Polémica por pena de muerte dividirá más a sociedad mexicana, advierte politólogo

Un sector del PRI busca explotar el tema con el propósito de captar votos rumbo a las elecciones de 2009: José Fernández Santillán

El Estado debe fortalecerse en todas sus ramas y apuntar a más eficacia en la aplicación de la ley, no a penas más severas

La discusión en torno a restablecer o no la pena de muerte en México, que ha cobrado fuerza a raíz de la propuesta del gobernador de Coahuila, el priísta Humberto Moreira, de aplicarla a los secuestradores que asesinen a sus víctimas, dividirá más a la sociedad en un momento en que ésta necesita estar unida para enfrentar a la delincuencia, alertó el politólogo José Fernández Santillán.
Para el académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México (ITESM-CCM), existen al menos tres razones para oponerse a la pena capital. La primera de ellas es su falta de efectividad, ya que su implantación “en ningún lugar ha reducido la criminalidad”. En ese sentido, el Estado mexicano debe apuntar “no a endurecer las penas, sino a hacer efectiva la ley”, pues actualmente sólo se castiga entre 2% y 3% de los delitos que se cometen.
Al respecto, 70% de los participantes en una encuesta recién publicada por el diario El Universal se declaró a favor de la pena de muerte, principalmente en casos de secuestro y violación, mientras que 63% consideró que con ello se reduciría la inseguridad. Sin embargo, en el mismo estudio, 79% de los encuestados reconoció que tomando en cuenta cómo funciona el sistema de justicia en México podría condenarse a inocentes, al tiempo que 86% creyó que los acusados con dinero tendrían posibilidades de salir impunes y 63% opinó que para aumentar la seguridad pública se requiere mayor eficacia en la detención de criminales en vez de penas más severas.
Fernández Santillán explicó que el segundo motivo para rechazar esta medida, eliminada de la Constitución mexicana desde 2005, es de carácter ético. A su juicio, el objetivo de la civilidad en la sociedad debe ser “salir de la barbarie, no caer en ella”. Por tanto, si ante la desesperación provocada por la violencia y el clima de inseguridad se opta por matar a los delincuentes, “corremos el peligro de regresar a caminar en cuatro patas”.
De acuerdo con el académico, el tercer argumento para decir no a este castigo radica en los convenios internacionales a través de los cuales México se ha comprometido a no volver a instaurarlo. En un comunicado difundido el pasado 3 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó que desde 2007 el país se adhirió al Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, así como al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “La tendencia universal consiste en abolirla definitivamente”, señaló el organismo.
A finales de noviembre, el gobernador Humberto Moreira, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para modificar los artículos 14 y 22 de la Constitución federal, “a efecto de restablecer como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida y decretar la pena de muerte a los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas”, según se consigna en la Gaceta Parlamentaria.
En opinión de Fernández Santillán, aunque la propuesta de Moreira ha recibido el apoyo de otros priístas como Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del tricolor, el instituto político no apoya la idea “en bloque”. Un segmento del PRI, expuso, impulsa la pena capital con un “afán pragmático”, o sea, con el propósito de captar votos antes de las elecciones de 2009 aprovechando el descontento social provocado por la inseguridad. El sector “tradicional”, en cambio, se opone a ella.
El académico comentó que incluso si en el Congreso de la Unión se mantiene la desaprobación a la propuesta por parte del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el PRI obtendrá de este tema una ganancia electoral. Asimismo, denunció, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también pretende “sacar raja” de la pena de muerte aun cuando antes la rechazó.
Ante la crisis que padece México por causa de la criminalidad, el politólogo afirmó que el Estado, como sostenía Max Weber, debe recuperar el monopolio legítimo de la violencia. Para esto, dijo, se requiere fortalecerlo luego del proceso de reformas neoliberales que lo debilitaron al grado de impedirle cumplir sus funciones básicas como garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Desde su punto de vista, se necesita abandonar el neoliberalismo, sustituir el conjunto de intereses de élite por un nuevo pacto social y rehabilitar al Estado no sólo en sus cuerpos policiacos, sino “en todas sus múltiples ramas”, como la administración pública, los servicios educativos y de salud y la política social.

Nota: Una versión editada de este texto fue publicada en la revista electrónica Terra Magazine.