Tras el fracaso de la segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y del gobernante de facto, Roberto Micheletti, crece la incertidumbre respecto de la posibilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto político desatado desde el 28 de junio en la nación centroamericana.
El domingo pasado, el mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, quien se ha ofrecido como mediador, reconoció que existe el riesgo de que estalle una guerra civil que provoque “un derramamiento de sangre”. Al mismo tiempo que las partes en disputa intercambiaban reclamos, Arias llamaba a un periodo de reflexión de 72 horas que permita llegar a arreglos.
Las tensiones han aumentado a lo largo de más de tres semanas, alimentadas por la intransigencia de los protagonistas en escena. En ese sentido, vale la pena decir que el primero en calentar los ánimos fue el propio Zelaya, al aferrarse a efectuar una consulta popular cuyo propósito era promover una Asamblea Constituyente.
Para este ejercicio, programado para el 28 de junio, considerado ilegal por autoridades del Poder Judicial hondureño y tachado por los detractores del mandatario como su primer paso para perpetuarse en la Presidencia —al igual que, aseguran, pretenden hacerlo en sus países el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa—, Zelaya había ordenado apoyo al Ejército. Cuando éste se lo negó, el jefe del Ejecutivo destituyó al titular del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, aunque a la postre la Corte Suprema de Justicia dispuso su restitución.
Claro está, tal antecedente no justifica de ningún modo la reacción posterior de otras instituciones hondureñas, es decir, perpetrar un golpe de Estado: que la madrugada de ese domingo soldados ingresaran al domicilio de Zelaya y lo pusieran en un avión rumbo a Costa Rica, mientras que el Congreso alegara falsamente que éste había renunciado y designara en su lugar al presidente de ese órgano legislativo, Roberto Micheletti.
Sin embargo, lo que sí hacen las acciones de Zelaya previas al inicio del conflicto es ejemplificar la cerrazón que desde entonces ha prevalecido de ambas partes involucradas, una actitud que hasta el momento ha frenado toda posibilidad de solución y que tiene al mundo atento a lo que sucede en esa nación con unos 7 millones de habitantes.
Así, por un lado, la administración de Micheletti ignora la presión de la comunidad internacional, que convoca a restablecer el orden democrático en Honduras con retorno de Zelaya a la Presidencia, la composición de un gobierno de unidad y la realización de elecciones anticipadas. Por el otro, el 6 de julio Zelaya trató fallidamente de regresar a su país, anuncia que nada lo detendrá este fin de semana e incluso afirma que continuará con su polémica intención de convocar a una Asamblea Constituyente. Ambos grupos se obstinan en sus posiciones en tanto que partidarios de uno y otro siguen manifestándose en las calles e incrementa la polarización.
Hace unos días, Rebeca Santos y Rodolfo Pastor, ministros del gabinete zelayista entrevistados en México, señalaban con razón que la condena unánime de todo el orbe al golpe de Estado representa una defensa a la democracia. Aun con las críticas que puedan hacerse a la labor de Zelaya o aun si éste buscaba reformar la Constitución para reelegirse como presidente, existe una institucionalidad democrática que permite dirigir y materializar ese descontento en vez de llegar a usar la fuerza en pleno siglo XXI.
En otras palabras, si los hondureños no desean tener a Zelaya como su gobernante, cuentan con instituciones y mecanismos para expresarlo. Las urnas pueden y deben hablar en lugar del golpismo.
No obstante, para hacer un balance justo también hay que decir que si bien la administración de Micheletti debe ceder dada la ilegitimidad de su origen, ni Zelaya ni su equipo ayudan a resolver el conflicto preservando el tono duro de confrontación.
Aún se está a tiempo de impedir que explote un conflicto armado del tipo de los que pueblan la historia de América Latina. En esa tarea la comunidad internacional puede contribuir a recuperar el orden y la paz, pero los primeros responsables de ello, por el bien de los hondureños, son los gobiernos de Zelaya y Micheletti.
El domingo pasado, el mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, quien se ha ofrecido como mediador, reconoció que existe el riesgo de que estalle una guerra civil que provoque “un derramamiento de sangre”. Al mismo tiempo que las partes en disputa intercambiaban reclamos, Arias llamaba a un periodo de reflexión de 72 horas que permita llegar a arreglos.
Las tensiones han aumentado a lo largo de más de tres semanas, alimentadas por la intransigencia de los protagonistas en escena. En ese sentido, vale la pena decir que el primero en calentar los ánimos fue el propio Zelaya, al aferrarse a efectuar una consulta popular cuyo propósito era promover una Asamblea Constituyente.
Para este ejercicio, programado para el 28 de junio, considerado ilegal por autoridades del Poder Judicial hondureño y tachado por los detractores del mandatario como su primer paso para perpetuarse en la Presidencia —al igual que, aseguran, pretenden hacerlo en sus países el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa—, Zelaya había ordenado apoyo al Ejército. Cuando éste se lo negó, el jefe del Ejecutivo destituyó al titular del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, aunque a la postre la Corte Suprema de Justicia dispuso su restitución.
Claro está, tal antecedente no justifica de ningún modo la reacción posterior de otras instituciones hondureñas, es decir, perpetrar un golpe de Estado: que la madrugada de ese domingo soldados ingresaran al domicilio de Zelaya y lo pusieran en un avión rumbo a Costa Rica, mientras que el Congreso alegara falsamente que éste había renunciado y designara en su lugar al presidente de ese órgano legislativo, Roberto Micheletti.
Sin embargo, lo que sí hacen las acciones de Zelaya previas al inicio del conflicto es ejemplificar la cerrazón que desde entonces ha prevalecido de ambas partes involucradas, una actitud que hasta el momento ha frenado toda posibilidad de solución y que tiene al mundo atento a lo que sucede en esa nación con unos 7 millones de habitantes.
Así, por un lado, la administración de Micheletti ignora la presión de la comunidad internacional, que convoca a restablecer el orden democrático en Honduras con retorno de Zelaya a la Presidencia, la composición de un gobierno de unidad y la realización de elecciones anticipadas. Por el otro, el 6 de julio Zelaya trató fallidamente de regresar a su país, anuncia que nada lo detendrá este fin de semana e incluso afirma que continuará con su polémica intención de convocar a una Asamblea Constituyente. Ambos grupos se obstinan en sus posiciones en tanto que partidarios de uno y otro siguen manifestándose en las calles e incrementa la polarización.
Hace unos días, Rebeca Santos y Rodolfo Pastor, ministros del gabinete zelayista entrevistados en México, señalaban con razón que la condena unánime de todo el orbe al golpe de Estado representa una defensa a la democracia. Aun con las críticas que puedan hacerse a la labor de Zelaya o aun si éste buscaba reformar la Constitución para reelegirse como presidente, existe una institucionalidad democrática que permite dirigir y materializar ese descontento en vez de llegar a usar la fuerza en pleno siglo XXI.
En otras palabras, si los hondureños no desean tener a Zelaya como su gobernante, cuentan con instituciones y mecanismos para expresarlo. Las urnas pueden y deben hablar en lugar del golpismo.
No obstante, para hacer un balance justo también hay que decir que si bien la administración de Micheletti debe ceder dada la ilegitimidad de su origen, ni Zelaya ni su equipo ayudan a resolver el conflicto preservando el tono duro de confrontación.
Aún se está a tiempo de impedir que explote un conflicto armado del tipo de los que pueblan la historia de América Latina. En esa tarea la comunidad internacional puede contribuir a recuperar el orden y la paz, pero los primeros responsables de ello, por el bien de los hondureños, son los gobiernos de Zelaya y Micheletti.
3 comments:
Buenas!
Oh si... ahora es más claro...
Y la verdad me gusta más así.
Un beso, principe.
Saludos! Ruth!
PD. Creo que de tanto trabajar y trabajar sale más barba eh... jajaja si sigues trabajando así ya no voy a recoocerte la próxima vez que me concedas verte... jajaja! Tqm
Hola:
Me gustó mucho este texto, das varias visiones con las que las personas tienen más argumentos para tomar postura.
Felicidades!
Espero ver tu dardo mañana publicado. Me gustan las primicias.
Te quiero. Ya falta poco para el fin :)
Don Mau, creo que se deja llevar por una visión bastante mal entendida de la moderación... Porque, además, repite argumentos no comprobados sobre las presuntas pretenciones de una dudosa reelección de Zelaya...
De verdad, a estas alturas del partido llamar a la moderación de ambas partes es, cuando menos, ingenuo... El único llamamiento posible es por el fin de la aventura del aprendiz de dictador.
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