Thursday, September 27, 2007

“Es tiempo de recuperar la soberanía y la función social de la radiodifusión”: Javier Corral

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Javier Corral es uno de los principales críticos de las grandes compañías de radio y tv. Senador por el PAN de 2000 a 2006, fue uno de los 47 legisladores que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones conocidas como Ley Televisa. Tras su análisis, en mayo pasado la Corte declaró inválidos algunos artículos de la legislación impugnada, como los referentes al otorgamiento y refrendo de concesiones.
Ahora, a pocos días de que las cámaras de Senadores y de Diputados aprobaran la reforma electoral —que plantea, entre otros asuntos, reducir el tiempo de las campañas, la renovación del Consejo General del IFE y la utilización de los tiempos del Estado para la difusión de propaganda a fin de no contratar spots o espacios comerciales—, y de que dueños y representantes de empresas mediáticas manifestaran su descontento por lo que dichas modificaciones implicarían para las actividades y los ingresos del gremio, Corral habla de la relación entre los medios electrónicos de comunicación y la política.
—A grandes rasgos, ¿qué plantea la reforma electoral en materia de radio y tv?
—Modifica la lógica de operación de los medios de comunicación en relación con la política y concretamente con las campañas electorales: mercantilizar los procesos. Para nadie es desconocido que los medios, sobre todo los electrónicos, se han constituido en la principal arena de la disputa político-electoral y llegaron a tener preponderancia en etapas de definición de los comicios en México. Sin ser una influencia definitiva, se constituyeron en un elemento importante de la relación partidos políticos-campañas-electores. La reforma saca del comercio una relación que debiera estar sustentada en la función social de la radiodifusión. Sin embargo, no sólo es un asunto del dinero público que se trasladaba a los medios y a unas cuantas manos privadas vía las campañas; también se elimina una relación de poder que habían establecido las empresas de comunicación sobre la política, los políticos y los gobiernos, una relación con la que se seleccionaba candidatos, se ofrecían candidaturas, se orientaban contenidos e incluso se armaba toda una orientación desde el desempeño de gobernadores, diputados, senadores o alcaldes hacia otros cargos de elección popular. Ahí se perdía no sólo dinero, sino soberanía del Estado, independencia de la política y un mayor compromiso social de los legisladores. Los medios electrónicos se comportaban como cómplices del statu quo e impedían que la agenda social tuviera un espacio de debate.
—¿Cómo califica la reacción de los representantes de las empresas de radio y tv en el sentido de que la reforma electoral es “un ataque a la libertad de expresión”?
—Es una falacia. La reforma no compromete las libertades, no está limitando la libertad de información; está fijando un conjunto de restricciones a los partidos políticos en el uso de su propaganda, pero atendiendo a los límites que ya existían en materia de libertad de expresión, establecidos en los artículos sexto y séptimo de la Constitución. La reforma no toca al sistema de medios de comunicación. Ese argumento ha sido una forma de tratar de socavar la reforma engañando a la opinión pública con la bandera de la libertad de expresión.
—Muchos analistas han señalado que esta reforma tiene el mérito de intentar sacar el dinero de la política, pero también han mencionado que tiene carencias como no plantear la reelección inmediata de los legisladores o las candidaturas independientes.
—La reforma no es definitiva. Cumple por lo menos con enfrentar dos de los problemas que distorsionaban los contenidos de la política y el sentido de la democracia: la preponderancia del dinero y el abuso de los medios de comunicación electrónica en la decisión electoral. Por supuesto, están pendientes varios temas que deberían estar en el entramado de la vida democrática: reelección de legisladores, bases constitucionales para un verdadero sistema de partidos, mayor compromiso de rendición de cuentas de los mismos en términos del uso de los recursos públicos o reglas que los obliguen a tener mecanismos para defender los derechos de los militantes frente a las estructuras o los dirigentes. Tiene insuficiencias, quizá incluso alguna deficiencia, pero está enfrentando con mucho valor el tema de la preponderancia del dinero, que era la manera en que los partidos podían ser influenciados por intereses que aportan pero luego cobran, el famoso “pago de facturas”. Quien dona un millón de pesos además de vocación democrática tiene un interés.
—Aparte del dinero habría otros elementos a enfrentar. Están las declaraciones de Humberto Moreira, el gobernador de Coahuila, quien dice que esta reforma no pasará en su entidad. El sábado, el diario La Jornada titulaba en portada “Fragua la CIRT (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión) con Peña Nieto detener reforma”. ¿Sería esto posible?
—No, creo que hay una decisión muy clara en la mayoría de los congresos de los estados. No deja de haber gobernadores que ratifican los vínculos de complicidad entre los intereses económicos, mediáticos y políticos, como en el caso de Coahuila, aunque también están Luis Armando Reynoso, del PAN, en Aguascalientes, Fidel Herrera en Veracruz o Enrique Peña Nieto en el estado de México. Pero no van a prosperar. Creo que hay una conciencia en la clase política mexicana de que llegó la hora de recolocar en su espacio natural a los medios de comunicación, que es de intermediación y de procuración de la información, no de sustitución del Estado ni de las funciones de los poderes. Llegó el tiempo de recuperar la soberanía y la función social que tiene la radiodifusión.

Nota: Una versión editada de esta entrevista fue publicada en la revista electrónica Terra Magazine.

Thursday, September 13, 2007

“La ciudad de México necesita soluciones, no una torre de oficinas”: Gabriela Cuevas

Gabriela Cuevas, titular de la delegación Miguel Hidalgo, una de las 16 que integran la ciudad de México, es enfática: se opone por completo a la construcción de la llamada Torre Bicentenario en Pedregal 24, en la colonia Molino del Rey, “porque viola muchísimas normas, desde la protección al patrimonio cultural, al Programa de Desarrollo Urbano, al Reglamento de Construcciones y a la Ley de Desarrollo Urbano para el DF, pero también por la manera en que se pretende regalar el Bosque de Chapultepec, que es patrimonio de los mexicanos”.
Este proyecto, dado a conocer por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en julio pasado y a cargo del grupo inmobiliario Danhos —que invertiría alrededor de 300 millones de dólares—, plantea levantar un edificio de 70 niveles. Con una altura aproximada de 300 metros, la Torre Bicentenario, pensada para ser concluida el 16 de septiembre de 2010 —fecha en que se celebrarán 200 años del inicio de la guerra de Independencia de México—, se convertiría así en la más alta de América Latina.
Sin embargo, desde su anuncio ha despertado numerosas protestas. El Instituto Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, considera que el inmueble sobre el que se pretende construir tiene un valor artístico relevante y no debe ser afectado. Igualmente, residentes de las colonias Polanco, Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes y Molino del Rey han manifestado su rechazo al proyecto pues aseguran que agravará los problemas de vialidad de la zona y dañará la reserva ecológica del Bosque de Chapultepec. E incluso la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ha advertido que este edificio obligaría a modificar las rutas de aterrizaje hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Asimismo, como delegada de la demarcación donde quedaría ubicada la construcción, Gabriela Cuevas, de 28 años de edad y militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde los 15, ha sido una de sus principales detractoras.
—En resumen, ¿por qué oponerse a la edificación de la Torre Bicentenario?
—Más que si la torre es buena o mala, el problema es la manera en que se quiere llevar a cabo, ya que cuando un grupo de empresarios quiere realizar una inversión se le debe solicitar como mínimo que cumpla con la ley, pero me parece más lamentable que este grupo no sólo viole preceptos legales, sino que además el jefe de Gobierno —Marcelo Ebrard, del Partido de la Revolución Democrática (PRD)— se convierta en su gestor y principal promotor diciendo que, bueno, si no cumplen es para que se cambie la ley.
En opinión de Cuevas, “esto sienta un precedente terrible, en el que se quiere dejar a la ley como una carta de negociación con el gremio de los constructores, y ni siquiera con todos sino con los consentidos del jefe de Gobierno. Y no sólo se les regalarían cambios legales, sino que además se les pretenden regalar tres hectáreas del Bosque de Chapultepec”. Añade: “No vamos a permitir en ningún momento este tipo de arbitrariedades e ilegalidades con un tinte claramente de pago de facturas para el PRD”.
La delegada admite que su administración no ha tenido “una relación muy buena con el Gobierno de la ciudad”; no obstante, atribuye esta situación “a un asunto de convicciones”, no de partidos. “Soy una mujer de convicciones muy fuertes, creo en la ley, creo que tenemos que gobernar con transparencia y creo que tenemos que ser congruentes, y no veo este tipo de valores en el Gobierno de la ciudad”, sentencia.
En otro momento, al criticar los argumentos del GDF a favor de la torre, entre ellos fomento a la inversión y al empleo, Cuevas señala que, en efecto, ambos le urgen a la ciudad, pero, matiza, “no en la zona más cara”. Asevera que en el área donde se busca erigir el inmueble “existe una sobreoferta de renta de oficinas”, por lo que “queda claro que es un asunto de millones de dólares y no de legalidad. Yo creo que la obligación del jefe de Gobierno es solucionar los problemas de los capitalinos y no los problemas de inversión de sus cuates”.
A su juicio, la administración de Marcelo Ebrard se ha dedicado a promover una torre de oficinas en lugar de solucionar las necesidades del DF relativas a la protección civil, al abasto de agua, al transporte o a la seguridad pública.

Posibilidades, escenarios
Cuevas, cuya gestión al frente de Miguel Hidalgo finaliza en 2009, dice “no tener tiempo” para imaginar el futuro de su carrera política. “Suficiente tenemos hoy con pensar en la coyuntura de cada día”, asegura. Acerca de la Torre Bicentenario, reflexiona sobre lo que podría suceder.
—¿Qué pasaría si el GDF planteara otra zona para construir la torre?
—Decían que ocho delegados querían que ésta se hiciera en sus delegaciones. Nosotros no tendríamos inconveniente. Insisto: creo que a la ciudad le hacen falta inversiones, empleo; me voy para atrás: le hace falta planeación. Si queremos que haya rascacielos en la ciudad u otro tipo de desarrollos, para eso existen los instrumentos en la ley, como los programas de Desarrollo Urbano delegacionales y parciales. Ahí es donde se tiene que hacer. Si los otros jefes delegacionales creen que construir esta torre en sus delegaciones es viable y legal, no hay problema.
—¿Se atrevería ahora a hacer una predicción de lo que va a ocurrir con la torre?
Breve, otra vez enfática, al parecer confiada, Cuevas responde:
—No va a haber torre.


Nota: Una versión editada de esta entrevista fue publicada en la revista electrónica Terra Magazine.

Tuesday, September 04, 2007

La acción frente a la desconfianza

Tanto en nuestras relaciones interpersonales como en aquellas que establecemos con nuestra comunidad, gobiernos y Estado, “la confianza es algo que se construye por micras y se destruye por kilómetros”. Tomo la frase de “Jugar con la verdad”, uno de los más recientes artículos de Mauricio Merino, quien recuerda al ex presidente del IFE, José Woldenberg, y éste, a su vez, al historiador Carlos Pereyra.
A partir de esta premisa el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) analiza el escándalo desatado a principios de agosto en torno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es decir, en torno de la renuncia de Flavio Galván a la presidencia del órgano en circunstancias poco claras y aduciendo “motivos de salud”, al presunto intento de corrupción por parte de una de sus más cercanas colaboradoras, Norma Inés Aguilar León, y al ascenso de María del Carmen Alanís a la titularidad del tribunal.
Merino critica la opacidad con la que se han conducido los magistrados pues, argumenta, la confianza social en el TEPJF, puesta en duda cuando menos por un sector de la población a raíz del resultado de las elecciones de 2006, puede quedar aún más debilitada.
Como él, muchos otros analistas muestran preocupación ante la desconfianza en las instituciones. Tal situación, afirman, repercute negativamente en la consolidación de la democracia porque despierta la apatía en los ciudadanos y de esa manera obstaculiza que éstos participen en los asuntos públicos. En México, a querer o no, ya sea porque esas instituciones se revelan incapaces de atender las tareas para las que fueron creadas o porque quienes están a su cargo tienen un comportamiento cuestionable, ineficiente o de plano corrupto, cada vez resulta más difícil confiar en ellas.
Años de malos gobiernos, soluciones cortoplacistas, promesas incumplidas, legislaciones insuficientes o a modo para los grandes grupos económicos e impunidad han provocado —en la lógica de la metáfora inicial— que los mexicanos acumulemos kilómetros de desconfianza en las instituciones. Dicho en otras palabras, desconfiamos simple y llanamente porque tenemos motivos para hacerlo. Y tanto la historia como las noticias diarias nos dan cuenta de ello.
Por ejemplo, aun si se dejara de lado lo que pudo haber hecho el TEPJF para transparentar el resultado de los comicios del año pasado —ordenar un recuento voto por voto o sancionar a Vicente Fox y al Consejo Coordinador Empresarial por poner en riesgo la elección—, ¿cómo confiar en él si es posible que su ahora ex presidente o quien fuera la jefa de sus asesores, o ambos, estén involucrados en la exigencia de una “comisión” de 5 millones de pesos a cambio de asegurar la compraventa de un inmueble para una de sus sedes? ¿Cómo pasar por alto un intento de corrupción tan pedestre en el máximo órgano electoral?
¿O cómo confiar en un sistema socioeconómico que favorece el clasismo y la pobreza? ¿Cómo confiar en los partidos que conforman la oposición en los distintos niveles de gobierno si algunos de sus representantes, dentro o fuera de cargos de elección popular, han incurrido en prácticas deshonestas? ¿Cómo confiar en un presidente que para ganar votos negoció el apoyo del magisterio con Elba Esther Gordillo, la poderosa líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cómo confiar en el Congreso de la Unión si los diputados, aunque dicen trabajar “por el bien del pueblo”, han visto aumentar sus sueldos en casi 500% a lo largo de nueve años, algo no menos que ofensivo en un país con tantas desigualdades sociales como México?
Toda esta desconfianza fundada, pues, constituye un círculo vicioso en el que una mala gestión genera desencanto en las personas y éstas, al no sentirse animadas a intervenir en los asuntos públicos, no hacen nada para cambiar ese estado de cosas. Sin embargo, lejos de permanecer varados en ese limbo debemos buscar respuestas.
Del lado de la autoridad, la solución es tan obvia como idealista si no es que inocente: quienes ostentan alguna responsabilidad en la esfera pública tendrían que esforzarse por reconstruir micra a micra la confianza de la sociedad a través de un desempeño honesto, eficiente y en beneficio del municipio, de la entidad, del país.
Del lado de la ciudadanía, que en los hechos debería ser el principal actor de la democracia —y desde donde se expresa quien esto escribe—, hay que acabar con el desinterés, con la apatía, y buscar incidir crítica y propositivamente en las instituciones, mejorando las que tenemos o, si se requiere, creando otras. A mi juicio, peores aún que la desconfianza son la resignación, la indiferencia, la inacción. Y si no tenemos fe en las instituciones o en quienes las dirigen, tengámosla en nosotros mismos.