Tratar la migración dentro y fuera

[Foro Internacional, columna]

“Héroes a fuerza” se titula el artículo con el que José Luis Piñeyro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco y especialista en temas de seguridad, ganó el Premio Nacional de Periodismo correspondiente a 2004.
Así definía Piñeyro a los mexicanos que, obligados por las difíciles condiciones socioeconómicas del país, decidían emigrar a Estados Unidos con el fin de obtener recursos que pudieran enviar a sus familias en sus lugares de procedencia, siendo conscientes o no de los riesgos que enfrentarían al intentar cruzar la frontera e incluso después de ello. Con tales acciones, a su vez, esos mismos migrantes contribuían a sostener la economía nacional, que actualmente tiene en las remesas a su segunda fuente de ingresos, sólo por debajo del petróleo y por encima del turismo.
Dentro de la política exterior de México, en específico en lo que se refiere a la relación con Estados Unidos, tal vez ningún asunto reciba tanta atención como la migración. No es secreto, pues, que desde principios del sexenio de Vicente Fox se buscó promover una reforma migratoria que favoreciera a los connacionales que radican allá. Tampoco lo es que ese afán se vio frustrado por el hecho de que EU cerró sus fronteras como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 primero y por la falta de talento diplomático de la administración de Fox después.
Igualmente, del otro lado la búsqueda de una reforma en la materia se ha visto obstaculizada por la oposición de una parte de la sociedad estadounidense cuyo extremo xenófobo lo representan agrupaciones como Minutemen, así como por sectores políticos conservadores que han llegado a presentar iniciativas como la llamada ley Sensenbrenner que criminalizaba a los migrantes. Y tal parece que, tras el fracaso en el Congreso de las negociaciones de la propuesta del presidente George W. Bush —que no es la panacea—, esa reforma permanecerá congelada por tiempo indefinido.
Ante esa circunstancia, no obstante, pienso que el gobierno de México, lejos de cruzarse de brazos, deberá estar al tanto de la importancia del tema y actuar dentro y fuera de territorio nacional.
En EU —a través de sus consulados, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la labor del embajador Arturo Sarukhán y de la del propio presidente Felipe Calderón— deberá insistir en que se respeten los derechos humanos de las personas que migran al norte y en que se reconozca su contribución a la economía y a la cultura de ese país.
Para tener una idea de la representatividad de la comunidad latinoamericana y mexicana baste recordar las multitudinarias manifestaciones proinmigrantes del 1 de mayo de 2006 en ciudades como Chicago o Los Ángeles, o considerar los datos brindados por la Embajada de EU en México, tomados de los archivos de 2002 del Census Bureau, según los cuales casi 38 millones de personas que habitan en EU son de ascendencia latinoamericana, y de ellas 24 millones (60%) son de origen mexicano.
Así, lo que debería pretenderse conseguir no es, como se ha querido señalar en EU, una “amnistía” para quienes transgreden la ley, sino un trato justo, humanitario (una demanda que, por cierto, las autoridades mexicanas harían bien en cumplir en la frontera sur de nuestro país). Y como en otros asuntos bilaterales como el comercio o el combate al crimen organizado y al narcotráfico, el énfasis no deberá situarse en la confrontación, sino en hacer equipo.
Por otro lado, en lo que toca a las remesas, el gobierno mexicano deberá ser consciente de la peligrosidad de una dependencia creciente de recursos que vienen del exterior, más aún si en un momento dado éstos pueden simplemente disminuir o dejar de llegar, o si sólo son utilizados para el gasto corriente de familias o comunidades y no para la inversión.
Y es que, como mencionara Enrique Berruga Filloy, ex representante de México ante la ONU, si llegase a aprobarse una reforma migratoria que permitiera a los connacionales que radican allá llevar consigo a sus parientes, estas personas perderían el lazo con el país y ya no enviarían remesas. Es por eso que como estrategia gubernamental tendría que fomentarse el sentido de pertenencia y, además, incentivar que esos recursos sean empleados con una perspectiva a mediano y largo plazo para invertir en proyectos de infraestructura, vivienda, educación y empleo.
Pero más allá de todo lo antes mencionado, éste y los gobiernos siguientes deberán repasar las causas de la migración y estudiar a fondo el Informe de Desarrollo Humano México 2006-2007 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con este texto, la principal causa de que la gente opte por emigrar no es la pobreza, sino las desigualdades, y aunque personalmente creo fundamental no caer en el error de subestimar el grado de miseria que padece México, encuentro atinado subrayar que la desigualdad educativa, de oportunidades, laboral y salarial es de hecho un motivo por el que las personas deciden o de plano se ven forzadas a irse a otro país.
La historia ha probado que es imposible detener las migraciones. Éstas ocurren por razones políticas, guerras, enfermedades, hambre, desastres naturales o por la búsqueda de mejores condiciones de vida. En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro, sería iluso negar esta realidad, y reprobable si a ello precediera algún espíritu chovinista. No se trata de mantener anclada a la gente a su país de origen ni de que ésta sea literalmente expulsada a otras regiones, sino de que tenga toda la libertad de decidir si se queda o se va. O como dijera Rossana Fuentes-Berain en su artículo de este sábado: “Si alguien decide salir de su región, debe hacerlo por voluntad [...], no por desesperación”.
Tal vez un primer paso para dejar de ser un país expulsor de sus habitantes —a ritmo de 500 mil personas anualmente en los últimos cinco años—, un país que los fuerza a “hacerla de héroes”, sea acabar con las desigualdades sociales. Y para empezar a corregir esa inequidad tal vez lo primero que debería hacerse es acabar con los insultantes sueldos de los altos funcionarios de gobierno. O, hablando de globalización, ¿a alguien le parece sensato que un diputado federal gane casi 150 mil pesos mensuales, más que un legislador de Canadá o la Unión Europea y sólo 4 mil pesos menos que uno de Estados Unidos, cuando el salario mínimo equivale a poco más de mil 500 pesos al mes?

IVA a alimentos y medicinas agravaría la inequidad: Ramírez de la O

Gravar el consumo de bienes con tasa cero “castigaría” a la población; provocaría evasión y resentimiento

Una reforma fiscal integral debería incluir rebalance del ISR, simplificación del régimen fiscal y menor gasto gubernamental

En las actuales condiciones del sistema de tributación, una reforma fiscal con Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas “agravaría la inequidad” y “tendría un efecto mucho más regresivo” porque reduciría la capacidad de compra del consumidor y disminuiría el tamaño del mercado, consideró el consultor y analista económico Rogelio Ramírez de la O.
A título personal, el director de Economic Analysis for Company Planning (Ecanal) mencionó que la situación presente ya es inequitativa porque 60% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) recae sobre el salario de los trabajadores, mientras que por sus utilidades las empresas aportan 30%.
Por lo tanto, gravar el consumo de bienes con tasa cero equivaldría a “castigar” al grueso de la población, en virtud de que las clases sociales con un menor ingreso destinan la mayor parte de éste a la adquisición de alimentos y, además, “las medicinas son muy caras”.
Con el fin de corregir esa inequidad, expuso Ramírez de la O, “habría que olvidarse por el momento de gravar el consumo y rebalancear las cargas en el ISR”. Para lograrlo, explicó, no es necesario aumentar la tasa, pues la de México (de alrededor de 28%) ya es competitiva. De esa manera, al no subir el ISR no se afectaría la inversión, agregó.
Lo que habría que eliminar, dijo, son los regímenes especiales que hacen que los grandes contribuyentes paguen una tasa efectiva menor, que es de aproximadamente 9.5% del PIB “cuando podría ser de 13% o 14%”.
En entrevista telefónica, el analista comentó que si la reforma fiscal se plantea como se hizo en 2001 y 2003, con IVA a alimentos y medicinas, “no va a tener un gran futuro”, y aun si llegara a convertirse en ley provocaría que continuara la falta de recursos fiscales, así como la evasión y el resentimiento de los contribuyentes.
Añadió que para aumentar la recaudación también “hay que simplificar el régimen fiscal y el de cumplimiento”, puesto que, dentro de otras razones, para las pequeñas empresas resulta muy costoso recurrir a contadores que manejen toda la documentación tributaria.
A la espera de que el Ejecutivo, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión su propuesta de reforma fiscal, Ramírez de la O concluyó que una reforma integral tendría que incluir, además del rebalance de las cargas en el ISR y de una simplificación del régimen, una disminución drástica en el gasto del gobierno. “Un gobierno que gasta mucho tiene una mala imagen”, sentenció.

México y Ciudad Juárez: la palabra contra el silencio

[Bitácora..., última entrega]

El periodismo debe, cuando menos, cuestionar la versión oficial de los hechos. Desde su trinchera es posible y necesario ejercer la “desobediencia civil”, la resistencia a la iniquidad, a la injusticia, a la impunidad, a la indiferencia y, en primer término, al olvido. La labor periodística, entonces, debe auxiliar a la memoria y a que ésta se convierta en la génesis de una demanda de transformaciones sociales.
Bajo estas premisas, en Huesos en el desierto Sergio González Rodríguez se adentra en uno de los casos más indignantes de la historia del México contemporáneo: el de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Narrador, crítico y ensayista, González Rodríguez (México, DF, 1950) construye —según sus palabras— un “examen” de la situación que desde 1993 se vive en aquella urbe de la frontera norte del país. En esa evaluación el autor recurre a su propia experiencia como reportero del diario Reforma que indagó en algunas de las muertes y en el contexto en que ocurrieron, así como a la de otros colegas, a documentos y a testimonios de familiares y amigos de las víctimas, autoridades y otros implicados.
En esa línea, resulta evidente que Huesos en el desierto es una obra de carácter periodístico, con sustento en la realidad. Pese a que, a no dudarlo, gran parte del contenido del libro daría para cantidad de macabros relatos, éste no es ficción literaria sino la reconstrucción e interpretación se sucesos verídicos.
En cuanto al género empleado, predominan los rasgos del reportaje: exposición de un tema en sus múltiples aristas y desde diversas perspectivas, inserción de los dichos de los protagonistas, atribución de fuentes. Sin embargo, también aparecen los elementos narrativos y descriptivos de la crónica lo mismo que la reflexión propia del ensayo.
Así, por ejemplo, González Rodríguez logra revivir, a través de las declaraciones de los testigos, los momentos en que algunas de las víctimas —adolescentes y niñas en no pocos casos— desaparecieron al salir de casa, de la escuela o del trabajo, o los episodios en que sus cadáveres fueron encontrados aún con las huellas de la tortura o de los ataques a que fueron sometidas, cuando no estaban ya en un estado de descomposición que de tan avanzado impidió identificarlas.
Igualmente, en otros apartados, como en el capítulo titulado “¡Arriba el norte!...”, desde un enfoque sociológico y antropológico el autor intenta explicar las causas e implicaciones socioculturales del impacto del narcotráfico en esa región de México.
Dentro de sus razonamientos está el que el esquema laboral al que se circunscriben las maquiladoras se deriva de una economía globalizada, dominada por las empresas transnacionales, que ve al obrero como un objeto desechable y con ello fomenta la desigualdad y la deshumanización. El narcotráfico, por otro lado, con sus modelos de ostentación y derroche, se erige como una alternativa atractiva para los sectores y las generaciones que son excluidas de la educación, el empleo y el bienestar.
Y desde las últimas décadas del siglo XX a la fecha, el narco, advierte González Rodríguez, ha trascendido de la sociedad civil para instalarse en las altas esferas: “El crecimiento del narcotráfico, el crimen organizado y la economía informal que a ellos se anexa había seguido una estrategia de amplio alcance que incluía en sus actividades al Estado mexicano. Y lo había logrado a través de sus instituciones judiciales y los cuerpos militares. O las policías federales o estatales”.
De esa manera, en la inacción deliberada o inconsciente de un Estado corrompido y debilitado por el narcotráfico, o a causa de su propia incapacidad, el autor halla el motivo de que más de 300 asesinatos —más de un centenar cometido con un alto grado de violencia— sigan sin ser cabalmente esclarecidos. A pesar de que las autoridades se jacten de haber resuelto la mayoría de ellos.
Según las conclusiones a las que arriba González Rodríguez a partir de toda la información recabada, la razón de que los gobiernos estatal y federal no hayan actuado contundentemente en la investigación y resolución de estos crímenes radica en que existe una red de complicidades entre los funcionarios y los homicidas, sean estos últimos miembros de familias “prominentes” del país o de Chihuahua, o narcotraficantes. O ambos.
Así, debido a este oscuro entramado de intereses y pactos político-económicos, el fenómeno de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez: “Sería el producto de una orgía sacrificial de cariz misógino, a cuyas víctimas se busca y elige en forma sistemática (en calles, fábricas, comercios o escuelas) en un contexto de protecciones y omisiones de las autoridades mexicanas durante la última década”.
En esa atmósfera de impunidad, de impotencia, en la que de acuerdo con cifras del autor 80% de los delitos “nunca se denunciaba, ya que se volvía inútil hacerlo”, cuando no se obtiene la indiferencia oficial se consigue algo quizá peor: el engaño.
Al respecto me parece que vale la pena rescatar dos ejemplos: el del egipcio Abdel Latif Sharif Sharif y el del empleo mediático de las autoridades. En el primer caso, el del hombre marcado en un principio como el autor material o intelectual de todos los homicidios, la presunta explicación o franca puesta en escena resulta, por decir lo menos, sumamente cuestionable. Ante la ausencia de culpables, porque no se les puede o no se les quiere encontrar, qué mejor que el recurso del chivo expiatorio. Más aún si éste es extranjero, con lo cual se despierta el sentimiento xenófobo, y si carece de amigos o familia que puedan defenderlo.
“Las autoridades —escribe González Rodríguez en referencia al segundo caso— han llegado al extremo de construir en los medios de comunicación de masas una suerte de substancia delincuencial ubicua, inasible, omnipotente, que deja en el nominalismo más abstracto lo que deberían ser acciones concretas, resultados y eficacia”. Funcionarios estatales y federales, pues, utilizan los medios para propagar su visión de la realidad. No obstante, si bien esto constituye un acto criticable, también lo es que esos medios se tornen en voceros del oficialismo y con ello contribuyan a la desinformación.
Por otro lado, no sobra aclarar que la primera edición de Huesos en el desierto apareció en 2002. Durante su elaboración y tiempo después de que la obra saliera al mercado, cuenta el mismo González Rodríguez, el reportero fue objeto de amenazas, actos intimidatorios, supuestos asaltos y una golpiza. La presente edición data de 2005 e incluye un postfacio en el que el autor realiza un ejercicio de memoria y de valoración de su trabajo. Éste reúne, a manera de cierre expositivo, algunas conclusiones fuertes sobre lo endeble de las posturas gubernamentales en todos sus niveles.
Creo sin embargo que por momentos este apartado se convierte en un autoelogio en el que el autor raya en su propia victimización. Claro está que no resto mérito a la investigación realizada; por el contrario, considero que ésta habla por sí sola y simplemente no era necesario que Sergio González Rodríguez ahondara con tanto detalle en, por ejemplo, sus meditaciones acerca de la trascendencia del libro o sobre los peligros del ejercicio periodístico.
Menos aún cuando muchas páginas atrás remata el prólogo a esta misma tercera edición con un juicio sobrio a la vez que arrebatador: “En México, es muy peligroso indagar los nexos del poder político y el crimen organizado, pero no tanto como el hecho de ser una mujer y vivir en una sociedad que, día tras día, descubre cuánto su rostro tiende a multiplicar en otras partes la desolación de Ciudad Juárez”.
Valgan como últimos apuntes lo siguiente: a 14 años de iniciada la ola de feminicidios en Ciudad Juárez, los crímenes no han sido esclarecidos ni los culpables señalados, capturados y enjuiciados; conforme pasa el tiempo, la violencia y el peso del narcotráfico en el país se recrudecen (en mayo, según un recuento de El Universal, se alcanzó la cifra de mil muertes por asesinato, mientras en 2006 esto ocurrió hasta julio y en 2005 hasta septiembre); sin caer en determinismos, dadas sus condiciones socioeconómicas y educativas, alrededor de 22% de la juventud mexicana es propenso a caer en la informalidad, el subempleo o la delincuencia.
Así pues, en tanto como sociedad no hagamos algo por acabar con los esquemas culturales machistas y misóginos, así como con la tendencia a —con González Rodríguez— “normalizar la barbarie”, ni nos empeñemos por terminar de raíz con problemas como la corrupción política y empresarial o la desigualdad social, el panorama no mejorará.
Al igual que al autor, aún me gusta pensar que como auxiliares de la memoria, vehículos del pensamiento e invitaciones a la acción, el periodismo y la literatura pueden ayudar en algo.

FICHA BIBLIOGRÁFICA:

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Sergio. Huesos en el desierto [2002]. México, 3a ed., Anagrama, 2005.

Dan prioridad a 'Pasaje Seguro' en Álvaro Obregón

El operativo busca detectar armas, droga, asaltos, secuestros y conductores en estado de ebriedad; los ilícitos se presentan en 20% de los casos


A causa de los reportes de aumento de robo de autos y venta de droga, en el operativo Pasaje Seguro, implementado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), “se le está dando prioridad a la delegación Álvaro Obregón”, señaló el oficial de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) Herminio Salgado.
Pasaje Seguro, puesto en marcha el 15 de enero de este año y en el que además de la SSP-DF intervienen la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) y la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), tiene el propósito de detectar si los vehículos transportan armas, drogas o víctimas de asalto o secuestro, así como verificar que los conductores no viajen en estado de ebriedad y cuenten con licencia y tarjeta de circulación en orden, mencionó Salgado.
El oficial, entrevistado la noche del miércoles durante la realización del operativo sobre la avenida Alta Tensión a la altura de la unidad habitacional Lomas de Plateros, en Álvaro Obregón, explicó que los automóviles y los taxis en especial son desviados para poder hacer la revisión.
Acerca de la frecuencia con que es observado algún ilícito, informó que esto sucede en alrededor de 20% de los casos, aunque no dio detalles. “Te das cuenta, la gente se pone nerviosa”, agregó.
Por otro lado, comentó que “entre tres y cuatro de cada 10” personas se muestran reacias a la revisión de sus vehículos. “Algunos te quieren amedrentar diciendo (por ejemplo) que son licenciados en Derecho y que no los puedes detener”. En esas situaciones extremas en que los conductores “se ponen difíciles”, aseguró, los dejan continuar con su camino, pero, opinó, “el que nada debe nada teme”.
Manuel Galván, vecino de Plateros y cuyo automóvil fue revisado, relató que “te checan los documentos, te piden lo normal (licencia y tarjeta de circulación)”. Confirmó también que los agentes de la SSP-DF realizan una “inspección ocular” en busca de armas o droga.
No obstante, al preguntársele sobre el grado de efectividad del operativo para prevenir el robo de vehículos y autopartes, Galván consideró que “es una medida que coadyuva”, pero que por sí sola no basta para solucionar el problema.
En su opinión, tendrían que adoptarse otras acciones, como la coordinación entre autoridades y público para realizar un “censo” de aquello que sea robado. De esta manera, continuó, las piezas o autos quedarían “marcados”, y si un ladrón pretendiera venderlos no podría y sería posible detectarlo. En cuanto a la meta de acabar con la venta de droga, “está en chino”, concluyó.

Los abismos de Chiapas

[Bitácora de una última clase]

Para comenzar, una triste y obvia realidad: en México desde siempre ha existido la desigualdad social. Si bien, por ejemplo, la Constitución señala que todos somos iguales ante la ley y las mujeres, diferencia de hace 55 años, tienen derecho a votar, lo cierto es que las brechas o francos abismos entre clases, etnias y sexos perduran. Y si en todo el país es posible encontrar muestras de ello, vale la pena reparar en las características particulares que esta situación adquiere en algunos estados de la República.
En Balún-Canán (1957), Rosario Castellanos, quien nació en el DF pero creció en Comitán, Chiapas, describe las injustas —casi coloniales— relaciones de subordinación trabajadores-patrón que se daban en las haciendas de esa entidad en tiempos de Lázaro Cárdenas y de la implantación del agrarismo.
Los Argüello protagonizan esta novela. Propietarios, familia de abolengo, observan con preocupación que el gobierno federal ordenara, dentro de otras disposiciones, el pago de un salario mínimo a los empleados, la repartición de tierras y el establecimiento de una escuela rural. Indignados, objetan que ningún “indio” vale tanto dinero; que con él lo único que harán será embriagarse; que los hacendados, al ser despojados de sus terrenos, perderán toda posibilidad de subsistencia; y que la idea de que esos indígenas aprendan a leer resulta simplemente risible.
Sin embargo, claro está, lo mismo que las otras familias de su condición, se niegan a renunciar a sus privilegios y buscan —ya sea a través del fuete, de sus influencias con el presidente municipal o de alguna otra argucia— aparentar que cumplen con la ley, mantener a los indígenas a raya y conservar su posición.
La obra está estructurada en tres partes. La primogénita de los Argüello, cuyo nombre nunca se sabe y quien pudiera ser la representación de la autora, narra la primera y la tercera con la inocencia, la naturalidad y la sinceridad de un niño. Sirva de ejemplo el siguiente pasaje:

“Todas las tardes, a las cinco, pasa haciendo sonar su esquila de estaño una vaca suiza. (Le he explicado a Mario [su hermano menor, el varón] que suiza quiere decir gorda.) El dueño la lleva a atada a un cordelito, y en las esquinas se detiene y la ordeña. Las criadas salen de las casas y compran un vaso. Y los niños malcriados, como yo, hacemos muecas y la tiramos sobre el mantel.
—Te va a castigar Dios por el desperdicio —afirma mi nana [una indígena].
—Quiero tomar café. Como tú. Como todos.
—Te vas a volver india.
Su amenaza me sobrecoge. Desde mañana la leche no se derramará”.

El segundo apartado, en mi opinión el más rico y sólido de la novela, es narrado principalmente en tercera persona, aunque también toman la palabra otros personajes como Zoraida, esposa de César y madre de los niños, Matilde, la prima “quedada”, y Ernesto, hijo bastardo de uno de los hermanos de César a quien su tío recurre no por cariño sino por mera conveniencia.
A través de ellos Rosario Castellanos logra una aguda radiografía de los convencionalismos sociales de esa época y esa región. Zoraida, por ejemplo, siendo una mujer que de pobre se incorporó a la clase alta al casarse con César, es la más reacia a volver a “pasar penas”, y por ello no pierde la oportunidad de reclamar a su marido que limite sus gastos y que no actúe con los indígenas con mano dura ni “se dé a respetar”. Matilde, por otro lado, fue una niña consentida que ahora, cuando en su rostro ya se dibujan arrugas, experimenta el tormento diario de vivir sin ver cumplidos sus románticos sueños. Ernesto, finalmente, afronta su existencia con el estigma de “hijo ilegítimo” que, por más que se esfuerce, nunca logrará merecer el reconocimiento y el aprecio de su tío.
No obstante esta riqueza de voces y de temas, hacia el final de la historia aquellos que parecían erigirse como los ejes de la novela, el agrarismo y las desigualdades sociales, se diluyen en el relato misterioso pero incierto de lo que sucede a Mario, el hijo menor, el apreciado varón, y de cómo su hermana asume la culpabilidad de esa desgracia.
Igualmente, me parece que otro aspecto que podría criticarse de este libro es quedarse casi exclusivamente con una visión, la de los hacendados, y no presentar con mayor detalle la de los indígenas, más allá de los vocablos en tzeltal, de lo místico de su cosmogonía o del sincretismo entre sus creencias y la religión católica.
Ahora bien, aunado a la belleza narrativa de la novela, en tanto protesta social encuentro en Balún-Canán el mérito de denunciar lo injusto de los esquemas de trabajo en el campo chiapaneco, una queja que no dudo podría extenderse a otras entidades del país. Asimismo, Castellanos no sólo apunta hacia la desigualdad socioeconómica entre trabajadores y propietarios, sino hacia la discriminación del blanco al indígena, e incluso dentro del mismo grupo privilegiado, del hombre a la mujer. Todo esto, además, visto desde la perspectiva de “los de arriba” no sólo como el estado de cosas “normal”, sino deseable.
A 50 años de la publicación de esta obra —concluyo—, no es difícil percatarse de que, en esencia y por doloroso que resulte, muchas de esas situaciones no han cambiado.

FICHA BIBLIOGRÁFICA:

CASTELLANOS, Rosario. Balún-Canán [1957]. México, 2a ed., FCE, 2005.

Por la pluralidad de voces

[Foro Internacional, columna]

Siempre será difícil realizar análisis serios sobre las complejas relaciones que se tejen entre Estado, gobierno y medios de comunicación, tanto más si se intenta establecer un deber ser, es decir, un ideal al que tendrían que aspirar esas relaciones. Por el contrario, siempre resultará sencillo —además de riesgoso— caer en juicios y simplificaciones exageradas de esos nexos.
Desde la semana pasada dos situaciones, una en el ámbito internacional y otra en el nacional, han incrementado la relevancia de este debate Estado-gobierno-medios.
En Venezuela, a las 23:59 horas del domingo 27 de mayo, tras la decisión de la administración de Hugo Chávez de no renovar la concesión a la compañía Radio Caracas Televisión (RCTV), la señal de este medio con 53 años de antigüedad salió del aire para dar lugar a la del nuevo canal público Televisora Venezolana Social (Teves).
Diversos organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), medios y analistas —a cuyas voces me sumo— han considerado que esta fue una acción unilateral de parte de un gobierno instalado en el autoritarismo, un ataque a la libertad de expresión propio de regímenes dictatoriales que buscan acallar a la oposición. Cabe recordar que ya desde enero de este año, cuando fue anunciada esa disposición, la SIP se mostró preocupada porque el móvil de este acto fuera castigar a un medio disidente para premiar uno afín al mandatario.
Por otro lado, tanto en Venezuela como en México simpatizantes del presidente Chávez han aplaudido la medida. En nuestro país causó polémica el apoyo de Camilo Valenzuela, ex guerrillero y actual presidente del Consejo Nacional del PRD. “Tenemos que aprender de Venezuela”, dijo. ¿Era posible que la izquierda, promotora histórica de la disidencia, respaldara el cierre arbitrario de un medio?, parecía ser la pregunta. Vale agregar que, en una maniobra de inteligencia política, en voz de Fernando Belaunzarán, secretario de Formación Política del partido, el propio PRD se deslindó del asunto al decir que las declaraciones de Valenzuela fueron a título personal.
En ese concierto el punto de vista de Gabriel Guerra se situó justo a la mitad. El analista declaró tener “sentimientos encontrados” por el cierre de RCTV, ya que si bien el gobierno de Chávez había dado numerosas muestras de su autoritarismo, en esta ocasión no se trataba de haber arrebatado la concesión a un medio sino de simplemente no haberla renovado, y además estaba el hecho de que durante el golpe de Estado de 2002, que intentó derrocar al militar, la televisora había alentado la insurrección, lo que para Guerra no hay modo de justificar. (Para esta columna se buscó, sin éxito, obtener una versión más detallada del comportamiento de RCTV en esos acontecimientos.)
Más llamó mi atención sin embargo encontrar opiniones que criticaban a los detractores de la acción chavista bajo el argumento de que RCTV era una compañía equiparable a —y tan deleznable como— Televisa en México. Televisa, parecían insinuar, debería correr la misma suerte que la compañía venezolana.
Independientemente de que admito desconocer la estructura empresarial y la programación de RCTV, me parece cuando menos aventurado y falto de fundamento homologar su situación con la de la empresa de Emilio Azcárraga Jean en nuestro país. Esto me conduce ahora al escenario nacional.
El jueves 31 de mayo, en el contexto de la discusión de la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores de la 59 Legislatura en contra de las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006 por el ex presidente Vicente Fox —mejor conocidas como ley Televisa por favorecer a las dos grandes televisoras del país, la citada Televisa y TV Azteca—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió anular el refrendo automático a las concesiones de radio y tv.
Esto que significa que, contrario a lo planteado en la legislación impugnada, los actuales concesionarios deberán entrar a licitación y pagar una contraprestación al Estado al vencer sus títulos. (La SCJN, no obstante, optó por mantener como válidas las prerrogativas de los actuales propietarios durante el proceso de renovación.) Con esta decisión se cumple una de las principales demandas del grupo opositor a la ley Televisa, encabezado, entre otros, por Javier Corral, Manuel Bartlett y Raymundo Cárdenas.
Ambos casos, pues, ilustran los extremos a los que puede llegar la relación Estado-gobierno-medios. En Venezuela, por un lado, se aprecia a un gobierno autoritario que buscó y aprovechó la oportunidad de silenciar a un medio que —sin importar su línea editorial, o si estamos o no de acuerdo con ella— ejercía oposición. Se calla a quienes piensan distinto. Por otro lado, en México vemos el esfuerzo de un grupo de ex senadores —que no de todo el aparato gubernamental— por echar atrás una ley que aumenta los privilegios de los principales concesionarios de los medios electrónicos, un grupo que en ese sentido, dicho sea de paso, representa a buena parte del sector académico, intelectual y civil de la sociedad mexicana.
En síntesis, la acción de Chávez representa la imposición unilateral y antidemocrática de un gobierno —actitud que se ha traducido en amenazas a otros medios como Globovisión y CNN, a quienes el presidente acusa de instigar a que lo maten—, mientras que en México se observa la pugna por limitar el de por sí enorme poder económico y mediático de dos televisoras, un poder fáctico igual de antidemocrático que el chavista.
Hasta donde entiendo, uno de los ideales de la democracia es que en la esfera pública exista cabida para la pluralidad de voces presentes en una sociedad. En esa línea, el grupo representado por Corral, Bartlett y Cárdenas no pretende acabar con Televisa y TV Azteca, sino que entre ambas dejen de concentrar 80% del espectro radioeléctrico, y con ello se permita la entrada de más radiodifusores en aras de una mayor y más justa representación social y competencia, así como de una programación más variada y de mayor calidad.
Tengamos cuidado con los juicios apresurados y simplistas que tienen por consecuencia dificultar el entendimiento cabal de la realidad. Ni la de un gobierno ni la de un solo medio o grupo de medios deben ser las únicas voces que se escuchen en una sociedad. La apertura y la tolerancia política y mediática son requisitos indispensables para la construcción de colectividades más igualitarias e incluyentes.
Si alguien, y no dudo que así será, no comparte mis ideas, bienvenida sea la crítica. En los próximos días y semanas seguramente habrá de repetirse la célebre frase de Voltaire: “Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”. No dejemos de reflexionar y de actuar al respecto.