Ifigenia Martínez, directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD, califica como “un problemón” a la situación en la que se encuentran las empresas públicas del sector energético. Los hechos, afirma, dejan ver que es “necesaria” una reforma en la materia que plantee, dentro de otros aspectos, cómo se manejan Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En opinión de la economista, estos organismos deben seguir perteneciendo al Estado. Contundente, asegura que nadie estará de acuerdo, “y yo menos que nadie”, en la entrada de la iniciativa privada al ramo ni en que la obtención de utilidades sea el criterio “que decida sobre una riqueza que es de todos”.
Martínez, una de las oradoras en la pasada asamblea de la Convención Nacional Democrática encabezada por Andrés Manuel López Obrador, considera que la cuantiosa renta generada por Pemex ha sido destinada por los distintos gobiernos del país —los del PRI antes y ahora los del PAN— al gasto corriente en vez de haber sido invertida en la industrialización de la paraestatal. Esto, explica, ha limitado a la empresa y la ha dejado únicamente como exportadora de crudo.
—¿Cuál es el principal problema de Pemex: los requerimientos de la Secretaría de Hacienda, los sueldos y pensiones de los trabajadores de la propia paraestatal, el contratismo, la corrupción?
—El principal problema, tratándose de la empresa pública más importante del país, es quién toma las decisiones para su manejo. Quién decide los gravámenes, los derechos que han de pesar sobre el petróleo, que la mayor parte de la renta petrolera alimente a la Secretaría de Hacienda y deje a Pemex sin recursos para financiar su propia inversión. Quién decide que la carga fiscal sobre Pemex sea tan gravosa que la despoja de una renta que obviamente se obtiene de un recurso no renovable, o sea, se está saqueando la riqueza del subsuelo que pertenece a todos los mexicanos para convertirla en ingresos de exportación. Toda la operación subsecuente, industrialización, refinación, la petroquímica, todo eso se ha sacrificado para obtener simplemente la exportación de petróleo crudo.
Martínez lanza una pregunta retórica: “¿Quién toma esas decisiones?”. Acto seguido, responde:
—Las máximas autoridades de Pemex, designadas por el presidente de la República. ¿El presidente tiene la mejor capacidad para decidir sobre una riqueza que pertenece a todos los mexicanos y que consiste en vaciar el subsuelo del país, para destinarlo a gasto corriente, para financiar las operaciones del gobierno? Porque ese es otro hecho relativamente reciente: la petrolización de las finanzas públicas. En 1973-1974, antes que se tomara la decisión de convertir a Pemex en un exportador de crudo, los ingresos del petróleo significaban 5% de la recaudación; ¡ahora son el 39%! Y el coeficiente de recaudación no ha aumentado, sigue siendo el mismo. Ha habido un tremendo deficiente de la Secretaría de Hacienda, que no ha gravado a los causantes como los debía haber gravado. Eso también se observa a simple vista: la explosión de la riqueza de la gente de altos ingresos, la demanda que hacen de artículos importados, todo eso es patente mientras que, en cambio, hay una masa de población que ni siquiera tiene empleo seguro.
La entrevistada reconoce que la injerencia de la Secretaría de Hacienda en el manejo de la renta petrolera es “legal”, pues “la Constitución no ha sido tocada y todos admiten que está bien”. Añade, sin embargo, que “las leyes secundarias son las que resultan violadas o cuando menos mal interpretadas, o no han repercutido en una ampliación de la capacidad productiva del país correspondiente a la extracción de la riqueza petrolera. Todo lo hemos gastado en importaciones, no hemos sustituido esa riqueza del subsuelo con capacidad productiva que permanentemente garantizara una mayor producción y empleo”.
Por otra parte, acusa falta de planeación y señala al ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) como el responsable del desmantelamiento del aparato estatal encargado de esa tarea. “Se necesita planeación a nivel nacional y regional que armonice las diferentes variables económicas”, comenta.
—Entonces, ¿quién tendría que tomar las decisiones?
—Esa es la gran pregunta. De acuerdo con nosotros, las decisiones deberían tomarse a través de un gabinete de energía para no violentar la Constitución. En él deberían estar, al frente de las grandes empresas, directores que fueran aprobados por el Congreso, no por el capricho del presidente. La decisión tendría que pasar por el tamiz de las cámaras de Senadores y de Diputados, y además, tendría que buscarse que el director de las gigantescas empresas del sector energético no se vea aislado en sus decisiones frente al todo poderoso secretario de Hacienda, que pertenece a un círculo financiero internacional con sede en Washington. La reorientación de esta gigantesca riqueza se está tomando respecto a decisiones que no corresponden al interés nacional, sino al interés de tener una economía en equilibrio, sin déficit, y como no se aumentan los ingresos tributarios se recurre a la renta petrolera. Todas estas decisiones se tienen que democratizar, eso implica meter al Congreso. Las comisiones de Energía de ambas cámaras también deben pasar por el tamiz de la opinión pública para que sean gente que conoce el ramo.
—¿Qué características debería tener esa reforma energética para construir una política de Estado efectiva?
—No tengo los elementos para responder esa pregunta, pero creo que debe haber relación entre la representación ciudadana que está en el Congreso de la Unión y la solvencia técnica de los expertos. En el Congreso se deben revisar a fondo los proyectos y el financiamiento de las empresas energéticas, y los expertos, que los hay dentro de México, egresados de la UNAM, el Politécnico o las universidades regionales, deben respaldar con su apoyo técnico las decisiones que se tomen.
En opinión de la economista, estos organismos deben seguir perteneciendo al Estado. Contundente, asegura que nadie estará de acuerdo, “y yo menos que nadie”, en la entrada de la iniciativa privada al ramo ni en que la obtención de utilidades sea el criterio “que decida sobre una riqueza que es de todos”.
Martínez, una de las oradoras en la pasada asamblea de la Convención Nacional Democrática encabezada por Andrés Manuel López Obrador, considera que la cuantiosa renta generada por Pemex ha sido destinada por los distintos gobiernos del país —los del PRI antes y ahora los del PAN— al gasto corriente en vez de haber sido invertida en la industrialización de la paraestatal. Esto, explica, ha limitado a la empresa y la ha dejado únicamente como exportadora de crudo.
—¿Cuál es el principal problema de Pemex: los requerimientos de la Secretaría de Hacienda, los sueldos y pensiones de los trabajadores de la propia paraestatal, el contratismo, la corrupción?
—El principal problema, tratándose de la empresa pública más importante del país, es quién toma las decisiones para su manejo. Quién decide los gravámenes, los derechos que han de pesar sobre el petróleo, que la mayor parte de la renta petrolera alimente a la Secretaría de Hacienda y deje a Pemex sin recursos para financiar su propia inversión. Quién decide que la carga fiscal sobre Pemex sea tan gravosa que la despoja de una renta que obviamente se obtiene de un recurso no renovable, o sea, se está saqueando la riqueza del subsuelo que pertenece a todos los mexicanos para convertirla en ingresos de exportación. Toda la operación subsecuente, industrialización, refinación, la petroquímica, todo eso se ha sacrificado para obtener simplemente la exportación de petróleo crudo.
Martínez lanza una pregunta retórica: “¿Quién toma esas decisiones?”. Acto seguido, responde:
—Las máximas autoridades de Pemex, designadas por el presidente de la República. ¿El presidente tiene la mejor capacidad para decidir sobre una riqueza que pertenece a todos los mexicanos y que consiste en vaciar el subsuelo del país, para destinarlo a gasto corriente, para financiar las operaciones del gobierno? Porque ese es otro hecho relativamente reciente: la petrolización de las finanzas públicas. En 1973-1974, antes que se tomara la decisión de convertir a Pemex en un exportador de crudo, los ingresos del petróleo significaban 5% de la recaudación; ¡ahora son el 39%! Y el coeficiente de recaudación no ha aumentado, sigue siendo el mismo. Ha habido un tremendo deficiente de la Secretaría de Hacienda, que no ha gravado a los causantes como los debía haber gravado. Eso también se observa a simple vista: la explosión de la riqueza de la gente de altos ingresos, la demanda que hacen de artículos importados, todo eso es patente mientras que, en cambio, hay una masa de población que ni siquiera tiene empleo seguro.
La entrevistada reconoce que la injerencia de la Secretaría de Hacienda en el manejo de la renta petrolera es “legal”, pues “la Constitución no ha sido tocada y todos admiten que está bien”. Añade, sin embargo, que “las leyes secundarias son las que resultan violadas o cuando menos mal interpretadas, o no han repercutido en una ampliación de la capacidad productiva del país correspondiente a la extracción de la riqueza petrolera. Todo lo hemos gastado en importaciones, no hemos sustituido esa riqueza del subsuelo con capacidad productiva que permanentemente garantizara una mayor producción y empleo”.
Por otra parte, acusa falta de planeación y señala al ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) como el responsable del desmantelamiento del aparato estatal encargado de esa tarea. “Se necesita planeación a nivel nacional y regional que armonice las diferentes variables económicas”, comenta.
—Entonces, ¿quién tendría que tomar las decisiones?
—Esa es la gran pregunta. De acuerdo con nosotros, las decisiones deberían tomarse a través de un gabinete de energía para no violentar la Constitución. En él deberían estar, al frente de las grandes empresas, directores que fueran aprobados por el Congreso, no por el capricho del presidente. La decisión tendría que pasar por el tamiz de las cámaras de Senadores y de Diputados, y además, tendría que buscarse que el director de las gigantescas empresas del sector energético no se vea aislado en sus decisiones frente al todo poderoso secretario de Hacienda, que pertenece a un círculo financiero internacional con sede en Washington. La reorientación de esta gigantesca riqueza se está tomando respecto a decisiones que no corresponden al interés nacional, sino al interés de tener una economía en equilibrio, sin déficit, y como no se aumentan los ingresos tributarios se recurre a la renta petrolera. Todas estas decisiones se tienen que democratizar, eso implica meter al Congreso. Las comisiones de Energía de ambas cámaras también deben pasar por el tamiz de la opinión pública para que sean gente que conoce el ramo.
—¿Qué características debería tener esa reforma energética para construir una política de Estado efectiva?
—No tengo los elementos para responder esa pregunta, pero creo que debe haber relación entre la representación ciudadana que está en el Congreso de la Unión y la solvencia técnica de los expertos. En el Congreso se deben revisar a fondo los proyectos y el financiamiento de las empresas energéticas, y los expertos, que los hay dentro de México, egresados de la UNAM, el Politécnico o las universidades regionales, deben respaldar con su apoyo técnico las decisiones que se tomen.
Nota: Una versión editada de esta entrevista fue publicada por la revista electrónica Terra Magazine.
1 comment:
Buena entrevista, sí... Sólo dos puntos:
De esta pregunta: "¿Cuál es el principal problema de Pemex: los requerimientos de la Secretaría de Hacienda, los sueldos y pensiones de los trabajadores de la propia paraestatal, el contratismo, la corrupción?"... Me parece que haces demasiado eco de las versiones comprobablemente falsas que hacen parecer al sistema de jubilasiones como el gran peligro para México.
Y los otro. Este párrafo; "Martínez lanza una pregunta retórica: “¿Quién toma esas decisiones?”. Acto seguido, responde"... Sobra. La aclaración no era necesaria, basta con que continúes la cita de corrido
Pero la entrevista es buena, ya lo he dicho antes... Cada día lo hace mejor Sr. (y mire que es difícil)
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