México publica la reforma que crea la figura de las acciones colectivas

El gobierno publicó los cambios a la constitución que permiten que los ciudadanos se asocien para defender derechos colectivos

A partir del viernes, el Congreso tiene un año para aprobar las leyes secundarias que regulen cómo funcionarán las acciones colectivas

Los partidarios de la medida afirman que ésta contribuirá a que los productores y prestadores de servicio sean más responsables

El gobierno de México publicó este jueves la reforma constitucional que crea las acciones colectivas, una figura jurídica que permite que grupos de ciudadanos se asocien para promover juicios que defiendan sus derechos ambientales, culturales, educativos, a la salud y como consumidores, en vez de tener que presentar demandas individuales.
La reforma agrega un párrafo al artículo 17 de la Constitución: “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos”.
A partir del viernes, cuando la reforma entre en vigor, el Congreso tendrá un año para crear las leyes secundarias que establezcan cómo funcionará esta figura, conocida como class action y ejercida en países como Estados Unidos, Brasil o Chile.
La medida fue aprobada por el Senado en diciembre de 2009 y por la Cámara de Diputados en marzo pasado. Al tratarse de una reforma constitucional, después de pasar por el Poder Legislativo federal llegó a las legislaturas estatales.
Dieciocho estados aceptaron las acciones colectivas, uno más de los 17 necesarios para avalar cambios a la Constitución, dijo a CNNMéxico Daniel Gershenson, presidente de la asociación civil Alconsumidor, una de las promotoras de la reforma.
Gershenson señaló que el proceso que condujo a la aprobación de las acciones colectivas registró “jaloneos”, resistencias de empresarios que se oponen a la medida porque consideran que originará demandas sin sustento que afectarán a sus compañías. Los partidarios de las acciones colectivas dicen que éstas contribuirán a que los productores y prestadores de servicios sean más responsables.
“Lo que se tiene no es perfecto, pero es un avance en la defensa de los consumidores”, comentó Gershenson. “Ahora falta la ley secundaria”.
Alejandro Calvillo, presidente de la asociación civil El Poder del Consumidor, otra de las impulsoras de la reforma, dijo a CNNMéxico que esa legislación deberá definir tres aspectos clave: la cantidad mínima de personas que tendrían que ser afectadas por un tercero para presentar una demanda colectiva, quién podrá representar a los demandantes y cuáles serán los mecanismos de reparación del daño.
Calvillo señaló que los empresarios volverán a cabildear en el Congreso para intentar limitar las acciones colectivas, como lo hizo desde 2008, cuando la primera iniciativa en la materia llegó al Legislativo. Sin embargo, consideró que las acciones colectivas “ayudarían mucho al país en el combate a la impunidad”.
“Difícilmente una persona puede tener los recursos para enfrentar una violación a sus derechos de manera individual; las acciones colectivas permitirían que esta disparidad entre empresas o instituciones públicas y los ciudadanos quede superada”, dijo.

Nota: Este texto fue publicado en CNNMéxico.

Mexicanos reciben con emoción las restricciones a la ley de Arizona

La comunidad mexicana en Arizona, que representa 10% de la población del estado, festejó que una jueza bloqueara unas partes de la norma

Los migrantes estaban preocupados por su entrada en vigor, que permitía que la policía detuviera a personas sospechosas de ser migrantes indocumentados

Una encuesta de CNN reveló que la mayoría de los estadounidenses apoyan la legislación

Érika Andiola recibió “bien emocionada” la noticia de que una jueza federal bloqueó algunas de las partes de la ley de inmigración de Arizona, programada para entrar en vigor el jueves y que fue calificada de discriminatoria por organizaciones a favor de los migrantes.
“Estoy bien emocionada, no me lo esperaba, no pensaba que realmente lo pudiera hacer, tengo un poco más de esperanza de que la pueda echar atrás toda”, dijo Andiola a CNNMéxico.
Andiola, de 23 años, forma parte de los más 600 mil mexicanos que viven en Arizona, de acuerdo con el Instituto de Política de Migración de Estados Unidos. La cifra representa 10% de la población del estado y supera el número de habitantes de las entidades mexicanas de Baja California Sur, donde residen 513 mil, y de Colima, donde hay 568 mil.
La migrante llegó a Arizona cuando tenía 11 años. “Toda mi familia más cercana está aquí, mi mamá, mis hermanos, mis tíos… la mayoría de mis amigos también están acá”, relató.
Andiola, quien vive en la ciudad de Mesa y promueve los derechos de los estudiantes indocumentados, dijo que la comunidad estaba “bien preocupada” por la entrada en vigor de la ley S.B. 1070.
La legislación, promulgada el 23 de abril, permitía que los policías estatales detuvieran a cualquier persona sospechosa de ser migrante indocumentado. Organizaciones civiles y el gobierno estadounidense presentaron demandas que buscaban suspender la aplicación de la ley.
Este miércoles, la jueza Susan Bolton determinó que la policía de Arizona no podrá indagar el estatus migratorio de una persona si sospecha que se encuentra en el estado ilegalmente. El argumento de Bolton es que la inmigración es un asunto federal, no estatal.
También fue suspendida la disposición que convertía en delito que los migrantes indocumentados pidieran empleo en lugares públicos.
La semana pasada, la investigadora Silvia Núñez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a CNNMéxico que la jueza tenía “muchos elementos” para suspender la ley.
Núñez señaló que, hasta la fecha, la legislación ya ha tenido un impacto pues “hay muchos migrantes sin documentos que han dejado el estado, han buscado salir de ahí”.
Andiola dijo que entre las medidas que la comunidad mexicana en Arizona toma para protegerse está la realización de foros “para explicarles (a los migrantes) cuáles son sus derechos, como permanecer callados, aunque sean indocumentados; es una forma de que la comunidad sepa”.
La ley de inmigración no ha sido declarada inconstitucional, por lo que entrará en vigor este jueves, sin las partes bloqueadas por la jueza Bolton.
De acuerdo con una encuesta de CNN dada a conocer el martes, la mayoría de los estadounidenses, 55%, está a favor de la legislación en tanto sólo 25% la rechaza.
El gobierno de México criticó la ley y presentó un recurso como amigo de la corte para respaldar las demandas en su contra.

Nota: Este texto fue publicado en CNNMéxico.

Poca evidencia para atribuir a la guerrilla la desaparición de Diego

Especialistas coincidieron en que no hay datos que sustenten la hipótesis de que un grupo guerrillero secuestró al ex candidato presidencial

Actualmente en México operan sólo tres o cuatro guerrillas, y ninguna de ellas tiene gran capacidad operativa, dijo Jorge Lofredo

Es necesario pensar en la posibilidad de que un grupo paramilitar sea el responsable del hecho, señaló José Luis Piñeyro

El ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos cumple este miércoles, dos días después de que el periodista José Cárdenas difundió una supuesta fotografía suya y una carta presuntamente de su autoría, casi dos meses y medio desaparecido.
Cárdenas afirma que familiares de Fernández de Cevallos confirmaron la veracidad de la misiva, en la que los llama a actuar “de inmediato” y “negociar con toda seriedad para gestionar la entrega del dinero y mi libertad”.
“Ellos (los captores) tienen todo el tiempo del mundo, no les corre ninguna prisa. Lo mismo les da mañana que dentro de cien días”, se lee en la carta, cuya autenticidad no ha sido verificada por CNNMéxico.
Hasta la fecha, la familia, que pidió ser la única vocera que informe de los avances del caso, no ha dicho quién tiene en su poder a Fernández de Cevallos ni qué piden por él. Las autoridades federales tampoco han dado reportes al respecto.
Fernández de Cevallos desapareció la noche del 14 de mayo de su rancho de Querétaro, estado ubicado en el centro de México, donde las autoridades encontraron huellas de violencia.
Dos semanas después, el abogado Fauzi Hamdan, ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN) y amigo del llamado Jefe Diego, dijo que “un grupo de poder muy importante” está detrás del delito.
“Se ve claramente por todas sus acciones externas y señales, de un gran poderío, de una gran organización, de grandes recursos. No sé si haya algún contenido ideológico en este grupo, pero podría haberlo”, señaló Hamdan en una entrevista con MVS Radio.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega, apuntó entonces ante medios a la probable responsabilidad de organizaciones guerrilleras, una hipótesis que ha circulado en diarios como Reforma y La Crónica.
Sin embargo, especialistas en grupos armados y seguridad dudaron que guerrillas hayan secuestrado a Fernández de Cevallos, abogado de 69 años, candidato presidencial del PAN en las elecciones de 1994 y uno de los líderes históricos del partido.

¿Huellas de la guerrilla?

José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco (UAM-A), señaló que “no hay claridad suficiente” para afirmar que un grupo guerrillero esté detrás del hecho.
Piñeyro dijo a CNNMéxico que la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), aparecida públicamente en 1996 y que en 2007 detonó bombas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), se deslindó de la desaparición, “entre otras razones, porque ellos no utilizan este tipo de tácticas de lucha y, por otro lado, porque las demandas, en caso de haber efectuado el secuestro, hubieran sido de carácter político y no económico”.
Jorge Lofredo, cofundador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), coincidió con Piñeyro en que existe poca evidencia que sustente que la guerrilla secuestró a Fernández de Cevallos.
El Cedema es una institución con sedes en Argentina y España dedicada a reunir y publicar documentos de los grupos armados en el mundo, principalmente en América Latina, con fines de investigación académica.
“Los captores no tienen prisa, es el único dato duro que tenemos, pero eso nos lleva a pensar en varias cosas”, dijo Lofredo a CNNMéxico. Agregó que el largo cautiverio de Fernández de Cevallos es similar a la estrategia guerrillera denominada “guerra popular prolongada” —lucha a largo plazo—, “pero otro argumento no hay” para concluir que lo secuestró una guerrilla.
De acuerdo con Lofredo, en México sólo existen tres o cuatro grupos guerrilleros con actividad visible, situados históricamente en el sur del país, en estados como Guerrero o Oaxaca, pero “no me parece que ninguno tenga la organización suficiente como para poder mantener en cautiverio a una persona como Diego Fernández de Cevallos”.
El único de ellos que ha reivindicado el secuestro como modalidad política o forma de aprovisionamiento es Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), una escisión del EPR que en 2003 secuestró a Fernando Castro Suárez, ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agregó Lofredo.
Para Piñeyro, más que apuntar a la guerrilla, debe pensarse en la posibilidad de que el secuestro de Fernández de Cevallos fuera perpetrado por un grupo paramilitar que busque, “además de obtener recursos monetarios, comprometer la situación de inseguridad pública y dañar más la imagen internacional de México”.
El experto Jorge Luis Sierra dijo a CNNMéxico que, dos meses después de la desaparición de Fernández de Cevallos, hay poca claridad en el caso, “y el que tendría que aclararlo y no lo está haciendo es el gobierno federal”.

Nota: Este texto fue publicado en CNNMéxico.

El coche bomba en Juárez, ¿señal de narcoterrorismo en México?

Cuatro personas murieron en Ciudad Juárez la semana pasada a causa de un coche bomba, método usado por narcotraficantes colombianos en los 80

Algunos expertos señalan que el acto no es 'narcoterrorismo' porque no persigue un fin político-ideológico

Otros señalan que es narcoterrorismo en la medida en la que genera una “guerra psicológica” que infunde miedo en la sociedad

Los gobiernos de México no han podido disminuir el poder de los cárteles ni aumentar la seguridad, coinciden

Belén Zapata y Mauricio Torres

Sebastián Marroquín, hijo del conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, cabecilla del cártel de Medellín, relató a principios de este año que el primer coche bomba en la historia de Colombia explotó el 13 de enero de 1988 afuera de su casa.
El artefacto no produjo víctimas mortales pero, además de romper "los vidrios de todas las viviendas de Medellín en un kilómetro a la redonda", provocó la ira de Escobar.
Ese ataque contra su familia, aparentemente perpetrado por el rival cártel de Cali, hizo que el narcotraficante ordenara "la explosión de más de 200 bombas por todo el país hasta casi lograr la claudicación de todos los poderes del Estado frente al poder del narcotráfico", escribió Marroquín en un artículo para la revista Expansión.
Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México, registró el 15 de julio pasado el primer atentado con coche bomba en la historia de la localidad.
El analista Jorge Luis Sierra, experto en temas de seguridad, afirmó que no es el primero en el país. Uno, que fue atribuido a la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero reivindicado por el grupo guerrillero Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP), estalló el 8 de enero de 1994 en un centro comercial de la Ciudad de México, sin causar muertes.
En junio de ese año, el cártel de los hermanos Arellano Félix colocó uno enfrente del hotel Camino Real de Guadalajara, en el estado de Jalisco, con la finalidad de matar a su rival, Ismael El Mayo Zambada, aunque el artefacto detonó antes de tiempo.
El ataque en Ciudad Juárez, en el que murieron cuatro personas, fue atribuido por el gobierno federal a una reacción de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, tras la captura del sicario Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35.
Al día siguiente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno mexicano negó que el atentado con coche bomba se tratara de un acto de narcoterrorismo.
Y el domingo, un graffiti presuntamente escrito por miembros del cártel de Juárez sobre un muro de la localidad, advirtió de ataques similares si Estados Unidos no investiga los supuestos vínculos entre la Policía Federal mexicana y los narcotraficantes.

Los objetivos del narcoterrorismo

Jairo Libreros, experto en seguridad de la Universidad Externado de Colombia, señaló que, en la época de Escobar, Colombia vivió un fenómeno de narcoterrorismo, pues los cárteles buscaban "un cambio en el control político; no se trataba sólo de que la autoridad dejara de perseguir a los criminales, el objetivo era crear un nuevo modelo político manejado por narcoterroristas".
"En México, en cambio, los cárteles no van en busca de un nuevo modelo político, lo que defienden es su estilo de vida. A través de la violencia pretenden que la autoridad los deje seguir traficando; que nos los extraditen y que su dinero esté seguro", dijo Libreros a CNNMéxico.
A diferencia de Libreros, la investigadora Vanda Felbab-Brown, del Instituto Brookings, con sede en Estados Unidos, cuestionó el concepto de narcoterrorismo para definir lo vivido en Colombia durante la década de 1980, pues consideró que no explica la realidad.
Los narcotraficantes "no tienen una agenda ideológica; quieren control político, poder, que los políticos no los molesten, pero no quieren tirar el sistema o tomar el país", mencionó.
La especialista en narcotráfico dijo a CNNMéxico que el nivel de violencia en la Colombia de los años 80 era "peor en muchos sentidos" al que vive México actualmente.
“Los narcotraficantes trataban sistemáticamente de asesinar jueces y fiscales, y mataron a varios cientos de ellos; aún no vemos eso en México”, señaló.
Ambos expertos coincidieron en que lo que sucede en México no puede ser calificado de narcoterrorismo, ya que los cárteles mexicanos recurren a actos violentos para eliminar rivales, efectuar ajustes de cuentas, demostrar a la sociedad que la policía es vulnerable e inhibir que la ciudadanía los denuncie.
De acuerdo con Libreros, actos como el coche bomba de Ciudad Juárez o los mensajes en mantas o bardas dejados en el estado de Tamaulipas no cumplen con los tres elementos que caracterizan al narcoterrorismo: perseguir un objetivo político, reivindicar causas sociales y legitimar las actividades criminales.
Para Sierra, sin embargo, aunque el narcotráfico no persigue un fin ideológico, el ataque "es terrorista en la medida que es un acto que busca modificar la voluntad del enemigo y de la sociedad", un componente de una "guerra psicológica" que intenta generar miedo y que tuvo repercusión nacional.

México y Colombia, casos distintos

Felbab-Brown dijo que el contexto en el que el gobierno colombiano combatió al narcotráfico en los 80 era distinto al de México en la actualidad. En Colombia, por ejemplo, había fuertes grupos paramilitares que no existen en México.
Además, "un punto clave en la lucha del gobierno colombiano fue que logró desmantelar a la mayor parte del cártel de Medellín con ayuda de su rival, el cártel de Cali, que creía que de esa manera se quedaría con el mercado de las drogas".
"En buena medida esa ha sido la estrategia del gobierno mexicano: perseguir y arrestar a grandes narcotraficantes; la diferencia es que en México hay muchos más cárteles a los cuales hacerles frente", agregó.
Sierra también desconfió de las comparaciones entre México y Colombia. "Son situaciones distintas", dijo, porque en Colombia había grupos paramilitares y los narcotraficantes mexicanos tienen mayor poder de fuego y áreas de influencia que los colombianos de los 80.
"México no ha podido reducir la fuerza del narcotráfico; ha detenido a mandos medios, a algunos mandos altos, pero el narcotráfico ha demostrado gran capacidad para suplirlos", sostuvo Sierra.
Ante esa incapacidad, explicó, "cada gobierno mexicano ha priorizado la lucha contra el cártel que le representa más riesgo para la seguridad nacional".
Así, mientras en el sexenio de Felipe Calderón el combate se ha centrado en los cárteles del Golfo y de los hermanos Beltrán Leyva, en el de Vicente Fox (2000-2006) se ubicó en el de los hermanos Arellano Félix.
Felbab-Brown dijo que algunos factores que ayudaron a Colombia a combatir el narcotráfico fueron las reformas policial y judicial, aunque ella y Sierra dudaron que México esté en posibilidades de aplicar soluciones similares, por la debilidad de sus instituciones.
El sistema de justicia de México es ineficaz y la corrupción es un problema que padecen los cuerpos policiales, ejemplificaron.
La especialista señaló que hechos como el coche bomba y las masacres que se registran en México muestran "qué tan baratas se han vuelto las balas y las vidas", mientras para Sierra son un reflejo no de que México sea un "Estado fallido", sino de que “va en retroceso en materia de seguridad y la violencia va en aumento".

Nota: Este texto fue publicado en CNNMéxico.

El presidente busca un nuevo rol para la Secretaría de Gobernación

La dependencia más importante del gabinete presidencial recibió a su cuarto titular en tres años con siete meses

Tantos relevos en la secretaría reflejan debilidad gubernamental o una mala selección de los funcionarios en el cargo, dijo el académico José Antonio Crespo

El presidente tiene derecho a mover su gabinete, pero no dejó claro cuáles serán las funciones del nuevo secretario de Gobernación, consideró la analista Ana María Salazar

La Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de la política interior de México y la más importante del gabinete presidencial, es en la que Felipe Calderón ha realizado más cambios en casi cuatro años de su sexenio.
El miércoles, tras la renuncia de Fernando Gómez Mont, la dependencia recibió a su cuarto titular, José Francisco Blake Mora, militante del Partido Acción Nacional (PAN) al igual que Calderón y quien era secretario general de Gobierno del estado de Baja California. Los otros dos funcionarios que ocuparon el cargo fueron Francisco Ramírez Acuña, quien duró en el cargo poco más de un año, y Juan Camilo Mouriño, amigo del mandatario que murió en un accidente aéreo.
Gobernación es considerada una secretaría estratégica, ya que tiene entre sus atribuciones la relación del Poder Ejecutivo federal con el Congreso de la Unión y con los gobernadores, así como intervenir en elementos clave para la gobernabilidad del país como la seguridad pública, la protección civil y la atención a la población en caso de desastres naturales.
José Antonio Crespo, analista político y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la decisión del presidente Calderón de cambiar a los titulares de la Segob “puede reflejar una serie de situaciones no convenientes: debilidad del gobierno, una mala selección de quienes han desempeñado el cargo, un desgaste muy acelerado, falta de claridad de por dónde debe ir el gobierno, o una combinación de todas ellas, pero, desde luego, no es una buena señal”.
Crespo dijo a CNNMéxico que los relevos en Gobernación impactan negativamente en la estabilidad gubernamental. Señaló que Francisco Ramírez Acuña, hoy diputado federal por el PAN y ex gobernador del estado de Jalisco, llegó al cargo por “el pago de un favor por el respaldo que le dio (a Calderón) en la candidatura presidencial”. Tras poco más de un año en el puesto, de diciembre de 2006 a enero de 2008, fue relevado de él.
Su sustituto, Juan Camilo Mouriño, amigo cercano de Calderón y uno de los coordinadores de la campaña presidencial, “fue inhabilitado políticamente por las acusaciones de que realizó contratos con Pemex”. A principios de 2008, Andrés Manuel López Obrador, quien contendió contra Calderón en las elecciones de 2006 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó al funcionario de realizar negocios con la compañía estatal Petróleos Mexicanos aprovechando sus posiciones en el gobierno.
En noviembre de 2008, después de la muerte de Mouriño, Fernando Gómez Mont fue nombrado en el puesto. De acuerdo con Crespo, él fue “la mejor selección que ha habido en los gobiernos panistas” porque desempeñó labores de interlocución con otras fuerzas políticas, pero por su oposición a las coaliciones electorales entre el PAN y el PRD, fue “la pieza sacrificada” del equipo de Calderón.
Para la analista Ana María Salazar, “el presidente tiene el derecho a remover y usar su gabinete como un mecanismo para crear balance político; los secretarios están ahí para cumplir ciertas funciones que le permitan negociar y funcionar en un ambiente político difícil”.
Salazar afirmó que “criticar al presidente porque hizo los cambios es un error”, pues éstos relevos “debían haberse llevado a cabo desde hace mucho tiempo” porque los secretarios no cumplían con las expectativas. Sin embargo, dijo, “el error (de Calderón) fue no tener un mensaje contundente no solamente de la razón del cambio, sino de la persona nombrada”.
La analista señaló que el mandatario no dejó claro si el nuevo secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, estará enfocado a la estrategia de seguridad federal, a la negociación con otras fuerzas políticas o a ser promotor de las reformas estructurales propuestas por Calderón. Esa falta de claridad afecta “a corto y largo plazo” la percepción social sobre el desempeño del gobierno, agregó.
El miércoles, el sociólogo Alberto Olvera dijo a CNNMéxico que, al parecer, el presidente delegará a Blake Mora la lucha contra la delincuencia y él mismo asumirá la labor de interlocución con los partidos políticos durante el resto del sexenio. Al nombrar al nuevo titular de la Segob, Calderón elogió su experiencia en el combate al crimen, una de las principales políticas de este gobierno.
Crespo coincidió con ese punto de vista. Para el académico, aunque los comicios presidenciales se efectuarán hasta 2012, “ya estamos metidos en la sucesión presidencial, y eso es lo que va a jalar el esfuerzo de Calderón”. Por ello, señaló, Blake Mora estará en Gobernación para tratar de coordinar la estrategia de seguridad pública, “pero no mucho más que eso”.

Nota: Este texto aparece en CNN México.

El gabinete de Calderón acumula 19 cambios en lo que va del sexenio

(Foto: Notimex)

El presidente había efectuado 15 movimientos en su equipo; este miércoles realizó cuatro más, uno de ellos en la Secretaría de Gobernación

El relevo de Fernando Gómez Mont al frente de la política interior se debió al desgaste que había sufrido el ex funcionario, dijeron analistas

José Francisco Blake Mora, nuevo titular de la Segob, tiene un “bajo perfil”, lo que hace pensar que el presidente asumirá por sí mismo la labor de interlocución con los partidos

El gabinete presidencial de México acumula 19 cambios en poco más de tres años y medio de gobierno de Felipe Calderón.
Hasta julio, Calderón había efectuado 15 movimientos en su gabinete legal y ampliado. Sumó cuatro más con los realizados el miércoles en las secretarías de Gobernación (Segob) y Economía (SE), en la Oficina de la Presidencia de la República y en el organismo de promoción comercial ProMéxico.
Fernando Gómez Mont, tercer secretario de Gobernación de este sexenio, renunció al cargo y fue sustituido por José Francisco Blake Mora, ex secretario de Gobierno de Baja California. Gerardo Ruiz Mateos dejó Economía y regresó a la jefatura de la Oficina de la Presidencia en lugar de Patricia Flores. Como reemplazo de Ruiz Mateos fue nombrado Bruno Ferrari, quien dirigía ProMéxico y cuyo relevo aún no se informa.
Para Alberto Olvera, sociólogo de la Universidad Veracruzana (UV), Gómez Mont “se había desgastado tanto en su relación con el propio presidente como en la que tenía con los partidos de oposición”.
El ex funcionario se opuso a las coaliciones electorales entre el oficialista Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para los comicios de este año, pero “dado el éxito relativo de las alianzas, el presidente reconoció que el secretario había perdido su confianza y la capacidad de ser un interlocutor”, dijo Olvera a CNNMéxico.
Flores, de acuerdo con el académico, “era una promotora de una política de confrontación”, por lo que fue sustituida por Ruiz Mateos, “un operador de confianza del presidente, que ya había estado en el cargo”. Desde diciembre de 2005, Ruiz Mateos ha colaborado con Calderón, primero en su equipo de campaña y después en su gobierno.
El politólogo Juan Díaz Rebollar coincidió con Olvera en que, para realizar estos cambios, el presidente “se centró en su círculo cercano, en el panismo, no vemos figuras nuevas”. Criticó que el mandatario no efectuara otros nombramientos, pues “este relevo podía ser una puerta de entrada para que las alianzas trascendieran de un acto electoral”.

Nueva etapa en Bucareli

José Francisco Blake Mora, el nuevo titular de la Segob —también llamada la casona de Bucareli—, es un político “de bajo perfil”, dijo Díaz Rebollar a CNNMéxico. Esa característica, agregó, es “un arma de doble filo”.
“Puede ser bueno porque es una persona que no está buscando una candidatura ni la Secretaría de Gobernación como un trampolín político (…); por otra parte, no es conocido, y dentro de la cultura del mexicano estamos muy acostumbrados a las figuras con trayectoria, porque creemos que la figura pública que vemos a diario tiene experiencia y, si no lo conocemos, creemos que no la tiene”, señaló.
A juicio de Olvera, al colocar a Blake Mora al frente de la Segob, “el presidente quiere mandar el mensaje de que quiere en ese puesto a alguien con experiencia directa y operativa en el combate al narcotráfico”. Este miércoles, durante la presentación del nuevo funcionario, Calderón destacó su labor en la lucha contra la delincuencia.
Sin embargo, dijo el académico, al tratarse de alguien sin trayectoria nacional y con débil interlocución con los partidos, “parece que el presidente se tornará él mismo el interlocutor político, relevando de esas responsabilidades al secretario de Gobernación”.
Ambos analistas señalaron que entre los retos que enfrentará Blake Mora como cabeza de la Segob están la seguridad y conducir la relación del gobierno con el Congreso de la Unión y con el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Una vez que el PAN y el PRD hicieron alianzas, se prevé que el PRI esté muy poco colaborativo en términos de colaboración legislativa en lo que resta del sexenio”, dijo Díaz Rebollar.
Para el politólogo, si Blake Mora es el último secretario de Gobernación del sexenio, otra tarea que deberá encarar es “hacer una transición y una sucesión presidencial pacífica, ordenada y apegada a derecho”.
“Tendremos que esperar algunas semanas para ver los resultados que va dando”, dijo Díaz Rebollar.

Nota: Este texto aparece en CNN México.

Fernando Gómez Mont, el tercer hombre que sale de Gobernación

(Foto: Cuartoscuro)

El ex funcionario permaneció durante un año con nueve meses al frente de la política interior de México

Llegó en noviembre de 2008 para sustituir a Juan Camilo Mouriño; antes había ocupado el puesto Francisco Ramírez Acuña

Defendió las decisiones presidenciales en materia de seguridad, reforma política y economía, aunque criticó las coaliciones electorales

Fernando Gómez Mont dejó este miércoles la Secretaría de Gobernación (Segob), dos días después de que reiterara su “disposición a servir” en el gobierno federal y pusiera la decisión sobre su permanencia en el cargo en manos del presidente Felipe Calderón.
El anuncio de su reemplazo ocurrió a menos de dos semanas de que las coaliciones electorales entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), a las que el ex funcionario calificó de “antidemocráticas y un fraude a la ley”, ganaran el gobierno de tres estados que estaban en poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Gómez Mont fue el encargado de la política interior de México durante un año con nueve meses. Llegó a la Segob en noviembre de 2008 para ocupar el puesto que quedó vacante tras la muerte de Juan Camilo Mouriño en un accidente aéreo.
De 47 años, Gómez Mont pertenece a una de las familias de mayor tradición panista en México. Es hijo del fundador e ideólogo del PAN Felipe Gómez Mont, el más joven de 13 hermanos y abogado graduado de la Escuela Libre de Derecho, al igual que el presidente Felipe Calderón y la primera dama, Margarita Zavala.
Él mismo fue militante panista durante décadas, hasta que el 10 de febrero de este año renunció al partido “debido a razones que me veo obligado a no revelar por discreción profesional”.
Durante la época de su militancia fue asesor de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Antonio Lozano Gracia, diputado federal en la 55 Legislatura (1991-1994) y representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral (IFE). En 1995 se alejó momentáneamente de la política.
Como abogado litigante mantuvo una relación cercana con el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos —desparecido desde el 15 de mayo— y defendió a clientes polémicos como el líder minero Napoleón Gómez Urrutia; el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Rogelio Montemayor; Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y el banquero Jorge Lankenau.
Posteriormente fundó y fue socio del despacho de abogados Zínser, Esponda y Gómez Mont, en el que permaneció hasta que fue llamado por Calderón para sustituir a Mouriño en la Segob.
Al frente de esa dependencia defendió las decisiones del gobierno federal en materia de seguridad, reforma política y economía.
Respaldó la lucha contra el crimen organizado que el presidente inició desde diciembre de 2006 y dijo que el Estado no puede desistir en su empeño de controlar a quienes amenazan a las instituciones. En esa materia, antes de las elecciones del pasado 4 de julio, en las que se renovó el gobierno de 12 estados, llamó a la ciudadanía a votar y a que las autoridades cerraran espacios a “los violentos” que atacan la democracia.
En octubre de 2009, después del decreto presidencial que extinguió la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y causó las protestas de sus miles de trabajadores, junto con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, asumió la defensa de la medida y los intentos de diálogo con los electricistas descontentos.
Promovió la reforma política presentada por Calderón ante el Congreso de la Unión en diciembre de 2009, que propone, entre otros puntos, la reelección inmediata de diputados y alcaldes y la segunda vuelta electoral. Hasta la fecha, la reforma está detenida en el Poder Legislativo.
Gómez Mont protagonizó varios episodios polémicos. Uno de ellos fue la firma del pacto entre la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, y el dirigente panista, César Nava, con el que el PAN se comprometía a no realizar alianzas electorales en los comicios del Estado de México en 2011, a cambio de que el presupuesto presidencial fuera aprobado en el Congreso. El ex funcionario fungió como testigo de un acuerdo que terminó roto.
Recientemente llamó “tontos útiles” a los defensores de derechos humanos que critican la estrategia de seguridad federal, lo que le valió críticas de parte de los ombudsman del país y de la sociedad civil.
Uno de esos últimos episodios fue su exhorto a los medios de comunicación a no permitir que la cobertura informativa sobre la violencia en México “tape otra información que está siendo muy importante”. Legisladores de oposición, como el senador priista Rogelio Rueda, criticaron ese llamado bajo el argumento de que es “un desatino exigir que suavicen o maticen las informaciones periodísticas sobre los ajustes de cuentas y asesinatos que a diario se dan en el país”.

Nota: Este perfil fue publicado en CNN México, al igual que textos sobre José Francisco Blake Mora y Gerardo Ruiz Mateos.

El río Bravo puede crecer hasta 15 metros a causa del huracán 'Alex'

La creciente del río puede llegar hasta 15 metros en las próximas horas debido a las lluvias originadas por el huracán ‘Alex’

Autoridades de Protección Civil de Nuevo Laredo dijeron que el fenómeno puede afectar a colonias locales y municipios de Nuevo León

En Nuevo León, las lluvias han dejado 12 muertos, 40,000 damnificados y costos por unos 10,000 millones de pesos

La creciente del río Bravo, localizado en la frontera entre México y Estados Unidos, aumentará hasta 15 metros en las próximas horas a causa de las lluvias originadas por el huracán Alex en el noreste mexicano, de acuerdo con estimaciones de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Desastres de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El cálculo está basado en reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el organismo binacional que vigila la aplicación de los tratados en la materia entre México y Estados Unidos, dijo personal de la dependencia a CNNMéxico.
Según las estimaciones, la creciente del río podría afectar a las colonias Claudett y El Remolino de Nuevo Laredo, así como al municipio de Anáhuac, ubicado al norte del estado de Nuevo León, situado al oeste de Tamaulipas.
Autoridades de Protección Civil señalaron que monitorearán el desarrollo de las lluvias para atender a los posibles afectados.
Alex tocó tierras mexicanas el 30 de junio con la intensidad de un huracán de categoría 2. Conforme avanzó en el territorio disminuyó su fuerza, pero ocasionó fuertes lluvias que han impactado en Texas, en Estados Unidos, así como en los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El 1 de julio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que el desastre que causará Alex será mayor al generado en 1988 por el huracán Gilberto, que dejó graves inundaciones y decenas de muertos.
Tan sólo en Nuevo León, las lluvias originadas por Alex han tenido un saldo de 12 muertos, alrededor de 40,000 damnificados, cortes en los suministros de agua potable y energía eléctrica y unos 10,000 millones de pesos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró estado de emergencia en 21 municipios de Nuevo León, en tanto el gobernador, Rodrigo Medina, dijo que las autoridades estatales se mantienen en alerta.
La Presidencia de la República informó en un comunicado que el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, acudirá el miércoles a Monterrey, capital de Nuevo León, para dar seguimiento a los trabajos para atender a los afectados por el huracán.

Nota: Este texto aparece en CNN México.

La izquierda mexicana cosecha triunfos electorales, pero siembra dudas

(Foto: Cuartoscuro)

La derrota del PRD en territorio zacatecano muestra las divisiones de la izquierda, aunque su política de alianzas le llevó ganar en tres estados

Las coaliciones formadas por los partidos de izquierda y el PAN, de derecha, resultó exitosa en términos electorales, dicen analistas

Sin embargo, como gobierno los partidos aliados tendrán que ponerse de acuerdo en temas que los confrontan

Las coaliciones electorales dieron al Partido de la Revolución Democrática (PRD) el gobierno de tres estados, aunque la principal fuerza de la izquierda en México perdió Zacatecas, una entidad que estuvo en su poder durante 12 años y que era considerada su bastión.
Dirigentes perredistas reconocen que esa derrota en las elecciones del pasado 4 de julio se debió a las divisiones en la izquierda.
Este lunes, tras darse a conocer la victoria en Zacatecas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la secretaria de Acción Política Electoral del PRD, Socorro Ceseñas, declaró en conferencia de prensa que “cuando la izquierda se divide, nos va mal”.
“La experiencia de Zacatecas revela que si no hay una suma de fuerzas que alcance mayor convocatoria, el resultado no será bueno”, dijo a CNNMéxico Francisco Valdés Ugalde, director general de la sede en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
El PRD ganó el gobierno de Zacatecas por primera vez en 1998, con la candidatura del ex priista Ricardo Monreal. Fue el segundo gobierno local que el perredismo conquistó en su historia, un año después hacerse del Gobierno del Distrito Federal (GDF), con Cuauhtémoc Cárdenas como abanderado.
De acuerdo con Valdés Ugalde, en estos comicios el PRD no tuvo un candidato capaz de atraer a los votantes zacatecanos, como en su momento lo hicieron Monreal y Amalia García, su sucesora en 2004.
Alberto Olvera, sociólogo de la Universidad Veracruzana (UV), dijo que la derrota en Zacatecas es “muy importante” para el PRD, puesto que perderá uno de los seis estados en los que gobierna y porque “muestra la división que caracteriza a la izquierda”.
Además de Zacatecas, las entidades con gobierno perredista son Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán. En los seis habitan alrededor de 22 millones 430,000 personas.

Coaliciones exitosas

Olvera señaló que a pesar del fracaso en Zacatecas, la política de alianzas del PRD “resultó exitosa”.
El PRD se alió con el Partido Acción Nacional (PAN), de derecha, y con los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia, de izquierda, con el objetivo de detener el avance electoral del PRI, que en 2009 ganó cinco de seis gobiernos en disputa y la mayoría en la Cámara de Diputados.
En 2010, gracias a esas coaliciones, los partidos aliados son los virtuales ganadores de los gobiernos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, que antes estaban en poder del PRI, y aunque perdieron en Hidalgo y Durango, “compitieron mucho más exitosamente de lo esperado”, según Olvera.
José Luis Méndez, politólogo de El Colegio de México (Colmex), dijo que las coaliciones detuvieron “una tendencia a que la izquierda se marginara” pero, al mismo tiempo, representan una política que “desdibuja a la izquierda” pues no aclaran qué aportará ésta a los gobiernos de los estados donde ganó, en los que gobernará a alrededor de 11 millones 700,000 personas.
“Si simplemente va a terminar en un pragmatismo electorero, esto (la coalición) tendrá efectos negativos para la propia izquierda y para el sistema político”, mencionó Méndez.
Olvera también estimó que al aliarse con el PAN, la izquierda genera dudas sobre su programa de acción, porque no explica cómo trabajará con las fuerzas de derecha en temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el gasto social.
En contraste, Valdés Ugalde consideró positivas las alianzas entre partidos de ideologías diferentes si éstas son pragmáticas y no oportunistas. Con ellas, señaló, los partidos de izquierda y el PAN tienen “un gran reto y una gran oportunidad” para conformar gobiernos de coalición en los que se reúnan propuestas de distintas formaciones políticas, se negocie y se sirva a los ciudadanos.
Para Olvera, en vista de los resultados electorales favorables, los partidos aliados optarán por no tocar los asuntos conflictivos, sino por unirse de cara a las elecciones próximas con la finalidad de derrotar al PRI. “De aquí al 2011, veo a esos dos partidos (el PAN y el PRD) siendo aliados en todo lo posible y minimizando sus diferencias”, dijo.

Nota: Este texto aparece en CNN México.

La coalición PAN-PRD vence en Oaxaca; el PRI dice ser “primera fuerza”

La coalición oposicionista arrebató al priismo el gobierno de Oaxaca y reclama otros cuatro triunfos, mientras el PRI dice haber ganado en 11 estados

El PRI ganó en Aguascalientes y Zacatecas, que antes estaban en manos del PAN y del PRD

Los resultados confirman la tendencia ganadora que el PRI mostró en 2009, pero las elecciones 2011 serán clave, dicen analistas

Hanako Taniguchi y Mauricio Torres

La coalición opositora conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia arrebató el gobierno de Oaxaca al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo en poder de esa fuerza política durante 80 años.
Los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, y del PRD, Jesús Ortega, dijeron en conferencia de prensa que “hoy la ciudadanía ha votado por el cambio, ya ha dejado atrás 80 años de historia”.
De acuerdo con las encuestas de salida de Consulta Mitofsky-Televisa y Gabinete de Comunicación Estratégica-Milenio TV, el candidato Gabino Cué venció al priista Eviel Pérez Magaña.
El PAN, el PRD, el PT y Convergencia se aliaron para contender contra el PRI por el gobierno de cinco estados durante las elecciones del 4 de julio.
Hasta la noche del domingo, cifras preliminares daban la victoria a la coalición en Oaxaca; mostraban que en Puebla y Sinaloa los resultados eran cerrados, lo que no permitía nombrar un ganador, e indicaban que la alianza perdía en Durango —donde vencía el priista Jorge Herrera Caldera— y en Hidalgo —donde ganaba el también priista Francisco Olvera.
El politólogo José Fernández Santillán, profesor visitante de la Universidad de Harvard, dijo a CNNMéxico que la victoria de la coalición se sustentó en el pragmatismo político que llevó a partidos de ideologías diferentes a unirse.
“Son coaliciones pragmáticas que le salvan la cabeza a Jesús Ortega y no hacen ver mal a César Nava, pero después de este día, la pregunta para mañana va a ser cómo le van a hacer para gobernar”, mencionó.
El analista político Ramón Cota Meza señaló que el triunfo da “oxígeno” a las coaliciones. “Aunque se ratifica el regreso del PRI por un margen muy amplio, de todos modos (las coaliciones) van a continuar”, agregó.
Cota Meza explicó que en la victoria de la coalición influyeron “las denuncias de las últimas semanas, las denuncias acerca de actos de corrupción, de manejo de recursos públicos para favorecer a candidatos del PRI, y sobre todo las conversaciones telefónicas”.
Recientemente, medios de comunicación difundieron grabaciones en las que el gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz, presuntamente manipulaba al presidente del instituto electoral local.
En contraste, Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que el triunfo de Gabino Cué en Oaxaca no respondió a la conformación de una coalición, sino a las características personales del candidato. También señaló que el voto de los oaxaqueños pudo ser un voto de castigo a los gobiernos priistas anteriores.

El PRI afirma ser “primera fuerza política”

A pesar de que el PAN, el PRD, el PT y Convergencia se atribuyeron victorias en Puebla, Sinaloa, Durango y Tlaxcala, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, aseguró que su partido ganó en 11 de los 12 estados en los que se votó para renovar gobierno.
En conferencia de prensa dijo que los resultados del domingo representan “un triunfo contundente” para los priistas. “Es indubitable que el PRI es la primera fuerza política electoral en el país”, agregó.
Hasta la noche del domingo, las encuestas de salida daban la victoria al PRI en Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Con esto, el PRI recuperó los gobiernos de Aguascalientes, que antes estuvo en manos del PAN, y de Zacatecas, que durante 12 años fue gobernado por el PRD.
Para Fernández Santillán, los resultados del domingo confirman “la tendencia que (el PRI) mostró desde el año pasado, cuando recuperó el control de la Cámara de Diputados en alianza con el Partido Verde (Ecologista de México, PVEM)”.
Él y Cota Meza coincidieron en que el domingo el PRI dio un paso más en su camino de regreso a la Presidencia de la República en las elecciones de 2012, pero advirtieron que los comicios de 2011 serán claves. En ellos se renovarán los gobiernos de Nayarit, Guerrero y Estado de México, esta última, la entidad más poblada del país.
El domingo por la noche, a través de la red social Twitter, Jesús Ortega dijo que el PRD no descarta concertar coaliciones electorales con el PAN para los comicios en esos estados.

Nota: Este texto aparece en CNN México.

México refuerza la seguridad por los comicios de este 4 de julio

Alrededor de 34,000 policías federales se desplegarán en los 14 estados donde habrá comicios el próximo domingo

El gobierno federal también presentó un protocolo de seguridad para garantizar que los ciudadanos puedan votar “de manera libre, auténtica y efectiva”

Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tamaulipas, algunas de las entidades más violentas del país, acudirán a las urnas

Más de 80% de los policías federales de México estarán desplegados en los 14 estados que tienen elecciones locales este 4 de julio, para garantizar la seguridad de los comicios en los que se renovarán 12 gobiernos, 14 congresos y 1,427 alcaldías.
El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Gil, dijo el 23 de junio que 34,000 agentes federales permanecerán esta jornada en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La cifra representa 81.15 % de los 41,897 policías federales que hay en el país, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
El subsecretario aclaró recientemente que, por razones de seguridad, las autoridades no darán información sobre la forma en que los elementos se distribuirán en cada entidad.
Otra medida de seguridad es la creación del Protocolo de Coordinación de Seguridad Pública para la Jornada Electoral presentado el 29 de junio, un día después del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Tamaulipas, en un hecho que el presidente Felipe Calderón atribuyó al crimen organizado.
La finalidad del documento, suscrito hasta el jueves por 12 ejecutivos locales, es “sentar bases y lineamientos de coordinación en materia de seguridad pública entre los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, a fin de garantizar procesos electorales en condiciones de gobernabilidad, seguridad, paz social y legalidad”, y que los ciudadanos puedan votar “de manera libre, auténtica y efectiva”, señaló la Segob en un comunicado.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró el jueves que el protocolo busca “cerrar los espacios” a “los violentos”, que atacan la vida y la libertad de la sociedad para elegir a sus gobernantes y representantes.
La Segob argumenta que por razones de seguridad tampoco puede especificar qué estados o candidatos han pedido el apoyo especial del gobierno federal para los comicios, aunque previsiblemente éste se concentrará en los lugares con mayores índices de violencia.
Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tamaulipas son consideradas algunas de las entidades más violentas de México, debido a la actividad del crimen organizado.
De acuerdo con datos de 2008 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Baja California, sede del cártel de las drogas de Tijuana, tuvo un índice de homicidios de 43.5 % cuando la media nacional fue de 23.3 por ciento.
Sinaloa, de donde provienen el cártel de Sinaloa y el capo Joaquín El Chapo Guzmán, tuvo uno de 36.9%, en tanto el de Durango fue de 29.4 por ciento.
Chihuahua registró la tasa más alta del país, 52.7%, y únicamente en Ciudad Juárez se han acumulado 1,391 asesinatos en lo que va de 2010, según un recuento de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Ese nivel de inseguridad hace que estén en riesgo las elecciones no sólo en Ciudad Juárez, sino en otros 21 de los 67 municipios chihuahuenses, dijo a medios el diputado local Víctor Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Tamaulipas tuvo un índice de homicidios de 17.4%, menor a la media nacional. Sin embargo, a lo largo del año en su territorio han ocurrido numerosos hechos de violencia, como enfrentamientos entre soldados y presuntos narcotraficantes, bloqueos a vialidades, atentados contra sedes diplomáticas de Estados Unidos y el asesinato de dos candidatos, José Mario Guajardo Valera, abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Valle Hermoso, y el priista Rodolfo Torre Cantú.
Según la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, tan sólo en ese estado se desplegarán 10,000 policías federales, estatales y municipales para vigilar la seguridad en los comicios.

Nota: Este texto aparece en CNN México. Como el anterior, forma parte de la cobertura que el sitio preparó para las elecciones del 4 de julio.

Los tamaulipecos votarán para renovar el gobierno del violento estado

El estado del noreste de México tendrá elecciones, a menos de una semana del asesinato del candidato puntero en las encuestas

En los comicios para elegir gobernador en 2004, la abstención fue de casi la mitad de la lista nominal, pero autoridades federales temen que aumente por causa de la inseguridad

Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país, es una plaza disputada por narcotraficantes para la exportación de drogas a Estados Unidos

Los habitantes de Tamaulipas, estado del noreste de México, acudirán a elecciones el 4 de julio, a menos de una semana de que el candidato puntero al gobierno local, el priista Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado en una balacera que el gobierno federal atribuye al crimen organizado.
La entidad votará para elegir gobernador, 36 diputados —22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional—, así como alcaldes para sus 43 municipios.
Tamaulipas es un estado fronterizo con Estados Unidos que siempre ha estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Rodolfo Torre Cantú buscaba mantener ese dominio al suceder en el Poder Ejecutivo local a Eugenio Hernández Flores, del que fue secretario de Salud.
El abanderado de la coalición Todos Tamaulipas —conformada por el PRI y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal)— encabezaba las encuestas rumbo a los comicios. Le seguían José Julián Sacramento, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), y en tercer lugar Julio Almanza Armas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Tras su muerte, Rodolfo Torre Cantú fue sustituido en la candidatura por el gobierno estatal por su hermano mayor, Egidio Torre Cantú.
La hegemonía del PRI en Tamaulipas se extiende al Congreso estatal, donde tiene 19 legisladores (60% del total), frente a ocho del PAN, dos del PRD, uno del PVEM, uno del Panal y uno del Partido del Trabajo (PT). A nivel municipal gobierna en 34 de 43 alcaldías.
Tamaulipas tiene alrededor de tres millones 200,000 habitantes, de los que 77.5% está en la lista nominal. Su territorio se divide en 22 distritos electorales en los que serán instaladas más de 2,000 casillas.
En los comicios de 2004, la participación ciudadana fue sólo de 51.76%, de acuerdo con el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), y autoridades federales como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, han expresado temor de que la inseguridad generada por el crimen organizado ocasione que la abstención aumente. El martes, un día después del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, Gómez Mont dijo que el gobierno federal busca “garantizar la participación pacífica de los ciudadanos el próximo domingo”.
A lo largo del año, la violencia se ha presentado en la entidad en forma de asesinatos, enfrentamientos entre soldados y presuntos narcotraficantes, bloqueos a vialidades y ataques sedes diplomáticas como el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, y también ha afectado el proceso electoral.
En mayo, antes de la muerte de Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado José Mario Guajardo Valera, candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, en el norte del estado. Días atrás, el panista José Julián Sacramento había denunciado que abanderados de su partido recibían amenazas de narcotraficantes, y ahora, tras el crimen contra el priista, decidió enviar a su familia fuera de la entidad.
En lo que va de 2010, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reportado enfrentamientos entre grupos de los cárteles del Golfo y Los Zetas, que antes fueron aliados pero ahora pelean el control de la región, que los grupos criminales utilizan para exportar droga a Estados Unidos.
Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Baja California son considerados los estados más violentos del país, y en todos ellos habrá comicios el domingo.
En materia económica, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el primer trimestre del año muestran que la tasa de desocupación en Tamaulipas es de 6.3%, un punto porcentual arriba de la media nacional, que es de 5.3%.
En ese contexto de inseguridad y problemas económicos, los tamaulipecos están convocados a votar el 4 de julio.

Nota: Este texto aparece en CNN México.