La acción frente a la desconfianza

Tanto en nuestras relaciones interpersonales como en aquellas que establecemos con nuestra comunidad, gobiernos y Estado, “la confianza es algo que se construye por micras y se destruye por kilómetros”. Tomo la frase de “Jugar con la verdad”, uno de los más recientes artículos de Mauricio Merino, quien recuerda al ex presidente del IFE, José Woldenberg, y éste, a su vez, al historiador Carlos Pereyra.
A partir de esta premisa el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) analiza el escándalo desatado a principios de agosto en torno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es decir, en torno de la renuncia de Flavio Galván a la presidencia del órgano en circunstancias poco claras y aduciendo “motivos de salud”, al presunto intento de corrupción por parte de una de sus más cercanas colaboradoras, Norma Inés Aguilar León, y al ascenso de María del Carmen Alanís a la titularidad del tribunal.
Merino critica la opacidad con la que se han conducido los magistrados pues, argumenta, la confianza social en el TEPJF, puesta en duda cuando menos por un sector de la población a raíz del resultado de las elecciones de 2006, puede quedar aún más debilitada.
Como él, muchos otros analistas muestran preocupación ante la desconfianza en las instituciones. Tal situación, afirman, repercute negativamente en la consolidación de la democracia porque despierta la apatía en los ciudadanos y de esa manera obstaculiza que éstos participen en los asuntos públicos. En México, a querer o no, ya sea porque esas instituciones se revelan incapaces de atender las tareas para las que fueron creadas o porque quienes están a su cargo tienen un comportamiento cuestionable, ineficiente o de plano corrupto, cada vez resulta más difícil confiar en ellas.
Años de malos gobiernos, soluciones cortoplacistas, promesas incumplidas, legislaciones insuficientes o a modo para los grandes grupos económicos e impunidad han provocado —en la lógica de la metáfora inicial— que los mexicanos acumulemos kilómetros de desconfianza en las instituciones. Dicho en otras palabras, desconfiamos simple y llanamente porque tenemos motivos para hacerlo. Y tanto la historia como las noticias diarias nos dan cuenta de ello.
Por ejemplo, aun si se dejara de lado lo que pudo haber hecho el TEPJF para transparentar el resultado de los comicios del año pasado —ordenar un recuento voto por voto o sancionar a Vicente Fox y al Consejo Coordinador Empresarial por poner en riesgo la elección—, ¿cómo confiar en él si es posible que su ahora ex presidente o quien fuera la jefa de sus asesores, o ambos, estén involucrados en la exigencia de una “comisión” de 5 millones de pesos a cambio de asegurar la compraventa de un inmueble para una de sus sedes? ¿Cómo pasar por alto un intento de corrupción tan pedestre en el máximo órgano electoral?
¿O cómo confiar en un sistema socioeconómico que favorece el clasismo y la pobreza? ¿Cómo confiar en los partidos que conforman la oposición en los distintos niveles de gobierno si algunos de sus representantes, dentro o fuera de cargos de elección popular, han incurrido en prácticas deshonestas? ¿Cómo confiar en un presidente que para ganar votos negoció el apoyo del magisterio con Elba Esther Gordillo, la poderosa líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cómo confiar en el Congreso de la Unión si los diputados, aunque dicen trabajar “por el bien del pueblo”, han visto aumentar sus sueldos en casi 500% a lo largo de nueve años, algo no menos que ofensivo en un país con tantas desigualdades sociales como México?
Toda esta desconfianza fundada, pues, constituye un círculo vicioso en el que una mala gestión genera desencanto en las personas y éstas, al no sentirse animadas a intervenir en los asuntos públicos, no hacen nada para cambiar ese estado de cosas. Sin embargo, lejos de permanecer varados en ese limbo debemos buscar respuestas.
Del lado de la autoridad, la solución es tan obvia como idealista si no es que inocente: quienes ostentan alguna responsabilidad en la esfera pública tendrían que esforzarse por reconstruir micra a micra la confianza de la sociedad a través de un desempeño honesto, eficiente y en beneficio del municipio, de la entidad, del país.
Del lado de la ciudadanía, que en los hechos debería ser el principal actor de la democracia —y desde donde se expresa quien esto escribe—, hay que acabar con el desinterés, con la apatía, y buscar incidir crítica y propositivamente en las instituciones, mejorando las que tenemos o, si se requiere, creando otras. A mi juicio, peores aún que la desconfianza son la resignación, la indiferencia, la inacción. Y si no tenemos fe en las instituciones o en quienes las dirigen, tengámosla en nosotros mismos.