Friday, November 20, 2009

México: busquemos la ruta

A poco más de un mes de entrar al 2010, el tan cantado año de nuestros centenarios, así es como veo al país: sin acuerdos, sin proyecto, sin futuro. No escribo sin esperanza porque, necio como soy, quiero pensar que todavía podemos transformar ese estado de cosas. Y aunque para cualquier observador las dificultades de llevar a cabo esa tarea saltan a la vista, la necesidad y la urgencia de encarar el reto deben ser mucho mayores.
Hoy como en contadas ocasiones se torna evidente el agotamiento del modelo que hemos seguido como nación, uno cuya única guía ha sido la acumulación de poder y riqueza en unos cuantos, mas no la búsqueda de calidad de vida para toda la población ni el largo plazo.
Voces tanto a la derecha como a la izquierda advierten, por ejemplo, del error de haber emprendido una transición a la democracia pluripartidista luego de 70 años de régimen de partido hegemónico sin antes habernos asegurado de contar con los mecanismos político-jurídicos que permitieran y agilizaran la toma de decisiones. Señalan también las consecuencias funestas que ya tiene para el Estado nuestra extrema dependencia del petróleo. Alertan del freno para el desarrollo económico que representan los monopolios públicos y privados. Reclaman por el descuido sistemático a la educación, la ciencia y la tecnología. Deploran el corporativismo, la corrupción, la falta de espacios para la sociedad civil y la apatía ciudadana.
Los muchos problemas que padecemos, pues, han venido creciendo por décadas, al grado de que seguir postergando su solución de raíz —o sea, no atendida con paliativos— equivale a un suicidio.
¿Cómo emprender lo que recientemente José Narro Robles, el rector de la UNAM, llamó la refundación de la República? Una vez conocidas las fallas, lo primero es, en mi opinión, idear y elaborar un proyecto de nación que nos sea común a todos y que nos conduzca a superar los obstáculos; es indispensable, de esa manera, definir el papel que deseamos jugar en el mundo, la meta hacia la que nos queremos dirigir y el o los caminos para arribar a ella.
La enumeración de todos los elementos que debería incluir ese programa rebasa por mucho las aspiraciones de este texto y mi propia capacidad, pero creo que más de un lector coincidirá en algunos de los temas que son ineludibles.
Entre ellos ubico, a propósito de la apenas aprobada Ley de Ingresos, el imperativo de dar viabilidad al Estado dotándolo de los recursos fiscales suficientes, para lo cual requerimos una reforma hacendaria real, redistributiva, que abarque a quienes no pagan impuestos —no nada más a los contribuyentes de siempre— y combata la evasión. Igualmente está el deber de fortalecer la educación en todos sus niveles para formar ciudadanos, trabajadores preparados, empresarios e investigadores, de vincular la academia con el aparato productivo y de abrir a la competencia una economía repartida entre pocos actores. Un asunto más es el de exigir desde la legislación y en los hechos una mayor responsabilidad de parte de los funcionarios públicos, profesionalismo y rendición de cuentas.
Por supuesto, la mera intención de diseñar un proyecto que contemple estos y otros puntos demanda diálogo sensato y consenso genuino, activos muy escasos en estos días.
La preocupante situación actual, sin embargo, apela a que tanto los políticos de todos los partidos como los ciudadanos de todos los sectores trabajemos juntos en el mapa a seguir no sólo en el célebre 2010, sino en los próximos cinco, 10, 20, 50 años. De lo contrario, si prevalecen la división y los intereses particulares cuando no mezquinos, la realidad no tardará en cobrarnos costosas facturas.
Más allá de la parafernalia oficial o del patriotismo de dientes hacia fuera, aprovechemos el 99 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana para recordar que todos viajamos en el mismo barco. Y que de nosotros depende dejar que se hunda o llevarlo a buen puerto.


Nota: Este texto aparece en los Dardos de diasiete.com.

Saturday, November 14, 2009

¿Grupos “de limpieza”?

Mauricio Fernández, empresario, político del Partido Acción Nacional y alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, no se caracteriza por su prudencia al hablar.
Antes de las elecciones de julio, como candidato a gobernar el municipio de más alto nivel de vida del país, fueron publicadas grabaciones en las que confesaba que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva se había acercado con él, e incluso le había ofrecido encargarse de la seguridad de aquella localidad a cambio de poder operar ahí y de que las familias de los narcotraficantes habitaran el vecindario con tranquilidad. Entonces, sin embargo, negó haber pactado con el narco, llegó a los comicios y ganó.
Hace algunos días, durante su toma de posesión, dijo estar dispuesto a actuar por encima de sus atribuciones legales con tal de hacer frente a la delincuencia, y para ello planteó la creación de un grupo especial y “de trabajo rudo” que “limpie” el municipio de criminales. Sus palabras, además, levantaron polémica porque Fernández informó de la muerte del hampón Héctor El Negro Saldaña, en el DF, aun antes de que cualquier autoridad encontrara el cadáver.
El munícipe sostiene que una llamada anónima lo enteró del hecho; no obstante, su revelación ha levantado sospechas en el sentido de que él puede ser el autor intelectual de la ejecución de un narcotraficante que, afirma, lo había amenazado. Tanto revuelo se ha generado que apenas esta semana el panista fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República.
Desde luego, los sucesos deben ser investigados a fin de determinar si Fernández tiene responsabilidad en ellos o no, pero independientemente del resultado de esas pesquisas, es necesario cobrar conciencia de la gravedad de las insinuaciones del alcalde regiomontano.
La posibilidad de que se haya sentado a negociar con el narco, por un lado, nos recuerda que los delincuentes se sienten con la facultad de tratar con el poder legal de tú a tú, que hay funcionarios inclinados a hacerlo ya sea por indolencia o por desesperación, y que esto obliga a pensar en una estrategia anticrimen que incluya más que el enfrentamiento armado directo. El combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional y la cooperación entre gobiernos, por ejemplo, son aspectos peligrosamente descuidados.
Por otra parte, la mera sugerencia de pasar por arriba la ley y de conformar ejércitos privados para encarar a la criminalidad debe encender los focos de alarma.
No importa que la idea cobre adeptos entre quienes han sido víctimas del hampa o temen engrosar esa estadística, brincarse las normas no es la solución al problema. Es cierto que nuestros sistemas de seguridad y justicia a diario dan muestras de sus deficiencias y de su incapacidad para brindar protección cabal a la ciudadanía, pero para resolver las fallas en estos aparatos del Estado se requieren reformas a fondo (como la depuración y capacitación de las policías o mejorar la atención a la población que deben prestar las procuradurías), mas no la creación de estructuras paralelas.
Aun suponiendo que milicias “de trabajo rudo” como las mencionadas por Fernández logren acabar con los criminales de una región, ¿qué garantía existe de que esos ejércitos, que nacerían y actuarían fuera del marco jurídico, se someterían a reglas y no se convertirían en un riesgo mayor sustentado en su uso de la fuerza? ¿Qué nos aseguraría que los justicieros de hoy no serían los extorsionadores de mañana?
La inseguridad, lo sabemos todos, es un asunto prioritario de la agenda nacional que quita el sueño a miles o quizá millones de mexicanos. Encontrarle salida, empero, demanda considerarlo con seriedad y realismo, no medidas rápidas ni supuestamente valientes. Imposible es alcanzar la paz poniendo la justicia en manos de particulares o simplemente ignorando la ley.

Nota: Este texto aparece desde ayer en los Dardos de diasiete.com.

Tuesday, November 10, 2009

Bájenle a su gasto: ciudadanos a partidos

Organizaciones civiles exigen reforma constitucional para disminuir el financiamiento público a los institutos políticos; los recursos que éstos reciben están blindados y podrían ascender a 3 mil 12 millones de pesos en 2010


A lo largo de casi tres semanas, más de 14 mil personas han enviado correos electrónicos a la Cámara de Diputados para demandar que en el Presupuesto de Egresos de 2010 se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, con lo que se han sumado a la propuesta impulsada por el movimiento ciudadano ¡Ya bájenle!.
La causa, promovida principalmente por las organizaciones civiles
Alianza Cívica, Propuesta Cívica y Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), insta a la población a escribir a los legisladores para exigirles “una reforma seria” que disminuya el monto de los recursos públicos entregados a estos institutos.
Los interesados pueden acceder a la
página de internet de ¡Ya bájenle! y enviar un mensaje a los diputados que integran la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Presupuesto y de Puntos Constitucionales de San Lázaro.
El texto —que tiene la rúbrica “Un(a) ciudadano(a) más que quiere que la política se haga con argumentos, no con dinero”— reclama que mientras para el año entrante habrá recortes para educación, salud, seguridad, combate a la pobreza, agua y caminos, “el presupuesto para los partidos será intocable”, porque está blindado por la ley gracias a una fórmula incluida en la Constitución.
El artículo 41, fracción II, inciso A de la Carga Magna establece que el financiamiento de los institutos políticos se calculará anualmente “multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral [78 millones 732 mil 125 al 30 de octubre de 2009] por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal [54.80 pesos]”. De esa manera, los partidos recibirían y se repartirían en 2010 alrededor de 3 mil 12 millones de pesos.
Por esa razón el movimiento ¡Ya bájenle! propone modificar la fórmula de cálculo: “Que en lugar de multiplicar por el número de electores en el padrón, se multiplique por el número de votos válidos”. Esta medida, según el mensaje enviado a los legisladores, permitiría un ahorro de mil 700 millones de pesos y “genera incentivos para que los partidos políticos promuevan la participación y traten de convencer a la ciudadanía para reducir el abstencionismo”.
Con el propósito de empujar su idea, la causa busca a un diputado o grupo de diputados que tomen la propuesta y la presenten en la Cámara Baja antes de la aprobación del presupuesto 2010.
“Estamos trabajando en eso”, dijo Carlos Jaime, del área de Visibilidad y Comunicación de Alianza Cívica. Señaló que esperan que algún legislador dé voz a esta demanda ciudadana, aunque reconoció que hasta el momento no han recibido respuestas formales de parte de alguno.
El presidente de dicha asociación, Rogelio Gómez Hermosillo, consideró
en un artículo publicado en El Universal a finales de septiembre que el financiamiento público a los partidos debe mantenerse porque es “un factor de equidad” en las contiendas electorales. Sin embargo, aseguró que el monto debe ser mucho menor y que si toda la estructura presupuestal se verá afectada por la caída de los ingresos nacionales, los institutos políticos también deben ajustarse.
En esa línea, una encuesta publicada ayer por este diario reveló que
91% de los consultados estaría de acuerdo con reducir los recursos a los partidos.
Jaime adelantó que ¡Ya bájenle! planea un acto en el Ángel de la Independencia para este miércoles o jueves, con el fin de reunir más adeptos y seguir demostrando la exigencia ciudadana por una mayor austeridad en la política.


Nota: Este texto aparece en e-joven.

Wednesday, November 04, 2009

El “ejemplo” del narco

Hay muchas lecciones que el campo puede aprender del narcotráfico, declaró el miércoles pasado el entonces subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa, Jeffrey Max Jones. Según el ex funcionario, aunque los cárteles “desafortunadamente están apostando a un cultivo nocivo”, han sabido “definir el mercado y luego orientar el aparato productivo, la logística para poder surtir estos mercados”.
Sus palabras, tal como era de esperar, no sólo causaron polémica y dieron nota sino que, más temprano que tarde,
le costaron el puesto. Apenas el jueves por la noche, la Secretaría de Agricultura emitió un comunicado en el que difundió su “renuncia” al cargo.
Tal consecuencia era previsible en la medida de que el peculiar elogio de Jeffrey Max Jones hacia el narco contradice la ofensiva policiaco-militar e ideológico-discursiva que el Ejecutivo federal ha dirigido contra este delito desde que arrancó el sexenio. Ahora, aparentemente terminado el escándalo mediático, conviene analizar lo dicho con mayor detalle.
Fuera de que la declaración resultó pésima en términos políticos para el gobierno, detrás de ella se esconden realidades mucho más dramáticas. La primera de ellas es que, en efecto, el tráfico de drogas es un negocio sumamente rentable.
A finales de septiembre, David Robillard, director general de la consultora global Kroll México, estimó que
el narco maneja ingresos de 25 mil a 40 mil millones de dólares anuales, es decir, entre 325 mil y 520 mil millones de pesos anuales, cifra superior a nuestro hueco fiscal.
La pujanza del negocio queda patente en su expansión territorial, en el poder de fuego exhibido por sus bandas criminales y en su capacidad para corromper funcionarios de todos los niveles, y radica en que, como dejó ver Jeffrey Max Jones, tiene un mercado sólido. Sin embargo, el ex subsecretario pasó por alto que para controlar plazas los cárteles no “compiten” limpiamente sino que recurren a actos violentos que arrastran consigo a la población civil, y que para funcionar también gozan de la protección de autoridades.
Otra realidad puesta al desnudo es que, como sucede en Sinaloa, para un campesino puede ser más redituable sembrar mariguana o amapola en lugar de jitomate. Testimonios reproducidos en los medios dan cuenta de esta faceta del grado de deterioro al que ha llegado el campo mexicano, debido al descuido oficial y nacional y a que cuantiosos subsidios del Estado en su mayoría van a manos de grandes productores que no los necesitan o a centrales corporativas, mas no a los pequeños agricultores.
Asimismo, este hecho reitera que en su “guerra contra las drogas” la actual administración federal únicamente presta atención al enfoque represivo, o sea, el uso de la policía o de las Fuerzas Armadas, pero soslaya o de plano ignora aspectos sociales como el combate efectivo a la pobreza vía el impulso al empleo y la generación de oportunidades, la prevención racional y no moralina del consumo, la rehabilitación de adicciones y la no estigmatización del consumidor.
La lógica gubernamental, pues, parece sustentarse más en dogmas de eficacia cuestionable (“Para que la droga no llegue a tus hijos”, “Limpiemos México”) que en una visión amplia, práctica y eficaz del problema.
Quizá esta última sea la realidad más desoladora por cuanto anuncia un horizonte futuro incierto: el gobierno, pese a toda la evidencia que pone en entredicho su estrategia actual, no da indicios de buscar replantearla. En otras palabras, como con el paquete económico, aquí tampoco hay “Plan B”. Y aunque nadie duda que deba enfrentarse al narcotráfico, el camino por el que lo hacemos simplemente no permite creer que vayamos ganando.


Nota: Este texto aparece desde ayer en los Dardos de diasiete.com.