Aplaudido por unos y repudiado por otros, el hecho sorprendió al país: en los primeros minutos del pasado domingo 11 de octubre, el presidente Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la liquidación de sus trabajadores, al tiempo que elementos de la Policía Federal tomaban las instalaciones centrales de la compañía. La razón esgrimida fue que la empresa “ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público”.
Desde entonces a la fecha hemos observado, entre otras imágenes, la defensa que el gobierno ha hecho de la medida, las reacciones de todos los partidos en el Congreso de la Unión y, por supuesto, la oposición de la dirigencia y de los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Apenas el jueves, esta última se materializó en una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, de la cual derivó un intento de diálogo entre gremio y autoridades que, sin embargo, hasta el momento no ha dado visos de rendir frutos e incluso parece roto.
No obstante su final reservado, este episodio permite ya realizar varias lecturas. La que aquí deseo destacar es que, a pesar de que las cifras respaldan el argumento gubernamental respecto de la ineficiencia de LyFC (por ejemplo, 30% de pérdida de energía o inconformidades de los usuarios para con el servicio), el modo de proceder contra la compañía no fue el correcto, levanta interrogantes y puede costarle caro a la administración calderonista.
Que el jefe del Ejecutivo federal decretara la extinción de la empresa sin previo aviso, en fin de semana y con apoyo de la fuerza pública no sólo causó pasmo general, sino respuestas particulares.
Del lado de los trabajadores, alrededor de 44 mil en activo y 22 mil jubilados se sintieron lanzados al desamparo dado el actual contexto nacional de crisis y desempleo. Además, aunque las autoridades afirman que se liquidará incluso “por encima de la ley” a los empleados y que se respetará el pago de pensiones, testimonios de las familias afectadas apuntan a que los montos serán menores que lo prometido.
En lo que toca a la sociedad civil, el discurso oficial y algunas encuestas aseguran que el decreto presidencial goza de un apoyo mayoritario sustentado en el descontento ciudadano con LyFC. Empero, basta revisar otros sondeos o comentarios de cibernautas para notar la división de opiniones. Y en ese sentido, si bien son conocidas las historias de burocratismo, corrupción y cobros indebidos de los empleados de la compañía, es injusto generalizar esas características a toda la planta laboral, como también lo es achacar al SME toda la responsabilidad de su mal funcionamiento cuando desde distintos gobiernos se le ha descuidado.
Para los detractores de Calderón, finalmente, la medida representó una afrenta, una jugada tramposa que —legal o no— simplemente no dejarán sin contestación. En otras palabras, aunque el Presidente haya sorprendido al SME y hasta ahora haya logrado cumplir con sus propósitos, sus rivales, con o sin motivos reales, le cobrarán la movida en este y posiblemente en otros temas, como el paquete económico para 2010.
Tampoco dejarán escapar, por cierto, el doble rasero utilizado por su gobierno para con los sindicatos del Estado: ataque a los contrarios, como el SME, ligado al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, e impunidad para los aliados, como maestros y petroleros.
Insisto: en principio no cuestiono la presunta buena intención de la administración calderonista de acabar con una empresa pública ineficiente y obsoleta, pero las formas empleadas dejan mucho qué desear.
Ya echado a andar el proceso, ahora bien, el Ejecutivo puede, al menos, mostrar mayor sensibilidad hacia jubilados y ex trabajadores, pagarles los montos correspondientes y buscar su reinserción en el mercado laboral; puede plantear la modernización del sector energético con visión de largo plazo; y puede, por qué no, actuar parejo y con apego a ley con los sindicatos oscuros. De lo contrario, en vez de reimpulsar su sexenio, todo este episodio de LyFC podría convertirse para Felipe Calderón en un pesado lastre para los próximos tres años.
Desde entonces a la fecha hemos observado, entre otras imágenes, la defensa que el gobierno ha hecho de la medida, las reacciones de todos los partidos en el Congreso de la Unión y, por supuesto, la oposición de la dirigencia y de los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Apenas el jueves, esta última se materializó en una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, de la cual derivó un intento de diálogo entre gremio y autoridades que, sin embargo, hasta el momento no ha dado visos de rendir frutos e incluso parece roto.
No obstante su final reservado, este episodio permite ya realizar varias lecturas. La que aquí deseo destacar es que, a pesar de que las cifras respaldan el argumento gubernamental respecto de la ineficiencia de LyFC (por ejemplo, 30% de pérdida de energía o inconformidades de los usuarios para con el servicio), el modo de proceder contra la compañía no fue el correcto, levanta interrogantes y puede costarle caro a la administración calderonista.
Que el jefe del Ejecutivo federal decretara la extinción de la empresa sin previo aviso, en fin de semana y con apoyo de la fuerza pública no sólo causó pasmo general, sino respuestas particulares.
Del lado de los trabajadores, alrededor de 44 mil en activo y 22 mil jubilados se sintieron lanzados al desamparo dado el actual contexto nacional de crisis y desempleo. Además, aunque las autoridades afirman que se liquidará incluso “por encima de la ley” a los empleados y que se respetará el pago de pensiones, testimonios de las familias afectadas apuntan a que los montos serán menores que lo prometido.
En lo que toca a la sociedad civil, el discurso oficial y algunas encuestas aseguran que el decreto presidencial goza de un apoyo mayoritario sustentado en el descontento ciudadano con LyFC. Empero, basta revisar otros sondeos o comentarios de cibernautas para notar la división de opiniones. Y en ese sentido, si bien son conocidas las historias de burocratismo, corrupción y cobros indebidos de los empleados de la compañía, es injusto generalizar esas características a toda la planta laboral, como también lo es achacar al SME toda la responsabilidad de su mal funcionamiento cuando desde distintos gobiernos se le ha descuidado.
Para los detractores de Calderón, finalmente, la medida representó una afrenta, una jugada tramposa que —legal o no— simplemente no dejarán sin contestación. En otras palabras, aunque el Presidente haya sorprendido al SME y hasta ahora haya logrado cumplir con sus propósitos, sus rivales, con o sin motivos reales, le cobrarán la movida en este y posiblemente en otros temas, como el paquete económico para 2010.
Tampoco dejarán escapar, por cierto, el doble rasero utilizado por su gobierno para con los sindicatos del Estado: ataque a los contrarios, como el SME, ligado al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, e impunidad para los aliados, como maestros y petroleros.
Insisto: en principio no cuestiono la presunta buena intención de la administración calderonista de acabar con una empresa pública ineficiente y obsoleta, pero las formas empleadas dejan mucho qué desear.
Ya echado a andar el proceso, ahora bien, el Ejecutivo puede, al menos, mostrar mayor sensibilidad hacia jubilados y ex trabajadores, pagarles los montos correspondientes y buscar su reinserción en el mercado laboral; puede plantear la modernización del sector energético con visión de largo plazo; y puede, por qué no, actuar parejo y con apego a ley con los sindicatos oscuros. De lo contrario, en vez de reimpulsar su sexenio, todo este episodio de LyFC podría convertirse para Felipe Calderón en un pesado lastre para los próximos tres años.
1 comment:
Creo que en principio, como tú comentas, la decisión no fue mala, finalmente los sindicaros nacieron con el principal objetivo de defender al trabajador, pero como muchas instituciones y asociaciones en este país se han corrompido.
Lo que ahora espero del gobierno, es que éste sea el primer paso para combatir la corrupción en sindicatos aún peores, por nombrar alguno: la SEP.
Pd: Muchas gracias por la clase de hoy, me divertí mucho con tu abuelita.
Te amo.
Un beso.
Elizabeth.
Post a Comment