Drogas: el Estado ante la legalización

La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia propuso, en un informe presentado la semana pasada, “rectificar la estrategia” de la guerra antinarcóticos mediante un nuevo paradigma compuesto de cinco iniciativas: tratar el consumo como una cuestión de salud pública, reducirlo a través de campañas de información y prevención, focalizar las acciones contra el crimen organizado, reorientar el combate a los cultivos ilícitos y evaluar la despenalización de la mariguana.
Polémica en sí misma, la idea levantó mayor revuelo porque el organismo que la promueve es copresidido por tres ex mandatarios de la región: el colombiano César Gaviria, el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el mexicano Ernesto Zedillo. De hecho, las reacciones al documento quizá hayan girado menos en torno a su contenido que a la aceptación o impopularidad de quienes lo elaboraron.
En todo caso, los señalamientos de la comisión nos recuerdan la gravedad del problema del narcotráfico en el mundo, en América y particularmente en México, así como que el debate acerca de la legalización de las drogas está en la palestra.
De un lado, quienes se oponen a la medida esgrimen los daños a la salud causados por los estupefacientes o que con la despenalización se abriría la puerta de par en par a conductas “indebidas” y, con ello, a la depravación social. Del otro, los partidarios plantean que la mariguana tiene casi los mismos efectos en el cuerpo que el tabaco o el alcohol, que las personas deberían gozar de la libertad para decidir consumir sustancias o no, y que al regular el mercado se restaría fuerza al monopolio ilegal que representan los cárteles.
Por mi parte, coincido con el enfoque libertario de quienes defienden la propuesta y con que lo mínimo que podemos hacer como sociedad es discutir el tema atendiendo argumentos jurídicos, sociales, médicos y científicos, mas no esquemas morales de aquello que está “bien” o de lo que está “mal”.
Sin embargo, considero que, dada la debilidad de las instituciones del país —desde las leyes hasta las policías y el aparato de justicia, pasando por las instancias de salud—, la legalización no es una alternativa para enfrentar ni al consumo ni al narcotráfico. O, para agregar otro matiz, no lo es por ahora ni por sí sola.
Hace algunas semanas, en las páginas del suplemento Ideas, el siquiatra Gady Zabicky y los politólogos Jorge Javier Romero y Jorge Hernández Tinajero apuntaban al fracaso de 30 años de política prohibicionista impulsada desde Estados Unidos. Afirmaban, como lo hizo Antonio Rosas-Landa este sábado, que mientras los estupefacientes siguen circulando, el vecino del norte emplea un pernicioso doble rasero en materia antinarcóticos porque exige la erradicación al sur de su frontera pero, al mismo tiempo, no frena la demanda en su territorio ni el flujo de armas hacia las organizaciones criminales latinoamericanas.
Frente a ese escenario, Hernández Tinajero contraponía abandonar la prohibición absoluta de las drogas, lo que —aclaraba— “no implica en modo alguno el acceso irrestricto a las mismas, ni mucho menos su promoción; sino regulaciones específicas para cada una de ellas, adecuadas al contexto cultural, económico y de salud que cada una representa en el medio social de sus consumidores”.
De acuerdo. Empero, ¿cuál es la garantía de que una legislación así de compleja sería correctamente diseñada y, más todavía, aplicada? ¿Qué sustancias serían legales y qué otras no? ¿En qué cantidades? ¿Cómo y en qué sitios podrían adquirirse? Por desgracia, no sería la primera ocasión en que un marco jurídico mexicano se cayera en los puntos finos, muy a pesar de sus loables objetivos.
Como segunda objeción, ¿realmente sería posible esperar un debilitamiento sustancial de los cárteles luego de la despenalización? El poder corruptor, económico y de fuego que ostentan me lleva a temer que, en las circunstancias actuales, legalizar el consumo podría equivaler a legalizarle el negocio al narcotráfico.
A mi entender, la legalización de ciertas drogas no debe desecharse por completo ni para siempre, pero antes de trasladarla a la práctica debe debatirse con inteligencia y realismo desde todas sus aristas.
Y, más aún, esa discusión debe ir acompañada del impulso a la prevención del consumo y a la rehabilitación de adicciones, de la búsqueda de estrategias integrales —no sólo armadas— de combate al narcotráfico y, sobre todo, del fortalecimiento o renovación de las instituciones del Estado. La viabilidad de México está en juego.

Nota: Este texto aparece hoy en e-joven.