La posibilidad de diálogo entre el gobierno de México y la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ya sea a través de intermediarios o en forma directa, “es algo absolutamente positivo”, afirmó Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CeDeMa).
En entrevista telefónica desde Buenos Aires, Argentina, Lofredo consideró que este acercamiento representaría una vía institucional y democrática, no armada, para la resolución de conflictos entre ambas partes. El EPR —aparecido públicamente por primera vez en el poblado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1996— demanda que dos de sus integrantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, sean presentados con vida y en libertad.
A partir de esta exigencia el grupo guerrillero provocó explosiones en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en julio y en septiembre del año pasado. El primer ataque fue realizado en los estados de Guanajuato y Querétaro; el segundo, en Veracruz y Tlaxcala. Aunque la administración de Felipe Calderón reiteradamente ha negado haber detenido a los eperristas, la organización político-militar argumenta que “existen evidencias de que los detuvieron fuerzas federales y que los torturaron en la procuraduría estatal”, así como de que siguen presos.
En un comunicado fechado este jueves 24 de abril, el EPR solicitó que el arzobispo Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas y el Frente Nacional contra la Represión fungieran como intermediaros en un diálogo con el gobierno federal. “Nos atrevemos a planteárselos en virtud del peligro que corre la vida de nuestros compañeros y los demás desaparecidos”, señala el texto.
Las personalidades convocadas por la guerrilla, a quienes se sumó la senadora y activista social Rosario Ibarra, aceptaron participar en las gestiones y se dijeron a la espera tanto de conocer la postura gubernamental como de que el EPR suspendiera las acciones armadas durante el tiempo que tomara la intermediación.
Por su parte, tras cinco días de analizar la autenticidad de los comunicados y la propuesta de la organización guerrillera, el gobierno ofreció un diálogo “directo”, sin intermediarios, bajo las condiciones de que el EPR detenga definitivamente el sabotaje y las acciones violentas y de que en los contactos no se aborde únicamente el asunto de los eperristas desaparecidos. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, advirtió además que continuarán las investigaciones sobre el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, lo mismo que las pesquisas acerca de los atentados contra instalaciones de Pemex.
Para Lofredo, las figuras públicas propuestas por el EPR deberían estar en una posición de mediadores equidistantes de cada parte, de manera que pudieran forzar el establecimiento de compromisos mutuos encaminados a terminar con los actos beligerantes. Sin embargo, consideró que aun si estas personalidades son relegadas por el gobierno al estatus “testigos sociales”, éste seguirá reconociendo su resonancia social. Añadió que “es prerrogativa del Estado marcar esas condiciones y tendremos que esperar la respuesta del EPR; no creo que (la guerrilla) vaya a cerrar el canal”.
En entrevista telefónica desde Buenos Aires, Argentina, Lofredo consideró que este acercamiento representaría una vía institucional y democrática, no armada, para la resolución de conflictos entre ambas partes. El EPR —aparecido públicamente por primera vez en el poblado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1996— demanda que dos de sus integrantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, sean presentados con vida y en libertad.
A partir de esta exigencia el grupo guerrillero provocó explosiones en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en julio y en septiembre del año pasado. El primer ataque fue realizado en los estados de Guanajuato y Querétaro; el segundo, en Veracruz y Tlaxcala. Aunque la administración de Felipe Calderón reiteradamente ha negado haber detenido a los eperristas, la organización político-militar argumenta que “existen evidencias de que los detuvieron fuerzas federales y que los torturaron en la procuraduría estatal”, así como de que siguen presos.
En un comunicado fechado este jueves 24 de abril, el EPR solicitó que el arzobispo Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas y el Frente Nacional contra la Represión fungieran como intermediaros en un diálogo con el gobierno federal. “Nos atrevemos a planteárselos en virtud del peligro que corre la vida de nuestros compañeros y los demás desaparecidos”, señala el texto.
Las personalidades convocadas por la guerrilla, a quienes se sumó la senadora y activista social Rosario Ibarra, aceptaron participar en las gestiones y se dijeron a la espera tanto de conocer la postura gubernamental como de que el EPR suspendiera las acciones armadas durante el tiempo que tomara la intermediación.
Por su parte, tras cinco días de analizar la autenticidad de los comunicados y la propuesta de la organización guerrillera, el gobierno ofreció un diálogo “directo”, sin intermediarios, bajo las condiciones de que el EPR detenga definitivamente el sabotaje y las acciones violentas y de que en los contactos no se aborde únicamente el asunto de los eperristas desaparecidos. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, advirtió además que continuarán las investigaciones sobre el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, lo mismo que las pesquisas acerca de los atentados contra instalaciones de Pemex.
Para Lofredo, las figuras públicas propuestas por el EPR deberían estar en una posición de mediadores equidistantes de cada parte, de manera que pudieran forzar el establecimiento de compromisos mutuos encaminados a terminar con los actos beligerantes. Sin embargo, consideró que aun si estas personalidades son relegadas por el gobierno al estatus “testigos sociales”, éste seguirá reconociendo su resonancia social. Añadió que “es prerrogativa del Estado marcar esas condiciones y tendremos que esperar la respuesta del EPR; no creo que (la guerrilla) vaya a cerrar el canal”.
“El EPR no es lo mismo que ‘Los Zetas’”
Germán Martínez Cázares, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), rechazó en una entrevista televisiva el acercamiento con el EPR. “No se puede dialogar con quien tiene una pistola en la mesa”, sentenció el pasado lunes 28 de abril.
A decir del investigador del CeDeMa, que el líder del partido en el poder declarara lo anterior al mismo tiempo que el equipo de Calderón hacía caso de la propuesta de la guerrilla demuestra que “ni el gobierno ni el EPR —que también ha sufrido divisiones— son monolíticos”.
Lofredo, por otro lado, se manifestó de acuerdo con la postura de Carlos Montemayor, uno de los convocados por el grupo guerrillero, quien sin justificar las acciones violentas en las que éste ha incurrido se ha expresado a favor de que no se le criminalice, sino de que se comprendan las causas político-sociales que le dieron origen.
“No hay que ver al EPR desde la óptica de los delincuentes comunes. No son, por citar un ejemplo, iguales a Los Zetas (sicarios del Cártel del Golfo), que van a matar o morir. Si no vemos esas diferencias, no vamos a entender qué pide el EPR, qué busca, por qué ataca”, explicó.
El politólogo destacó también que nadie murió durante los ataques a ductos de Pemex, lo que en su opinión conduce a pensar que la guerrilla planeó efectuar los atentados en horarios en los que no hubiera personal de la paraestatal que pudiese resultar herido.
“Hay que ver en su justa dimensión al interlocutor”, reiteró. Asimismo, mencionó que las investigaciones para hallar a los eperristas desaparecidos deben avanzar de forma clara, y que en México deben establecerse las bases para que los casos de violaciones a los derechos humanos como la privación ilegal de la libertad no vuelvan a ocurrir.
Germán Martínez Cázares, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), rechazó en una entrevista televisiva el acercamiento con el EPR. “No se puede dialogar con quien tiene una pistola en la mesa”, sentenció el pasado lunes 28 de abril.
A decir del investigador del CeDeMa, que el líder del partido en el poder declarara lo anterior al mismo tiempo que el equipo de Calderón hacía caso de la propuesta de la guerrilla demuestra que “ni el gobierno ni el EPR —que también ha sufrido divisiones— son monolíticos”.
Lofredo, por otro lado, se manifestó de acuerdo con la postura de Carlos Montemayor, uno de los convocados por el grupo guerrillero, quien sin justificar las acciones violentas en las que éste ha incurrido se ha expresado a favor de que no se le criminalice, sino de que se comprendan las causas político-sociales que le dieron origen.
“No hay que ver al EPR desde la óptica de los delincuentes comunes. No son, por citar un ejemplo, iguales a Los Zetas (sicarios del Cártel del Golfo), que van a matar o morir. Si no vemos esas diferencias, no vamos a entender qué pide el EPR, qué busca, por qué ataca”, explicó.
El politólogo destacó también que nadie murió durante los ataques a ductos de Pemex, lo que en su opinión conduce a pensar que la guerrilla planeó efectuar los atentados en horarios en los que no hubiera personal de la paraestatal que pudiese resultar herido.
“Hay que ver en su justa dimensión al interlocutor”, reiteró. Asimismo, mencionó que las investigaciones para hallar a los eperristas desaparecidos deben avanzar de forma clara, y que en México deben establecerse las bases para que los casos de violaciones a los derechos humanos como la privación ilegal de la libertad no vuelvan a ocurrir.
Nota: Una versión editada de esta nota fue publicada en la revista electrónica Terra Magazine.
1 comment:
Ya está, lo ha logrado; sólo puedo quitarme el sombrero...
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