instancia únicamente señalo el origen de mi obstinación.
Es más, tan no es esto un intento por justificar toda mi tozudez que reconozco los numerosos errores a los que ésta me ha conducido. Lamentablemente, uno puede llegar a discutir por tonterías, andar en el engaño o privarse de otras visiones y experiencias por causas no distintas a la propia cerrazón. O sea, por necio.
Me ha pasado, por citar un caso, que mi afán de resolver contratiempos a mi manera —y sólo a mi manera— me ha impedido escuchar voces externas cuya posible utilidad termina demostrándose tarde o temprano. Cuando eso ocurre, claro está, me percato de mi equivocación una vez que esos consejos ya no son aprovechables.
Soy enemigo de dejarse guiar acríticamente por lo que los demás nos dicen. Somos seres libres precisamente para poder dirigir nuestros destinos. No obstante, considero que negarnos a prestar atención a los otros nomás porque sí lleva al aislamiento, a la intransigencia, a la falta de cualquier posibilidad de acuerdo. Y esa actitud no sólo tiene consecuencias en el ámbito privado, sino que con frecuencia impacta en nuestra vida pública.
Como ominosas pero evidentes muestras de lo mencionado ahí están las dificultades para acometer problemas comunes entre vecinos o en pequeñas comunidades, los obstáculos para organizar actividades laborales o sociales y, finalmente, nuestra incapacidad para generar un real e incluyente proyecto de nación. Esto último se ve tristemente retratado en ese falso espíritu negociador enarbolado por los líderes partidistas, en el diálogo de sordos que llega a entablarse en el Congreso de la Unión, o en los juegos de fuerzas que surgen entre autoridades de distintos niveles de gobierno y de los que la única segura perdedora es la ciudadanía.
Sin embargo, estoy convencido de que, aun con todos sus habituales e indeseables efectos, hay una variante de la necedad que resulta provechosa o, si se prefiere, un ámbito de la existencia en el que ésta trae beneficios.
Se trata de ese escalafón de nuestro entendimiento en el que ser obstinados nos permite, a pesar de la aparente falta de esperanza, no dejar de indignarnos frente a las atrocidades que suceden en el orbe; denunciar abusos de parte del Estado o de particulares, al igual que injusticias como el hambre, la pobreza o la desigualdad; gritar ante la indiferencia o el cinismo de los políticos; exigir acciones contra el crimen pero, más aún, un modelo que de veras permita el desarrollo de las personas en lo individual y con ello el avance del país; voltear a mirar al de al lado y decirle: “¡No podemos continuar así!”.
Para expresarlo en breve, de cara a los hechos que observamos o de los que nos enteramos todos los días, se necesita ser muy necio para pensar que este mundo tiene arreglo y, además, empeñarse de algún modo en encontrarlo.

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Al rechazar golpe en Honduras, “el mundo defiende la democracia”

Ministros del gobierno depuesto de Manuel Zelaya afirman que la acción que tuvo lugar el 28 de junio es producto de una conspiración que busca frenar la democratización de la vida política y social del país; insistirán en que el mandatario sea restituido en el cargo

El rechazo unánime de la comunidad internacional al golpe de Estado en Honduras y al gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti demuestra la firme intención de la sociedad global del siglo XXI de defender y preservar los principios democráticos, coincidieron ministros en el exilio del depuesto presidente Manuel Zelaya.
Entrevistados el jueves pasado en la embajada hondureña en México —en cuya entrada colgaban carteles de apoyo a la administración derrocada—, los titulares de Finanzas, Rebeca Santos, y de Cultura, Rodolfo Pastor, enfatizaron que las diferencias ideológicas entre países no han impedido que el mundo repudie los hechos ocurridos desde el domingo 28 de junio en la nación centroamericana.
Durante esa madrugada, militares ingresaron al domicilio de Zelaya y lo hicieron abordar un avión que lo condujo a Costa Rica. Posteriormente, bajo el argumento de que había violado la Constitución al promover una consulta popular con la finalidad de perpetuarse en el poder, fue destituido por el Congreso y en su lugar fue designado el presidente de ese órgano legislativo, Roberto Micheletti.
También el jueves pasado, el mandatario costarricense, Óscar Arias, comenzó en San José su labor de mediación en el conflicto. No obstante, sólo logró reunirse por separado con los dos políticos y que comisiones en representación de ambos se sentaran a dialogar, sin llegar a acuerdos. Las conversaciones podrían retomarse este sábado.
El golpe, señaló Rodolfo Pastor, “es producto de una conspiración largamente tramada” por parte de un sector de la cúpula empresarial, del aparato militar y de los políticos más conservadores de Honduras.
Dicho grupo, agregó, “busca frenar un proceso de democratización de la vida política y social del país”, y ha incurrido en una “suma de ilegalidades monstruosa”, desde el derrocamiento del gobierno de Zelaya y la persecución de sus ministros hasta la supresión de las garantías individuales de los hondureños. Dijo también que el ejercicio programado para el 28 de junio, para el cual el mandatario depuesto había ordenado apoyo al Ejército, que éste le negó, no era violatorio de la Constitución pues únicamente se trataba de “una encuesta” no obligatoria ni vinculante.
Por su parte, Rebeca Santos reparó en que tanto la presión de la comunidad internacional como la creciente movilización popular en contra del golpe de Estado, que no se habían presentado en otros casos similares en la historia de Honduras, podrían ser factores que pesen para que se alcance la solución del conflicto.
Ambos ministros concordaron en que la situación actual será un obstáculo más para la gobernabilidad en el país centroamericano, ya azotado por problemas como pobreza, desigualdad e injusticia social.
Reiteraron igualmente que, como parte del gobierno de Manuel Zelaya —cuyo mandato inició en enero de 2006 y culminaría en enero de 2010, luego de elecciones previstas a realizarse el 29 de noviembre próximo—, seguirán exigiendo que se restituya a éste en la Presidencia y que se respete el derecho democrático de los pueblos a elegir a sus gobernantes.

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El PRI capitaliza fallas de rivales

El tricolor, que ganó cinco gubernaturas en las elecciones del domingo y será primera fuerza en la Cámara de Diputados, debe su triunfo a errores ajenos, no a un proyecto propio

Politólogo afirma que mietras el Partido Verde logró posicionarse frente al electorado aun con propuestas inviables, la izquierda no consiguió despertar confianza en los votantes

Las victorias que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado 5 de julio se deben más al mal desempeño del gobierno federal y al vacío de propuestas de parte de la izquierda que a un buen trabajo del priísmo a nivel gubernamental o representativo, consideró el politólogo Juan Díaz Rebollar.
En su opinión, aunque el PRI consiguió más de 36% de la votación para renovar la Cámara de Diputados y cinco de las seis gubernaturas en juego —Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, estos dos últimos antes en poder del Partido Acción Nacional (PAN)—, los militantes de ese instituto político no deberían celebrar porque sus triunfos no obedecen a la expectativa generada por un proyecto de nación enarbolado por el tricolor, sino a la incapacidad de sus adversarios.
A partir de la integración de la siguiente Legislatura el próximo 1 de septiembre, estimó, el Revolucionario Institucional elevará los costos de la negociación política para resultar más favorecido hacia la elección presidencial de 2012. Esto, a su vez, provocará mayor dificultad para lograr acuerdos al interior del Congreso de la Unión.
Díaz Rebollar previó que en un escenario en el que el PRI tendría entre 230 y 240 diputados, así como la mayoría absoluta en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el PRD en la cámara quedaría reducido a un papel terciario detrás del PAN —que recibió aproximadamente 27% de la participación ciudadana—, mientras el PVEM, “que se vende al mejor postor como siempre lo ha hecho”, adquirirá poder como fiel de la balanza.
Sobre el Verde, cuya propaganda generó polémica por sus propuestas de reinstaurar la pena de muerte y de elaborar vales canjeables por clases de idiomas y medicinas, al igual que por la aparición en sus anuncios de los actores Raúl Araiza y Maite Perroni, el politólogo señaló que la votación conseguida por esa organización —alrededor de 6.5%, superior al resto de los institutos pequeños— se sustentó “en el apoyo que tuvo en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión”.
Para él, la presencia mediática del PVEM explica que, a pesar de la inviabilidad de sus planteamientos, éste llegara a posicionarse entre la población. Ante un electorado que no razona lo que presentan los partidos, abundó, las ideas que se convierten en referentes mentales suelen tener éxito en las urnas.
Mencionó también que la debacle que la izquierda sufrió durante estos comicios radicó en que las luchas internas por el poder la han desenmascarado como una opción dividida, rezagada y carente de un proyecto para insertar al país en la dinámica internacional. Partidos como el de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia y Socialdemócrata (PSD) no inspiraron la suficiente confianza en los votantes y eso terminó reflejándose en que sumaran apenas, respectivamente, 12.2%, 3.5%, 2.3% y 1% de los sufragios. Con ese resultado el PSD perdería su registro.
En vista de la próxima configuración de fuerzas en el Congreso, Díaz Rebollar pronosticó que el PRI impulsará reformas fiscales, una nueva generación de cambios en materia electoral e iniciativas como la del senador Manlio Fabio Beltrones con miras a crear un jefe de gabinete. Sin embargo, dijo, si antes en el tricolor buscaban acotar a un jefe del Ejecutivo panista, es probable que tras el fortalecimiento priísta modifiquen su propuesta.
Añadió que otros temas que podrían discutirse son la reelección legislativa o reducir el número de representantes, pero más por las “presiones latentes” de la sociedad civil derivadas del descontento popular para con los políticos o con el dispendio de recursos públicos, y no porque en sí mismas sean prioridades en las agendas de los partidos.
La segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón, finalizó, plantea para México un panorama preocupante porque se cierne sobre el país “el fantasma de la ingobernabilidad” y porque “el día de hoy empieza la elección de 2012”. A su juicio, en tanto prevalece la cultura del “tapadismo” propia del autoritarismo del régimen de siglo XX, el Congreso mexicano aún no ha madurado como para concretar las reformas que requiere la nación.
Por ello, apuntó, es previsible que la República siga en la tónica conformista de promover sólo los cambios que sea posible negociar, mas no aquellos que resultan necesarios.

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Ideas para una generación

Acuso recibo de los comentarios al dardo pasado, titulado “Generación del ‘sí pero no’”. Pocas o muchas las personas que a uno lo lean, considero que todo aquel que preste atención merece al menos lo mismo y, como en este caso, una respuesta a sus planteamientos.
La ocasión lo amerita más en virtud de la importancia del tema, es decir, los problemas que aquejan a buen número de jóvenes de principios del siglo XXI, y de que pienso que al intentar dar contestación a ciertas ideas se puede lograr una mejor compresión del mismo.
Me centro en dos comentarios y comienzo con la crítica fundada de un amigo. Generalizas demasiado, escribía, y eso resta cualquier mérito que pudiera tener tu reflexión. En efecto, sé que resulta impreciso afirmar que toda la juventud mexicana pertenece a una generación con acceso a la educación o a la globalización sin querer aprovecharlas, o que toda ella es intolerante, conformista y poco participativa. La desigualdad social aún excluye a millones de personas de los planteles educativos, de las tecnologías y del conocimiento, y hay muchachos que mantienen una inconformidad activa y propositiva para con el actual estado de cosas.
Así, aunque traté de evitar el desatino refiriéndome a “la media de los jóvenes”, tal delimitación es insuficiente o incluso injusta. Asumo ese error y busco corregirlo. Sin embargo, creo que las fallas que señalé tanto en el sistema como en la población no son hechos inexistentes ni aislados, sino patrones visibles que no son atendidos y que tendrán graves consecuencias para México: descontento, fuerza productiva desperdiciada, mayor atraso.
Respecto del segundo comentario, una amiga me preguntaba qué propongo para remediar el negro panorama. Para ello presento planteamientos en torno dos temas interrelacionados: educación y empleo.
El lugar común reza que “todo es cuestión de educación”, desde por qué no separamos la basura, atendemos la señalización vial o respetamos al vecino, hasta por qué dejamos que los monopolios públicos o privados abusen de nosotros o nos permitimos tener los políticos que tenemos. Fuera de esa simplificación, me parece que esos problemas sí parten en buena medida de deficiencias educativas en materia ambiental, económica, cívica, política, y que empezar a resolverlos requiere transformar los métodos y los contenidos impartidos por el Estado dentro y fuera de las aulas.
Con la educación actual, tomada más un botín político que como un bien social, tendemos a reproducir un sistema cuya decadencia es evidente, en vez de formar los ciudadanos que podrían construir un mejor país.
De ahí paso al tema del empleo. No pocas voces han señalado que la mayoría de los trabajadores mexicanos están subcalificados en relación con el mercado laboral global (en el otro extremo, hay quienes están sobrecalificados para el ámbito nacional). Al no recibir la preparación que necesitan, los mexicanos salen a competir en desventaja por plazas de por sí escasas, lo que se agrava por el hecho de que tenemos exceso de profesionistas en determinadas áreas y déficit en otras.
No obstante, esto podría hallar solución si, como ha expuesto gente como José Sarukhán, con una visión de Estado y de largo plazo se definieran las necesidades nacionales y se orientaran los planes educativos hacia allá. Vincular a escuelas, universidades e institutos de investigación con el mundo del trabajo, de la administración pública y de la cultura nos reportaría beneficios, no más desempleados.
Las anteriores son sólo dos propuestas frente a un conjunto de problemas complejos, pero buscan sintonizar con uno de los ánimos más edificantes que he percibido en estos días de proceso electoral: para remediar nuestros males no basta quejarse; hay que aportar.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com. Y para seguir con los análisis a las plataformas de los partidos, este viernes Andrés Lajous escribe sobre el PRD y Alejandro Jiménez sobre la coalición PT-Convergencia. Este sábado, para cerrar la serie, Maite Azuela revisa las propuestas del Panal.