El sexenio a medias

La toma de posesión de Felipe Calderón anunciaba ya un sexenio complicado. Tras unas elecciones reñidas y sobre las que planearon la sombra del fraude y la polarización, y frente al temor de que la oposición encabezada por el PRD impidiera que asumiera como presidente, Calderón recurrió al factor sorpresa.
En los primeros minutos del 1 de diciembre de 2006, en un inesperado acto transmitido en cadena nacional, el panista tomó el poder. Por la mañana, luego de que su equipo negociara con el PRI y con parte del PRD, acudió al Congreso para rendir protesta y cumplir con esa obligación constitucional. Aquella ceremonia duró sólo cinco minutos. Más tarde, señalaría las prioridades de su administración: seguridad, combate a la pobreza y generación de empleos.
A tres años de distancia, sin embargo, dificultades e incapacidades se han sumado de forma que, pese a las acciones gubernamentales, la violencia ha aumentado, el número de personas en la miseria ha crecido en 6 millones, la tasa de desocupación en septiembre de 2009 alcanzó 6.41%, la más alta desde 1995, y los problemas amenazan con agravarse.

Los primeros pasos
El primer año de esta gestión estuvo marcado por la búsqueda de legitimidad, apuntó en su momento el analista Alberto Aziz Nassif. Para lograrlo, el Ejecutivo enarboló la bandera de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y ordenó el despliegue de operativos policiaco-militares en distintas entidades del país, comenzando por su estado natal, Michoacán.
Las operaciones han continuado en Sinaloa, Durango, Baja California, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Sus resultados han dividido opiniones: de un lado, se les defiende bajo el argumento de que había que intentar frenar el avance del hampa y se resaltan las detenciones y los decomisos; del otro, se critica la carencia de un enfoque integral que no sólo emplee la fuerza sino que ataque la corrupción, y se advierte del incremento en las muertes ligadas al narco, más de 15 mil en el sexenio.
En marzo de 2007, por otra parte, el gobierno se anotó una victoria al lograr la aprobación de reformas a la Ley del ISSSTE. Los cambios permitieron modificar el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado y, se afirmaba, evitar la quiebra del instituto. Descontentos, miles de burócratas promovieron amparos que finalmente fueron desechados.
Ya hacia septiembre se daría el primero de varios cambios en el gabinete presidencial. Germán Martínez, secretario de la Función Pública, dejaría su puesto para dirigir el PAN. El objetivo: que un hombre cercano al mandatario preparara la estrategia electoral con miras a los comicios intermedios de 2009.

El “catarrito”
Tres asuntos marcaron el segundo año de este sexenio: la reforma energética, el estallido de la crisis global y la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño.
La intención de transformar el régimen de Pemex despertó rechazo de la oposición y de la sociedad, en especial de sectores afines a Andrés Manuel López Obrador que advertían que se trataría privatizar la industria petrolera. Al final, en octubre de 2008, sin dar mayor entrada a particulares, se aprobó la creación de la figura de consejeros independientes de la paraestatal y la construcción de una nueva refinería cuya sede será Tula, Hidalgo.
Ese mismo mes explotó en Estados Unidos la crisis que impactaría al mundo. A pesar que funcionarios minimizaron el suceso, el desplome del sistema financiero estadounidense golpeó a la economía mexicana puesto que el vecino del norte redujo su demanda de productos nacionales y esto repercutió en bajo consumo y desempleo.
El 4 de noviembre, por último, una noticia sacudió al país: el jet en el que viajaba el secretario de Gobernación y amigo del presidente, Juan Camilo Mouriño, se estrellaba sobre avenida Reforma, en el DF. Con él murieron 13 personas más, entre tripulación y transeúntes. Concluido el duelo, Calderón designaría como encargado de la política interior a Fernando Gómez Mont.

Tragedias, derrotas, retos
Eventos negativos han caracterizado el tercer año de gestión. Desde la continuación de la crisis hasta el brote de influenza A H1N1 de abril-mayo, pasando por la muerte de 49 menores en una guardería subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora, han quedado de manifiesto problemas estructurales del Estado y errores de gobierno.
Además, la administración calderonista sufrió una dura derrota en las elecciones del 5 de julio de 2009, en las que el PRI junto con el PVEM logró la mayoría en la Cámara de Diputados y el PAN perdió frente al tricolor cinco de seis gubernaturas: Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí; el blanquiazul sólo ganó en Sonora.
En ese contexto de debilidad el gobierno asumió dos batallas más: decretar la extinción de Luz y Fuerza, argumentando su ineficiencia y pese a las protestas de los electricistas, e impulsar su paquete económico 2010, para el que propuso aumentar impuestos.
La segunda mitad del sexenio, así, plantea los mismos retos de la primera: falta de acuerdos, inseguridad, pobreza y desempleo. Calderón, no obstante, deberá encararlos con menos tiempo a su favor y en un escenario de creciente descontento social.

Nota: Este recuento fue redactado a petición de mi colega Alejandro Brofft para la edición de diciembre de la revista Black. Con motivo del tercer año de gobierno de Felipe Calderón también se planeó entrevistar a representantes de distintas áreas de la vida pública; yo hablé con Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México (ambientalista); con José Luis Méndez, coordinador de la maestría en Ciencia Política de El Colegio de México (académico); con Carlos Bazdresch, investigador del CIDE y ex director del Conacyt (experto en ciencia y tecnología); con Javier Corral, diputado federal por el PAN ajeno al círculo del presidente (político); y, a nivel institucional, con la Coparmex (iniciativa privada).

México: busquemos la ruta

A poco más de un mes de entrar al 2010, el tan cantado año de nuestros centenarios, así es como veo al país: sin acuerdos, sin proyecto, sin futuro. No escribo sin esperanza porque, necio como soy, quiero pensar que todavía podemos transformar ese estado de cosas. Y aunque para cualquier observador las dificultades de llevar a cabo esa tarea saltan a la vista, la necesidad y la urgencia de encarar el reto deben ser mucho mayores.
Hoy como en contadas ocasiones se torna evidente el agotamiento del modelo que hemos seguido como nación, uno cuya única guía ha sido la acumulación de poder y riqueza en unos cuantos, mas no la búsqueda de calidad de vida para toda la población ni el largo plazo.
Voces tanto a la derecha como a la izquierda advierten, por ejemplo, del error de haber emprendido una transición a la democracia pluripartidista luego de 70 años de régimen de partido hegemónico sin antes habernos asegurado de contar con los mecanismos político-jurídicos que permitieran y agilizaran la toma de decisiones. Señalan también las consecuencias funestas que ya tiene para el Estado nuestra extrema dependencia del petróleo. Alertan del freno para el desarrollo económico que representan los monopolios públicos y privados. Reclaman por el descuido sistemático a la educación, la ciencia y la tecnología. Deploran el corporativismo, la corrupción, la falta de espacios para la sociedad civil y la apatía ciudadana.
Los muchos problemas que padecemos, pues, han venido creciendo por décadas, al grado de que seguir postergando su solución de raíz —o sea, no atendida con paliativos— equivale a un suicidio.
¿Cómo emprender lo que recientemente José Narro Robles, el rector de la UNAM, llamó la refundación de la República? Una vez conocidas las fallas, lo primero es, en mi opinión, idear y elaborar un proyecto de nación que nos sea común a todos y que nos conduzca a superar los obstáculos; es indispensable, de esa manera, definir el papel que deseamos jugar en el mundo, la meta hacia la que nos queremos dirigir y el o los caminos para arribar a ella.
La enumeración de todos los elementos que debería incluir ese programa rebasa por mucho las aspiraciones de este texto y mi propia capacidad, pero creo que más de un lector coincidirá en algunos de los temas que son ineludibles.
Entre ellos ubico, a propósito de la apenas aprobada Ley de Ingresos, el imperativo de dar viabilidad al Estado dotándolo de los recursos fiscales suficientes, para lo cual requerimos una reforma hacendaria real, redistributiva, que abarque a quienes no pagan impuestos —no nada más a los contribuyentes de siempre— y combata la evasión. Igualmente está el deber de fortalecer la educación en todos sus niveles para formar ciudadanos, trabajadores preparados, empresarios e investigadores, de vincular la academia con el aparato productivo y de abrir a la competencia una economía repartida entre pocos actores. Un asunto más es el de exigir desde la legislación y en los hechos una mayor responsabilidad de parte de los funcionarios públicos, profesionalismo y rendición de cuentas.
Por supuesto, la mera intención de diseñar un proyecto que contemple estos y otros puntos demanda diálogo sensato y consenso genuino, activos muy escasos en estos días.
La preocupante situación actual, sin embargo, apela a que tanto los políticos de todos los partidos como los ciudadanos de todos los sectores trabajemos juntos en el mapa a seguir no sólo en el célebre 2010, sino en los próximos cinco, 10, 20, 50 años. De lo contrario, si prevalecen la división y los intereses particulares cuando no mezquinos, la realidad no tardará en cobrarnos costosas facturas.
Más allá de la parafernalia oficial o del patriotismo de dientes hacia fuera, aprovechemos el 99 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana para recordar que todos viajamos en el mismo barco. Y que de nosotros depende dejar que se hunda o llevarlo a buen puerto.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

¿Grupos “de limpieza”?

Mauricio Fernández, empresario, político del Partido Acción Nacional y alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, no se caracteriza por su prudencia al hablar.
Antes de las elecciones de julio, como candidato a gobernar el municipio de más alto nivel de vida del país, fueron publicadas grabaciones en las que confesaba que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva se había acercado con él, e incluso le había ofrecido encargarse de la seguridad de aquella localidad a cambio de poder operar ahí y de que las familias de los narcotraficantes habitaran el vecindario con tranquilidad. Entonces, sin embargo, negó haber pactado con el narco, llegó a los comicios y ganó.
Hace algunos días, durante su toma de posesión, dijo estar dispuesto a actuar por encima de sus atribuciones legales con tal de hacer frente a la delincuencia, y para ello planteó la creación de un grupo especial y “de trabajo rudo” que “limpie” el municipio de criminales. Sus palabras, además, levantaron polémica porque Fernández informó de la muerte del hampón Héctor El Negro Saldaña, en el DF, aun antes de que cualquier autoridad encontrara el cadáver.
El munícipe sostiene que una llamada anónima lo enteró del hecho; no obstante, su revelación ha levantado sospechas en el sentido de que él puede ser el autor intelectual de la ejecución de un narcotraficante que, afirma, lo había amenazado. Tanto revuelo se ha generado que apenas esta semana el panista fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República.
Desde luego, los sucesos deben ser investigados a fin de determinar si Fernández tiene responsabilidad en ellos o no, pero independientemente del resultado de esas pesquisas, es necesario cobrar conciencia de la gravedad de las insinuaciones del alcalde regiomontano.
La posibilidad de que se haya sentado a negociar con el narco, por un lado, nos recuerda que los delincuentes se sienten con la facultad de tratar con el poder legal de tú a tú, que hay funcionarios inclinados a hacerlo ya sea por indolencia o por desesperación, y que esto obliga a pensar en una estrategia anticrimen que incluya más que el enfrentamiento armado directo. El combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y la cooperación entre gobiernos, por ejemplo, son aspectos peligrosamente descuidados.
Por otra parte, la mera sugerencia de pasar por arriba la ley y de conformar ejércitos privados para encarar a la criminalidad debe encender los focos de alarma.
No importa que la idea cobre adeptos entre quienes han sido víctimas del hampa o temen engrosar esa estadística, brincarse las normas no es la solución al problema. Es cierto que nuestros sistemas de seguridad y justicia a diario dan muestras de sus deficiencias y de su incapacidad para brindar protección cabal a la ciudadanía, pero para resolver las fallas en estos aparatos del Estado se requieren reformas a fondo (como la depuración y capacitación de las policías o mejorar la atención a la población que deben prestar las procuradurías), mas no la creación de estructuras paralelas.
Aun suponiendo que milicias “de trabajo rudo” como las mencionadas por Fernández logren acabar con los criminales de una región, ¿qué garantía existe de que esos ejércitos, que nacerían y actuarían fuera del marco jurídico, se someterían a reglas y no se convertirían en un riesgo mayor sustentado en su uso de la fuerza? ¿Qué nos aseguraría que los justicieros de hoy no serían los extorsionadores de mañana?
La inseguridad, lo sabemos todos, es un asunto prioritario de la agenda nacional que quita el sueño a miles o quizá millones de mexicanos. Encontrarle salida, empero, demanda considerarlo con seriedad y realismo, no medidas rápidas ni supuestamente valientes. Imposible es alcanzar la paz poniendo la justicia en manos de particulares o simplemente ignorando la ley.

Nota: Este texto aparece desde ayer en los Dardos de diasiete.com.

Bájenle a su gasto: ciudadanos a partidos

Organizaciones civiles exigen reforma constitucional para disminuir el financiamiento público a los institutos políticos; los recursos que éstos reciben están blindados y podrían ascender a 3 mil 12 millones de pesos en 2010

A lo largo de casi tres semanas, más de 14 mil personas han enviado correos electrónicos a la Cámara de Diputados para demandar que en el Presupuesto de Egresos de 2010 se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, con lo que se han sumado a la propuesta impulsada por el movimiento ciudadano ¡Ya bájenle!.
La causa, promovida principalmente por las organizaciones civiles Alianza Cívica, Propuesta Cívica y Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), insta a la población a escribir a los legisladores para exigirles “una reforma seria” que disminuya el monto de los recursos públicos entregados a estos institutos.
Los interesados pueden acceder a la página de internet de ¡Ya bájenle! y enviar un mensaje a los diputados que integran la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Presupuesto y de Puntos Constitucionales de San Lázaro.
El texto —que tiene la rúbrica “Un(a) ciudadano(a) más que quiere que la política se haga con argumentos, no con dinero”— reclama que mientras para el año entrante habrá recortes para educación, salud, seguridad, combate a la pobreza, agua y caminos, “el presupuesto para los partidos será intocable”, porque está blindado por la ley gracias a una fórmula incluida en la Constitución.
El artículo 41, fracción II, inciso A de la Carga Magna establece que el financiamiento de los institutos políticos se calculará anualmente “multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral [78 millones 732 mil 125 al 30 de octubre de 2009] por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal [54.80 pesos]”. De esa manera, los partidos recibirían y se repartirían en 2010 alrededor de 3 mil 12 millones de pesos.
Por esa razón el movimiento ¡Ya bájenle! propone modificar la fórmula de cálculo: “Que en lugar de multiplicar por el número de electores en el padrón, se multiplique por el número de votos válidos”. Esta medida, según el mensaje enviado a los legisladores, permitiría un ahorro de mil 700 millones de pesos y “genera incentivos para que los partidos políticos promuevan la participación y traten de convencer a la ciudadanía para reducir el abstencionismo”.
Con el propósito de empujar su idea, la causa busca a un diputado o grupo de diputados que tomen la propuesta y la presenten en la Cámara Baja antes de la aprobación del presupuesto 2010.
“Estamos trabajando en eso”, dijo Carlos Jaime, del área de Visibilidad y Comunicación de Alianza Cívica. Señaló que esperan que algún legislador dé voz a esta demanda ciudadana, aunque reconoció que hasta el momento no han recibido respuestas formales de parte de alguno.
El presidente de dicha asociación, Rogelio Gómez Hermosillo, consideró en un artículo publicado en El Universal a finales de septiembre que el financiamiento público a los partidos debe mantenerse porque es “un factor de equidad” en las contiendas electorales. Sin embargo, aseguró que el monto debe ser mucho menor y que si toda la estructura presupuestal se verá afectada por la caída de los ingresos nacionales, los institutos políticos también deben ajustarse.
En esa línea, una encuesta publicada ayer por este diario reveló que 91% de los consultados estaría de acuerdo con reducir los recursos a los partidos.
Jaime adelantó que ¡Ya bájenle! planea un acto en el Ángel de la Independencia para este miércoles o jueves, con el fin de reunir más adeptos y seguir demostrando la exigencia ciudadana por una mayor austeridad en la política.

Nota: Este texto aparece en e-joven.

El “ejemplo” del narco

Hay muchas lecciones que el campo puede aprender del narcotráfico, declaró el miércoles pasado el entonces subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa, Jeffrey Max Jones. Según el ex funcionario, aunque los cárteles “desafortunadamente están apostando a un cultivo nocivo”, han sabido “definir el mercado y luego orientar el aparato productivo, la logística para poder surtir estos mercados”.
Sus palabras, tal como era de esperar, no sólo causaron polémica y dieron nota sino que, más temprano que tarde, le costaron el puesto. Apenas el jueves por la noche, la Secretaría de Agricultura emitió un comunicado en el que difundió su “renuncia” al cargo.
Tal consecuencia era previsible en la medida de que el peculiar elogio de Jeffrey Max Jones hacia el narco contradice la ofensiva policiaco-militar e ideológico-discursiva que el Ejecutivo federal ha dirigido contra este delito desde que arrancó el sexenio. Ahora, aparentemente terminado el escándalo mediático, conviene analizar lo dicho con mayor detalle.
Fuera de que la declaración resultó pésima en términos políticos para el gobierno, detrás de ella se esconden realidades mucho más dramáticas. La primera de ellas es que, en efecto, el tráfico de drogas es un negocio sumamente rentable.
A finales de septiembre, David Robillard, director general de la consultora global Kroll México, estimó que el narco maneja ingresos de 25 mil a 40 mil millones de dólares anuales, es decir, entre 325 mil y 520 mil millones de pesos anuales, cifra superior a nuestro hueco fiscal.
La pujanza del negocio queda patente en su expansión territorial, en el poder de fuego exhibido por sus bandas criminales y en su capacidad para corromper funcionarios de todos los niveles, y radica en que, como dejó ver Jeffrey Max Jones, tiene un mercado sólido. Sin embargo, el ex subsecretario pasó por alto que para controlar plazas los cárteles no “compiten” limpiamente sino que recurren a actos violentos que arrastran consigo a la población civil, y que para funcionar también gozan de la protección de autoridades.
Otra realidad puesta al desnudo es que, como sucede en Sinaloa, para un campesino puede ser más redituable sembrar mariguana o amapola en lugar de jitomate. Testimonios reproducidos en los medios dan cuenta de esta faceta del grado de deterioro al que ha llegado el campo mexicano, debido al descuido oficial y nacional y a que cuantiosos subsidios del Estado en su mayoría van a manos de grandes productores que no los necesitan o a centrales corporativas, mas no a los pequeños agricultores.
Asimismo, este hecho reitera que en su “guerra contra las drogas” la actual administración federal únicamente presta atención al enfoque represivo, o sea, el uso de la policía o de las Fuerzas Armadas, pero soslaya o de plano ignora aspectos sociales como el combate efectivo a la pobreza vía el impulso al empleo y la generación de oportunidades, la prevención racional y no moralina del consumo, la rehabilitación de adicciones y la no estigmatización del consumidor.
La lógica gubernamental, pues, parece sustentarse más en dogmas de eficacia cuestionable (“Para que la droga no llegue a tus hijos”, “Limpiemos México”) que en una visión amplia, práctica y eficaz del problema.
Quizá esta última sea la realidad más desoladora por cuanto anuncia un horizonte futuro incierto: el gobierno, pese a toda la evidencia que pone en entredicho su estrategia actual, no da indicios de buscar replantearla. En otras palabras, como con el paquete económico, aquí tampoco hay “Plan B”. Y aunque nadie duda que deba enfrentarse al narcotráfico, el camino por el que lo hacemos simplemente no permite creer que vayamos ganando.

Nota: Este texto aparece desde ayer en los Dardos de diasiete.com.

El Presidente, la luz y la importancia de las formas

Aplaudido por unos y repudiado por otros, el hecho sorprendió al país: en los primeros minutos del pasado domingo 11 de octubre, el presidente Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la liquidación de sus trabajadores, al tiempo que elementos de la Policía Federal tomaban las instalaciones centrales de la compañía. La razón esgrimida fue que la empresa “ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público”.
Desde entonces a la fecha hemos observado, entre otras imágenes, la defensa que el gobierno ha hecho de la medida, las reacciones de todos los partidos en el Congreso de la Unión y, por supuesto, la oposición de la dirigencia y de los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Apenas el jueves, esta última se materializó en una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, de la cual derivó un intento de diálogo entre gremio y autoridades que, sin embargo, hasta el momento no ha dado visos de rendir frutos e incluso parece roto.
No obstante su final reservado, este episodio permite ya realizar varias lecturas. La que aquí deseo destacar es que, a pesar de que las cifras respaldan el argumento gubernamental respecto de la ineficiencia de LyFC (por ejemplo, 30% de pérdida de energía o inconformidades de los usuarios para con el servicio), el modo de proceder contra la compañía no fue el correcto, levanta interrogantes y puede costarle caro a la administración calderonista.
Que el jefe del Ejecutivo federal decretara la extinción de la empresa sin previo aviso, en fin de semana y con apoyo de la fuerza pública no sólo causó pasmo general, sino respuestas particulares.
Del lado de los trabajadores, alrededor de 44 mil en activo y 22 mil jubilados se sintieron lanzados al desamparo dado el actual contexto nacional de crisis y desempleo. Además, aunque las autoridades afirman que se liquidará incluso “por encima de la ley” a los empleados y que se respetará el pago de pensiones, testimonios de las familias afectadas apuntan a que los montos serán menores que lo prometido.
En lo que toca a la sociedad civil, el discurso oficial y algunas encuestas aseguran que el decreto presidencial goza de un apoyo mayoritario sustentado en el descontento ciudadano con LyFC. Empero, basta revisar otros sondeos o comentarios de cibernautas para notar la división de opiniones. Y en ese sentido, si bien son conocidas las historias de burocratismo, corrupción y cobros indebidos de los empleados de la compañía, es injusto generalizar esas características a toda la planta laboral, como también lo es achacar al SME toda la responsabilidad de su mal funcionamiento cuando desde distintos gobiernos se le ha descuidado.
Para los detractores de Calderón, finalmente, la medida representó una afrenta, una jugada tramposa que —legal o no— simplemente no dejarán sin contestación. En otras palabras, aunque el Presidente haya sorprendido al SME y hasta ahora haya logrado cumplir con sus propósitos, sus rivales, con o sin motivos reales, le cobrarán la movida en este y posiblemente en otros temas, como el paquete económico para 2010.
Tampoco dejarán escapar, por cierto, el doble rasero utilizado por su gobierno para con los sindicatos del Estado: ataque a los contrarios, como el SME, ligado al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, e impunidad para los aliados, como maestros y petroleros.
Insisto: en principio no cuestiono la presunta buena intención de la administración calderonista de acabar con una empresa pública ineficiente y obsoleta, pero las formas empleadas dejan mucho qué desear.
Ya echado a andar el proceso, ahora bien, el Ejecutivo puede, al menos, mostrar mayor sensibilidad hacia jubilados y ex trabajadores, pagarles los montos correspondientes y buscar su reinserción en el mercado laboral; puede plantear la modernización del sector energético con visión de largo plazo; y puede, por qué no, actuar parejo y con apego a ley con los sindicatos oscuros. De lo contrario, en vez de reimpulsar su sexenio, todo este episodio de LyFC podría convertirse para Felipe Calderón en un pesado lastre para los próximos tres años.

Nota: Este texto aparece en e-joven.

Porqués de la literatura

La pregunta me asalta a cada tanto: ¿para qué nos sirve la literatura? El cuestionamiento, aclaro, no parte de mis dudas respecto de su valor, sino de la necesidad de saber qué conduce a mujeres y hombres de todas las culturas a volcarse en el papel, así como de indagar cuál es el legado que nos dejan sus obras y cómo los seres humanos podemos aprovecharlo.
En esta ocasión también me motiva la reciente entrega del Premio Nobel de Literatura 2009 a la escritora rumano-alemana Herta Müller, de quien la Academia Sueca dijo reconocer en su trabajo “la concentración de la poesía y la franqueza de la prosa con la que describe el paisaje de los desposeídos”. De esa manera fueron galardonados sus esfuerzos por retratar la vida de algunas minorías en la Europa del este del siglo XX y su oposición a la represión comunista.
Bien sé que sobre el Nobel pesan duras críticas según las cuales cada vez se condecora menos la calidad literaria y más la filiación a ciertas causas político-ideológicas. Sin embargo, además de que la discusión tendría que ser más amplia y de que al menos en esta oportunidad los detractores no han arremetido en contra de la autora premiada, no puedo dejar de simpatizar con el veredicto expuesto en Estocolmo.
Para mí, una de las grandes virtudes de la literatura —e igualmente del periodismo— radica en la posibilidad de dar voz a quienes son oprimidos o sufren algún tipo de exclusión. Así lo entendieron escritores del romanticismo y en México lo han hecho, por ejemplo, Juan Rulfo, Rosario Castellanos y Carlos Monsiváis.
Sin caer en maniqueísmos, me parece que voltear a ver a las personas más desafortunadas de nuestra sociedad, en este o en otro tiempo, no sólo nos permite plasmar su existencia; asimismo, abre el espacio para denunciar las injusticias que a diario ocurren y, con esto, alienta a intentar acabar con ellas.
La literatura, por otra parte, constituye también otra forma de preservar el lenguaje y de aproximarnos a la realidad. Tal explicación la escuché hace unos cuatro años del profesor Eduardo Casar. En aquella charla, el académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM reparó en que una novela puede enriquecer nuestra visión de determinada época histórica y brindarnos claves para comprender el presente.
Al respecto, me pregunto cómo la creación literaria habrá de capturar a este México de principios del siglo XXI. ¿Retomará su alternancia en el poder, su incompleta transición democrática, sus enconadas pugnas entre las élites políticas, su marginación creciente, su sociedad dividida y profundamente desigual? ¿Lo recordará como un país sin un rumbo seguro al cual dirigirse? Más aún, de llegar a vernos plasmados en tinta y en papel, ¿seremos entonces capaces de reconocer nuestros errores?
Una tercera bondad de la literatura, con la cual deseo cerrar el dardo de hoy, consiste en su facultad para potenciar nuestra imaginación.
Frente a los problemas que vivimos, pudiera parecer banal que un cuento, un poema, una novela o un ensayo echen a volar nuestras mentes hacia mundos ficticios. No obstante, como he oído decir a Casar y a otras personas, la actividad intelectual que ello implica bien puede servirnos para despertar y, en la realidad, encontrar las salidas de laberintos aparentemente insuperables o soluciones a obstáculos temibles.
En ese sentido, todo un arsenal que podría ayudarnos a imaginar y a construir un mundo distinto al que tenemos está guardado en las manifestaciones literarias. Nuestra situación actual nos obliga a revisarlas.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.