Juristas advierten que hay retraso en la aplicación de la reforma penal

Aspecto de una sala de capacitación para la realización de juicios orales, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Cuartoscuro Archivo).

La instrumentación de la reforma penal enfrenta obstáculos como la falta de recursos y de leyes secundarias y la resistencia de los jueces

La reforma, aprobada en 2008, estableció los juicios orales “sin saber si estábamos realmente capacitados” para adoptarlos

Tras la aprobación de la reforma, los legisladores federales dieron un plazo de ocho años para su instrumentación en todo el país

Si vence el plazo y las adecuaciones no son realizadas, “tendríamos un escenario de peligrosa inseguridad jurídica”

A dos años de que fuera aprobada la reforma penal, su aplicación enfrenta un retraso que puede impactar negativamente en el sistema de justicia, explicaron juristas consultados.
La reforma constitucional en materia penal, tiene como objetivo “establecer los juicios orales, aumentar las garantías de las víctimas y de los presuntos delincuentes, transparentar los procesos judiciales y dar una mayor responsabilidad activa a los jueces”, explicó Pedro Salazar, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).
De acuerdo con Salazar, se trata de una reforma “muy ambiciosa” para cuya instrumentación en el país los legisladores fijaron un plazo de ocho años —de los que restan seis—, a fin de que los cambios constitucionales fueran adoptados en los estados y de que el Congreso elaborara las leyes secundarias derivadas de ellos.
“Ha sido menos activa la operación de reforma”, mencionó el investigador. “Además de crear nuevas normas, también hay que crear nuevas instituciones, nuevos juzgados, se requiere una nueva cultura de parte de los jueces y nuevos abogados especializados en esta nueva manera de hacer las cosas”.
Miguel Ángel Lugo, profesor de la Universidad Panamericana (UP), coincidió. Cuando se aprobó la reforma penal, dijo, “se le dio mucha publicidad al juicio oral sin saber si estábamos realmente capacitados para aceptar esa situación, si funcionaba o no”.
Al establecer los juicios orales, explicó Lugo, “se buscaba transitar del sistema inquisitorio al sistema acusatorio”. Mientras el primero está basado en la integración de expedientes escritos, el segundo se fundamenta en la celebración de audiencias públicas como se practica en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y Chile.
Sin embargo, dijo, la instrumentación de la reforma ha tenido como obstáculos “la falta de recursos materiales, porque los poderes judiciales están señalando que necesitan dinero para la construcción de los juzgados especiales; hace falta coordinación administrativa, dinero, preparación de los ministerios públicos y jueces, y también que los abogados y practicantes del derecho se acostumbren”.
Para Salazar, el atraso en la aplicación de la reforma penal se debe a que “los legisladores se relajaron y no ha habido un grupo que asuma impulsar el caso en las normas”. Además, “ha habido una resistencia fuerte de parte del Poder Judicial federal, los propios jueces le han dado la espalda al Legislativo, y el gremio de los abogados penalistas se opone porque las nuevas normas suponen cambios, quitarles prácticas, costumbres”.
Lugo también mencionó que el Poder Judicial federal ha limitado el trayecto de la reforma: “Los estados tienen sus facultades, pero la Corte les dice que hasta que no haya una ley federal ellos no pueden avanzar”.
Este lunes, durante el segundo foro político Seguridad y Justicia, el presidente Felipe Calderón declaró que para combatir a la delincuencia es necesario transformar el sistema de justicia, y llamó a los gobiernos estatales a que “redoblen los esfuerzos para acelerar la implementación del proceso de reforma”.
Según Salazar, “en esta ocasión el presidente está haciendo un deslinde de responsabilidades atinado”, pues en esta etapa de la reforma corresponde a los legisladores federales y a las autoridades de los estados hacer que ésta avance.
El académico criticó el retraso en la aplicación de la reforma, pero advirtió que un escenario peor sería “que se venza el plazo constitucional para llevar a cabo las adecuaciones y que éstas no tengan lugar”. En esas condiciones, dijo, “tendríamos un desfase entre la Constitución y las leyes que le siguen, tendríamos un escenario de peligrosa inseguridad jurídica”.

Nota: Este texto fue publicado en CNN México.