Los mexicanos podrán asociarse para defender sus derechos colectivos

En 2008, la Profeco recibió más de 7 mil denuncias contra la clínica de depilación Neoskin (foto: Cuartoscuro)

Con la aprobación de las demandas colectivas, los ciudadanos podrán asociarse para protegerse de actos de la autoridad o de prestadores de servicios

Las acciones colectivas, cuya creación fue aprobada este jueves por la Cámara de Diputados, permitirán que los ciudadanos se asocien para defender sus derechos ambientales, culturales, educativos, a la salud y como consumidores frente a los actos de autoridad o los proveedores públicos o privados que lleguen a violarlos, afirmaron promotores de la medida.
Grupos de personas podrán exigir ante tribunales federales la reparación del daño causado por afectaciones al entorno natural o al patrimonio histórico, así como por mercancías defectuosas, servicios fraudulentos o cobros excesivos.
De acuerdo con el dictamen avalado en San Lázaro por 308 votos a favor, cero en contra y una abstención, el que los ciudadanos puedan asociarse en este tipo de demandas —en vez de tener que enfrentarlas de forma individual— reducirá los costos de los procesos jurídicos y generará eficacia en el sistema judicial, porque “permitirá resolver el mayor número de cuestiones procesales dentro de un mismo juicio”.
La medida, ya aprobada por el Senado el 10 de diciembre de 2009, adiciona un quinto párrafo al artículo 17 de la Constitución: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos”.
Al tratarse de una reforma constitucional, para entrar en vigor requiere ser avalada por 17 legislaturas estatales. Si esto ocurre, el Congreso de la Unión deberá elaborar la ley secundaria que norme su aplicación.
El diseño de esa legislación, de acuerdo con Daniel Gershenson, presidente de la asociación civil Alconsumidor, será “la madre de todas las batallas”, porque en este texto se definirán los detalles del funcionamiento de las acciones colectivas.
Gershenson, uno de los principales impulsores de la medida, dijo que su aprobación “muestra que si hay decisión y hay voluntad, las causas ciudadanas pueden prosperar”.
Recordó que las acciones colectivas, conocidas en inglés como “class action” y ejercidas en países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y Chile, llegaron al Congreso en 2008. Ese año, asociaciones civiles y académicos promovieron una iniciativa en la materia que fue acogida por el senador Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según Gershenson, la propuesta no avanzó por la oposición de la cúpula empresarial y de legisladores que temían que esta figura se convirtiera en un mecanismo de chantaje en contra de las empresas.
En cambio, otro documento fue presentado y aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2009, pero éste, a decir de los impulsores de la idea original, significaba un retroceso porque limitaba el ejercicio de las acciones colectivas a tres ámbitos —consumo, ambiente y servicios financieros—, y para ejercerlas obligaba a los ciudadanos a acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).
Tras la aprobación de ese dictamen “regresivo”, señaló Gershenson, los grupos ciudadanos cabildearon con fuerza en el Congreso para que se retomara la propuesta inicial. En este proceso, afirmó, resultó importante la labor de Blanca Heredia, titular de la Unidad de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segob), y de “legisladores jóvenes de los tres partidos”.
En diciembre de 2009 lograron su cometido cuando una iniciativa muy similar a la original fue aprobada en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados, donde fue promovida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juventino Castro y Castro, y avalada este jueves.
Para Gershenson, la creación de esta figura jurídica ayudará a poner un freno a los funcionarios y las empresas que no son socialmente responsables: “Sin decir que con esto vamos a salvar el mundo, ya vamos a contar con un instrumento jurídico que permita nivelar las relaciones entre gobernantes y gobernados y entre proveedores y consumidores”.

Nota: Este texto, producto de grato reporteo de escritorio, fue publicado este viernes en CNNMéxico.

No corro, no grito, no empujo

Haití, Chile, Taiwán, Ecuador, Costa Rica, Turquía… La tierra se ha movido mucho durante estos primeros meses de 2010.
Los sismos que hemos observado a lo largo del año —de diferente intensidad y que han traído consigo pérdidas tanto materiales como humanas— nos han mostrado imágenes de miedo, de tristeza, de lucha humana para sobreponerse frente a la adversidad. Igualmente nos han conducido a varias preguntas: ¿temblará también en México? ¿Estamos preparados para afrontar una tragedia? ¿Qué hacemos si ésta llega a ocurrir?
Autoridades de distintos niveles han señalado que el hecho de que estén sucediendo terremotos en otros sitios del globo no significa necesariamente que aquí vayan a repetirse. Víctor Hugo Espíndola Castro, analista del Servicio Sismológico Nacional (SSN), explicó a la agencia Notimex que el temblor de Chile, por ejemplo, se debió a la penetración de la placa tectónica de Nazca debajo de la placa Sudamericana. Éstas, agregó, no tienen una relación directa con las placas sobre las que se encuentra México, la de Cocos y la Norteamericana.
Ahora bien, tanto el SSN como la Secretaría de Gobernación (Segob) han recordado que la República se ubica en una zona altamente sísmica, por lo que la posibilidad de un sismo está siempre latente. Un evento de esta índole por definición es impredecible, lo que implica que debemos mantenernos alerta, prevenidos, en vez de caer en el pánico.
Revisar en qué condiciones se encuentran nuestros hogares, identificar los sitios más seguros dentro de éstos, guardar agua embotellada, alimentos enlatados y lámparas con baterías, tener a la mano los números de emergencia y trazar un plan de contingencia con la familia son algunas medidas que las autoridades de protección civil recomiendan tomar para sacarle ventaja previa a un temblor.
Si un evento así llega a ocurrir, el siguiente paso es evitar caer presas del miedo. Sea durante o después de un sismo, sea que estemos en casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle o en el transporte público, debemos guardar la calma para no alarmar a otros y definir cómo actuaremos.
Mientras el movimiento se desarrolla no debemos proceder a la carrera sino con prudencia y rapidez. Esto equivale a seguir el plan ya delineado, situarnos en los lugares más seguros, alejarnos de los objetos que puedan caerse, no utilizar elevadores y, en caso de ser necesario, evacuar ordenadamente el inmueble en el que estemos.
Terminado el temblor se recomienda verificar el estado de salud de quienes nos rodean, buscar daños en edificaciones, tratar de identificar fugas de gas o cortocircuitos que puedan ocasionar incendios, no prender cerillos o encendedores y reportar lesionados o siniestros. En el Distrito Federal algunos números de emergencia son el 065 para la Cruz Roja, el 068 para los Bomberos y el 5683-2222 para Protección Civil.
Otras sugerencias también importantes son mantenernos informados sobre la gravedad del sismo a través de los medios de comunicación, no propagar rumores y contactar a familiares, amigos o seres queridos con el propósito de saber cómo se encuentran.
Las medidas anteriores sirven para recordarnos que si bien un temblor no avisa su llegada, está en nosotros tomar las precauciones para enfrentarlo del mejor modo posible, una premisa que aplica tanto para las autoridades como para todos los ciudadanos.
A las primeras corresponde, entre otras obligaciones, vigilar que no se levanten construcciones que no cumplan con mínimo estándares de construcción y reaccionar con presteza frente a una tragedia. A los segundos nos toca cobrar conciencia de que la vieja frase “No corro, no grito, no empujo” persigue un noble fin: el bienestar colectivo.

Nota: Este texto aparece desde el viernes en los Dardos de diasiete.com. Este lunes también fue publicado en el blog "A vuelo de pluma", como mi segunda colaboración para la revista electrónica Kaja Negra.

México: la crisis del poder

Joseph S. Nye, profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, acuñó en 1990 los términos hard power y soft power, “poder duro” y “poder blando”, para referirse, en el primer caso, al poder que un actor político ejerce a través de la fuerza o de sus capacidades concretas de acción, y en el segundo, a aquel basado en mensajes intangibles que buscan obtener legitimidad o persuadir.
Ambos conceptos, de acuerdo con el académico Genaro Lozano, nacieron para explicar las dinámicas entre los estados en el ámbito de las relaciones internacionales, pero también es posible emplearlos para entender los procesos que tienen lugar dentro de una nación.
Una revisión de la historia de México a partir de esas herramientas de la teoría política permite observar que si bien distintos gobiernos han tenido éxito inicial en el ejercicio del soft power, éste no ha perdurado debido a que ha carecido de un hard power que lo respalde. En otras palabras, a los mensajes no les han correspondido hechos que los sustenten.

La “familia revolucionaria”
Concluida la Revolución Mexicana, expone la investigadora Esther Cimet, el grupo que quedó al mando del país, encabezado por los generales del norte Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, se ocupó de generar y promover una idea de unidad nacional.
El discurso oficial en la arquitectura, el cine, la pintura y los libros de texto gratuitos defendió la noción de “familia revolucionaria” a fin de que con ésta se identificaran las facciones que años atrás estuvieron en pugna y cada uno de los mexicanos.
Durante más de 70 años esa imagen del México emanado de la gesta que inició en 1910 sirvió a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para legitimar tanto su permanencia en la Presidencia como sus decisiones. Así, en lógica del PRI en el poder, toda acción estaba justificada por el supuesto bien de la nación, la estabilidad y el progreso, sin importar que para conseguir tales objetivos se recurriera a la censura de la prensa, la represión de los disidentes o incluso al fraude electoral.
Sin embargo, la noción de país próspero enarbolada por el priismo se vino abajo con la llegada del siglo XXI. En los comicios del 2 de julio del 2000, los votantes, descontentos con el tricolor por las promesas incumplidas de democracia y bienestar, eligieron al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, como el nuevo presidente de la República.

El cambio que no fue
Fox, originario de Guanajuato, ex gobernador de la entidad, ex diputado y empresario, utilizó durante su campaña el estereotipo de “ranchero broncudo” con el propósito de acercarse a los sectores populares y, más importante aún, jugó con la idea del cambio.
El mensaje proselitista y de los primeros años del gobierno de Vicente Fox —es decir, su soft power— se basó en la presunta intención de transformar a México respecto de lo que había sido con el PRI. De esa manera, acabaría con la corrupción, los amiguismos, el corporativismo y las barreras a las libertades civiles.
La administración foxista, no obstante, careció de voluntad política y capacidad real —hard power— para alcanzar tales metas. A factores estructurales como décadas de atraso político, económico y social, y a otros culturales como un arraigado patrimonialismo que hace que los funcionarios públicos asuman como propios los recursos del erario bajo su responsabilidad, se sumó la ineficacia del Poder Ejecutivo para enfrentar los retos nacionales.
En consecuencia, entre 2000 y 2006 el país no sólo siguió padeciendo algunas de las mismas lacras que vivió con el priismo, como la desigualdad social o el fortalecimiento de sindicatos corporativos, sino que hacia el final del sexenio la principal bandera del foxismo, el “cambio”, quedó desacreditada por completo.

Promesas sin empleo
La sucesión presidencial de 2006 estuvo marcada por la polarización político-social que derivó en un resultado cerrado —0.58% de la votación fue la diferencia entre el primero y el segundo lugar—, que dio al candidato del PAN, Felipe Calderón, un triunfo que fue cuestionado por al menos un tercio de la población.
Abusos de poder, propaganda negra e insultos contribuyeron a polarizar el ambiente antes, durante y después de los comicios. En 2005, la administración foxista pretendió quitar de la contienda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), valiéndose de un dudoso proceso de desafuero. Ya en la campaña, el PAN y grupos afines motejaron al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal como “un peligro para México”, a lo que éste respondió descalificando las instituciones y a sus representantes.
Para ganar adeptos, Calderón, abogado, panista de cepa, ex diputado y ex secretario de Energía, recurrió al miedo de un sector de los mexicanos frente a una hipotética catástrofe nacional en caso de que ganase López Obrador, así como a la promesa de encarar uno de los más grandes dramas del país y erigirse en “el presidente del empleo”.
Una tercera parte del electorado votó por él con esa esperanza, pero la realidad ha superado a este segundo mandatario del PAN: al término de 2009, el tercer año de su sexenio, la economía se desplomó 6.7% en tanto que la tasa de desempleo se ubicó en 4.8%, arriba del 4.32% de 2008 y del 3.4% de 2007, y equivalente a más de 3 millones de personas. A la mitad de su gestión, incumplida su principal promesa de campaña, la credibilidad de Calderón está en entredicho.

Poder sin poder
Los casos citados demuestran que el soft power en forma de elaboraciones discursivo-culturales, ideas-fuerza y promesas ha servido a políticos de diferentes partidos para acceder al gobierno e incluso para mantenerse en él. Sin embargo, evidencian también que ese “poder blando” se torna blandengue o de plano inútil cuando no existe un hard power que lo respalde, o sea, cuando detrás de un mensaje no hay un hecho que lo confirme.
Así, los gobernantes de México seguirán enfrentando crisis de credibilidad mientras no entiendan que, para decirlo con un refrán popular, obras son amores y no meras razones.

Nota: Este artículo fue redactado a petición de mi colega Alejandro Brofft para el número de marzo de la revista Black, cuyo tema central es el poder.