Entre el 22 de febrero y el 5 de marzo, agrupación reunió 3 mil 500 firmas para respaldar su petición; el documento fue entregado a la Oficialía de Partes de San Lázaro, que deberá hacerlo llegar al presidente de la Mesa Directiva de la cámara
Integrantes del grupo ciudadano Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP) llevaron a la Cámara de Diputados la petición de información, firmada por más de 3 mil 500 personas, para que los legisladores federales aclaren mediante qué mecanismo les fueron devueltos los impuestos de su aguinaldo correspondiente a 2008.
El miércoles pasado, miembros de la organización acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro con el objetivo de entregar el documento al priísta César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva.
Sin embargo, de acuerdo con Javier Ruiz, encargado de comunicación en DHP, Duarte no los recibió ya que —según les explicaron— se encontraba de viaje fuera del país, mientras que su secretario particular tampoco los atendió. Por ese motivo, la petición fue dejada en la Oficialía de Partes del recinto para que ésta la haga llegar a su destinatario.
En diciembre, diarios como El Universal publicaron que a los 500 diputados les serían restituidos los 38 mil 899 pesos de impuestos sobre su aguinaldo a través de compensaciones asignadas a las fracciones parlamentarias dentro de la cámara. De ese modo, a cada uno se le otorgaría íntegra su gratificación de fin de año, equivalente a 101 mil 604 pesos.
Según Maite Azuela Gómez, representante de DHP, sólo cuatro legisladores rechazaron que se les regresara el monto del gravamen.
A raíz de esa información, el grupo decidió ejercer los derechos constitucionales de petición y de libre asociación para participar en los asuntos políticos, contenidos respectivamente en los artículos octavo y 35, a fin de pedir a los congresistas que esclarezcan cómo operó la devolución de impuestos, que comprueben sus gastos, que cumplan con sus obligaciones fiscales y que, de constatarse que se cometió algún delito, se dé cuenta a la Procuraduría General de la República (PGR).
Para dar fuerza a su demanda, DHP, constituida por cerca de 10 mil personas vinculadas por la red social Facebook, organizó una colecta de firmas que se llevó a cabo entre el domingo 22 de febrero y el jueves 5 de marzo, y que fue consignada en este espacio. En total suscribieron el documento 3 mil 500 ciudadanos, mil en papel y 2 mil 500 vía electrónica.
Jorge Raúl Nahum, representante de la agrupación responsable del sustento jurídico, expuso en entrevista telefónica que una vez que la petición fue entregada al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, éste tiene alrededor de 90 días para responder y proporcionar la información solicitada. La actual Legislatura, no obstante, termina funciones en septiembre.
La autoridad, remarcó Nahum, “tiene la obligación constitucional de contestar”.
Cuestionado acerca de cómo procedería DHP en caso de que San Lázaro ignorara su exigencia, indicó que una posibilidad sería promover un juicio de amparo por violación a la garantía individual consagrada en el artículo octavo de la Carta Magna. De esa manera, continuó, si los legisladores se niegan a dar respuesta, es posible recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta los fuerce a hacerlo.
Por su parte, Javier Ruiz mencionó que la labor de los medios de comunicación es importante para dar peso a esta causa.
“Presionaremos por todas las vías”, afirmó Nahum, quien coincidió en que los altos sueldos de los servidores públicos provocan un descontento generalizado en la ciudadanía, y más aún si a esas percepciones se suman prácticas como el incumplimiento del pago de impuestos.
El miércoles pasado, miembros de la organización acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro con el objetivo de entregar el documento al priísta César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva.
Sin embargo, de acuerdo con Javier Ruiz, encargado de comunicación en DHP, Duarte no los recibió ya que —según les explicaron— se encontraba de viaje fuera del país, mientras que su secretario particular tampoco los atendió. Por ese motivo, la petición fue dejada en la Oficialía de Partes del recinto para que ésta la haga llegar a su destinatario.
En diciembre, diarios como El Universal publicaron que a los 500 diputados les serían restituidos los 38 mil 899 pesos de impuestos sobre su aguinaldo a través de compensaciones asignadas a las fracciones parlamentarias dentro de la cámara. De ese modo, a cada uno se le otorgaría íntegra su gratificación de fin de año, equivalente a 101 mil 604 pesos.
Según Maite Azuela Gómez, representante de DHP, sólo cuatro legisladores rechazaron que se les regresara el monto del gravamen.
A raíz de esa información, el grupo decidió ejercer los derechos constitucionales de petición y de libre asociación para participar en los asuntos políticos, contenidos respectivamente en los artículos octavo y 35, a fin de pedir a los congresistas que esclarezcan cómo operó la devolución de impuestos, que comprueben sus gastos, que cumplan con sus obligaciones fiscales y que, de constatarse que se cometió algún delito, se dé cuenta a la Procuraduría General de la República (PGR).
Para dar fuerza a su demanda, DHP, constituida por cerca de 10 mil personas vinculadas por la red social Facebook, organizó una colecta de firmas que se llevó a cabo entre el domingo 22 de febrero y el jueves 5 de marzo, y que fue consignada en este espacio. En total suscribieron el documento 3 mil 500 ciudadanos, mil en papel y 2 mil 500 vía electrónica.
Jorge Raúl Nahum, representante de la agrupación responsable del sustento jurídico, expuso en entrevista telefónica que una vez que la petición fue entregada al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, éste tiene alrededor de 90 días para responder y proporcionar la información solicitada. La actual Legislatura, no obstante, termina funciones en septiembre.
La autoridad, remarcó Nahum, “tiene la obligación constitucional de contestar”.
Cuestionado acerca de cómo procedería DHP en caso de que San Lázaro ignorara su exigencia, indicó que una posibilidad sería promover un juicio de amparo por violación a la garantía individual consagrada en el artículo octavo de la Carta Magna. De esa manera, continuó, si los legisladores se niegan a dar respuesta, es posible recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta los fuerce a hacerlo.
Por su parte, Javier Ruiz mencionó que la labor de los medios de comunicación es importante para dar peso a esta causa.
“Presionaremos por todas las vías”, afirmó Nahum, quien coincidió en que los altos sueldos de los servidores públicos provocan un descontento generalizado en la ciudadanía, y más aún si a esas percepciones se suman prácticas como el incumplimiento del pago de impuestos.
Nota: Este texto aparece hoy en e-joven.
2 comments:
mmm... Ya puestos, creo que sería mejor si el mencionado grupo se pusiera a exigirle a los grandes intereses económicos que pagaran sus impuestos... Creo que sería mejor... Tal vez menos llamativo y ellos, que lo que quieren es salir en los medios, no podrían lucir sus buenas ropas... pero tal vez sería mejor.
Órale.
Creo que la moraleja de esta historia subraya el potencial que tienen las comunidades virtuales como articuladoras de intereses ciudadanos. Es algo así como democracia ejercida on line. Aunque lamento el nombre tan payaso que ostenta este grupo, pero siempre privilegiaré el fondo a la forma, entonces no hay tos.
Lo de los diputranzas, definitivamente, no me resulta novedoso.
Felicidades por tu blog, Mau. Tiene la acucia y la constancia necesarias para este oficio.
Post a Comment