“Es tiempo de recuperar la soberanía y la función social de la radiodifusión”: Javier Corral

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Javier Corral es uno de los principales críticos de las grandes compañías de radio y tv. Senador por el PAN de 2000 a 2006, fue uno de los 47 legisladores que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones conocidas como Ley Televisa. Tras su análisis, en mayo pasado la Corte declaró inválidos algunos artículos de la legislación impugnada, como los referentes al otorgamiento y refrendo de concesiones.
Ahora, a pocos días de que las cámaras de Senadores y de Diputados aprobaran la reforma electoral —que plantea, entre otros asuntos, reducir el tiempo de las campañas, la renovación del Consejo General del IFE y la utilización de los tiempos del Estado para la difusión de propaganda a fin de no contratar spots o espacios comerciales—, y de que dueños y representantes de empresas mediáticas manifestaran su descontento por lo que dichas modificaciones implicarían para las actividades y los ingresos del gremio, Corral habla de la relación entre los medios electrónicos de comunicación y la política.
—A grandes rasgos, ¿qué plantea la reforma electoral en materia de radio y tv?
—Modifica la lógica de operación de los medios de comunicación en relación con la política y concretamente con las campañas electorales: mercantilizar los procesos. Para nadie es desconocido que los medios, sobre todo los electrónicos, se han constituido en la principal arena de la disputa político-electoral y llegaron a tener preponderancia en etapas de definición de los comicios en México. Sin ser una influencia definitiva, se constituyeron en un elemento importante de la relación partidos políticos-campañas-electores. La reforma saca del comercio una relación que debiera estar sustentada en la función social de la radiodifusión. Sin embargo, no sólo es un asunto del dinero público que se trasladaba a los medios y a unas cuantas manos privadas vía las campañas; también se elimina una relación de poder que habían establecido las empresas de comunicación sobre la política, los políticos y los gobiernos, una relación con la que se seleccionaba candidatos, se ofrecían candidaturas, se orientaban contenidos e incluso se armaba toda una orientación desde el desempeño de gobernadores, diputados, senadores o alcaldes hacia otros cargos de elección popular. Ahí se perdía no sólo dinero, sino soberanía del Estado, independencia de la política y un mayor compromiso social de los legisladores. Los medios electrónicos se comportaban como cómplices del statu quo e impedían que la agenda social tuviera un espacio de debate.
—¿Cómo califica la reacción de los representantes de las empresas de radio y tv en el sentido de que la reforma electoral es “un ataque a la libertad de expresión”?
—Es una falacia. La reforma no compromete las libertades, no está limitando la libertad de información; está fijando un conjunto de restricciones a los partidos políticos en el uso de su propaganda, pero atendiendo a los límites que ya existían en materia de libertad de expresión, establecidos en los artículos sexto y séptimo de la Constitución. La reforma no toca al sistema de medios de comunicación. Ese argumento ha sido una forma de tratar de socavar la reforma engañando a la opinión pública con la bandera de la libertad de expresión.
—Muchos analistas han señalado que esta reforma tiene el mérito de intentar sacar el dinero de la política, pero también han mencionado que tiene carencias como no plantear la reelección inmediata de los legisladores o las candidaturas independientes.
—La reforma no es definitiva. Cumple por lo menos con enfrentar dos de los problemas que distorsionaban los contenidos de la política y el sentido de la democracia: la preponderancia del dinero y el abuso de los medios de comunicación electrónica en la decisión electoral. Por supuesto, están pendientes varios temas que deberían estar en el entramado de la vida democrática: reelección de legisladores, bases constitucionales para un verdadero sistema de partidos, mayor compromiso de rendición de cuentas de los mismos en términos del uso de los recursos públicos o reglas que los obliguen a tener mecanismos para defender los derechos de los militantes frente a las estructuras o los dirigentes. Tiene insuficiencias, quizá incluso alguna deficiencia, pero está enfrentando con mucho valor el tema de la preponderancia del dinero, que era la manera en que los partidos podían ser influenciados por intereses que aportan pero luego cobran, el famoso “pago de facturas”. Quien dona un millón de pesos además de vocación democrática tiene un interés.
—Aparte del dinero habría otros elementos a enfrentar. Están las declaraciones de Humberto Moreira, el gobernador de Coahuila, quien dice que esta reforma no pasará en su entidad. El sábado, el diario La Jornada titulaba en portada “Fragua la CIRT (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión) con Peña Nieto detener reforma”. ¿Sería esto posible?
—No, creo que hay una decisión muy clara en la mayoría de los congresos de los estados. No deja de haber gobernadores que ratifican los vínculos de complicidad entre los intereses económicos, mediáticos y políticos, como en el caso de Coahuila, aunque también están Luis Armando Reynoso, del PAN, en Aguascalientes, Fidel Herrera en Veracruz o Enrique Peña Nieto en el estado de México. Pero no van a prosperar. Creo que hay una conciencia en la clase política mexicana de que llegó la hora de recolocar en su espacio natural a los medios de comunicación, que es de intermediación y de procuración de la información, no de sustitución del Estado ni de las funciones de los poderes. Llegó el tiempo de recuperar la soberanía y la función social que tiene la radiodifusión.

Nota: Una versión editada de esta entrevista fue publicada en la revista electrónica Terra Magazine.