Apenas empieza a calentar motores el año electoral y tanto los procesos locales como el federal evidencian los problemas que enfrenta la democracia mexicana. Más aún, numerosos hechos apuntan a que —otra vez— la única lógica que prevalecerá durante estos comicios será la de la lucha descarnada por el poder, es decir, la de contiendas con poco o nulo interés genuino por la ciudadanía.
En 2009 habrá elecciones en 14 entidades de la República. En seis de ellas, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, además de renovarse ayuntamientos y los congresos estatales, se votará para designar un nuevo gobernador. Por último, a esto se suma que en la capital del país se elegirá a los 16 jefes delegacionales y, a nivel nacional, a los 500 diputados de la próxima Legislatura.
A lo largo de los siguientes meses, pues, no sólo estarán en juego alrededor de 2 mil cargos de elección popular, los recursos y las posiciones que representan. También estarán a prueba la reforma en la materia aprobada en 2007, la capacidad de organización y fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), la cooperación entre las instituciones para evitar que el crimen organizado ingrese a la política —o aumente su presencia en ella— y, lo que me parece más importante, la facultad de los ciudadanos para informarnos y ejercer un voto razonado.
Todos los retos mencionados, sin embargo, encaran ya varios obstáculos. Cuando menos en tres procesos locales, por ejemplo, se han documentado francas grillas con miras a la designación de los candidatos a gobernador.
Columnistas como Salvador García Soto y Miguel Ángel Granados Chapa han comentado los forcejeos que tienen lugar en Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí. De acuerdo con las versiones publicadas, una constante en los tres casos es la intención de los actuales mandatarios, los priístas Eduardo Bours y Natividad González Parás, y el panista Marcelo de los Santos, de influir en las elecciones locales impulsando como abanderados a gente de sus círculos.
La ciudad de México es otro territorio donde se han presentado irregularidades. El PRD busca mantener su predominio en la capital, pero los grupos dentro del partido disputan con fuerza el mayor número de candidaturas mientras que algunos de sus militantes promueven su imagen ignorando la ley.
Para muestra, Nancy Cárdenas, diputada de la Asamblea Legislativa, distribuyó en la delegación Xochimilco calendarios con su fotografía, en tanto que Lorena Villavicencio y Eduardo Santillán hicieron lo propio en Álvaro Obregón. Este último, ex director de Desarrollo Social en aquella demarcación y quien ya fue denunciado ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), incluso recurrió a altavoces y a repartir un suplemento de nombre Cardinalia, cuyas ocho páginas enteras están dedicadas a una entrevista con el ex funcionario.
La renovación de la Cámara de Diputados, finalmente, tampoco ha estado exenta de problemas. En este proceso, del que se prevé que el PRI sea el gran ganador amén de capitalizar los tropiezos del partido en el gobierno al igual que las divisiones del resto de la oposición, ha quedado de manifiesto que las cúpulas partidistas siguen imponiéndose y dejando de lado la democratización de sus mecanismos de selección de candidatos.
Jorge Buendía recién señaló que “lo que define a la democracia es la competencia entre partidos y no lo que ocurre al interior de ellos”. No obstante esa visión pragmática, me inclino a pensar, con Juan Francisco Escobedo, que debido a sus prácticas oligárquicas “los partidos terminarán alejados de los ciudadanos y de las nuevas formas de expresión y participación social”.
Y más fomentarán el rechazo público si a los despropósitos enumerados se agregan aberraciones como la del Partido Socialdemócrata en el sentido de postular a la ex Big Brother Silvia Irabien, La Chiva, y al ex legislador panista Francisco Solís, Pancho Cachondo.
Infortunadamente, ni la política es un juego limpio ni la democracia el régimen perfecto, pero ninguna de esas realidades justifica que organizaciones y candidatos olviden la ley o su supuesta razón de ser: representar a la sociedad. Del mismo modo, tampoco son excusa para que nosotros, los electores, los dejemos actuar a su antojo. Estos comicios pueden convertirse en una oportunidad para ejercer una ciudadanía activa. Aprovechémosla.
En 2009 habrá elecciones en 14 entidades de la República. En seis de ellas, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, además de renovarse ayuntamientos y los congresos estatales, se votará para designar un nuevo gobernador. Por último, a esto se suma que en la capital del país se elegirá a los 16 jefes delegacionales y, a nivel nacional, a los 500 diputados de la próxima Legislatura.
A lo largo de los siguientes meses, pues, no sólo estarán en juego alrededor de 2 mil cargos de elección popular, los recursos y las posiciones que representan. También estarán a prueba la reforma en la materia aprobada en 2007, la capacidad de organización y fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), la cooperación entre las instituciones para evitar que el crimen organizado ingrese a la política —o aumente su presencia en ella— y, lo que me parece más importante, la facultad de los ciudadanos para informarnos y ejercer un voto razonado.
Todos los retos mencionados, sin embargo, encaran ya varios obstáculos. Cuando menos en tres procesos locales, por ejemplo, se han documentado francas grillas con miras a la designación de los candidatos a gobernador.
Columnistas como Salvador García Soto y Miguel Ángel Granados Chapa han comentado los forcejeos que tienen lugar en Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí. De acuerdo con las versiones publicadas, una constante en los tres casos es la intención de los actuales mandatarios, los priístas Eduardo Bours y Natividad González Parás, y el panista Marcelo de los Santos, de influir en las elecciones locales impulsando como abanderados a gente de sus círculos.
La ciudad de México es otro territorio donde se han presentado irregularidades. El PRD busca mantener su predominio en la capital, pero los grupos dentro del partido disputan con fuerza el mayor número de candidaturas mientras que algunos de sus militantes promueven su imagen ignorando la ley.
Para muestra, Nancy Cárdenas, diputada de la Asamblea Legislativa, distribuyó en la delegación Xochimilco calendarios con su fotografía, en tanto que Lorena Villavicencio y Eduardo Santillán hicieron lo propio en Álvaro Obregón. Este último, ex director de Desarrollo Social en aquella demarcación y quien ya fue denunciado ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), incluso recurrió a altavoces y a repartir un suplemento de nombre Cardinalia, cuyas ocho páginas enteras están dedicadas a una entrevista con el ex funcionario.
La renovación de la Cámara de Diputados, finalmente, tampoco ha estado exenta de problemas. En este proceso, del que se prevé que el PRI sea el gran ganador amén de capitalizar los tropiezos del partido en el gobierno al igual que las divisiones del resto de la oposición, ha quedado de manifiesto que las cúpulas partidistas siguen imponiéndose y dejando de lado la democratización de sus mecanismos de selección de candidatos.
Jorge Buendía recién señaló que “lo que define a la democracia es la competencia entre partidos y no lo que ocurre al interior de ellos”. No obstante esa visión pragmática, me inclino a pensar, con Juan Francisco Escobedo, que debido a sus prácticas oligárquicas “los partidos terminarán alejados de los ciudadanos y de las nuevas formas de expresión y participación social”.
Y más fomentarán el rechazo público si a los despropósitos enumerados se agregan aberraciones como la del Partido Socialdemócrata en el sentido de postular a la ex Big Brother Silvia Irabien, La Chiva, y al ex legislador panista Francisco Solís, Pancho Cachondo.
Infortunadamente, ni la política es un juego limpio ni la democracia el régimen perfecto, pero ninguna de esas realidades justifica que organizaciones y candidatos olviden la ley o su supuesta razón de ser: representar a la sociedad. Del mismo modo, tampoco son excusa para que nosotros, los electores, los dejemos actuar a su antojo. Estos comicios pueden convertirse en una oportunidad para ejercer una ciudadanía activa. Aprovechémosla.
1 comment:
El problema, Don mAu, es que segñun parece, cuando los simpatisantes y/o militantes de un instituto político determinado (supongamo el hipotético caso del Partido de la Izquierda a la Derecha), que tras unas elecciones internas donde no hay corriente que (a según sus capacidades) no haga trampa, elige por un margen algo cerrado de votos a... a... Digamos a Santa Clos... pero su contendiente más cercano se inconforma porque... bueno, si de trampas se trató la elección su corriente (mmm... Nueva Siniestra = Vieja Diestra) las hizo más que nadie y no es su culpa si a pesar de ello, ni militantes ni simpatisantes le favorecieron con el voto.
Así que entonces Chu... mmm... Chumacero se inconforma ante el tribunal electoral, que tiene un poco de flojera en juzgar asuntos tan menores como la elección interna de un partido político, así que simplemente copypastea su sentencia referente a alas elecciones federales del 2006 (que les quedó muy bonita y muy creativa): "Sí hubo trampas, sí hubo ionjerencias indevidas, sí hubo manejo oscuro de fondos y sí hubo fraude, pero eso no afecta el resultado de la elección... Por qué? pues porque nos sales de los hue... mmm... huesos" y, acto seguido, nombra a Chuch... mmm... Chumacero, presidente del instituto político arriba citado (el nombre me lo saqué de la manga, no esperen que lo recuerde)...
No, si visto lo visto (y lo que nos falta por ver), me da a mi que vamos a tener que inventar (urgentemente) una mejor manera de democracia.
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