Mauricio Fernández, empresario, político del Partido Acción Nacional y alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, no se caracteriza por su prudencia al hablar.
Antes de las elecciones de julio, como candidato a gobernar el municipio de más alto nivel de vida del país, fueron publicadas grabaciones en las que confesaba que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva se había acercado con él, e incluso le había ofrecido encargarse de la seguridad de aquella localidad a cambio de poder operar ahí y de que las familias de los narcotraficantes habitaran el vecindario con tranquilidad. Entonces, sin embargo, negó haber pactado con el narco, llegó a los comicios y ganó.
Hace algunos días, durante su toma de posesión, dijo estar dispuesto a actuar por encima de sus atribuciones legales con tal de hacer frente a la delincuencia, y para ello planteó la creación de un grupo especial y “de trabajo rudo” que “limpie” el municipio de criminales. Sus palabras, además, levantaron polémica porque Fernández informó de la muerte del hampón Héctor El Negro Saldaña, en el DF, aun antes de que cualquier autoridad encontrara el cadáver.
El munícipe sostiene que una llamada anónima lo enteró del hecho; no obstante, su revelación ha levantado sospechas en el sentido de que él puede ser el autor intelectual de la ejecución de un narcotraficante que, afirma, lo había amenazado. Tanto revuelo se ha generado que apenas esta semana el panista fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República.
Desde luego, los sucesos deben ser investigados a fin de determinar si Fernández tiene responsabilidad en ellos o no, pero independientemente del resultado de esas pesquisas, es necesario cobrar conciencia de la gravedad de las insinuaciones del alcalde regiomontano.
La posibilidad de que se haya sentado a negociar con el narco, por un lado, nos recuerda que los delincuentes se sienten con la facultad de tratar con el poder legal de tú a tú, que hay funcionarios inclinados a hacerlo ya sea por indolencia o por desesperación, y que esto obliga a pensar en una estrategia anticrimen que incluya más que el enfrentamiento armado directo. El combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y la cooperación entre gobiernos, por ejemplo, son aspectos peligrosamente descuidados.
Por otra parte, la mera sugerencia de pasar por arriba la ley y de conformar ejércitos privados para encarar a la criminalidad debe encender los focos de alarma.
No importa que la idea cobre adeptos entre quienes han sido víctimas del hampa o temen engrosar esa estadística, brincarse las normas no es la solución al problema. Es cierto que nuestros sistemas de seguridad y justicia a diario dan muestras de sus deficiencias y de su incapacidad para brindar protección cabal a la ciudadanía, pero para resolver las fallas en estos aparatos del Estado se requieren reformas a fondo (como la depuración y capacitación de las policías o mejorar la atención a la población que deben prestar las procuradurías), mas no la creación de estructuras paralelas.
Aun suponiendo que milicias “de trabajo rudo” como las mencionadas por Fernández logren acabar con los criminales de una región, ¿qué garantía existe de que esos ejércitos, que nacerían y actuarían fuera del marco jurídico, se someterían a reglas y no se convertirían en un riesgo mayor sustentado en su uso de la fuerza? ¿Qué nos aseguraría que los justicieros de hoy no serían los extorsionadores de mañana?
La inseguridad, lo sabemos todos, es un asunto prioritario de la agenda nacional que quita el sueño a miles o quizá millones de mexicanos. Encontrarle salida, empero, demanda considerarlo con seriedad y realismo, no medidas rápidas ni supuestamente valientes. Imposible es alcanzar la paz poniendo la justicia en manos de particulares o simplemente ignorando la ley.
Antes de las elecciones de julio, como candidato a gobernar el municipio de más alto nivel de vida del país, fueron publicadas grabaciones en las que confesaba que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva se había acercado con él, e incluso le había ofrecido encargarse de la seguridad de aquella localidad a cambio de poder operar ahí y de que las familias de los narcotraficantes habitaran el vecindario con tranquilidad. Entonces, sin embargo, negó haber pactado con el narco, llegó a los comicios y ganó.
Hace algunos días, durante su toma de posesión, dijo estar dispuesto a actuar por encima de sus atribuciones legales con tal de hacer frente a la delincuencia, y para ello planteó la creación de un grupo especial y “de trabajo rudo” que “limpie” el municipio de criminales. Sus palabras, además, levantaron polémica porque Fernández informó de la muerte del hampón Héctor El Negro Saldaña, en el DF, aun antes de que cualquier autoridad encontrara el cadáver.
El munícipe sostiene que una llamada anónima lo enteró del hecho; no obstante, su revelación ha levantado sospechas en el sentido de que él puede ser el autor intelectual de la ejecución de un narcotraficante que, afirma, lo había amenazado. Tanto revuelo se ha generado que apenas esta semana el panista fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República.
Desde luego, los sucesos deben ser investigados a fin de determinar si Fernández tiene responsabilidad en ellos o no, pero independientemente del resultado de esas pesquisas, es necesario cobrar conciencia de la gravedad de las insinuaciones del alcalde regiomontano.
La posibilidad de que se haya sentado a negociar con el narco, por un lado, nos recuerda que los delincuentes se sienten con la facultad de tratar con el poder legal de tú a tú, que hay funcionarios inclinados a hacerlo ya sea por indolencia o por desesperación, y que esto obliga a pensar en una estrategia anticrimen que incluya más que el enfrentamiento armado directo. El combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y la cooperación entre gobiernos, por ejemplo, son aspectos peligrosamente descuidados.
Por otra parte, la mera sugerencia de pasar por arriba la ley y de conformar ejércitos privados para encarar a la criminalidad debe encender los focos de alarma.
No importa que la idea cobre adeptos entre quienes han sido víctimas del hampa o temen engrosar esa estadística, brincarse las normas no es la solución al problema. Es cierto que nuestros sistemas de seguridad y justicia a diario dan muestras de sus deficiencias y de su incapacidad para brindar protección cabal a la ciudadanía, pero para resolver las fallas en estos aparatos del Estado se requieren reformas a fondo (como la depuración y capacitación de las policías o mejorar la atención a la población que deben prestar las procuradurías), mas no la creación de estructuras paralelas.
Aun suponiendo que milicias “de trabajo rudo” como las mencionadas por Fernández logren acabar con los criminales de una región, ¿qué garantía existe de que esos ejércitos, que nacerían y actuarían fuera del marco jurídico, se someterían a reglas y no se convertirían en un riesgo mayor sustentado en su uso de la fuerza? ¿Qué nos aseguraría que los justicieros de hoy no serían los extorsionadores de mañana?
La inseguridad, lo sabemos todos, es un asunto prioritario de la agenda nacional que quita el sueño a miles o quizá millones de mexicanos. Encontrarle salida, empero, demanda considerarlo con seriedad y realismo, no medidas rápidas ni supuestamente valientes. Imposible es alcanzar la paz poniendo la justicia en manos de particulares o simplemente ignorando la ley.
1 comment:
Vale... Va... Entonces, de qué lado era que estaba el peligro para México... A la izquierda era, no?
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