Tratar la migración dentro y fuera

[Foro Internacional, columna]

“Héroes a fuerza” se titula el artículo con el que José Luis Piñeyro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco y especialista en temas de seguridad, ganó el Premio Nacional de Periodismo correspondiente a 2004.
Así definía Piñeyro a los mexicanos que, obligados por las difíciles condiciones socioeconómicas del país, decidían emigrar a Estados Unidos con el fin de obtener recursos que pudieran enviar a sus familias en sus lugares de procedencia, siendo conscientes o no de los riesgos que enfrentarían al intentar cruzar la frontera e incluso después de ello. Con tales acciones, a su vez, esos mismos migrantes contribuían a sostener la economía nacional, que actualmente tiene en las remesas a su segunda fuente de ingresos, sólo por debajo del petróleo y por encima del turismo.
Dentro de la política exterior de México, en específico en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos, tal vez ningún asunto reciba tanta atención como la migración. No es secreto, pues, que desde principios del sexenio de Vicente Fox se buscó promover una reforma migratoria que favoreciera a los connacionales que radican allá. Tampoco lo es que ese afán se vio frustrado por el hecho de que EU cerró sus fronteras como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 primero y por la falta de talento diplomático de la administración de Fox después.
Igualmente, del otro lado la búsqueda de una reforma en la materia se ha visto obstaculizada por la oposición de una parte de la sociedad estadounidense cuyo extremo xenófobo lo representan agrupaciones como Minutemen, así como por sectores políticos conservadores que han llegado a presentar iniciativas como la llamada ley Sensenbrenner que criminalizaba a los migrantes. Y tal parece que, tras el fracaso en el Congreso de las negociaciones de la propuesta del presidente George W. Bush —que no es la panacea—, esa reforma permanecerá congelada por tiempo indefinido.
Ante esa circunstancia, no obstante, pienso que el gobierno de México, lejos de cruzarse de brazos, deberá estar al tanto de la importancia del tema y actuar dentro y fuera de territorio nacional.
En EU —a través de sus consulados, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la labor del embajador Arturo Sarukhán y de la del propio presidente Felipe Calderón— deberá insistir en que se respeten los derechos humanos de las personas que migran al norte y en que se reconozca su contribución a la economía y a la cultura de ese país.
Para tener una idea de la representatividad de la comunidad latinoamericana y mexicana baste recordar las multitudinarias manifestaciones proinmigrantes del 1 de mayo de 2006 en ciudades como Chicago o Los Ángeles, o considerar los datos brindados por la Embajada de EU en México, tomados de los archivos de 2002 del Census Bureau, según los cuales casi 38 millones de personas que habitan en EU son de ascendencia latinoamericana, y de ellas 24 millones (60%) son de origen mexicano.
Así, lo que debería pretenderse conseguir no es, como se ha querido señalar en EU, una “amnistía” para quienes transgreden la ley, sino un trato justo, humanitario (una demanda que, por cierto, las autoridades mexicanas harían bien en cumplir en la frontera sur de nuestro país). Y como en otros asuntos bilaterales como el comercio o el combate al crimen organizado y al narcotráfico, el énfasis no deberá situarse en la confrontación, sino en hacer equipo.
Por otro lado, en lo que toca a las remesas, el gobierno mexicano deberá ser consciente de la peligrosidad de una dependencia creciente de recursos que vienen del exterior, más aún si en un momento dado éstos pueden simplemente disminuir o dejar de llegar, o si sólo son utilizados para el gasto corriente de familias o comunidades y no para la inversión.
Y es que, como mencionara Enrique Berruga Filloy, ex representante de México ante la ONU, si llegase a aprobarse una reforma migratoria que permitiera a los connacionales que radican allá llevar consigo a sus parientes, estas personas perderían el lazo con el país y ya no enviarían remesas. Es por eso que como estrategia gubernamental tendría que fomentarse el sentido de pertenencia y, además, incentivar que esos recursos sean empleados con una perspectiva a mediano y largo plazo para invertir en proyectos de infraestructura, vivienda, educación y empleo.
Pero más allá de todo lo antes mencionado, éste y los gobiernos siguientes deberán repasar las causas de la migración y estudiar a fondo el Informe de Desarrollo Humano México 2006-2007 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con este texto, la principal causa de que la gente opte por emigrar no es la pobreza, sino las desigualdades, y aunque personalmente creo fundamental no caer en el error de subestimar el grado de miseria que padece México, encuentro atinado subrayar que la desigualdad educativa, de oportunidades, laboral y salarial es de hecho un motivo por el que las personas deciden o de plano se ven forzadas a irse a otro país.
La historia ha probado que es imposible detener las migraciones. Éstas ocurren por razones políticas, guerras, enfermedades, hambre, desastres naturales o por la búsqueda de mejores condiciones de vida. En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro, sería iluso negar esta realidad, y reprobable si a ello precediera algún espíritu chovinista. No se trata de mantener anclada a la gente a su país de origen ni de que ésta sea literalmente expulsada a otras regiones, sino de que tenga toda la libertad de decidir si se queda o se va. O como dijera Rossana Fuentes-Berain en su artículo de este sábado: “Si alguien decide salir de su región, debe hacerlo por voluntad [...], no por desesperación”.
Tal vez un primer paso para dejar de ser un país expulsor de sus habitantes —a ritmo de 500 mil personas anualmente en los últimos cinco años—, un país que los fuerza a “hacerla de héroes”, sea acabar con las desigualdades sociales. Y para empezar a corregir esa inequidad tal vez lo primero que debería hacerse es acabar con los insultantes sueldos de los altos funcionarios de gobierno. O, hablando de globalización, ¿a alguien le parece sensato que un diputado federal gane casi 150 mil pesos mensuales, más que un legislador de Canadá o la Unión Europea y sólo 4 mil pesos menos que uno de Estados Unidos, cuando el salario mínimo equivale a poco más de mil 500 pesos al mes?