Incertidumbre en familias de LyFC

Esposa de un ex trabajador de la extinta empresa afirma que no se está dando a conocer la versión de los miles de afectados

Reconoce que en el SME hay corrupción y malos empleados, pero sostiene que estas personas "no son la mayoría"

Paulina Lázaro, esposa de uno de los ex empleados de la recién extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), tiene un reclamo para la cobertura de los medios de comunicación en este conflicto, en especial para la televisión: “No se está dando la versión de los trabajadores”.
Considera que desde los primeros minutos del domingo pasado, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que liquida la empresa, al tiempo que efectivos de la Policía Federal tomaron sus instalaciones, se ha desatado una “guerra mediática” en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que se le atribuyen todos los problemas que padece LyFC; entre ellos se enumeran ineficiencia, pérdida de energía eléctrica y escasa rentabilidad.
Sin embargo, dice, al culpar solamente a una de las partes no se toma en cuenta que el gobierno “no quiso hacer nada” por resolver tales deficiencias, y aunque reconoce también que hay malos elementos dentro de la organización sindical, enfatiza en que estas personas “no son la mayoría”.
Ella pertenece a una de las 66 mil familias afectadas por la extinción de la compañía de luz. Vive en Lomas de Atizapán, estado de México, una colonia de agremiados del SME. Ahí, relata, el domingo por la mañana la medida adoptada por el Ejecutivo federal cayó como “un golpe fuerte” y creó un ambiente similar al de un funeral.
Los trabajadores ya esperaban que las autoridades intentaran tomar las instalaciones de LyFC, pero calculaban que esto ocurriría hasta el 16 de marzo de 2010, cuando venciera el contrato colectivo. Por tal razón, la sorpresa fue mayúscula, e inmediatamente se convocó a una asamblea general del sindicato para definir las acciones a seguir.
“Toda la gente está muy temerosa”, comenta Paulina, pues, “contrariamente a lo que se piensa, la mayoría de nosotros, las familias de los trabajadores de LyFC, vivimos al día”.
Afirma que a pesar de que el gobierno anunció que mantendría las pensiones de los jubilados, no ha aclarado que pretende pagar un monto mucho menor que el actual. Tampoco ha dicho que a las liquidaciones prometidas “por encima de la ley” —para las que ha establecido que puede destinar hasta 20 mil millones de pesos— se les descontarán impuestos, ni ha especificado qué sucederá con los créditos para vivienda que los empleados habían adquirido sin intereses a través del SME.
En su caso, su esposo, con ocho años laborando en LyFC, su suegro, ya jubilado, amigos y vecinos están pendientes de la evolución de los hechos.
Paulina asegura estar consciente de los malos manejos que tienen lugar dentro del SME, como las disputas por el poder o el que los líderes se hayan enriquecido por medio de los trabajadores. No obstante, aunque no justifica esas prácticas, insiste en que la gente que corre el riesgo de perder su fuente de ingresos ahora necesita respaldar a su gremio.
Recalca que los sindicatos deben defender los derechos de los trabajadores. Pero esa tradición, lamenta, se ha ido perdiendo tanto por la corrupción como por las políticas oficiales de tipo neoliberal que han favorecido la proliferación de contratos cortos, por honorarios y sin prestaciones, lo que ha conducido a que los empleados en México queden en condiciones de desprotección.
Señala que por lo pronto la estrategia inmediata de sindicalizados y familias es permanecer informados, continuar en la resistencia y salir a marchar este jueves vestidos de blanco y negro, los colores del SME.
Al preguntarle cómo augura que habrá de terminar este episodio que apenas comienza, responde: “Tenemos la esperanza de que esto salga lo mejor para los trabajadores y para sus familias, pero estamos claros de que el gobierno no va a dar marcha atrás”.

Nota: Este texto aparece en e-joven.