Favorecería a Pemex participación de iniciativa privada en sector petrolero: académico

A pesar de que el proyecto de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) presentado por el presidente Felipe Calderón no menciona textualmente la palabra “privatización”, ésta en los hechos sí se daría pues el Ejecutivo plantea concesionar a la iniciativa privada actividades derivadas de la exploración, explotación, producción y distribución de hidrocarburos, explicó Raymundo Tenorio, director de la Escuela de Negocios y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca.
Sin embargo, en entrevista telefónica el académico recalcó que con ello no se estaría cediendo la propiedad del petróleo, que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución pertenece a la nación, sino que se transferiría a particulares la realización de algunas tareas. Asimismo, enfatizó que no se debería temer a la participación privada en la industria petrolera.
Para Tenorio, más allá de la reforma elaborada por el gobierno federal —que ha despertado el rechazo de los partidos agrupados en el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), así como polarización social—, si se quiere hacer de Pemex una empresa eficiente y competitiva, se necesitan cambios constitucionales que permitan y regulen el trabajo de la iniciativa privada en el sector.
El tema de la energía, por lo pronto, comenzó a discutirse en el Senado de la República el pasado 13 de mayo. Durante estos foros, que concluirán el 22 de julio con un debate entre legisladores, se tratarán, dentro de otros aspectos, los principios que deben regir la reforma energética, el análisis constitucional de las iniciativas, el régimen fiscal de Pemex, la relación con compañías extranjeras y el combate a la corrupción.
—Un análisis que comparten varios políticos e investigadores, como usted, es que Pemex se encuentra en crisis técnica y financiera. ¿Por qué?
—La crisis financiera que vive Pemex es resultado de una falta de inyección de recursos entre 1991 y 1999, debido a que, habiendo obtenido un financiamiento de 20 mil millones de dólares entre 1978 y 1983 para exploración, la caída de los precios del barril de petróleo en 1985-86 hizo impagable la deuda adquirida y la renegociación de la misma ahorcó a la paraestatal. A partir de ese momento la banca internacional se negó a otorgar financiamiento con base en una materia prima de precio tan volátil como el petróleo. Entonces, ante la falta de ingresos para el país por la caída en las exportaciones de petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió incrementar los derechos fiscales que obtenía de Pemex, con lo que la paraestatal pasó a ser una fuente importante de ingresos que llegó a representar hasta 50% del total del presupuesto nacional. Esto provocó que Pemex no tuviera recursos frescos y llevó a consecuencias técnicas como la no actualización de instalaciones ni de equipo, así como a un mantenimiento modesto. Actualmente Pemex no tiene recursos propios para su desarrollo.
—¿Y qué pasa con los otros análisis, los que señalan a Pemex como una de las empresas más rentables del mundo en su tipo? ¿Son confiables o están sesgados ideológicamente?
—Un poco de las dos. Si no se le quitaran tantos recursos fiscales, Pemex, en efecto, sería una empresa rentable, con poco margen de utilidad, pero lo sería. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que eso le permitiría salir de la crisis en la que está. Yo creo que nos libraríamos de debates ideológicos sobre la participación o no de la iniciativa privada si la SHCP dejara de sangrar a Pemex. Pero si Hacienda deja de obtener recursos de Pemex, tiene que obtenerlos de otro lado. Por eso pienso que para que se dé una reforma en Pemex se necesita también una reforma fiscal a fondo.
—Entonces, si la SHCP dejara de sacar recursos de Pemex, la paraestatal podría invertir en su desarrollo.
—Ahí está una solución inmediata: que se deje de sangrar fiscalmente a Pemex. Y la reforma fiscal que tendría que acompañar esto debería sustentarse en cambios a la ley del IVA (Impuesto al Valor Agregado), es decir, que se graven los alimentos, dejar de subsidiarlos, no de manera que se “cepille” (afecte) a todos por igual, sino diseñando mecanismos adecuados de distribución de la riqueza.
—A su juicio, ¿es la reforma presidencial la reforma que Pemex necesita?
—No es la mejor ni la que Pemex necesita. Es la que ellos (el presidente y su equipo) creen que se puede lograr. Yo pienso que hay que ir más a fondo. Hay que ir a tocar la Constitución, nuestra “inmaculada concepción”. Le convendría a Pemex que ésta se modificara para permitir la participación de la iniciativa privada. En la exploración, por ejemplo, encontrar un nuevo pozo puede darse en una de cada 10 búsquedas. Eso cuesta mucho. Históricamente hemos llegado a un punto en que Pemex no puede financiar sus actividades por sí solo. Por eso creo que se necesita una reforma constitucional que dé cabida a la actividad privada en el sector.

Nota: Una versión editada (a mi juicio, innecesariamente) de esta entrevista fue publicada en la revista electrónica Terra Magazine.

El día del juicio, versión Neil Marshall

El británico Neil Marshall agrega un nuevo título a la cinematografía de temas apocalípticos: Doomsday. Según el filme, en 2008 una plaga letal se desata en Escocia. En sólo unas cuantas semanas, el virus Reaper contagia o mata a miles. En respuesta, el gobierno de Gran Bretaña decide aislar el territorio y a los enfermos mediante un amplísimo muro para posteriormente esperar que la epidemia se disipe por sí sola.
Veinticinco años después, sin embargo, cuando en Londres imaginaban que el mal había desaparecido, un brote afuera de la barricada pone en alerta a las autoridades y en riesgo a la población. Parece haber una esperanza: durante el tiempo de la cuarentena los satélites han detectado supervivientes en tierras escocesas. Esas personas —concluyen los dirigentes británicos, denostados por la comunidad internacional— deben haber desarrollado una cura. Por tanto, hay que ir a buscarla.
Eden Sinclair, mayor del comando de la DSS, es la indicada para ello. Además de estar entrenada para enfrentar situaciones de peligro, Eden (Rhona Mitra) tiene un vínculo emocional con Escocia: antes de que la barda fuera sellada, su madre logró salvarla de quedar confinada ahí.
El pequeño equipo a su mando, entonces, tiene 48 horas para entrar, hallar al doctor que había investigado el virus, Kane (Malcolm McDowell, el mismísimo Alex DeLarge de Naranja mecánica), y regresar con la medicina. De fracasar en su intento —son advertidos—, lo mejor será que ni siquiera piensen en volver.
En ese punto comienza una aventura en la que se mezclan elementos tan disímbolos como una amenazante tribu urbana muy al estilo Mad Max (una especie de hooligans o punks del final de los tiempos) con un enclave medieval con castillos, caballeros, arqueros, etcétera; ambos, unidos por la adrenalina de numerosas persecuciones y enfrentamientos, explosiones, canibalismo, así como por oleadas de sangre y violencia. Y todo lo anterior no está mejor plasmado en otro personaje que en Sol (Craig Conway), el líder de la banda que merodea en las derruidas calles de Edimburgo.
Irónicamente, tal vez en ese paroxismo, en el hecho de llevar la agresividad al plano de lo exagerado, se encuentre el distintivo de esta cinta. En Doomsday, Neil Marshall (Dog Soldiers, 2002; El descenso, 2005) presenta una historia harto similar a la saga de Resident Evil o de Exterminio, o incluso a Soy leyenda, por cuanto a la hipótesis de una epidemia que puede acabar con la humanidad. No obstante, deja de lado casi todo trasfondo psicológico o afán de heroísmo idílico para convertirse en un tributo a ésas y otras producciones lo mismo que en un circo de acción, peleas y muerte a ratos inverosímil.
Aun en su mensaje de reprobación a los políticos obtusos y oportunistas la película muestra limitaciones. Por otra parte, eso sí, en el relato es posible hallar un par de lecturas interesantes. La primera tiene que ver con la crítica hacia la construcción de muros como una solución rápida, simple (y fallida), a grandes problemas. La segunda, con que las condiciones actuales de muchas de las principales ciudades del mundo —desigualdad, pobreza, contaminación, insalubridad, hacinamiento—, propiciadas por el descontrol humano y oficial, son el perfecto caldo de cultivo para la propagación de enfermedades.
Neil Marshall, pues, no logra una realización memorable incluso para su género. Pero para todos los que tenemos un poco de esa medio torcida fascinación por el cine apocalíptico, Doomsday, con ese sello de la violencia por sí misma y a pesar de todos sus defectos, será con gusto añadida a la filmoteca sobre los posibles finales de la humanidad.

FICHA TÉCNICA:
Doomsday
Director: Neil Marshall
Productores: Benedict Carver y Steven Paul
Guión: Neil Marshall
Protagonistas: Rhona Mitra, Bob Hoskins, Malcolm McDowell
Estreno: 14 de marzo de 2008 (EU)
Género: acción / drama / ciencia ficción / thriller
País: Gran Bretaña
Idioma: inglés
Duración: 105 minutos

Diálogo entre gobierno y EPR sería positivo: especialista del CeDeMa

La posibilidad de diálogo entre el gobierno de México y la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ya sea a través de intermediarios o en forma directa, “es algo absolutamente positivo”, afirmó Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CeDeMa).
En entrevista telefónica desde Buenos Aires, Argentina, Lofredo consideró que este acercamiento representaría una vía institucional y democrática, no armada, para la resolución de conflictos entre ambas partes. El EPR —aparecido públicamente por primera vez en el poblado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1996— demanda que dos de sus integrantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, sean presentados con vida y en libertad.
A partir de esta exigencia el grupo guerrillero provocó explosiones en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en julio y en septiembre del año pasado. El primer ataque fue realizado en los estados de Guanajuato y Querétaro; el segundo, en Veracruz y Tlaxcala. Aunque la administración de Felipe Calderón reiteradamente ha negado haber detenido a los eperristas, la organización político-militar argumenta que “existen evidencias de que los detuvieron fuerzas federales y que los torturaron en la procuraduría estatal”, así como de que siguen presos.
En un comunicado fechado este jueves 24 de abril, el EPR solicitó que el arzobispo Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas y el Frente Nacional contra la Represión fungieran como intermediaros en un diálogo con el gobierno federal. “Nos atrevemos a planteárselos en virtud del peligro que corre la vida de nuestros compañeros y los demás desaparecidos”, señala el texto.
Las personalidades convocadas por la guerrilla, a quienes se sumó la senadora y activista social Rosario Ibarra, aceptaron participar en las gestiones y se dijeron a la espera tanto de conocer la postura gubernamental como de que el EPR suspendiera las acciones armadas durante el tiempo que tomara la intermediación.
Por su parte, tras cinco días de analizar la autenticidad de los comunicados y la propuesta de la organización guerrillera, el gobierno ofreció un diálogo “directo”, sin intermediarios, bajo las condiciones de que el EPR detenga definitivamente el sabotaje y las acciones violentas y de que en los contactos no se aborde únicamente el asunto de los eperristas desaparecidos. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, advirtió además que continuarán las investigaciones sobre el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, lo mismo que las pesquisas acerca de los atentados contra instalaciones de Pemex.
Para Lofredo, las figuras públicas propuestas por el EPR deberían estar en una posición de mediadores equidistantes de cada parte, de manera que pudieran forzar el establecimiento de compromisos mutuos encaminados a terminar con los actos beligerantes. Sin embargo, consideró que aun si estas personalidades son relegadas por el gobierno al estatus “testigos sociales”, éste seguirá reconociendo su resonancia social. Añadió que “es prerrogativa del Estado marcar esas condiciones y tendremos que esperar la respuesta del EPR; no creo que (la guerrilla) vaya a cerrar el canal”.

“El EPR no es lo mismo que ‘Los Zetas’”
Germán Martínez Cázares, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), rechazó en una entrevista televisiva el acercamiento con el EPR. “No se puede dialogar con quien tiene una pistola en la mesa”, sentenció el pasado lunes 28 de abril.
A decir del investigador del CeDeMa, que el líder del partido en el poder declarara lo anterior al mismo tiempo que el equipo de Calderón hacía caso de la propuesta de la guerrilla demuestra que “ni el gobierno ni el EPR —que también ha sufrido divisiones— son monolíticos”.
Lofredo, por otro lado, se manifestó de acuerdo con la postura de Carlos Montemayor, uno de los convocados por el grupo guerrillero, quien sin justificar las acciones violentas en las que éste ha incurrido se ha expresado a favor de que no se le criminalice, sino de que se comprendan las causas político-sociales que le dieron origen.
“No hay que ver al EPR desde la óptica de los delincuentes comunes. No son, por citar un ejemplo, iguales a Los Zetas (sicarios del Cártel del Golfo), que van a matar o morir. Si no vemos esas diferencias, no vamos a entender qué pide el EPR, qué busca, por qué ataca”, explicó.
El politólogo destacó también que nadie murió durante los ataques a ductos de Pemex, lo que en su opinión conduce a pensar que la guerrilla planeó efectuar los atentados en horarios en los que no hubiera personal de la paraestatal que pudiese resultar herido.
“Hay que ver en su justa dimensión al interlocutor”, reiteró. Asimismo, mencionó que las investigaciones para hallar a los eperristas desaparecidos deben avanzar de forma clara, y que en México deben establecerse las bases para que los casos de violaciones a los derechos humanos como la privación ilegal de la libertad no vuelvan a ocurrir.

Nota: Una versión editada de esta nota fue publicada en la revista electrónica Terra Magazine.

Mayores oportunidades permitirán controlar flujos migratorios: cónsul de Guatemala

Organizaciones humanitarias como la Casa del Migrante denunciaron que el pasado 31 de marzo, en la comunidad de Las Palmas, municipio de Niltepec, en el estado de Oaxaca, alrededor de 100 indocumentados centroamericanos que viajaban en un tren de carga con rumbo a la frontera norte de México fueron sometidos violentamente por 50 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Marina.
Algunas versiones señalan que los migrantes no sólo fueron perseguidos y golpeados, sino que el personal federal ingresó al poblado, inspeccionó casas e incluso cometió abusos sexuales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya investiga el caso e informó que cuenta con evidencia fotográfica.
Los sucesos también despertaron la queja de Honduras y de El Salvador, que enviaron notas diplomáticas al gobierno mexicano pidiendo que se aclare lo ocurrido. Guatemala, de acuerdo con su primer secretario y cónsul, Jorge Alberto Figueroa, procedió de la misma forma, aunque hasta el momento ningún guatemalteco se ha dirigido a la embajada para realizar declaraciones sobre el asunto.
En entrevista, Figueroa explicó que Oaxaca es, después de Chiapas, la entidad donde son asegurados más centroamericanos. Además, como “paso obligado para ir al norte”, ha resultado “el lugar más crítico” porque ahí los indocumentados han sufrido accidentes y se han presentado situaciones como la que se dio en Ixtepec a principios de 2007. En aquella ocasión —relató—, un grupo de migrantes, la mayoría guatemaltecos, fue secuestrado por delincuentes vinculados con policías municipales.
El diplomático señaló que debe controlarse la seguridad en la frontera entre Guatemala y México. Sin embargo, admitió que ésta es porosa y afirmó que a través del intercambio comercial y laboral debe impulsarse que se convierta en una frontera “de oportunidades” que permita prestar mayor atención al flujo migratorio y fomente “el desarrollo que ambos países necesitan”.
—¿Históricamente cuál ha sido la actitud de México hacia la migración guatemalteca? ¿Ha habido diálogo o confrontación?
—No ha sido de confrontación, sino de procesos de repatriación que hemos esperado sean ordenados, ágiles y dignos para las personas que han sido detenidas. En este gobierno (de Felipe Calderón) se han dado mejoras en el trato a los guatemaltecos. Puede suceder algo como lo de Oaxaca u otra situación, porque las instituciones no son las malas, sino los malos funcionarios. Ha habido casos de abuso de autoridad o violación de derechos humanos, pero en muchos de ellos no están involucrados el INM o la Policía Federal Preventiva (PFP). En algunos sí, pero hemos tenido una respuesta. Nos han contestado, ha habido remoción de funcionarios. No creo que haya una política de confrontación, y debemos entender que la migración hay que verla desde distintos puntos de vista; uno es la seguridad. México tiene todo el derecho de proteger su territorio y sus ciudadanos. Cuando no estamos de acuerdo es cuando se cometen estos abusos de fuerza o estas violaciones a los derechos humanos, que han sido más por parte de autoridades estatales y municipales, que muchas veces desconocen los procedimientos o las leyes.
—¿Cuáles son esas malas prácticas que les han sido reportadas de parte de las autoridades estatales y municipales?
—Mencionamos el caso de Ixtepec porque es el que tenemos más documentado: hubo golpes, detención ilegal, privación de la libertad, secuestro, violaciones. Una detención es ilegal porque quizá no se aplica la fuerza ni se comete un abuso sexual o se pide un rescate, sólo se detiene a la persona, pero la propia Ley General de Población establece que las únicas autoridades capacitadas para detener migrantes son la PFP y el INM. Una policía municipal puede hacer una detención si la acompañan funcionarios del INM, que van porque deben velar por la seguridad, ya que dentro de un grupo de migrantes no todos van a ser buenas personas ni a reaccionar de forma tranquila; puede haber uno que se violente. Cuando es así, no nos oponemos, pero cuando se les detiene y no se les pone a disposición del INM, sino que todo se va complicando, ahí sí decimos que eso no debe ser. México es un país grande, pero debe capacitarse a estas personas para que sepan qué hacer cuando vienen migrantes: acudir al INM y notificar “mire, aquí tengo a estas personas de origen guatemalteco”. Ya Migración hará lo que le corresponda.
—¿Hay un doble discurso o un desfase entre las exigencias que México hace a Estados Unidos sobre el trato a los migrantes mexicanos en la frontera norte y el que no pueda garantizar un trato con apego a derechos humanos a los centroamericanos en su propio territorio?
—México solicita al gobierno de EU lo que nosotros pedimos al gobierno tanto mexicano como estadounidense. Voy a tomar las palabras del presidente (de Guatemala) Álvaro Colom en su visita aquí hace unos meses, cuando se le hizo esa misma pregunta. Él decía que lo que habría que ver es una solución integral, porque lo que nosotros pedimos a México, que es lo que México le pide a EU, también nos lo piden a nosotros otros países, porque Guatemala también es un país de tránsito, destino y expulsión. Entonces, no podríamos decir “México está incumpliendo esto” si no miramos nuestro interior. Y así son casi todos los países. Siempre va a haber un migrante en algún país. Yo diría, como el presidente, que tenemos que buscar esa solución integral.
—En mundo globalizado, en el que la migración aumenta y se hace más compleja, ¿qué camino deben tomar las naciones para que el flujo migratorio se dé dentro de cauces democráticos, que fomenten el desarrollo y combatan la pobreza?
—Corresponde a cada país ir mejorando su situación interna. En la medida que haya oportunidades de empleo, salud, educación, los flujos migratorios irán disminuyendo. Ahora se mira a EU como el punto donde se puede ganar mucho mejor. Lo que gana un campesino guatemalteco en un año lo puede ganar en uno o dos meses allá; sin embargo, a la larga el precio es mucho más alto por lo que cuesta a la persona emigrar, dejar familia, tierra, costumbres. Lo ideal es combatir la pobreza y tratar de establecer mecanismos con los países destino de esta gente. A EU, por ejemplo, se le ha pedido que exista un programa temporal de trabajadores, como Guatemala y México lo tienen con Canadá. La intención de muchos no es irse y quedarse a vivir en EU; para ellos sería mejor si fuera un trabajo de tantos meses y después regresar a su país. Hace falta establecer esas políticas. Guatemala y México vamos trabajando cada día más, y los problemas que se han suscitado tratamos de resolverlos por los canales establecidos. Hemos tenido esa respuesta de México de querer cambiar las cosas y quitar la imagen negativa que a veces sale de nuestros gobiernos.

Nota: Una versión editada de esta entrevista fue publicada en la revista electrónica Terra Magazine.