Las palabras de “La Tuta”

Servando Gómez Martínez, La Tuta, cobró notoriedad el miércoles antepasado. Ese día, en una llamada telefónica a un programa de televisión de Michoacán, el narcotraficante, uno de los presuntos líderes del cártel de La Familia, justificó las acciones de su organización, pidió guerra limpia al gobierno federal y convocó al presidente de la República a “llegar a un consenso”.
Del lado del Ejecutivo, esa invitación a negociar provocó inmediato rechazo. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró en conferencia de prensa: “Las acciones de los grupos criminales no tienen justificación alguna, no la pueden tener los secuestros, asesinatos, extorsiones, la producción y distribución de drogas, que convierten en esclavos a miles de niños y jóvenes, literalmente, acabando con sus vidas”.
Del lado de la ciudadanía, por otra parte, las reacciones a las palabras de La Tuta transitan entre dos extremos: la indignación frente al llamado de un narcotraficante a pactar con las autoridades y el pragmatismo según el cual establecer acuerdos con los cárteles sería la única vía segura para acabar con la violencia que éstos generan. Más aún, argumentan los partidarios de esta segunda opción, es iluso pensar que nunca se ha concertado con los delincuentes o que se podrá acabar con un negocio tan rentable.
Tristemente, quienes sostienen esa alternativa tienen a su favor casos de corrupción como el de Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, o del general Jesús Gutiérrez Rebollo, condenado a 40 años de prisión por haber protegido al capo Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. De igual forma los asisten en su postura las décadas en las que los gobiernos federales, estatales o municipales soslayaron el accionar de los narcos, siempre y cuando se agraviara lo menos posible a la población civil.
No obstante, el Estado, independientemente del signo partidista que lo administre, no puede permitirse pactar con quienes no tienen el menor apego a la legalidad ni respeto por sus conciudadanos. Hacerlo equivaldría a ceder en sus potestades y reconocer que por sí solo no puede cumplir con una de sus tareas fundamentales: otorgar seguridad a las personas. Al buscar consensos con el narcotráfico, en resumen, el Estado admitiría su propia debilidad.
Por lo demás, los dichos de La Tuta nos recuerdan que justamente ahí, en la incapacidad del Estado mexicano, radica una muy buena parte de nuestros problemas con el fenómeno del narco.
No son pocos los relatos que narran cómo en lugares como Arcelia, en Guerrero, Xalapa, en Veracruz, o Arteaga, en Michoacán, los integrantes de los cárteles cobran impuestos, ofrecen “protección” o incluso pretenden erigirse en defensores físicos y morales de los pobladores frente a las acciones de organizaciones criminales rivales.
Todavía más revelador de la ausencia del Estado resulta el que en esos y muchos otros sitios los traficantes de drogas encuentren lo que los especialistas definen como base social, o sea, personas que por necesidad y por el desamparo en el que se hallan terminan uniéndose o acogiendo en sus comunidades a estos grupos delictivos.
Un atisbo de ese conglomerado lo dio el secretario de la Defensa Nacional. Hace unos meses, el general Guillermo Galván señaló a la Cámara de Diputados que se estima que alrededor de 500 mil mexicanos están dedicados al narcotráfico, 300 mil en labores de siembra, 160 mil como narcomenudistas, distribuidores, transportistas e informantes, y 40 mil ejerciendo algún liderazgo.
Con toda la alarma que ello representa, el que un capo llamara al diálogo al gobierno, con el propósito de que deje “trabajar” a su organización, habla de que ésta se sabe en mayor o menor medida respaldada por una base social producto del abandono del Estado. Y habla también de que mientras sigamos teniendo un modelo socioeconómico que multiplica la pobreza y fomenta la exclusión, esa base, lejos de disminuir, continuará ampliándose.

Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.