Alianza entre la jerarquía de la Iglesia, el PAN y el PRI impulsa en los estados leyes que restringen las libertades en materia sexual y reproductiva; agrupaciones buscan medios para impugar esas disposiciones pues, argumentan, violan el artículo cuarto constitucional
Una “embestida conservadora” a nivel nacional pretende imponer una moral religiosa en las políticas públicas relativas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, advirtió Aidé García, integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Ese movimiento, expuso, se conforma por la jerarquía de la Iglesia así como por miembros de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
A partir de abril de 2007, cuando se despenalizó la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, y de agosto de 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las reformas aprobadas en la capital del país y determinó que la Constitución no protege la vida desde el momento de la concepción, sino que corresponde a los congresos de cada entidad federativa legislar en la materia, esta alianza inició una campaña para impulsar legislaciones locales contra el aborto.
Durante los últimos dos años, 10 estados han dado luz verde a leyes antiabortistas: Baja California, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo. A ellos se suma Chihuahua, que desde 1994 cuenta con un marco jurídico en el mismo sentido.
De acuerdo con García, la intervención del conservadurismo no sólo busca prohibir la interrupción del embarazo, sino también restringir otros aspectos de la salud sexual y reproductiva como el acceso a la anticoncepción de emergencia, la promoción del uso del uso del condón y la educación. Estas medidas, señaló, tienen la finalidad de “controlar las decisiones y los cuerpos de las mujeres”, obligándolas a ser madres aun contra su voluntad, y representan un riesgo para la laicidad del Estado.
Explicó que para hacer frente a esa embestida agrupaciones como Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equidad de Género y Católicas por el Derecho a Decidir realizan análisis jurídicos con el propósito de impugnar las legislaciones antiabortistas locales. Uno de sus argumentos es que tales ordenamientos violan el artículo cuarto constitucional, según el cual: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.
No obstante, García reconoció que en este caso existe dificultad para promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
A nivel federal, este procedimiento puede ser puesto en marcha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por la Procuraduría General de la República (PGR), pero ambas instituciones se han manifestado a favor de proteger la vida desde la concepción e incluso buscaron —sin conseguirlo— detener la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Por otro lado, dentro de las entidades federativas ese recurso puede ser promovido por los congresos y por las comisiones locales de derechos humanos. Sin embargo, abundó, mientras que los primeros fueron justo los que aprobaron esas leyes antiabortistas, las segundas, alineadas con gobernadores y legisladores, también defienden una visión conservadora y niegan que tales legislaciones violen las garantías de las mujeres.
En lo inmediato, señaló García, las agrupaciones progresistas planean llevar a cabo acciones públicas para difundir el carácter laico del Estado. Asimismo, contemplan acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de respaldar su causa.
Ese movimiento, expuso, se conforma por la jerarquía de la Iglesia así como por miembros de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
A partir de abril de 2007, cuando se despenalizó la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, y de agosto de 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las reformas aprobadas en la capital del país y determinó que la Constitución no protege la vida desde el momento de la concepción, sino que corresponde a los congresos de cada entidad federativa legislar en la materia, esta alianza inició una campaña para impulsar legislaciones locales contra el aborto.
Durante los últimos dos años, 10 estados han dado luz verde a leyes antiabortistas: Baja California, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo. A ellos se suma Chihuahua, que desde 1994 cuenta con un marco jurídico en el mismo sentido.
De acuerdo con García, la intervención del conservadurismo no sólo busca prohibir la interrupción del embarazo, sino también restringir otros aspectos de la salud sexual y reproductiva como el acceso a la anticoncepción de emergencia, la promoción del uso del uso del condón y la educación. Estas medidas, señaló, tienen la finalidad de “controlar las decisiones y los cuerpos de las mujeres”, obligándolas a ser madres aun contra su voluntad, y representan un riesgo para la laicidad del Estado.
Explicó que para hacer frente a esa embestida agrupaciones como Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equidad de Género y Católicas por el Derecho a Decidir realizan análisis jurídicos con el propósito de impugnar las legislaciones antiabortistas locales. Uno de sus argumentos es que tales ordenamientos violan el artículo cuarto constitucional, según el cual: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.
No obstante, García reconoció que en este caso existe dificultad para promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
A nivel federal, este procedimiento puede ser puesto en marcha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por la Procuraduría General de la República (PGR), pero ambas instituciones se han manifestado a favor de proteger la vida desde la concepción e incluso buscaron —sin conseguirlo— detener la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Por otro lado, dentro de las entidades federativas ese recurso puede ser promovido por los congresos y por las comisiones locales de derechos humanos. Sin embargo, abundó, mientras que los primeros fueron justo los que aprobaron esas leyes antiabortistas, las segundas, alineadas con gobernadores y legisladores, también defienden una visión conservadora y niegan que tales legislaciones violen las garantías de las mujeres.
En lo inmediato, señaló García, las agrupaciones progresistas planean llevar a cabo acciones públicas para difundir el carácter laico del Estado. Asimismo, contemplan acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de respaldar su causa.
3 comments:
Qué tal!
Uy principe...
Pues va muy de la mano con lo que planteaba en el texto anterior, la intolerancia de algunas personas, el creerse con el derecho de restringir libertades amparandose en "principios" o "moralinas" que rigen sus vidas es algo con lo que constantemente debemos lidiar.
Pese a mi postura, la que sé que conoce bien, siempre estaré a favor de la libertad de las personas en general -las mujeres en este caso- de decidir qué hacer con su cuerpo, con su vida, con su tiempo, etc.
Un beso y muchos saludos!
PD.Veo que el tema es algo que le pega bastante vdd?
Y no faltará quien llegue aquí a decir que es una pena que se haga apologia del asesinato...
Como si pudiera leerlo...
Don Mau, felicidades, cada vez lo hace mejor...
Sin duda alguna la política en México se hace "al chile". Si alguien con determinado porder dice "hagamos ésto.." lo hacen ( o si no hay les va un maletín con algunos dolares ), cayendo en una serie de incoherencias. Por un lado se permite la portación de drogas y estos monitos diciendo que hay que proteger la vida.
El gobiernos se ufana que estamos en el camino de la "socieda civil", sin embargo, yo noto lo contrario. Una sociedad civil se organiza, tiene libertades, no restringe pues cada quien es responsable de no intervenir en las libertades de otros. En un comentario burdo me atrevo a decir que: Por eso en el extranjero nos discriminan; ven una sociedad retrograda, violenta, pobre, sin educación. (A proposito de la discriminación por la influenza).
Estos dogmas absurdos ya deben ser rebasados, la sociedad mexicana evoluciona. Creo que los jovenes somos parte de esa nueva evolución.
Post a Comment