El drama cotidiano que vive Ciudad Juárez nos estalló en la cara la madrugada del domingo 31 de enero. Ese día, un comando armado acribilló a los invitados de una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar, la mayoría jóvenes estudiantes de bachillerato, lo que derivó en la muerte de 15 personas. Una matanza tan sanguinaria que eriza la piel.
Las imágenes de adolescentes desconsolados llorando el asesinato de sus amigos recorrieron el país en pocas horas. También lo hicieron los reclamos de los familiares, las condenas del hecho de parte de personajes públicos y las promesas de las autoridades de atrapar y castigar a los responsables.
A más dos semanas de la tragedia, fue capturado por el Ejército uno de los presuntos responsables del crimen, que dijo trabajar como vigilante para Los Aztecas, sicarios del Cártel de Juárez, y que algunos de los jóvenes contra los que dispararon pertenecían al Cártel de Sinaloa.
El gobernador de Chihuahua, el priista José Reyes Baeza, expresó su intención de trasladar los poderes estatales de la capital de la entidad a la urbe fronteriza durante tiempo indefinido, con el propósito de enfrentar de cerca la ola de violencia. No obstante, tal petición fue rechazada por el Congreso local y tachada de electorera por legisladores del PAN y del PRD.
Por último, el jueves pasado el presidente Felipe Calderón viajó allá acompañado de su esposa, Margarita Zavala, y de algunos miembros de su gabinete para dialogar con la sociedad juarense en el foro “Todos somos Juárez, construyamos la ciudad”.
Mucho me temo, sin embargo, que a pesar de ese despliegue de acciones la situación en Ciudad Juárez no cambie. No sólo porque este caso guarda similitudes con otros en los que las autoridades reaccionan frente un escándalo únicamente hasta que todo se calma, sino porque esa localidad padece grandes problemas producto del descuido oficial.
Los secuestros de Fernando Martí y Silvia Vargas Escalera, el incendio de la Guardería ABC en Sonora y la agresión al futbolista Salvador Cabañas, por mencionar ejemplos recientes, muestran esa tendencia de los gobiernos a voltear a mirar una problemática —como la prevalencia de un delito o la falta de apego a normas de seguridad en establecimientos de servicio público o de entretenimiento— hasta que un hecho “grande” destapa la cloaca. Y evidencian también que los intentos subsecuentes para encarar las circunstancias adversas suelen quedarse cortos.
Federación, estado y municipio anuncian que pondrán en marcha una estrategia social integral para buscar detener la violencia en Ciudad Juárez. Hablan de ampliar el Programa Escuela Segura, de edificar planteles de bachillerato y canchas deportivas, de aumentar las oportunidades de desarrollo para los jóvenes a fin de alejarlos de la delincuencia, pero todo eso me parece insuficiente porque pretende revertir décadas de abandono. En otras palabras, reconstruir Roma en un solo día.
En Huesos en el desierto, su conocido libro sobre los feminicidios, Sergio González Rodríguez documenta la indefensión que padecen los juarenses frente a las disputas de los cárteles de la droga, una economía precaria y una cultura que desprecia la vida humana. Así, es poco realista creer que la situación en aquella urbe mejorará, a menos que de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno exista un compromiso sólido por rescatar a sus habitantes del drama que los rodea, para lo cual no sólo se requieren fuerzas de seguridad sino la verdadera recomposición del tejido social.
Es hora ya de entender que como país no podemos permitir que los habitantes de Juárez —o de Torreón o de Durango o de cualquier parte del territorio nacional— sigan viviendo con temor de algo tan simple como salir a la calle.
Las imágenes de adolescentes desconsolados llorando el asesinato de sus amigos recorrieron el país en pocas horas. También lo hicieron los reclamos de los familiares, las condenas del hecho de parte de personajes públicos y las promesas de las autoridades de atrapar y castigar a los responsables.
A más dos semanas de la tragedia, fue capturado por el Ejército uno de los presuntos responsables del crimen, que dijo trabajar como vigilante para Los Aztecas, sicarios del Cártel de Juárez, y que algunos de los jóvenes contra los que dispararon pertenecían al Cártel de Sinaloa.
El gobernador de Chihuahua, el priista José Reyes Baeza, expresó su intención de trasladar los poderes estatales de la capital de la entidad a la urbe fronteriza durante tiempo indefinido, con el propósito de enfrentar de cerca la ola de violencia. No obstante, tal petición fue rechazada por el Congreso local y tachada de electorera por legisladores del PAN y del PRD.
Por último, el jueves pasado el presidente Felipe Calderón viajó allá acompañado de su esposa, Margarita Zavala, y de algunos miembros de su gabinete para dialogar con la sociedad juarense en el foro “Todos somos Juárez, construyamos la ciudad”.
Mucho me temo, sin embargo, que a pesar de ese despliegue de acciones la situación en Ciudad Juárez no cambie. No sólo porque este caso guarda similitudes con otros en los que las autoridades reaccionan frente un escándalo únicamente hasta que todo se calma, sino porque esa localidad padece grandes problemas producto del descuido oficial.
Los secuestros de Fernando Martí y Silvia Vargas Escalera, el incendio de la Guardería ABC en Sonora y la agresión al futbolista Salvador Cabañas, por mencionar ejemplos recientes, muestran esa tendencia de los gobiernos a voltear a mirar una problemática —como la prevalencia de un delito o la falta de apego a normas de seguridad en establecimientos de servicio público o de entretenimiento— hasta que un hecho “grande” destapa la cloaca. Y evidencian también que los intentos subsecuentes para encarar las circunstancias adversas suelen quedarse cortos.
Federación, estado y municipio anuncian que pondrán en marcha una estrategia social integral para buscar detener la violencia en Ciudad Juárez. Hablan de ampliar el Programa Escuela Segura, de edificar planteles de bachillerato y canchas deportivas, de aumentar las oportunidades de desarrollo para los jóvenes a fin de alejarlos de la delincuencia, pero todo eso me parece insuficiente porque pretende revertir décadas de abandono. En otras palabras, reconstruir Roma en un solo día.
En Huesos en el desierto, su conocido libro sobre los feminicidios, Sergio González Rodríguez documenta la indefensión que padecen los juarenses frente a las disputas de los cárteles de la droga, una economía precaria y una cultura que desprecia la vida humana. Así, es poco realista creer que la situación en aquella urbe mejorará, a menos que de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno exista un compromiso sólido por rescatar a sus habitantes del drama que los rodea, para lo cual no sólo se requieren fuerzas de seguridad sino la verdadera recomposición del tejido social.
Es hora ya de entender que como país no podemos permitir que los habitantes de Juárez —o de Torreón o de Durango o de cualquier parte del territorio nacional— sigan viviendo con temor de algo tan simple como salir a la calle.
Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.
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