Por la pluralidad de voces

[Foro Internacional, columna]

Siempre será difícil realizar análisis serios sobre las complejas relaciones que se tejen entre Estado, gobierno y medios de comunicación, tanto más si se intenta establecer un deber ser, es decir, un ideal al que tendrían que aspirar esas relaciones. Por el contrario, siempre resultará sencillo —además de riesgoso— caer en juicios y simplificaciones exageradas de esos nexos.
Desde la semana pasada dos situaciones, una en el ámbito internacional y otra en el nacional, han incrementado la relevancia de este debate Estado-gobierno-medios.
En Venezuela, a las 23:59 horas del domingo 27 de mayo, tras la decisión de la administración de Hugo Chávez de no renovar la concesión a la compañía Radio Caracas Televisión (RCTV), la señal de este medio con 53 años de antigüedad salió del aire para dar lugar a la del nuevo canal público Televisora Venezolana Social (Teves).
Diversos organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), medios y analistas —a cuyas voces me sumo— han considerado que esta fue una acción unilateral de parte de un gobierno instalado en el autoritarismo, un ataque a la libertad de expresión propio de regímenes dictatoriales que buscan acallar a la oposición. Cabe recordar que ya desde enero de este año, cuando fue anunciada esa disposición, la SIP se mostró preocupada porque el móvil de este acto fuera castigar a un medio disidente para premiar uno afín al mandatario.
Por otro lado, tanto en Venezuela como en México simpatizantes del presidente Chávez han aplaudido la medida. En nuestro país causó polémica el apoyo de Camilo Valenzuela, ex guerrillero y actual presidente del Consejo Nacional del PRD. “Tenemos que aprender de Venezuela”, dijo. ¿Era posible que la izquierda, promotora histórica de la disidencia, respaldara el cierre arbitrario de un medio?, parecía ser la pregunta. Vale agregar que, en una maniobra de inteligencia política, en voz de Fernando Belaunzarán, secretario de Formación Política del partido, el propio PRD se deslindó del asunto al decir que las declaraciones de Valenzuela fueron a título personal.
En ese concierto el punto de vista de Gabriel Guerra se situó justo a la mitad. El analista declaró tener “sentimientos encontrados” por el cierre de RCTV, ya que si bien el gobierno de Chávez había dado numerosas muestras de su autoritarismo, en esta ocasión no se trataba de haber arrebatado la concesión a un medio sino de simplemente no haberla renovado, y además estaba el hecho de que durante el golpe de Estado de 2002, que intentó derrocar al militar, la televisora había alentado la insurrección, lo que para Guerra no hay modo de justificar. (Para esta columna se buscó, sin éxito, obtener una versión más detallada del comportamiento de RCTV en esos acontecimientos.)
Más llamó mi atención sin embargo encontrar opiniones que criticaban a los detractores de la acción chavista bajo el argumento de que RCTV era una compañía equiparable a —y tan deleznable como— Televisa en México. Televisa, parecían insinuar, debería correr la misma suerte que la compañía venezolana.
Independientemente de que admito desconocer la estructura empresarial y la programación de RCTV, me parece cuando menos aventurado y falto de fundamento homologar su situación con la de la empresa de Emilio Azcárraga Jean en nuestro país. Esto me conduce ahora al escenario nacional.
El jueves 31 de mayo, en el contexto de la discusión de la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores de la 59 Legislatura en contra de las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006 por el ex presidente Vicente Fox —mejor conocidas como ley Televisa por favorecer a las dos grandes televisoras del país, la citada Televisa y TV Azteca—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió anular el refrendo automático a las concesiones de radio y tv.
Esto que significa que, contrario a lo planteado en la legislación impugnada, los actuales concesionarios deberán entrar a licitación y pagar una contraprestación al Estado al vencer sus títulos. (La SCJN, no obstante, optó por mantener como válidas las prerrogativas de los actuales propietarios durante el proceso de renovación.) Con esta decisión se cumple una de las principales demandas del grupo opositor a la ley Televisa, encabezado, entre otros, por Javier Corral, Manuel Bartlett y Raymundo Cárdenas.
Ambos casos, pues, ilustran los extremos a los que puede llegar la relación Estado-gobierno-medios. En Venezuela, por un lado, se aprecia a un gobierno autoritario que buscó y aprovechó la oportunidad de silenciar a un medio que —sin importar su línea editorial, o si estamos o no de acuerdo con ella— ejercía oposición. Se calla a quienes piensan distinto. Por otro lado, en México vemos el esfuerzo de un grupo de ex senadores —que no de todo el aparato gubernamental— por echar atrás una ley que aumenta los privilegios de los principales concesionarios de los medios electrónicos, un grupo que en ese sentido, dicho sea de paso, representa a buena parte del sector académico, intelectual y civil de la sociedad mexicana.
En síntesis, la acción de Chávez representa la imposición unilateral y antidemocrática de un gobierno —actitud que se ha traducido en amenazas a otros medios como Globovisión y CNN, a quienes el presidente acusa de instigar a que lo maten—, mientras que en México se observa la pugna por limitar el de por sí enorme poder económico y mediático de dos televisoras, un poder fáctico igual de antidemocrático que el chavista.
Hasta donde entiendo, uno de los ideales de la democracia es que en la esfera pública exista cabida para la pluralidad de voces presentes en una sociedad. En esa línea, el grupo representado por Corral, Bartlett y Cárdenas no pretende acabar con Televisa y TV Azteca, sino que entre ambas dejen de concentrar 80% del espectro radioeléctrico, y con ello se permita la entrada de más radiodifusores en aras de una mayor y más justa representación social y competencia, así como de una programación más variada y de mayor calidad.
Tengamos cuidado con los juicios apresurados y simplistas que tienen por consecuencia dificultar el entendimiento cabal de la realidad. Ni la de un gobierno ni la de un solo medio o grupo de medios deben ser las únicas voces que se escuchen en una sociedad. La apertura y la tolerancia política y mediática son requisitos indispensables para la construcción de colectividades más igualitarias e incluyentes.
Si alguien, y no dudo que así será, no comparte mis ideas, bienvenida sea la crítica. En los próximos días y semanas seguramente habrá de repetirse la célebre frase de Voltaire: “Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”. No dejemos de reflexionar y de actuar al respecto.